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    Reformas del macrismo, represión y presos políticos/militantes

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    Mensaje por pablo13 Mar Ene 09, 2018 4:39 pm

    Mamita ...

    Prensa Obrera escribió:El gobierno se prepara para la reforma laboral: encargó 15 millones de postas de goma y más gases lacrimógenos

    La licitación por los perdigones se abrió el 19 de diciembre, luego del gigantesco operativo represivo del 18.

    El gobierno de Mauricio Macri no se anda con chiquitas en lo que hace a la represión.

    Según informa el diario Tiempo Argentino, al día siguiente del operativo represivo del 18 de diciembre se abrió la licitación para la compra de 15 millones de postas de goma con destino a la planta de Fray Luis Beltrán (Santa Fe) de Fabricaciones Militares, donde se ensamblan los cartuchos (cada uno de los cuales lleva 24 postas).

    La noticia revalida en primer lugar los mentideros de que fuerzas federales (como la Gendarmería) habían liquidado su stock de balas de goma previsto para la jornada. El dato muestra de forma palmaria la amplitud del operativo represivo desplegado contra los manifestantes, y refuta de forma contundente la campaña gubernamental y mediática, que buscó justificar la represión presentando a los agentes como víctimas de los manifestantes –cuando estos se defendieron como pudieron de los embates policiales.

    Se trata, a su vez, de un anuncio de los planes de reforzamiento represivo del gobierno: los términos de la licencia indican que más de dos tercios del pedido (10 millones y medio de postas) deben ser provistos antes de febrero –cuando el gobierno se dispone a hacer aprobar en el Congreso la reforma laboral, que adquiere un repudio creciente en el movimiento obrero. La parte restante tiene un plazo de entrega cercano, en abril.

    Además de la licitación mencionada, el Estado Nacional solicitó a la misma fábrica de Fray Luis Beltrán 7.500 unidades de gases lacrimógenos para 2018 (contra 4.000 producidos en el año y medio anterior); “en los próximos años van a tirar disuasivos químicos hasta en una misa”, denunció un delegado gremial de la planta (ídem).

    Estado de excepción

    Episodios de represión con balas de goma se han multiplicado en las últimas semanas en varias provincias y localidades, mostrando que los gobernadores e intendentes comparten con Macri esta escalada represiva. A los numerosos heridos por tales perdigones en la jornada del 18 –al menos tres de los cuales perdieron la visión de un ojo– le siguieron los trabajadores del Ingenio La Esperanza, atacados por el gobierno radical de Gerardo Morales; los municipales de la localidad bonaerense de Berisso que enfrentaban el ajuste; así como varios niños de la comunidad Wichi de Formosa asediada por la policía del gobernador Gildo Insfrán.

    El PJ y el FPV no fueron a menos: el 30 de diciembre, Alicia Kirchner hizo aprobar en la Legislatura de Santa Cruz, a base de balas de goma y gases lacrimógenos, el pacto fiscal firmado con Macri y otras medidas antipopulares, dejando una docente herida de gravedad. Luego de ello, el intendente de Merlo y presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, contó el 4 de enero con las municiones de la Bonaerense y de Gendarmería para reprimir un motín de presos contra el hacinamiento y el maltrato policial. Finalmente, este fin de semana la policía salteña a cargo de Juan Manuel Urtubey dejó varios heridos en una protesta antirrepresiva por el asesinato policial del joven Nahuel Salvatierra.

    Los perdigones también dijeron presente en otros episodios recientes, como la represión a fiestas populares en Chascomús y Rauch, ambos en la provincia de Buenos Aires. Y la lista sigue.

    Represión al cubo

    No es la primera noticia de que el gobierno nacional apunta a reforzar su arsenal. Meses atrás, fue noticia su intención de adquirir una serie de “tecnologías antipiquete” para la policía, la Gendarmería y la Prefectura.

    Para hacer pasar el paquetazo de ajuste, Macri y Bullrich, junto con los gobernadores, se disponen a dar un salto en lo que ya ha sido un acelerado crecimiento de los aprestos represivos contra las movilizaciones populares y la población en general. El reciente informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) dio cuenta de un número récord de víctima por las fuerzas del Estado: 725 personas asesinadas en 2016 y 2017, lo que equivale a un asesinado por día. Esos dos años de macrismo recogieron la batuta del kirchnerismo, que en su último año había sumado 300 víctimas fatales.

    La lucha contra la represión se coloca en el centro de la batalla política de los explotados, en defensa de su derecho a luchar. La próxima cita en este sentido es el jueves 11, cuando el Encuentro Memoria Verdad y Justicia denunciará este cuadro y reclamará la cárcel común para el genocida Etchecolatz y la libertad para César Arakaki y todos los presos por luchar.

    http://www.po.org.ar/prensaObrera/online/politicas/el-gobierno-se-prepara-para-la-reforma-laboral-encargo-15-millones-de-postas-de-goma-y-mas-gases-lacrimogenos
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    Mensaje por pablo13 Sáb Ene 13, 2018 3:11 am

    Prensa Obrera escribió:Un decretazo que anticipa la reforma laboral y beneficia a los banqueros

    Apelando a la medida de excepción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con el cual obvia todo debate y el paso por el Congreso, el gobierno adelantó beneficios a los empresarios que estaban contemplados en su proyecto de Reforma Laboral.

    Entre otras cosas, el decretazo, que se dicta bajo pedido y lineamientos de la organización imperialista OCDE, según reconoce el propio gobierno en los fundamentos del DNU, reduce el monto de las multas y otras sanciones a las empresas que tengan trabajadores no registrados (en negro), que hoy alcanzan a alrededor del 35% de toda la población trabajadora del país. Y, de paso, habilita a los bancos para que puedan embargar las cuentas sueldo para cobrarse cualquier crédito o deuda impaga del trabajador.

    En cuanto a las empresas incumplidoras, con la legislación actual, si ellas recibían una inspección y eran denunciadas por la autoridad laboral –cosa que no ocurrió a menudo con este gobierno ni con el anterior–, debían blanquear al personal involucrado y pagar una multa y pasaban a integrar un registro de infractores en el cual se mantenían por entre 60 días y tres años, en función de la gravedad de la irregularidad cometida.

    Esto hacía que, durante ese período, no pudieran acceder a programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado nacional, líneas de crédito otorgadas por bancos públicos, ni participar de concesiones y acceder a beneficios económicos de parte del sector público.

    La “desburocratización” para los capitalistas

    Ahora, el decretazo publicado ayer establece que sea cual sea la gravedad de la irregularidad cometida, sólo estarán en el registro de infractores un máximo de 30 días y se reducirá el monto de las mutas establecidas actualmente.

    Este es un llamado directo a mantener las contrataciones irregulares ya que las sanciones –si la cartera de Jorge Triaca las “detecta”–, van a tener una sanción absolutamente leve, que se compensa con los beneficios empresarios de mantener, incluso durante años, a trabajadores contratados en negro.

    De acuerdo con los datos oficiales, por el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), han pasado, entre otras, Quilmes, La Serenísima, Adecco, Mostaza, Bodegas Norton y Adrian. Más allá de que el cumplimiento de las sanciones es de difícil comprobación, las empresas evasoras verán ahora facilitada su actividad irregular.

    En el colmo del caradurismo, en la cartera de Trabajo sostienen (Ámbito, 10/1) que las sanciones contenidas en la legislación actual habían derivado en una suerte de parálisis de las inspecciones oficiales por considerar que la inclusión en el registro podía significar una suerte de condena al estancamiento o incluso quebranto de las compañías incluidas.

    Esta medida se complementa con la del “blanqueo” planteado por el gobierno para las empresas que tienen personal en negro. Si alguna de ellas decide blanquear a los trabajadores que estén contratados de manera irregular, no deberán afrontar ninguna sanción por la falta cometida y se extinguirán los juicios que pudiera haber en marcha.

    Mientras tanto, a los trabajadores solo les serán reconocidos a los efectos de los beneficios correspondientes a antigüedad y jubilación, un máximo de 6 años, más allá de cual sea el período que haya estado revistando en negro.

    Expropiación de los salarios

    Además, el decretazo macrista, que fue presentado y justificado con el pomposo argumento de “desburocratizar y simplificar el funcionamiento del Estado”, incluiría como parte de éste a los dueños de los bancos, ya que, sin que tenga ninguna vinculación con el propósito anunciado, aprovecha para darles la potestad de que embarguen en forma directa las cuentas sueldo.

    Hasta ahora eran inembargables porque se entiende que es el dinero destinado a la manutención del trabajador y su familia. Ya los banqueros tenían la posibilidad de reclamar judicialmente a los empleadores que se embargara una parte del sueldo. Ahora se “desburocratiza”, no el Estado sino la posibilidad de expropiar la remuneración de la fuerza de trabajo.

    Todas estas medidas son parte de la ofensiva precarizadora, flexibilizadora y antiobrera lanzada por el gobierno. La ley de Reforma Laboral es un puntal en este sentido. Con la misma pretenden liquidar conquistas alcanzadas por los trabajadores con sus luchas a lo largo de 100 años.

    Abajo la Reforma Laboral. Abajo el decretazo.

    Vamos por asambleas en los lugares de trabajo y plenarios de activistas y delegados en todos los sindicatos y seccionales. Serán los trabajadores organizados los que derrotarán el plan de guerra del gobierno.

    http://www.po.org.ar/prensaObrera/online/politicas/un-decretazo-que-anticipa-la-reforma-laboral-y-beneficia-a-los-banqueros
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    Mensaje por Marcos Okseniuk Mar Ene 16, 2018 2:42 pm

    El gobierno no está seguro de nada. Recuerdo las vicisitudes de esta reforma laboral: primero decían que se iba a hacer, luego que no, luego que por gremios, luego que por ley, luego que en febrero, luego que en marzo y ahora que en abril. Yo no sé si le van a servir de mucho las 15 millones de balas goma, pero me parece que como la CGT le retiró el apoyo al proyecto (son presiones desde abajo, obviamente) se le fue un poco al carajo su plan de presentar una reforma legítima, como con la previsional, con la que hasta tuvo que llevar a los gobernadores a Buenos Aires para que los diputados votasen presionados por sus "jefes". Hay quienes dicen que el gobierno planea una reelección, pero con todo lo que hacer no sé si es posible, por más que ponga la carita de Vidal jajaja. Mientras tanto, la bomba de los dirigentes sindicales corruptos sigue humeando...

    El Cronista escribió:
    La CGT le baja el pulgar a la reforma laboral y cierra filas para un contragolpe

    Barrionuevo prepara para el miércoles una cumbre en Mar del Plata mientras crece la preocupación por la embestida contra Moyano. Advertencias de cara a las paritarias

    "Nadie se va a quedar de brazos cruzados. Si vienen por nosotros, tendrán que hacerse cargo de las represalias". La frase, de un encumbrado referente sindical, replicó el sentido de los polémicos dichos de Luis Barrionuevo la semana pasada y reforzó el tenor de la advertencia con la que buena parte de la dirigencia de la CGT reaccionó ante lo que interpretan como una abierta "persecución" del Gobierno en su contra. La apuesta contragolpista que enarbolan los sectores gremiales más molestos por la profundidad que adquirió la ofensiva judicial que ubicó al propio Hugo Moyano como su último gran objetivo ya está en marcha. Y se enfoca sobre cuestiones clave de la estrategia que se trazó la Casa Rosada para los próximos meses: la demorada reforma laboral y la ronda de negociaciones salariales.

    Sobre el primero de esos aspectos, Carlos Acuña, uno de los miembros del triunvirato de conducción de la central obrera, fue ayer muy contundente. "El proyecto no tiene ningún futuro. Para nosotros no hay reforma laboral que valga", enfatizó quien justamente fue uno de los dirigentes que en noviembre pasado consensuó con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, los principales aspectos de la iniciativa. Y defendió esa postura al sostener que se trata de una reforma que "no tiene ninguna ventaja ni tampoco equilibrio" para trabajadores y gremios.

    Pero, además, Acuña salió al cruce de la pretensión del Ejecutivo de que las próximas discusiones salariales acuerden incrementos del orden del 15% sin la aplicación de la cláusula gatillo de ajuste por inflación. "El Gobierno no puede fijarle el sueldo a nadie. Para eso, que establezca un decreto para determinar lo sueldos", desafió.

    En términos prácticos, el rechazo sindical a la postura oficial para las paritarias será expresado desde hoy por la Asociación Bancaria, el gremio que lidera Sergio Palazzo, en el marco de las negociaciones salariales de la actividad. Lejos de la expectativa de Trabajo y de la oferta empresaria de una suba del 9%, los bancarios apuestan a repetir un acuerdo similar al de año pasado, donde pactaron un aumento de 19,5% ajustable por inflación y el reconocimiento de 5% por la pérdida de poder adquisitivo de 2016.

    En paralelo a esas negociaciones y con el telón de fondo de la avanzada judicial que ahora tiene en la mira a Moyano, Barrionuevo convocó para el miércoles a la dirigencia cegetista a un encuentro en Mar del Plata con el propósito de cerrar filas en la estrategia para enfrentar esa ofensiva. De la reunión participarán, además de Acuña y el resto de los sindicatos que responden al gastronómico, dirigentes de otros espacios gremiales críticos al Gobierno, y referentes de los sindicatos del transporte, entre ellos Camioneros. Pero también, cerca de Barrionuevo, se entusiasman con la posibilidad de poder sumar al encuentro a dirigentes de los sectores más dialoguistas, como el caso de los denominados gordos e independientes, que hasta ayer sin embargo no habían confirmado su participación.

    "Tenemos que estar todos juntos porque hoy van por uno pero mañana le puede tocar a otro", indicó uno de los dirigentes más distanciados de la Casa Rosada. Y subrayó la decisión de la cartera laboral de auditar, en conjunto con la Unidad de Información Financiera (UIF), las cuentas y propiedades de más de medio centenar de sindicatos y obras sociales para detectar posibles maniobras de defraudación y lavado de dinero.
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    Mensaje por pablo13 Mar Ene 16, 2018 5:37 pm

    Prensa Obrera escribió:[Reforma laboral] El texto original, en 15 puntos

    Lo que busca imponer el gobierno por ley, decretos y modificación de convenios.

    El proyecto de reforma laboral que el gobierno negoció con la CGT es un ataque brutal a los derechos de los trabajadores. Pretende liquidar conquistas históricas que el movimiento obrero ha logrado con su lucha a lo largo de los últimos cien años.

    La burocracia que suscribió este pacto entreguista recibirá a cambio la garantía de que no se le quitará el manejo de los cuantiosos fondos de las obras sociales (verdaderas cajas negras de las direcciones burocráticas) y que se va a mantener y fortalecer el sindicalismo vertical y propatronal -el llamado “modelo sindical”-, que incluirá el ataque a los sindicatos de base y al clasismo. Macri, no de manera inocente, dijo que sobran sindicatos y que hay que limitarlos a aquellos que tienen personería gremial –los que están, prácticamente en su totalidad, en manos de la burocracia.

    En esta entrega están incluidos todos los sectores de la burocracia sindical. Los gordos, el moyanismo y los kirchneristas. Así es que la directiva K del sindicato de obreros lácteos (Atilra) fue una de las primeras en firmar cambios convencionales entregando conquistas fundamentales para los trabajadores, como la eliminación del pago del plus como horas extras para quienes trabajen (por fuera del horario habitual) los fines de semana.

    El movimiento obrero debe salir a enfrentar este ataque. No podemos dejar la resolución sobre esta ley en manos de los legisladores patronales de Cambiemos y del pejotismo, que actúa en función del pacto con los gobernadores que prohijó la repudiada reforma previsional e impositiva, los otros capítulos del plan de guerra económica y social contra los trabajadores. El pejotismo, no hace falta aclararlo, es además el cobijo de la mayor parte de la burocracia sindical que hace su parte para la “gobernabilidad” del ajuste contra los trabajadores.

    En resumen, hay que quebrar el pacto Macri-CGT. La Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero impulsa inmediatas asambleas de base y plenarios de delegados con mandato de los lugares de trabajo, llama a reagruparse a todas las fuerzas combativas del movimiento obrero para la acción común y que la reforma antilaboral no pase.

    También llamamos a defender a todos los sindicatos inscriptos y a los cuerpos de delegados y seccionales recuperados, y a todas las organizaciones de base del movimiento obrero.

    Un Congreso con mandato de bases de todos los sindicatos argentinos, sin distinción de centrales sindicales, unificados, debería resolver un inmediato plan de lucha para quebrar la ofensiva. Nuestros parlamentarios se ponen al servicio de esta causa suprema de los trabajadores argentinos.

    Estos son los puntos principales de la reforma laboral que quiere imponer el gobierno por la vía de la Ley de Reforma Laboral, modificando convenios o con futuros decretos, que pongan en práctica lo que hoy la CGT se ufana de haber logrado  “quitar” del reaccionario proyecto oficial, y que la lleva a suscribirlo sin consultar a los trabajadores.

    Fin a la jornada de 8 horas

    Las empresas podrán no pagar los adicionales por horas extras si las mismas se compensan en otra jornada. Bajo ese paraguas, las patronales podrán ampliar la jornada de 8 horas arbitrariamente, sin siquiera tener que pagar el plus que corresponde a las extras.

    Además, incluye modalidades de trabajo por las cuales se dejará de computar el tiempo de tarea por día para hacerlo por semana. Habilita la creación, por medio de convenios colectivos, de “bancos de horas” que pondrán límites a las horas extras bajo el argumento de hacer “más eficientes” los tiempos y jornadas de trabajo, las que podrán prolongarse de acuerdo a las necesidades del patrón.

    Jornadas a gusto del empleador

    Se habilita también la jornada reducida, con la incorporación de contratos a tiempo parcial de hasta dos tercios de las horas habituales de determinado trabajo. Esto con el pago reducido de salarios.

    Mano de obra casi gratuita

    Se crean “pasantías formativas” en el ámbito privado y público, que no generarán relación laboral y con un pago no remunerativo en calidad de “estímulo” para estudiantes de hasta 24 años. Los pasantes podrán desempeñarse por un máximo de 30 horas semanales, y excepcionalmente, diez horas más. Esto se vincula con la reforma educativa: los alumnos de 5° año deberán realizarlas de manera obligatoria. Es decir que se creará mano de obra súper barata, de miles y miles de jóvenes, que reemplazarán a trabajadores y empujarán hacia abajo los salarios.

    Reducción de las indemnizaciones

    El proyecto del gobierno establece que, a los efectos del cálculo para las indemnizaciones, ya no se incluirán los montos cobrados por horas extras, comisiones, premios y bonificaciones, así como tampoco las compensaciones por otro tipo de gastos que no tengan periodicidad mensual, normal y habitual. Esto supone una reducción muy grande de la indemnización en el caso de una gran cantidad de trabajadores que, en algún momento del año, tiene ese tipo de ingresos.

    Además, el salario para el cálculo indemnizatorio tendrá un techo. Más allá del sueldo que cobre el trabajador, aquel monto no podrá superar el equivalente a 3 veces el promedio de todas las remuneraciones básicas previstas en el convenio colectivo que corresponde al trabajador. A los que cobran un sueldo menor al promedio, esto no los beneficiará porque ese es el máximo aplicable, pero sí perjudicará a los que cobran un salario más alto que el promedio, porque los alcanza ese techo.

    Despido aún más barato

    El proyecto prevé la eliminación de las indemnizaciones que hoy se le pagan al trabajador por incumplimiento patronal en la registración. Actualmente, las patronales deben enfrentar una duplicación en el costo de la indemnización si el despedido estaba en negro y puede demostrar su relación de dependencia. Eso ya no seguiría vigente.

    O la virtual liquidación de las indemnizaciones

    Pero también faculta a la burocracia sindical para que firme con las cámaras empresarias, como parte de los convenios colectivos de trabajo, la creación de un denominado Fondo de Cese Laboral Sectorial, que se aplicará al pago de los montos correspondientes a las indemnizaciones para la cobertura del equivalente al preaviso y al despido sin causa. Un mecanismo similar al que ya rige en la construcción.

    Una vez firmado el acuerdo por la burocracia de los sindicatos, este sistema reemplazaría a la indemnización habitual.

    El Fondo lo administrará un ente conducido por la patronal, el gobierno y la burocracia y estará formado por aportes que, directa o indirectamente, serán aportados por los propios trabajadores.

    A voluntad del patrón

    Otro de los cambios propuestos supone un retroceso brutal en las relaciones obrero-patronales. Se plantea modificar el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo para que el empleador quede facultado –de manera unilateral- para introducir todos aquellos cambios y modalidades en el trabajo que el empresario requiera sin importar lo que establezcan el convenio y las leyes laborales.

    El trabajador que no acuerde con ello se podrá (o deberá) considerar despedido sin causa.

    Es la eliminación del criterio de “irrenunciabilidad”, que establece que ningún trabajador puede aceptar en un contrato individual o de grupo o empresa, condiciones peores a las establecidas en las leyes o convenios colectivos. Un golpe que tiende a liquidar la vigencia de los convenios colectivos y las conquistas históricas de los trabajadores mediante la presión patronal para que se acepten peores condiciones de trabajo e incluso salariales.

    Si a esto se le suma la reducción en las indemnizaciones y en los aportes patronales, un eventual blanqueo tendrá un costo ínfimo para el patrón y límites muy grandes en los beneficios para el trabajador.

    Rebaja de aportes patronales

    Se va a un desfinanciamiento del Anses, con un esquema progresivo de disminución de los aportes previsionales por parte de los patrones: el mínimo no imponible crecerá año a año, hasta llegar a $12.000 (más la actualización por inflación) en el 2022. Así, solo realizarán aportes por la parte del salario que supere esa cifra, es decir por menos del 30% del sueldo promedio. Este punto, para mejor hacerlo pasar, fue excluido de la reforma laboral, pero se incluyó en la reforma impositiva ya aprobada. La burocracia sindical, mediante este expediente, mira para otro lado.

    Blanqueo para negreros

    No sólo disminuyen los aportes patronales y las indemnizaciones reduciendo así el costo laboral para las empresas en perjuicio de los trabajadores. En un eventual blanqueo, también se le condonan los aportes adeudados y punitorios a las patronales que registren trabajadores que estaban en negro. El blanqueo prevé también el cierre de los juicios que estén en curso.

    Para los trabajadores el blanqueo no supone un reconocimiento pleno de sus derechos, ni mucho menos. A los que pasen a planta, más allá de la antigüedad que tengan en la empresa, se les reconocerán solo 5 años y esto cabe también para la jubilación. Es decir que perderá todos los años de trabajo que superen ese tope, tanto para los beneficios que provienen de la antigüedad como para los años que debe sumar para poder jubilarse. Además, el reconocimiento es por el valor del salario mínimo, vital y móvil, es decir que si su salario está por encima de ese monto, el trabajador perderá en el cálculo para el haber jubilatorio.

    Tercerización, otra estafa

    Se facilita la tercerización y la subcontratación en algunos rubros dentro de las empresas como limpieza, seguridad, transporte interno, gastronomía o informática. Así se pretende evitar juicios contra las empresas que los utilizan para reducir planteles y costos. Con esto se divide al personal que, además, pasará a cobrar, en la mayoría de los casos, un sueldo menor al que reciben los empleados en la empresa principal.

    Además, las empresas que subcontraten servicios quedarán liberadas de toda responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones de los contratistas con los trabajadores ocupados para cubrir esas tareas, incluyendo el eventual pago de una indemnización y las obligaciones de la seguridad social.

    La igualdad de los desiguales

    Se elimina la relación desigual entre empleador y empleado, base de la legislación laboral que entiende que en el enfrentamiento obrero-patronal no hay igualdad y que, por esa razón, el trabajador debe tener una mayor cobertura por parte de la justicia.  Ahora se agrega a la definición de trabajo el concepto de “cooperación” entre las partes, un vínculo “generador de derechos y deberes recíprocos”, es decir iguales, como “regla esencial de ejecución del contrato”. Es decir que, por ejemplo, se asimilan los perjuicios que le genera a un trabajador el despido con el que le crearía al patrón su renuncia.

    Plazo para iniciar juicios laborales

    Se reduce de 2 años a 1 el plazo para que los trabajadores inicien acciones judiciales contra sus empleadores relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y de disposiciones de convenios colectivos. Dicho plazo no podrá modificarse por las convenciones colectivas de actividad.

    Además, se establece un techo al plazo por el que se puede reclamar: más allá del tiempo de incumplimiento de una obligación por parte de la patronal, el trabajador solo podrá reclamar por el último año.

    Límites al tratamiento médico

    Se crea una Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud, con directores designados por el Poder Ejecutivo, que determinará, en caso de disputa con el paciente, si las obras sociales o prepagas deben cubrir un determinado tratamiento. Pedida por la burocracia sindical, la norma “apunta a reducir demandas contra obras sociales y prepagas”, es decir a reducir la cobertura de salud de los trabajadores.

    Esconde el trabajo en negro

    El proyecto oficial crea la figura del "trabajador independiente" que podrá tomar hasta cuatro "colaboradores independientes" que no tendrán relación de dependencia. Para ellos se crea un régimen especial de monotributo. Otro mecanismo para evadir el blanqueo de trabajadores.

    La zanahoria

    Las licencias por paternidad se ampliarían de 2 a 15 días corridos. En varias provincias ya rigen regímenes más beneficiosos que el limitado nacional de los dos días.

    http://www.po.org.ar/prensaObrera/online/sindicales/folleto-de-reforma-laboral-el-texto-original-en-15-puntos

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