No sé dónde poner esto así que lo pongo aquí: (estoy de acuerdo con Sergio Cámara)
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Sergio Cámara, Premio Nacional Victoria Kent 2010, cree que la sociedad tiene un sentimiento de impunidad hacia los menores.
Tener como profesor de Derecho al que fuera director de Instituciones Penitenciarias durante la Transición, Carlos García Valdés, fue uno de los motivos que impulsaron a Sergio Cámara a especializarse en esta materia. Así, tras acabar la carrera en la UAH, realizó un máster en Derecho Penal y actualmente este joven de 26 años se encuentra preparando el doctorado. Su tesis aborda el internamiento de menores y los centros acondicionados para este colectivo, y de esta investigación salió el trabajo presentado al Premio Victoria Kent, el galardón más importante de España en relación con la materia penitenciaria otorgado por el Ministerio del Interior.
Enhorabuena por el premio, ¿en qué se basaba el proyecto presentado?
El trabajo se titula Internamiento de Menores y Sistema Penitenciario y en él he realizado una comparativa entre las leyes de adultos y las de menores (coincidencias, garantías de cada una...). El objetivo final era ver si existía un verdadero derecho penitenciario para menores. Es decir, si cubrían las expectativas que la Ley ponía sobre el papel.
¿Y qué conclusión ha obtenido de la investigación?
El de los adultos es un derecho muy garantista, pero el de menores va por detrás, es un sistema con fugas. El derecho de los menores es más duro y está basado en el alarmismo social. Las últimas reformas, derivadas de casos como el de Sandra Palo o Marta del Castillo, lo han endurecido muchísimo ya que en la sociedad se ha creado un sentimiento de impunidad hacia los menores.
¿No son positivas entonces estas reformas?
En mi opinión no porque con ellas se ha alargado el internamiento del menor. Este derecho nació con un carácter proteccionista pero es una Ley muy politizada y cada vez que hay un escándalo se cambia. Desde que se creó en el año 2000 ya ha sufrido tres reformas. Se ha desnaturalizado por completo el sentido con el que se concibió.
¿Cuál sería la base?
El problema es que se le ha dado mucha importancia al impacto de la Ley en la sociedad. Lo importante no son las penas sino que exista un sistema progresivo, de resocialización. Se trata de que cuando el menor salga del centro no vuelva a delinquir. Y en esto también influye que la Ley del Menor no sea enteramente estatal, sino que en ella toman parte las comunidades autónomas.
Quizá esta sea una opinión algo impopular, sobre todo cuando se habla de casos como el de Sandra Palo...
La Ley tiene que tener en cuenta el dolor de los familiares pero no puede dejarse llevar por ese sentimiento pasional. El legislador tiene que tener la cabeza fría y no puede plantear objetivos que no se van a llevar a la práctica. Pero en muchas ocasiones la Ley del Menor es mucho más dura que la de los adultos.
En su opinión , ¿debería cambiarse la Ley?
Debería hacerse una reforma más garantista. En la Ley se habla de medidas, nunca de penas, pero en realidad son penas juveniles. Necesitamos un sistema penitenciario de menores más eficaz. De hecho en el trabajo hago una dura crítica a la medida de libertad vigilada a la que se somenten los menores tras salir del centro. Debería ser derogada ya que es una manera de alargar las restricciones de libertad de un delito que ya se ha cumplido.
También habla en su trabajo sobre los centros de menores, ¿cuál es la situación actual?
He investigado todos los informes del Defensor del Menor en cuanto al funcionamiento de estos centros. Aunque ahora están empezando a reformarse en España lo cierto es que no estaban adecuados. Cualquier edificio valía para ello y se tenía en el mismo centro a huérfanos y jóvenes que habían delinquido. Un centro de menores no tiene que ser una cárcel y se debería hacer una reforma en la Ley ya que en la mayoría de los casos las condiciones son muy pobres, las medidas muy restrictivas y no existe mucho control. Además, no es lógico que la gestión de estos centros se conceda a empresas privadas.
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Sergio Cámara, Premio Nacional Victoria Kent 2010, cree que la sociedad tiene un sentimiento de impunidad hacia los menores.
Tener como profesor de Derecho al que fuera director de Instituciones Penitenciarias durante la Transición, Carlos García Valdés, fue uno de los motivos que impulsaron a Sergio Cámara a especializarse en esta materia. Así, tras acabar la carrera en la UAH, realizó un máster en Derecho Penal y actualmente este joven de 26 años se encuentra preparando el doctorado. Su tesis aborda el internamiento de menores y los centros acondicionados para este colectivo, y de esta investigación salió el trabajo presentado al Premio Victoria Kent, el galardón más importante de España en relación con la materia penitenciaria otorgado por el Ministerio del Interior.
Enhorabuena por el premio, ¿en qué se basaba el proyecto presentado?
El trabajo se titula Internamiento de Menores y Sistema Penitenciario y en él he realizado una comparativa entre las leyes de adultos y las de menores (coincidencias, garantías de cada una...). El objetivo final era ver si existía un verdadero derecho penitenciario para menores. Es decir, si cubrían las expectativas que la Ley ponía sobre el papel.
¿Y qué conclusión ha obtenido de la investigación?
El de los adultos es un derecho muy garantista, pero el de menores va por detrás, es un sistema con fugas. El derecho de los menores es más duro y está basado en el alarmismo social. Las últimas reformas, derivadas de casos como el de Sandra Palo o Marta del Castillo, lo han endurecido muchísimo ya que en la sociedad se ha creado un sentimiento de impunidad hacia los menores.
¿No son positivas entonces estas reformas?
En mi opinión no porque con ellas se ha alargado el internamiento del menor. Este derecho nació con un carácter proteccionista pero es una Ley muy politizada y cada vez que hay un escándalo se cambia. Desde que se creó en el año 2000 ya ha sufrido tres reformas. Se ha desnaturalizado por completo el sentido con el que se concibió.
¿Cuál sería la base?
El problema es que se le ha dado mucha importancia al impacto de la Ley en la sociedad. Lo importante no son las penas sino que exista un sistema progresivo, de resocialización. Se trata de que cuando el menor salga del centro no vuelva a delinquir. Y en esto también influye que la Ley del Menor no sea enteramente estatal, sino que en ella toman parte las comunidades autónomas.
Quizá esta sea una opinión algo impopular, sobre todo cuando se habla de casos como el de Sandra Palo...
La Ley tiene que tener en cuenta el dolor de los familiares pero no puede dejarse llevar por ese sentimiento pasional. El legislador tiene que tener la cabeza fría y no puede plantear objetivos que no se van a llevar a la práctica. Pero en muchas ocasiones la Ley del Menor es mucho más dura que la de los adultos.
En su opinión , ¿debería cambiarse la Ley?
Debería hacerse una reforma más garantista. En la Ley se habla de medidas, nunca de penas, pero en realidad son penas juveniles. Necesitamos un sistema penitenciario de menores más eficaz. De hecho en el trabajo hago una dura crítica a la medida de libertad vigilada a la que se somenten los menores tras salir del centro. Debería ser derogada ya que es una manera de alargar las restricciones de libertad de un delito que ya se ha cumplido.
También habla en su trabajo sobre los centros de menores, ¿cuál es la situación actual?
He investigado todos los informes del Defensor del Menor en cuanto al funcionamiento de estos centros. Aunque ahora están empezando a reformarse en España lo cierto es que no estaban adecuados. Cualquier edificio valía para ello y se tenía en el mismo centro a huérfanos y jóvenes que habían delinquido. Un centro de menores no tiene que ser una cárcel y se debería hacer una reforma en la Ley ya que en la mayoría de los casos las condiciones son muy pobres, las medidas muy restrictivas y no existe mucho control. Además, no es lógico que la gestión de estos centros se conceda a empresas privadas.