Hacia la revolución a través del Estado progresista
revista Wildcat n° 98 - año 2015 en español
—3 mensajes—
En la Cuba en los años 60 la constelación política mundial marcada por el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hizo que la lucha de liberación anticolonial se decantara hacia la construcción de un socialismo tercermundista. Desde aquel entonces, todos las tentativas socialistas en Latinoamérica como la guerrilla urbana de Uruguay, la Alianza Popular en Chile a comienzos de los 70 o la revuelta armada en Nicaragua en el año 1979 han estado orientadas a la conquista y la conservación del poder estatal. Por mucho que una parte del movimiento de solidaridad con Nicaragua creyera firmemente en un modelo de fases que culminaría en la revolución social, el verdadero resultado de los ‘diez años revolucionarios’ no ha sido otro que la construcción de las condiciones necesarias para la modernización del capitalismo en el pais. Unas décadas más tarde el proyecto ‘de cambiar el mundo sin tomar el poder’ iniciado por el EZLN en 1994 en Chiapas no ha conseguido establecer vínculos de importancia con otros movimientos sociales mejicanos, quedándose atascado en la defensa de los valores de las comunidades indígenas. Desde el año 2000 la esperanza de los movimientos internacionales de solidaridad gira en torno a los Gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua y a su política de ‘izquierdas’ contra el ‘capitalismo salvaje’. Esta obsesión con el ‘estado progresista’ se ve reforzada por la presencia de fuerzas reaccionarias dispuestas a impedir cualquier forma de cambio social. El mejor ejemplo hoy en día sería el caso de Honduras: un par de cambios en la política social tradicional (por ejemplo la súbida del salario mínimo) y sobre todo el acercamiento a Venezuela fueron suficiente para movilizar a los golpistas, quienes a su vez convirtieron al ex-latifundista Zelaya en un revolucionario a ojos de la izquierda. Mientras tanto los movimientos sociales en Bolivia han sido engullidos por el nuevo Estado y en Nicaragua, un reaccionario FSLN puede mantenerse en el poder aprovechándose del mito de la lucha armada de los años 70. Pero sin lugar a dudas, el baluarte más importante a nivel internacional del ’eje de la esperanza frente al dominio del neoliberalismo« es el »socialismo del siglo XXI« venezolano, basado en los dólares provenientes del petróleo.
Este artículo es un resumen de las experiencias del movimiento de solidaridad con América Central de los años 80, así cómo de las experiencias acumuladas en varios viajes a Nicaragua y Venezuela entre los años 2004 y 2009[1].
Los beneficios del petróleo como base del nuevo Socialismo en Venezuela
El ‘socialismo del siglo XXI’ venezolano es, cómo se decía anteriormente, la referencia más importante dentro del ’eje de la esperanza contra el neoliberalismo«. Las posiciones de la izquierda internacional frente a este proyecto son bastante diferentes:
a) Desde las organizaciones tradicionales de tipo comunista y/o antiimperialista se acusa a la crítica al socialismo bolivariano de ser pro-imperialista. El proceso bolivariano supondría una mejora respecto a la situación de explotación bajo los anteriores gobiernos: una mejora material de las condiciones de vida de las masas populares que por fin habrían obtenido una voz política, con la que oponerse al imperialismo.
b) Los grupos provenientes de la izquierda radical, así cómo las bases del chavismo suelen defender a grandes rasgos ’el proceso revolucionario‘ haciendo énfasis en la unidad que existe entre ’las masas revolucionarias‘ y su líder. Sin embargo critican ciertos aspectos de la política gubernamental con los que no están de acuerdo y que achacan a la corrupción o al origen burgués de una buena parte de los cargos medios.
c) Los grupos de ideología trotsquista, que aún siguen teniendo fuerza en algunas fábricas y empresas grandes, critican al gobierno bolivariano por no atreverse a llevar a cabo una política de expropiación radical y por no otorgar el poder al pueblo y propugnan la necesidad de un partido que asocie a los trabajadores y lidere el proceso.
d) Desde otras posiciones se hace incapié en las posibilidades que el nuevo gobierno ofrecería al desarrollo de iniciativas radicales de base, viendo en este punto el mayor potencial del proceso: si la miseria y la pobreza de la población son los principales obstáculos para el desarrollo de luchas sociales, el chavismo estaría creando las condiciones para que estas luchas puedan tener lugar. Desde esta posición y con una perspectiva de solidaridad crítica se intenta lanzar un debate sobre los fines y las posibilidades de la ’revolución del Siglo XXI‘, pero esta discusión raramente gira en torno al desarrollo y los avances reales del proceso.
e) Los grupos libertarios o partidarios del comunismo de consejos critican abiertamente al chavismo, que según ellos no está haciendo otra cosa que llevar al poder a una nueva fracción de la burguesía, pero sin cambiar las estructuras capitalistas.
Del Caracazo a la radicalización del proyecto chavista
Durante más de 30 años, los corruptos gobiernos cristiano- y socialdemócratas han estado repartiendo los beneficios de la renta petrolífera entre las compañías extranjeras y la oligarquía venezolana. En el año 1989, la rabia del pueblo explotó y desembocó en un levantamiento en Caracas contra un nuevo programa de ahorro, impuesto por el FMI y aprobado por el gobierno de entonces. Después de esta revuelta, conocida con el nombre de Caracazo, las masas populares comenzaron a organizar de forma autónoma parte de la vida cotidiana en los barrios (agua, canalización, basura, etc) a través de asambleas vecinales y comités de base autogestionados. En este contexto da los primeros pasos lo que más tarde sería el chavismo, intentado dar a la protesta una voz uniforme y exigiendo una democracia más social y justa.
Una parte de las élites tradicionales del pais parece tolerar el proyecto, pues suponen que puede llevar a una mejora de las condiciones generales para la reproducción del capital y que un par de concesiones en materia social no es un precio demasiado alto, si como contrapartida se consigue restablecer el orden y la tranquilidad en el país. Pero la determinación con la que tras su reeleción el principal protagonista del Proyecto se enfrentó a las viejas formas de nepotismo e intentó desarrollar determinados programas sociales, hizo que esta tolerancia inicial no durase mucho. Esto, unido a los planes del Gobierno para una reforma agraria, así cómo de una modificación de la Constitución para ampliar las posibilidades de participación, hicieron que las viejas élites y una buena parte de la clase media respondieran con un intento de golpe de estado en abril del 2002 y una huelga dirigida desde arriba entre diciembre del 2002 y febrero del 2003 en el sector petrolífero, de vital importancia para el Gobierno. Sin embargo no fueron capaces de lograr su objetivo principal: derrocar al Gobierno. Las masas populares de los barrios más pobres de Caracas salieron a manifestarse contra los golpistas y los técnicos de la compañía estatal petrolífera PDVSA se hicieron con el control de una parte de la paralizada producción para ponerla de nuevo en marcha. Estas movilizaciones alcanzaron rápidamente una dinámica propia, que si bien fue inicialmente aprovechada por el Gobierno Bolivariano mientras sirviera para conservar el poder, acabó siendo frenada cuando pasó el peligro inicial.
Después de las dos intentonas golpistas, el proyecto bolivariano se radicalizó: se llevaron a cabo proyectos sociales de grandes dimensiones (las misiones), se empezó a repartir la tierra que se estaba expropiando a los latifundistas, se estatalizaron sectores claves de la industria con la participación de los trabajadores y se otorgó a la población mayores posibilidades de participar en los procesos políticos. Ésta vendría a ser a grandes rasgos la versión oficial del ’Socialismo del Siglo XXI«. Pero si se comparan los discursos programáticos del Gobierno bolivariano con los progresos reales en el pais, la situación es bien distinta: tan sólo una pequeña parte de la renta petrolífera se destinó a los programas sociales, tendencia que se consolida con la caída del precio del petróleo en el verano del 2008. La reforma agraria avanza de modo lento y titubeante, por que el Gobierno teme la confrontación directa con los latifundistas, con el problema añadido de que la disposición y la capacidad real de producción agrícola no es muy grande, pues una gran parte de la población vive en las ciudades y no en el campo. En las empresas estatalizadas o ocupadas la situación de los trabajadores apenas ha cambiado y las posibilidades de participación popular a través de las iniciativas de base están en todo momento sometidas al control central, ya que dependen ecónomicamente del dinero que les concede el Gobierno.
La crisis y el programa de ahorro bolivariano
La gran subida del precio del petróleo a partir del año 2002 y su explosión a partir del verano del 2006 había hecho posible las amplias inversiones en programas sociales y empresas estatales. Pero con la drástica caída del precio del principal producto de exportación venezolano en el verano del 2008 (el petróleo y el gas natural suponen el 80% de las exportaciones y el 50% de los ingresos), el proyecto bolivariano empezó a tambalearse. Después de que en las elecciones municipales del 2008 los candidatos del chavista PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) obtuvieran la mayoría de los votos, el partido emprendió una huída hacia adelante. A la vista del empeoramiento de las condiciones económicas, se consideró necesario que el líder del movimiento pudiera presentarse como candidato a las elecciones del 2012, ya que el PSUV necesitaba de su carisma para ganarlas. Para ello era imprescindible reformar la Constitución de tal manera que alcaldes, gobernadores y el presidente de la República se pudiesen presentar a la reelección después de dos mandatos, para lo que se convocó un referéndum. Con esta consulta se volvía a poner a la opinión pública bajo presión, reduciendo la discusión sobre la situación política a la disyuntiva del sí o el no ’al socialismo y a su líder«.
Después de una descomunal campaña de publicidad en los medios y en la calle, 6,3 millones de venezolanos votaron por la reforma de la Constitución mientras que 5,2 millones votaron en contra y 5 millones se abstuvieron. Inmediatamente después, el gobierno empezó a trabajar en un paquete de medidas contra la crisis, medidas que según sus palabras no iban a perjudicar al ‘pueblo’. Un programa de ahorro tradicional con las típicas subidas de precio directas para productos básicos como alimentos, gasolina o transporte hubiera supuesto un suicidio político.
Con el término ’pueblo‘ se alude al 60% de la población que, en función de sus ingresos, puede ser considerada como pobre o muy pobre. Desde el punto de vista político, el término abarca a las masas desorganizadas, en especial de los sectores informales de la economía, que son las que más fácilmente pueden ser movilizadas por las instituciones estatales y del partido. De los 28 millones de habitantes del país aproximadamente el 90% vive en las ciudades. Se trata de una población muy joven (12 millones de habitantes aún no han cumplido los 15 años) con 13 millones de personas consideradas ‘económicamente activas’, de las cuales unos 7 millones tiene algún tipo de contrato laboral. Muchos de los 2,5 millones de empleados estatales, la mayoría de los trabajadores del sector de comercio así como algunos trabajadores de la industria automóvil cobran el salario mínimo establecido por el Gobierno.
El nuevo paquete de medidas económicas fue anunciado el 21 de Marzo del 2009 y se presentó categóricamente no cómo paquete de ahorro, sino todo lo contrario, como un conjunto de medidas que debería proteger los principales logros de la revolución bolivariana. A los aproximadamente tres millones de trabajadores que reciben el salario mínimo se les concedió por decreto y sin discusión un aumento que, al contrario de lo usual, no llega a cubrir la tasa de inflación: un 10% en mayo del 2009 (con lo que el salario quedaba en 880 Bolivares Fuertes) y un 10% más a partir de septiembre del 2009 (970 BsF). El valor del Cesta-Ticket (un suplemento al salario mínimo en forma de cupones que pueden ser canjeados en determinados comercios) creció en un 20% hasta un total de 400 BsF. A pesar de las declaraciones del ministro de finanzas que había prometido en abril del 2007 suprimir a corto plazo el IVA, al que tachó de tasa impuesta por la política de ahorro del FMI e incompatible con una economía socialista, el IVA aumentó de un 9% al 12%.
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En la Cuba en los años 60 la constelación política mundial marcada por el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hizo que la lucha de liberación anticolonial se decantara hacia la construcción de un socialismo tercermundista. Desde aquel entonces, todos las tentativas socialistas en Latinoamérica como la guerrilla urbana de Uruguay, la Alianza Popular en Chile a comienzos de los 70 o la revuelta armada en Nicaragua en el año 1979 han estado orientadas a la conquista y la conservación del poder estatal. Por mucho que una parte del movimiento de solidaridad con Nicaragua creyera firmemente en un modelo de fases que culminaría en la revolución social, el verdadero resultado de los ‘diez años revolucionarios’ no ha sido otro que la construcción de las condiciones necesarias para la modernización del capitalismo en el pais. Unas décadas más tarde el proyecto ‘de cambiar el mundo sin tomar el poder’ iniciado por el EZLN en 1994 en Chiapas no ha conseguido establecer vínculos de importancia con otros movimientos sociales mejicanos, quedándose atascado en la defensa de los valores de las comunidades indígenas. Desde el año 2000 la esperanza de los movimientos internacionales de solidaridad gira en torno a los Gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua y a su política de ‘izquierdas’ contra el ‘capitalismo salvaje’. Esta obsesión con el ‘estado progresista’ se ve reforzada por la presencia de fuerzas reaccionarias dispuestas a impedir cualquier forma de cambio social. El mejor ejemplo hoy en día sería el caso de Honduras: un par de cambios en la política social tradicional (por ejemplo la súbida del salario mínimo) y sobre todo el acercamiento a Venezuela fueron suficiente para movilizar a los golpistas, quienes a su vez convirtieron al ex-latifundista Zelaya en un revolucionario a ojos de la izquierda. Mientras tanto los movimientos sociales en Bolivia han sido engullidos por el nuevo Estado y en Nicaragua, un reaccionario FSLN puede mantenerse en el poder aprovechándose del mito de la lucha armada de los años 70. Pero sin lugar a dudas, el baluarte más importante a nivel internacional del ’eje de la esperanza frente al dominio del neoliberalismo« es el »socialismo del siglo XXI« venezolano, basado en los dólares provenientes del petróleo.
Este artículo es un resumen de las experiencias del movimiento de solidaridad con América Central de los años 80, así cómo de las experiencias acumuladas en varios viajes a Nicaragua y Venezuela entre los años 2004 y 2009[1].
Los beneficios del petróleo como base del nuevo Socialismo en Venezuela
El ‘socialismo del siglo XXI’ venezolano es, cómo se decía anteriormente, la referencia más importante dentro del ’eje de la esperanza contra el neoliberalismo«. Las posiciones de la izquierda internacional frente a este proyecto son bastante diferentes:
a) Desde las organizaciones tradicionales de tipo comunista y/o antiimperialista se acusa a la crítica al socialismo bolivariano de ser pro-imperialista. El proceso bolivariano supondría una mejora respecto a la situación de explotación bajo los anteriores gobiernos: una mejora material de las condiciones de vida de las masas populares que por fin habrían obtenido una voz política, con la que oponerse al imperialismo.
b) Los grupos provenientes de la izquierda radical, así cómo las bases del chavismo suelen defender a grandes rasgos ’el proceso revolucionario‘ haciendo énfasis en la unidad que existe entre ’las masas revolucionarias‘ y su líder. Sin embargo critican ciertos aspectos de la política gubernamental con los que no están de acuerdo y que achacan a la corrupción o al origen burgués de una buena parte de los cargos medios.
c) Los grupos de ideología trotsquista, que aún siguen teniendo fuerza en algunas fábricas y empresas grandes, critican al gobierno bolivariano por no atreverse a llevar a cabo una política de expropiación radical y por no otorgar el poder al pueblo y propugnan la necesidad de un partido que asocie a los trabajadores y lidere el proceso.
d) Desde otras posiciones se hace incapié en las posibilidades que el nuevo gobierno ofrecería al desarrollo de iniciativas radicales de base, viendo en este punto el mayor potencial del proceso: si la miseria y la pobreza de la población son los principales obstáculos para el desarrollo de luchas sociales, el chavismo estaría creando las condiciones para que estas luchas puedan tener lugar. Desde esta posición y con una perspectiva de solidaridad crítica se intenta lanzar un debate sobre los fines y las posibilidades de la ’revolución del Siglo XXI‘, pero esta discusión raramente gira en torno al desarrollo y los avances reales del proceso.
e) Los grupos libertarios o partidarios del comunismo de consejos critican abiertamente al chavismo, que según ellos no está haciendo otra cosa que llevar al poder a una nueva fracción de la burguesía, pero sin cambiar las estructuras capitalistas.
Del Caracazo a la radicalización del proyecto chavista
Durante más de 30 años, los corruptos gobiernos cristiano- y socialdemócratas han estado repartiendo los beneficios de la renta petrolífera entre las compañías extranjeras y la oligarquía venezolana. En el año 1989, la rabia del pueblo explotó y desembocó en un levantamiento en Caracas contra un nuevo programa de ahorro, impuesto por el FMI y aprobado por el gobierno de entonces. Después de esta revuelta, conocida con el nombre de Caracazo, las masas populares comenzaron a organizar de forma autónoma parte de la vida cotidiana en los barrios (agua, canalización, basura, etc) a través de asambleas vecinales y comités de base autogestionados. En este contexto da los primeros pasos lo que más tarde sería el chavismo, intentado dar a la protesta una voz uniforme y exigiendo una democracia más social y justa.
Una parte de las élites tradicionales del pais parece tolerar el proyecto, pues suponen que puede llevar a una mejora de las condiciones generales para la reproducción del capital y que un par de concesiones en materia social no es un precio demasiado alto, si como contrapartida se consigue restablecer el orden y la tranquilidad en el país. Pero la determinación con la que tras su reeleción el principal protagonista del Proyecto se enfrentó a las viejas formas de nepotismo e intentó desarrollar determinados programas sociales, hizo que esta tolerancia inicial no durase mucho. Esto, unido a los planes del Gobierno para una reforma agraria, así cómo de una modificación de la Constitución para ampliar las posibilidades de participación, hicieron que las viejas élites y una buena parte de la clase media respondieran con un intento de golpe de estado en abril del 2002 y una huelga dirigida desde arriba entre diciembre del 2002 y febrero del 2003 en el sector petrolífero, de vital importancia para el Gobierno. Sin embargo no fueron capaces de lograr su objetivo principal: derrocar al Gobierno. Las masas populares de los barrios más pobres de Caracas salieron a manifestarse contra los golpistas y los técnicos de la compañía estatal petrolífera PDVSA se hicieron con el control de una parte de la paralizada producción para ponerla de nuevo en marcha. Estas movilizaciones alcanzaron rápidamente una dinámica propia, que si bien fue inicialmente aprovechada por el Gobierno Bolivariano mientras sirviera para conservar el poder, acabó siendo frenada cuando pasó el peligro inicial.
Después de las dos intentonas golpistas, el proyecto bolivariano se radicalizó: se llevaron a cabo proyectos sociales de grandes dimensiones (las misiones), se empezó a repartir la tierra que se estaba expropiando a los latifundistas, se estatalizaron sectores claves de la industria con la participación de los trabajadores y se otorgó a la población mayores posibilidades de participar en los procesos políticos. Ésta vendría a ser a grandes rasgos la versión oficial del ’Socialismo del Siglo XXI«. Pero si se comparan los discursos programáticos del Gobierno bolivariano con los progresos reales en el pais, la situación es bien distinta: tan sólo una pequeña parte de la renta petrolífera se destinó a los programas sociales, tendencia que se consolida con la caída del precio del petróleo en el verano del 2008. La reforma agraria avanza de modo lento y titubeante, por que el Gobierno teme la confrontación directa con los latifundistas, con el problema añadido de que la disposición y la capacidad real de producción agrícola no es muy grande, pues una gran parte de la población vive en las ciudades y no en el campo. En las empresas estatalizadas o ocupadas la situación de los trabajadores apenas ha cambiado y las posibilidades de participación popular a través de las iniciativas de base están en todo momento sometidas al control central, ya que dependen ecónomicamente del dinero que les concede el Gobierno.
La crisis y el programa de ahorro bolivariano
La gran subida del precio del petróleo a partir del año 2002 y su explosión a partir del verano del 2006 había hecho posible las amplias inversiones en programas sociales y empresas estatales. Pero con la drástica caída del precio del principal producto de exportación venezolano en el verano del 2008 (el petróleo y el gas natural suponen el 80% de las exportaciones y el 50% de los ingresos), el proyecto bolivariano empezó a tambalearse. Después de que en las elecciones municipales del 2008 los candidatos del chavista PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) obtuvieran la mayoría de los votos, el partido emprendió una huída hacia adelante. A la vista del empeoramiento de las condiciones económicas, se consideró necesario que el líder del movimiento pudiera presentarse como candidato a las elecciones del 2012, ya que el PSUV necesitaba de su carisma para ganarlas. Para ello era imprescindible reformar la Constitución de tal manera que alcaldes, gobernadores y el presidente de la República se pudiesen presentar a la reelección después de dos mandatos, para lo que se convocó un referéndum. Con esta consulta se volvía a poner a la opinión pública bajo presión, reduciendo la discusión sobre la situación política a la disyuntiva del sí o el no ’al socialismo y a su líder«.
Después de una descomunal campaña de publicidad en los medios y en la calle, 6,3 millones de venezolanos votaron por la reforma de la Constitución mientras que 5,2 millones votaron en contra y 5 millones se abstuvieron. Inmediatamente después, el gobierno empezó a trabajar en un paquete de medidas contra la crisis, medidas que según sus palabras no iban a perjudicar al ‘pueblo’. Un programa de ahorro tradicional con las típicas subidas de precio directas para productos básicos como alimentos, gasolina o transporte hubiera supuesto un suicidio político.
Con el término ’pueblo‘ se alude al 60% de la población que, en función de sus ingresos, puede ser considerada como pobre o muy pobre. Desde el punto de vista político, el término abarca a las masas desorganizadas, en especial de los sectores informales de la economía, que son las que más fácilmente pueden ser movilizadas por las instituciones estatales y del partido. De los 28 millones de habitantes del país aproximadamente el 90% vive en las ciudades. Se trata de una población muy joven (12 millones de habitantes aún no han cumplido los 15 años) con 13 millones de personas consideradas ‘económicamente activas’, de las cuales unos 7 millones tiene algún tipo de contrato laboral. Muchos de los 2,5 millones de empleados estatales, la mayoría de los trabajadores del sector de comercio así como algunos trabajadores de la industria automóvil cobran el salario mínimo establecido por el Gobierno.
El nuevo paquete de medidas económicas fue anunciado el 21 de Marzo del 2009 y se presentó categóricamente no cómo paquete de ahorro, sino todo lo contrario, como un conjunto de medidas que debería proteger los principales logros de la revolución bolivariana. A los aproximadamente tres millones de trabajadores que reciben el salario mínimo se les concedió por decreto y sin discusión un aumento que, al contrario de lo usual, no llega a cubrir la tasa de inflación: un 10% en mayo del 2009 (con lo que el salario quedaba en 880 Bolivares Fuertes) y un 10% más a partir de septiembre del 2009 (970 BsF). El valor del Cesta-Ticket (un suplemento al salario mínimo en forma de cupones que pueden ser canjeados en determinados comercios) creció en un 20% hasta un total de 400 BsF. A pesar de las declaraciones del ministro de finanzas que había prometido en abril del 2007 suprimir a corto plazo el IVA, al que tachó de tasa impuesta por la política de ahorro del FMI e incompatible con una economía socialista, el IVA aumentó de un 9% al 12%.
Última edición por lolagallego el Sáb Ene 02, 2021 8:44 pm, editado 1 vez