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Repsol y sus (ir)responsabilidades en Ecuador
Políticas petroleras en Ecuador y su momento actual
Hasta la década de los setenta, Ecuador desarrolló una actividad petrolera errática, exportando cantidades pequeñas de petróleo hasta los años setenta [1]. En la medida en que el consumo nacional aumentaba de forma más rápida que su producción petrolera, la dependencia de la industria hacia el petróleo fue aparejada de la dependencia de Ecuador hacia otros países. En 1973, Ecuador cuantificaba sus reservas en torno al 4% de las reservas probadas de América Latina y producía aproximadamente el 6,5% del total de la región [2].
Ecuador transformó su situación en la década de los setenta, cuando tras importantes descubrimientos desarrollados por el consorcio Texaco-Gulf Oil, el país se convierte en un productor neto de petróleo. En 1973, con un gobierno militar de perfil nacionalista, Ecuador se incorpora a la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) [3] y nacionaliza en 1976 la filial de Gulf Oil que operaba en el país, convirtiendo a la Corporación Estatal de Petróleos del Ecuador (CEPE) [4] en el accionista principal de Texaco Ecuador [5]. Esa política nacionalista [6] llega a su fin como consecuencia del crecimiento continuado de la deuda externa, y la consiguiente suspensión de pagos realizada en 1984 [7].
Foto: El Gobierno militar ecuatoriano nacionaliza Gulf. Fuente: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
En Ecuador, como en otros países de la región, se aplica la “tercera ola” de planes de ajustes estructurales [8] que se desarrolló en la década de los noventa. La política petrolera aplicada en Ecuador, causa y consecuencia de la crisis de la deuda, generó mayor dependencia de las inversiones externas. Sin recursos financieros consecuencia del impacto de la deuda, el gobierno ecuatoriano no tiene apenas capacidad de accionar las políticas que le habían sido válidas hasta principios de la década de los ochenta, quedando el Estado sin un rol importante en las inversiones y en su participación sobre las ganancias petroleras. Así, el Estado ecuatoriano se ve obligado a flexibilizar sus condiciones para atraer nuevos capitales y estimular la exploración para detección de nuevas reservas (la esperanza de vida de las reservas probadas en 1994 era de 25 años), a través de joint-ventures [9] y de la privatización de ciertas actividades que hasta entonces habían sido controladas por Petroecuador [10]. Estas prácticas de orden neoliberal desarrolladas en las políticas de extracción de recursos naturales en Ecuador se vino a definir como “ajuste petrolero” [11].
Gráfico: Mapa del Ecuador con ubicación de Bloques petroleros en la Amazonía (antiguas concesiones). Fuente: www4.ecua.net.ec/petroecuador/bloques_concesionados.htm
La inestabilidad política generada en el país a partir de las políticas neoliberales y el fenómeno de la globalización, se ve agudizada a partir del “salvataje bancario” de 1999 [12] y la dolarización realizada en el 2000. La emergencia de los nuevos movimientos sociales [13]que se desarrolla en Ecuador en la década de los noventa; fundamentalmente en los entorno del mundo indígena [14] y del movimiento ambientalista, surgen fruto del agotamiento y crisis de la forma de gobierno nacional populista y del fracaso del modelo de desarrollo aplicado bajo las directrices de las instituciones financiaras de Bretton Woods.
En el ámbito político, la toma de posesión del actual Presidente Rafael Correa a comienzos del 2007, genera una nueva fase de estabilidad política que con sus circunstancias propias se mantiene hasta la actualidad.
En materia de política petrolera, el primer cambio importante que se visualiza en Ecuador tiene lugar con el Reglamento sustitutivo de aplicación de la Ley 42 (2006) reformando la Ley de Hidrocarburos, firmado por el entonces presidente Alfredo Palacio. “Este reglamento obliga a las empresas en contrato de participación para la exploración o la explotación petrolera a conceder al Estado al menos la mitad de las ganancias ´extraordinarias´ realizadas desde 2003, que provienen del saldo entre el precio de venta del petróleo ecuatoriano (promedio mensual ponderado FOB) y el precio vigente a la fecha de suscripción del contrato” [15]. Ya en octubre de 2007, el Presidente Correa aumenta a 99% la participación del Estado en estas ganancias extraordinarias.
La política petrolera en el Gobierno de la Revolución Ciudadana se mantiene sujeta a contradicciones creadas por la presión de los conflictos sociales. Por un lado, se reafirma la campaña de “reactivación petrolera” puesta en marcha a inicios de siglo. Ecuador retorna a la OPEP y genera alto grado de confusionismo auspiciando “perspectivas de nuevas rondas de licitaciones para la cuenca amazónica, en particular para explotar los campos ITT, ubicados en un área ecológica y socialmente sensible”, al tiempo que el gobierno anuncia su “intención de declarar una moratoria sobre las actividades petrolera en esta área, en particular en las áreas protegidas, a cambio de una contribución financiera de la comunidad internacional” [16].
Gráfico: Logotipo de la campaña Yasuní ITT para dejar en petroleo en tierra. Fuente: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Fruto de estas fuertes presiones entre posiciones diametralmente opuestas, se da lugar una reunión del directorio de Petroecuador el 30 de marzo de 2007. Al día siguiente, el Ministerio de Energía y Minas, cuyo titular en aquel momento era Alberto Acosta [17], emite un boletín de prensa donde indica: “Se aceptó como primera opción la de dejar el crudo represado en tierra, a fin de no afectar un área de extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la existencia de varios pueblos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados. Esta medida será considerará siempre y cuando la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían si se opta por la explotación del petróleo; recursos que requiere la economía ecuatoriana para su desarrollo”.
Por su parte, el llamado Plan B, que significa la explotación de los campos ITT [18], la cual se mantiene desde entonces como una “espada de Damocles” sobre el cuello de la Iniciativa Yasuní ITT, se divide en tres posibilidades diferentes en caso de aplicarse: “una licitación entre empresas petroleras estatales, una licitación internacional abierta a todo tipo de empresas o que Petroecuador explotara el ITT directamente” [19].
Las continuas amenazas del Presidente Correa ante la comunidad internacional de explotar los campos del ITT si es que esta no se hace copartícipe de la iniciativa, sumado a que incluso se llegó a valorar públicamente que hubiese una pregunta de consulta popular sobre si la ciudadanía ecuatoriana estaría de acuerdo en su explotación, ha dado argumentos a los países industrializados para manifestar sus recelos ante las continuas contradicciones del mandatario ecuatoriano. En una situación de crisis económica internacional, el posicionamiento del Presidente Correa le ha venido a los países del Norte como “agua de mayo” para justificar sus injustificables posturas dando la espalda a la iniciativa de dejar en crudo en tierra en una de las áreas de mayor biodiversidad del planeta.
El desenlace de la Iniciativa Yasuní ITT está pronta a resolverse, a la par que el gobierno ecuatoriano pretende este mismo año 2011 dotar de partida presupuestaria al proyecto de una mega refinería en la provincia de Manabí, la cual todos los expertos estiman sobredimensionada en su capacidad de producción, siempre y cuando no se exploten los yacimientos petroleros del ITT.
Antecedentes y situación del “Imperio” Repsol YPF, S.A.
Repsol es una sociedad anónima, fundada en 1987 y formada originalmente por la agrupación de una serie de compañías, que pertenecían al Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) [20], con actividades en la exploración, producción, transporte y refino de petróleo y gas. También fabrica, distribuye y comercializa derivados del petróleo, productos petroquímicos y gas licuado, a la par que vende gas natural.
En 1991, el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) ante la inminente desaparición del monopolio estatal de petróleos (CAMPSA [21]), se fijó el objetivo de crear una empresa de capital mixto público – privado para la explotación de los activos petroleros del Estado.
Con la creación de Repsol en la segunda mitad de los años 80, CAMPSA pasó a incorporarse a la compañía Repsol como una simple marca comercial, al igual que ocurrió con la también absorbida Petronor [22].
Apenas dos años más tarde de su creación, y por las exigencias antimonopolísticas impuestas por la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea), Repsol es privatizada. El proceso de privatización de la compañía comenzó en mayo de 1989 con la venta al entonces Banco Bilbao Vizcaya (hoy Banco Bilbao Vizcaya Argentaria –BBVA-, tras la privatización también del banco inmobiliario estatal Argentaria) de un paquete accionarial además de una OPV [23], que entre ambas sumaron el 30% del capital social de entones. Dicho proceso de privatización finalizó en abril de 1997 con la venta por parte del Estado del último 10% de acciones que aún tenía en sus manos [24].
Cuando en 1999 Repsol adquirió prácticamente la totalidad de las acciones de la petrolera estatal argentina YPF [25], la sociedad pasó a llamarse Repsol YPF, S.A. constituyendo una empresa multinacional integrada de petróleo y gas natural, convirtiéndose en una de las mayores petroleras privadas del mundo, con operaciones en una treintena de países y unos 37.000 empleados de diferentes nacionalidades.
Foto: Edificio Repsol YPF. Fuente: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
La actividad empresarial de la compañía se divide en los siguientes apartados (datos Repsol 2003 [26]):
Exploración y producción: la producción es de más de 1 millón de barriles diarios.
Refino y marketing: opera en nueve refinerías en activo con una capacidad de 1,2 millones de barriles al día y con una red de venta de 6.600 puntos en Europa y Latinoamérica.
Química: su actividad se lleva a cabo en cinco complejos industriales en el Estado español y Argentina, siendo sus mercados más importantes Europa y los países del Mercosur.
Gas y Electricidad: a través de sus filiales distribuye a más de nueve millones de clientes. Además participa en la producción de energía eléctrica.
En el primer semestre de 2010, Repsol ya obtenía un beneficio neto de 1.338 millones de euros, un 38% más que en el mismo período del año anterior. De igual manera, el resultado operativo alcanzó los 3.004 millones de euros para esta fecha, un 81,7% superior al registrado en el primer trimestre del año pasado. Destacando así, el crecimiento del resultado de explotación del área de Upstream (Explotación y Producción), un 124,9% superior al del primer semestre del 2009, apoyado en los incrementos de los precios internacionales del crudo y del gas y el aumento de su producción y mejora del mix.
Durante el primer trimestre de 2010, Repsol aumentó un 4,9% su producción de hidrocarburos respecto al mismo período del año anterior, y mejoró, según indican los informes a sus inversionistas, la composición de su cesta de productos, aumentando el peso de sus líquidos.
El negocio del Downstream, con un notable incremento del margen integrado de refino y marketing, junto con la recuperación del negocio químico, han contribuido a la mejora de resultados de esta compañía transnacional.
A pesar de la crisis económica mundial, lo cual generó un entorno negativo en la economía planetaria durante el ejercicio 2009, Repsol realizó en ese año la campaña exploratoria más exitosa de su historia con un total de 15 descubrimientos de petróleo y gas. Tres de ellos –Abaré Oeste en Brasil, Buckskin en Estados Unidos y Perla 1X en Venezuela- se situaron entre los diez más importantes descubrimientosoffshore del mundo en 2009, siendo además Perla 1X el mayor descubrimiento de gas en la historia de la compañía.
Ya a finales del primer semestre del año pasado, Repsol YPF tenía planificado su plan de intervención para empezar en los próximos meses la exploración petrolera de la Cuenca Norte de Cuba, empleando una plataforma de aguas profundas de fabricación china. Según las estimaciones de la oficina de Estudios Geológicos del gobierno estadounidense, Cuba tiene reservas no descubiertas de más de 5000 millones de barriles de petróleo, una cantidad similar a las reservas comprobadas de países productores de petróleo como Ecuador o Colombia.
La ambición sin límites de Repsol YPF se plasma en la apertura constante de nuevos mercados, entre los que hay que significar su reciente entrada en Angola, uno de los países con mayor potencial en exploraciones de petróleo y con unas reservas estimadas de 30.000 millones de barriles. Repsol YPF se ha adjudicado tres bloques exploratorios en aguas de Angola, los bloques se encuentran en la cuenca de Kwanza, geológicamente comunicada con la de Santos en Brasil, y participa en ellos junto a otras petroleras como Sonangol, Eni y Conoco [27].
Pendientes del cierre contable del 2010, la petrolera Repsol YPF abonó en el mes enero del presente año, un dividendo de 0,525 euros por acción a cuenta del ejercicio 2010 a sus accionistas.
Repsol YPF afianza su continuidad en Ecuador
Repsol opera el Bloque 16 desde 1999, año en el que asumió el 99% de las acciones de YPF. Mediante un acuerdo con la estatal Petroecuador, Repsol YPF opera además, en las áreas Bogi-Capirón y el Campo Tivacuno.
Gráfico: Parque Nacional Yasuni, Zona intangible y Bloques petroleros. Fuente: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
El Bloque 16, está ubicado en la provincia amazónica de Orellana, y con Tivacuno y Bogi-Capirón suma una extensión de 220 mil hectáreas. En su interior se construyeron sofisticadas instalaciones requeridas para el procesamiento del petróleo extraído, condiciones que según la compañía, les ha permitido “un adecuado y técnico manejo de la actividad petrolera dentro de un área protegida”, el Parque Nacional Yasuní [28].
El petróleo que se produce en el Bloque 16 y en Bogi-Capirón, es transportado hasta Lago Agrio a través de un oleoducto subterráneo de 120 kilómetros de longitud, el cual se supone que cuenta con los estándares de seguridad apropiados.
Otro aspecto tecnológico que se aplica en el Bloque 16, es el tratamiento de los lodos de perforación y la reinyección del agua de formación que se produce conjuntamente con el petróleo.
Según la compañía, “la existencia de una sofisticada tecnología en geología, geofísica, exploración y producción de crudo pesado, hace que la operación del Bloque 16 sea un modelo de gestión con mínimo impacto ambiental y prácticamente sin emisiones ya que se realiza la combustión del gas para generar energía” [29]. De hecho, la operación del Bloque 16 ha sido avalada por el Bureau Veritas [30] de Londres con las certificaciones ISO 14001 (en el año 2004), se supone que por su “estricta protección del medio ambiente”, e ISO 9001 (en el año 2008), se supone que por “la excelencia en la gestión de sus operaciones”.
En Ecuador, Repsol participa a través de Duragas [31], importante compañía internacional en la distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que opera en toda la geografía nacional [32], con una cuota de mercado del 37,6% al cierre del 2009.
Durante los últimos años, ya durante el gobierno del Ec. Rafael Correa, la historia de desencuentros y reencuentros entre Repsol YPF y el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido, al menos de forma aparente, tortuosa.
En las negociaciones emprendidas desde el Ministerio de Minas y Petróleos del Ecuador para un cambio en la modalidad de los contratos petroleros durante octubre de 2008, se llegó a anunciar la salida de Repsol YPF del Ecuador. El 30 de octubre de 2008, el entonces ministro Derlis Palacios, anunció durante una rueda de prensa ofrecida en Quito, que “lastimosamente con Repsol no hemos podido llegar a un acuerdo“. El ministro Palacios aseguró que “ellos (Repsol YPF) han cambiado constantemente de criterio y no nos han permitido llegar a una negociación (…) el Estado ecuatoriano ha tomado la decisión de terminar la relación laboral con Repsol“[33]. De igual manera se manifestaba el Presidente Correa en su Enlace Ciudadano del 1 de noviembre de 2008, indicando que “Repsol se va del país porque nos ha hecho perder el tiempo como ocho meses, además de que ha bajado la producción y las inversiones, y no ha aceptado renegociar el contrato“ [34]. Sin embargo, cinco días después, y tras la intermediación del gobierno español [35] en nombre de su realeza y los intereses de sus transnacionales, una fuente de Repsol YPF anunciaba que se quedaban en el país, acordando con el Gobierno ecuatoriano la firma del “contrato por un año transitorio y luego pasar al contrato de prestación de servicios“ [36].
Foto: Presidente ecuatoriano Rafael Correa se fotografía en el Palacio de Carondelet con Antonio Brufau, presidente de Repsol YPf tras alcanzar acuerdos para la continuidad de la empresa. Fuente: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
En la primera quincena de marzo del 2009, Repsol YPF firmaba un nuevo acuerdo transitorio con la estatal Petroecuador como paso previo a la renegociación de su contrato, que en principio le permitiría continuar en el país hasta 2018.
Tras una larga negociación, el “contrato modificatorio” fue suscrito el 13 de marzo de 2009 entre el entonces presidente ejecutivo de Petroecuador, el contraalmirante Luis Jaramillo, y el gerente de Repsol YPF Ecuador S.A., Sergio Affronti, acompañado de una corte de directivos de las empresas asociadas a petrolera española.
El contrato se extiende a las áreas de explotación de Repsol YPF en la Amazonía ecuatoriana, concretamente el Bloque 16 y el campo de extracción compartida con Petroecuador, Bogi-Capirón, que en total suman una producción de más de 40.000 barriles diarios. Repsol YPF negoció un incremento de 17% a 36% de la participación del Estado en la producción del Bloque 16.
El contrato modificado de participación en la renta petrolera, con vigencia por un año, es un paso previo a la negociación de otro contrato de prestación de servicios, cambio exigido por el Gobierno ecuatoriano a todas las empresas privadas que operan en el país.
El convenio estableció que Repsol debe hacer nuevas inversiones, unos 315 millones de dólares en los próximos nueve años, para sostener la producción actual de la compañía y mejorarla en el futuro. De igual manera, Repsol YPF tuvo que asumir el compromiso de pagar aproximadamente 447 millones de dólares de deuda pendiente [37] por la denominada Ley 42, la cual como ya se indicó con anterioridad, se estableció en el 2006 con la finalidad de que el Estado ecuatoriano recibiese la mitad de las ganancias adicionales obtenidas por las petroleras privadas, debido al elevado precio del petróleo en el mercado internacional.
Foto: Instalaciones del Bloque 16 Repsol YPF. Fuente: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
El contrato supone que, “a mayor precio del petróleo, más alta es la participación del Estado”, lo cual supone mayores ingresos para el país. De igual manera, el contrato se rige sobre una norma que establece un reparto del 70% para el Estado y el 30% para la compañía, sobre los ingresos extraordinarios que obtenga Repsol por la venta del crudo ecuatoriano [38].
El último episodio de esta “telenovela” ha tenido lugar el pasado 24 de enero, cuando Repsol YPF llegó a un acuerdo con el Gobierno ecuatoriano sobre el último contrato que aún no había renegociado, el cual ha sido alargado hasta 2018. La compañía aceptó una reducción de 1,75 dólares en la tarifa por barril que recibía por la producción del campo Tivacuno, pero a cambio logró la extensión de la concesión hasta el 2018. La transnacional española, en el marco de las negociaciones, aceptó invertir unos 23 millones de dólares en ese yacimiento, el cual produce 4.100 barriles de crudo por día. Wilson Pastor, actual ministro de Recursos Naturales no Renovables, ha manifestado en entrevistas recientes a los medios de comunicación, su sorpresa por las altas utilidades que estos pequeños yacimientos petroleros producen para las transnacionales que los explotan.
De esta manera, Repsol YPF ha conseguido asegurar la totalidad de sus explotaciones en el Ecuador como mínimo hasta el año 2018. Le cobrará al Estado ecuatoriano, verdadero propietario del crudo que sustrae de su subsuelo 35,95 dólares por barril, de tal manera que sus utilidades, a pesar de haberse visto mermadas, siguen siendo de una envergadura sumamente importante.
Como todas las demás compañías extranjeras que operan en Ecuador, Repsol ha bajado notablemente la producción por falta de inversión a pesar de los compromisos adquiridos en este sentido. En 2005, Repsol YPF extrajo del subsuelo ecuatoriano 56.000 barriles por día, mientras que en la actualidad su producción está en 41.842 barriles por día con un costo por barril de 19 dólares [39].
Conflictos, beneficios e impacto ambiental de Repsol YPF en Ecuador
Si según indican algunos especialistas, desde 1997 hasta el 2006 Repsol YPF S.A. habría extraído 146 millones de barriles del subsuelo ecuatoriano, de los cuales el Estado solo recibió un 17 % de ese crudo. Podríamos estimar entonces, que Repsol YPF habría conseguido sacar del subsuelo ecuatoriano durante ese período la nada despreciable cifra de 760 millones de dólares anuales [40].
A esto hay que sumar, que la sobre producción de los campos petroleros por parte de las transnacionales, está dejando secos los yacimientos [41]; o lo que equivale a dejarlos inundados de agua. Según se denuncian [42], Repsol YPF produce 1 barril de petróleo por cada 12 de agua de formación. Es decir, que de 53 mil barriles de petróleo por día que extrae Repsol YPF, se produce casi un millón de barriles de agua tóxica, que en muchas ocasiones nadie sabe si se está reinyectando al subsuelo [43], lo que tendría consecuencias para los acuíferos de donde se sirven las comunidades amazónicas para el consumo humano.
Por otro lado, Repsol YPF ha sido glosada por el Estado ecuatoriano en varias ocasiones, la más escandalosa fue cuando la petrolera no pagó el valor real de transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) [44]. Repsol YPF pagó desde 1997 la tarifa de 1,02 por cada barril de petróleo que se transportaba por el SOTE, lo cual produjo un desequilibrio en contra del Estado en el contrato porque la compañía estaba obligada a pagar la tarifa de 1,5 en 1997 y 1,8 partir de 1998. Ante esta situación, analizada por la Contraloría General del Estado de Ecuador, se estableció que la multinacional española debía al Estado ecuatoriano 2,6 millones de barriles de petróleo que cuantificados al valor de 23 dólares el barril en agosto de 2001 en 60,6 millones de dólares. Afectadas por esta situación se hallaban entonces cuatro compañías [45], de las cuales las otras tres atendieron sus pagos para el Estado ecuatoriano.
Foto: Sistema de Oleoductos Trans Ecuatoriano (SOTE). Fuente: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
El controlador del Estado en marzo de 2002, Dr. Alfredo Corral, estableció responsabilidades en seis ministros de Energía que manejaron estos contratos, pues permitieron que las compañías sigan pagando la tarifa de 1,02 dólares por barril en lugar de haber fijado la tarifa y aplicar las cláusulas contractuales que establecían cambios en el precio. La historia petrolera del Ecuador ha demostrado la capacidad por parte de las compañías extractivas transnacionales para plegar a sus intereses a los ministros y presidentes de turno. En este caso, los ex ministros de Energía implicados no sólo habían sido sometidos a los intereses de la compañía Repsol YPF durante sus mandatos, sino que algunos de ellos, como Raúl Baca, Patricio Rivadeneira y Teodoro Abdo llevaron a la Procuraduría y a la Contraloría General del Estado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con la finalidad de dejar sin efecto la resolución. No será hasta el último trimestre del 2008, ya en la era Correa, cuando la transnacional petrolera española se siente a negociar la solución de esta controversia con Petroecuador, dentro del marco de continuidad de sus operaciones extractivas en Ecuador y utilizando tal deuda como un mecanismo chantajista más de negociación con el Estado.
Sin embargo, unos meses antes Repsol YPF se había sumado a otras cinco petroleras internacionales que presentaron oficialmente una demanda arbitral al CIADI [46] por la Ley 42. A finales de septiembre del 2008, Repsol YPF retiraba tres demandas presentadas ante el CIADI contra el Estado ecuatoriano, tras una ardua negociación con el Ministerio de Minas y Petróleos, entonces dirigido por el actual embajador ecuatoriano en España, Galo Chiriboga. A pesar de estas negociaciones, donde Repsol YPF también logró eximirse de grandes deudas con el sistema fiscal ecuatoriano, mantuvo el litigio sobre la Ley 42 en el CIADI.
Curiosamente, en febrero del 2009, el Presidente Correa en uno de sus Enlaces Ciudadanos sabatinos, indicaba: “Tuvimos una reunión de trabajo con Repsol para poner un ultimátum, no me gusta esta palabra, se trata de un hasta aquí, no más, a esa empresa, porque nos tiene con un arbitraje en el CIADI”. En ese mismo programa, el mandatario dijo que recibió cartas del mayor grupo de los indígenas Waorani pidiendo que el Gobierno llegue a acuerdos con la transnacional española con la finalidad de que salga Repsol de la zona, debido a que sí cumple con los compromisos con las comunidades.
En dicho comunicado, el grupo Nacionalidad Waorani del Ecuador señala que la terminación del acuerdo con Repsol YPF “implicará que nuestras comunidades dejen de recibir servicios médicos, odontológicos (…) que los niños y jóvenes dejen de recibir clases en sus escuelas y colegios, así como desayunos escolares”, proporcionados por dicha empresa española.
Una vez más las soflamas y amenazas del Presidente Correa contra la transnacional Repsol YPF quedaron en nada y la compañía privada mantuvo la demanda en el CIADI contra el Ecuador por USD 417 millones por la Ley 42, la cual la empresa utilizó posteriormente como una herramienta de negociación con el Gobierno ecuatoriano.
Resulta curioso ver como la agresividad en el verbo del Presidente Correa, se diluye en la práctica ante las negociaciones emprendidas con la compañía transnacional española. Sus declaraciones haciendo referencia al interés de las comunidades indígenas de la Amazonía con respecto a la continuidad de Repsol YPF demuestran básicamente dos cosas: por un lado, la capacidad de incidencia y generación de dependencias por parte de la transnacional española con respecto a las comunidades locales sobre las que tiene afectación su actividad empresarial; y por otro, la incapacidad por parte del Gobierno ecuatoriano, cuyo gobierno se llama a sí mismo revolucionario e implementador del Socialismo del Siglo XXI [47], por como asumir las funciones que al Estado realmente le corresponden con respecto a los pueblos y nacionalidades amazónicas, la cual, como en este caso, queda usurpada por las transnacionales extractivas, asumiendo estas competencias que no le corresponden (dotación de medicinas y educación al pueblo Waorani).
Otro elemento a reseñar en las negociaciones entre Estado ecuatoriano y transnacional es la escasa importancia dada a las responsabilidades de índole ambiental que la compañía española tiene sobre deterioro del hábitat amazónico y en otras regiones del país.
Últimos derrames de Repsol YPF en la Amazonía ecuatoriana
La transnacional Repsol YPF es responsable planetaria de emisiones de gases de efecto invernadero como consecuencia de la quema de gas y petróleo en su proceso de extracción, así como de los resultantes en el proceso de refino. Además de esto, Repsol ha sido responsable de múltiples vertidos y derrames de crudo tanto en los países del Sur como en Europa, habiendo provocado en los últimos seis años ocho vertidos de petróleo en el mar Mediterráneo [48]. En América Latina, más allá del Ecuador, países como Argentina y Perú han sido víctimas de la actividad contaminante de esta compañía.
En Ecuador, ya durante el mandato del Presidente Rafael Correa, constan oficialmente tres episodios de estas características que la compañía española ha sabido solventar sin grandes problemas.
En febrero de 2008, salió a la luz pública un derrame en principio de 500 barriles de crudo y 2.000 barriles de agua de residuos usada para el transporte del petróleo por tuberías, que Repsol YPF había mantenido oculto.
Foto: Derrame de Repsol en la Amazonía. Fuente: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
A pesar de los sistemas de calidad de los que la Repsol YPF dispone, desde el Ministerio de Minas y Petróleo se criticó el funcionamiento del sistema de control y obtención de datos de los flujos de crudo que la petrolera transporta por sus oleoductos, el mismo que debería alertar sobre cambios de presión en las tuberías ante eventuales fugas de petróleo.
El derrame ocurrió en un sector del campo petrolero “Amo I”, que forma parte del Bloque 16; y, se produjo por la rotura de una tubería secundaria, de medio metro de diámetro, instalada hacía ya más de once años.
El derrame se había producido diez días antes de que fuera notificado por la compañía al Estado ecuatoriano, y fue público por las denuncias de Orengo Tocari, presidente de la comunidad Waorani de Dícaro, ubicada a dos kilómetros del lugar del derrame. La comunidad de Dícaro se vio afectada en sus terrenos de cultivo.
A posteriori, la compañía española tuvo que reconocer que el derrame fue de 14.000 barriles y el área de afectación fue de 7,9 ha de bosque húmedo.
El 27 de febrero del 2009, apenas un año después del derrame sucedido en el Parque Natural Yasuní, otros 14.000 barriles de petróleo de la Repsol eran derramados en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Según un informe del Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador, se afectó gravemente la Reserva Ecológica Cayambe-Coca y en las poblaciones de San Carlos y San Luís, cercanas al río Quijos. Notificados del derrame, los técnicos (ir)responsables de la Repsol YPF no cerraron a tiempo las válvulas del oleoducto, lo que significó un impacto más grande del que en
Nuevamente, el 23 de mayo de 2009, se tiene constancia de una nueva rotura de un oleoducto con tubería de 16 pulgadas que conecta con el OCP y el SOTE. Esta situación provocó un nuevo derrame de crudo en las inmediaciones del sector conocido como Aguarico 3 (río Aguarico), en el cantón Sushufindi, en la provincia de Sucumbíos, ya en la periferia del Bloque 16 gestionado por la compañía española Repsol. El derrame calculado por la compañía está en torno a 1000 barriles de petróleo, afectando varias hectáreas de terreno selvático, un estero y un pantano.
Sin embargo, los pobladores amazónicos del entorno al Bloque 16 hablan de otras fugas y derrames ocasionados por la compañía pero de los cuales se carece de pruebas documentales.
