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Para una profunda y seria reflexión deberían ser los datos del último padrón municipal de 2014-2015 en España, que no hacen sino confirmar una tendencia socio-económica clara que viene dándose en los últimos años (y décadas) en este país.
Nuevamente, y siguiendo con la dinámica iniciada desde la época de la desindustrialización, y de las migraciones a la ciudad, las regiones que conforman Castilla, y de las zonas rurales del interior, siguen estando a la cabeza en la perdida de población. Así, las dos Castillas, Castilla y León (–24.049) y Castilla-La Mancha (–20.093) registran las mayores reducciones de población en términos absolutos, y relativos (–1,0%).
Tampoco parece que mejoren los datos en lo relativo al despoblamiento interior que, nuevamente, afectan a Castilla por encima del resto del estado, ya que las comunidades con mayor número de municipios con menos de 1.000 habitantes son Castilla y León (con 1.989 municipios), y Castilla - La Mancha (637).
Sin embargo, si atendemos a los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda para el 2014 en lo relativo a las inversiones en euros por habitante en las diferentes comunidades autónomas del estado español, resulta que son precisamente estas comunidades, como Castilla León, y la Mancha (699, 275), Asturias (315), o Aragón (298) las que más dinero reciben en inversión por parte del gobierno central. La única excepción aquí sería la de Valencia (156 euros) que está por debajo de la media de inversión y pierde población.
Por lo tanto, esta contradicción (las comunidades que más inversión reciben del estado, son las que más población pierden), ¿cómo se puede explicar? ¿Por qué motivo se produce esta contradicción económico-demográfica en parte del estado español?
La explicación a estos factores, nos la ofrece el economista castellano Daniel Rodríguez Asensio, que ofrece algunos datos interesantes para el caso castellano-leonés, pero que, como veremos, es aplicable a las otras regiones españolas estancadas.
Al final, la crisis económica capitalista, la mala inversión de los políticos en la creación del empleo, y la perdida demográfica de la población migrante, parecen ser el origen y la causa de este desigual desarrollo y el desnivel demográfico que sufre actualmente el país.
Según Asensio, en comunidades como Castilla y León, a nivel económico;
“Se observa una primacía del sector de las Administraciones Públicas e Industria, en detrimento de los servicios, construcción, y sector primario. La comunidad ha sido incapaz de modernizar su economía a través de la migración de recursos (y, por tanto, puestos de trabajo de mayor productividad) hacia el sector terciario. Se ha quedado en unos niveles más propios de los años 80, momento en el cual las economías aún podían vivir de las rentas generadas en la revolución industrial.
En el caso de Castilla y León, la mayoría de esa industria tiene nombre de empresas automovilísticas (y subcontratas, claro está), que mantienen sus fábricas en la región por las sustanciosas subvenciones que reciben. Mientras, la comunidad aumenta su presión fiscal a ciudadanos, familias y PyMEs, penalizando su capacidad de crecimiento y generación de empleo”.
En los recientes análisis no se menciona para Castilla-León el caso de la pérdida de población inmigrante, o migrante, aspecto que si sucede en otras comunidades en crisis, y es que, si bien se establece que para el año 2014 el número de extranjeros disminuye en todas las comunidades autónomas a nivel general, se registran mayores reducciones de población extranjera en términos absolutos en comunidades en crisis poblacional, como la Comunitat Valenciana (–41.949), y relativos, en otras como Castilla-La Mancha (–9,2%).
Así pues, y en contradicción con el discurso de determinadas organizaciones políticas, la pérdida de población inmigrante en determinadas comunidades en crisis demográfica del estado español, motivado por la crisis y la caída del trabajo, ha supuesto y está, de hecho, suponiendo un varapalo importante para la demografía y la economía social de las regiones y comunidades españolas más deprimidas socio-económicamente hablando.
Lo cual evidencia hasta qué punto la estabilidad de la población inmigrante en España es un aspecto necesario, y positivo para nuestro equilibrio socio-económico, además de cultural, por el enriquecimiento que ello supone. Sin duda, y a tenor de las estadísticas del INE, en los últimos años de la presente década del siglo XXI, sin duda, la crisis económica ha generado un impacto negativo también en la población inmigrante en España.
Similares estadísticas se pueden adjudicar a comunidades como Aragón, que para el año 2014, según el Heraldo de Aragón, achacaba la drástica disminución de su población a la salida masiva de extranjeros (se presupone que por motivo de la crisis económica), con más de 9.000 de ellos que se marcharon de la Comunidad a lo largo del citado año, golpeando, por tanto, de una forma muy negativa a esta comunidad autónoma.
También, otra de las afectadas en esta tabla demográfica actual de España, como es Castilla-La Mancha, se ve afectada en su reducción demográfica por la mala gestión económica en la región, a pesar de, como vimos, el aumento de subvenciones estatales a la comunidad autónoma, que evidencia que la crisis y el no aprovechamiento efectivo de los recursos estatales, siguen haciendo una mella importante en la economía y la sociedad regional.
En este sentido, es muy contundente la interpretación de El Diario de Castilla-La Mancha, que achaca a esta región castellana una crisis demográfica orientada a la reducción de la fecundidad y natalidad por razones económicas, afirmando que esta bajada demográfica (fundamentada en el aumento de migrantes manchegos a otras regiones, y a la ausencia de inmigrantes nacionales o internacionales a la región) hay que vincularla con la situación de crisis económica y el alto nivel del desempleo en la región.
Así, claramente el agravamiento de la crisis y del desempleo no solo son causa para la merma demográfica local, sino que, según afirma el diario, podría, de no corregirse, arrojar a medio y largo plazo resultados aún más negativos para Castilla-La Mancha. ¿Cómo pueden las autoridades políticas y económicas de esta región justificar que, a pesar del cada vez mayor aumento de la inversión local en la región para mitigar la crisis, sin embargo, el desempleo siga por las nubes y que la economía siga estancada por la incapacidad, como ocurre con sus vecinos castellanos del norte, de fomentar un desarrollo económico regional estable?
Los datos son muy claros, y no solamente para este año, o para estos últimos años. El panorama de desigualdad inter-regional en el estado español, la desigualdad en el desarrollo económico y la crisis permanente que viven algunas regiones del estado español son elementos endémicos, que vienen de muy lejos, de la época, del momento y del modo en que se desarrolló el capitalismo industrial y financiero en este país durante la época franquista, que creó las condiciones para fomentar auténticos páramos y desiertos económico-demográficos en grandes regiones del país, a costa del desarrollo acelerado de otras, para cumplir con las normas que imponía el bloque capitalista occidental en la guerra fría.
El desarrollo desigual de las diferentes nacionalidades y regiones del estado español es algo que ya venía dándose desde finales del siglo XIX, con el inicio de una industrialización sistemática en los grandes focos industriales del norte (Euskadi) y del Noreste (Catalunya), a costa de un infra-desarrollo y de un fuerte abandono económico de gran parte del centro (Castilla), Oeste (Extremadura) y Sur (Andalucía) peninsular. La época republicana apenas tuvo tiempo para iniciar un desarrollo industrial y agrario (I.R.A.) equitativo para todo el estado español, que introdujera mejoras y avances más democráticos económicamente para todos.
Por lo tanto, con el establecimiento del franquismo es cuando se introduce una industrialización y desarrollo económico y demográfico desigual en el país. Es, fundamentalmente, a partir de los años 60 con los Planes de Estabilización y Desarrollo del régimen franquista cuando, para intentar distribuir la industria por el territorio, se crearon los Polos de Desarrollo, cuya localización no tuvo en cuenta motivos económicos y sí políticos, y que lo único que contribuyó fue a crear una completa desigualdad entre regiones más desarrolladas y concentradas industrialmente (Madrid, litoral valenciano, País Vasco…) frente a otras que empezaron a quedarse rezagadas (Galicia, Castilla, Aragón, Asturias, zonas rurales y del interior en general…) y que luego recibieron definitivamente el golpe de gracia con el gobierno socialista en los años 80 a través de las deslocalizaciones industriales.
De todo ello, el gran campeón fue definitivamente la especulación inmobiliaria, que fue la gran ganadora de todo este proceso de mal desarrollo. Un problema que padecemos hoy y que, como afirma el economista Vicenc Navarro, tiene su origen en el franquismo, donde se origina la gran dependencia que la economía actual tiene del sector bancario-inmobiliario, sector que juega un papel clave en la configuración del espacio económico del país, y que ha generado, como hemos visto, que en la actualidad, las regiones económicamente más desfavorecidas se vean afectadas por este modelo de desarrollo económico, que lo ha apostado todo a un determinado modelo de crecimiento económico especulativo, y que no ha puesto las bases, a pesar de las inversiones estatales, de un desarrollo más sostenible de la economía local.
En las zonas rurales del interior peninsular, la actual situación de distribución de las tierras y concentraciones en pocas manos, despoblamiento y crisis económico-social, también tiene su origen en esta época. El crecimiento de la producción industrial no fue acompañado del crecimiento de la producción agraria durante los primeros años del franquismo, a finales de los años 40 e inicios de los 50. Por ello se elaboraron los proyectos de la Ley de Concentración Parcelaria y la Ley de la Fincas Manifiestamente Mejorables entre 1952 y 1954, las cuales liquidan los pocos minifundios y tierras que quedaban en diversas manos y fomentaron la tremenda concentración parcelaria de grandes latifundios en manos de unos pocos terratenientes que pervive actualmente.
Sin embargo, estas leyes franquistas favorables al monopolio de los terratenientes, no tuvieron, como era de prever y aun hoy seguimos arrastrando, el éxito que el ministerio agrícola del falangista Rafael Cavestany preveía (o quizá sí), debido a que los problemas que se derivaron de la inadecuada distribución de tierras se vieron agravados por el régimen de explotación, ya que la tierras sufrían el problema del absentismo de sus propietarios, siendo explotadas por arrendatarios y aparceros.
Las inversiones del capital fueron pobres, originando un bajo índice de utilización de fertilizantes y una muy escasa mecanización, problemas que aun hoy en día arrastra el campo español, por culpa de las ineficaces leyes franquistas (y las de sus herederos a día de hoy) tendientes, también en el campo, a satisfacer a sus socios políticos de las clases privilegiadas.
La lectura que se puede hacer, a nivel sociológico y político de todos estos años de supuesto desarrollismo económico del estado español, desde 1975, es que, una vez más, este desarrollo se está haciendo de una forma desigual, y a costa del despoblamiento de enormes regiones históricas del estado, que siguen sirviendo como mano de obra a las regiones más económicamente desarrolladas y avanzadas del estado, dejando a otras (la mayor parte de la Castilla histórica, Aragón, parte de Valencia…) abandonadas y desatendidas por las autoridades locales, autonómicas y estatales. Como hemos visto en el caso castellano-leonés o manchego, una mayor inversión estatal en esas regiones no es (como no lo era durante el franquismo) garantía de un desarrollo económico y social de la región.
Muy al contrario, si esas inversiones no se aplican en un verdadero desarrollo económico regional, que fomente la creación de empleo, y el desarrollo de la economía, y no de determinados sectores especulativos o politizados (administraciones locales), veremos que el despoblamiento, el empobrecimiento y el desarrollo desigual de la economía y de la sociedad española, se irán agravando cada vez más con el paso de los años, generando un estado español a diferentes ritmos cada vez más marcado.
No va a ser posible que unas pocas regiones o nacionalidades hiper-desarrolladas, con concertación de capitales y población (Madrid, Euskadi, Catalunya...) sostengan y tiren del resto de las regiones del estado, que están siendo abandonadas, y debido a ello, despobladas a la fuerza debido a la inacción de los dirigentes políticos.
Si no se hace un plan de choque para re-generar el trabajo y la economía en las zonas rurales y del interior, sin duda se corre el riesgo de generar grandes regiones de despoblamiento y deprimidas económicamente en una gran parte importante del estado, lo cual, desde luego, no afecta solo a esas regiones, sino a todo el estado español.
Fíjense en como, por ejemplo, afecta la existencia de diversos estados económicamente desiguales al desarrollo económico de la Unión Europea a nivel macro, y adaptémoslo al caso español y a sus desigualdades internas en el mismo sentido.
Si no vemos viable una Europa a diferentes niveles, mucho menos puede ser sostenible a largo plazo un estado español con unas desigualdades tan marcadas.
http://nnbes.blogspot.com.es/2015/06/la-desigualdad-demografica-en-espana.html
