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La Audiencia de Castellón declara prescritos 4 delitos fiscales de Fabra
El tribunal mantiene las acusaciones de tráfico de influencias y cohecho
MARÍA FABRA - Castellón - 28/12/2010
La Audiencia de Castellón decidió, hace cinco años, que dos inspectores de Hacienda, adscritos a la Fiscalía Anticorrupción como peritos judiciales, investigaran las cuentas y el patrimonio del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, después de que la Agencia Tributaria presentara una denuncia por fraude fiscal y con el objeto de detectar si, en los años siguientes, había habido un incremento patrimonial injustificado. Ahora, la misma Sección Segunda de la Audiencia de Castellón ha determinado que el inicio de aquella investigación, que supuso el trabajo de los dos peritos durante cinco años tras los que detectaron la presunta comisión de cinco fraudes fiscales, era solo la autorización de una prueba pericial y, por tanto, no la consideran como un auto jurídico que paralizara el plazo de prescripción de dichos delitos.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha reducido de cinco a uno los delitos fiscales de los que debe responder Carlos Fabra, también imputado por tráfico de influencias y cohecho. Así considera que la denuncia presentada por la acusación popular, en la que señalaba al dirigente del PP como responsable de los delitos contra la Administración pública, entre los que también señalaba las negociaciones prohibidas y "todos aquellos que se pudieran deducir" de los inicialmente investigados, tampoco es suficiente para paralizar el plazo de prescripción, pese a que el fraude fiscal se unió a la causa abierta por tráfico de influencias y cohecho al entender que todos ellos estaban conectados.
"Lo que hubiera sido normal (...) es que el dictamen pericial se hubiera realizado con una mínima prontitud y que con lo constatado, se hubiera convertido en imputación concreta", señala el auto hecho público ayer por la Audiencia. El hecho es que dicho dictamen detectó 3,6 millones de euros ingresados en las cuentas del presidente de la Diputación procedentes de un origen no justificado y un fraude a las arcas públicas de 1,7 millones de euros. Pero para la Audiencia, solo cabe seguir el procedimiento por el supuesto fraude cometido en 1999, tras el que la Agencia Tributaria sí presentó una denuncia formal.
El auto responde a un recurso presentado por Carlos Fabra, en el que pedía el archivo de las acusaciones por tráfico de influencias y cohecho y la prescripción de los delitos fiscales.
Así, en la misma resolución, la Sala adelanta su parecer sobre la imputación de cohecho e indica que aún en el caso de que Fabra hubiera cobrado por favores políticos, "en modo alguno se desprende" que lo hiciera en función de su cargo de presidente de la Diputación, es decir, como funcionario público, condición que exige este delito. Aun así, no decreta abiertamente el sobreseimiento del cohecho. Respecto al tráfico de influencias, sostiene que "con los indicios expuestos, es fundamental la valoración de la prueba que pudiere desarrollarse en el juicio oral" y habla de uno de los supuestos casos en los que Fabra medió para tratar de agilizar la autorización de productos fitosanitarios del entonces su amigo Vicente Vilar.
La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, representada por la UCE, ya han anunciado su intención de recurrir el auto ante el Supremo lo que demorará la resolución del caso Fabra durante meses.
El auto de la Audiencia Provincial de Castellón, dado a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, produjo ayer la reacción en tromba de todos los partidos. El PP manifestó su satisfacción, "aunque no ha sido una sorpresa ya que siempre hemos defendido la inocencia de nuestro presidente provincial". Por su parte, el PSPV hizo hincapié en que se mantiene la acusación por "los delitos más graves a los que se puede enfrentar un cargo público" y en que "en ningún caso el auto cuestiona los informes oficiales de Hacienda".
El Bloc Nacionalista Valencià expuso que "la prescripción no es una declaración de inocencia". En el mismo sentido, Esquerra Unida calificó de "indecente" que Carlos Fabra "se libre de muchos de los cargos simplemente porque los delitos han prescrito".
Siete años de polémica
- Diciembre de 2003. Vicente Vilar, un empresario y hasta entonces amigo del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se querella contra el dirigente del PP al que acusa de cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de favores políticos.
- Enero de 2004. El Juzgado número 1 de Nules ordena investigar a Fabra, al que le imputa ante la posible comisión de presuntos delitos contra la Administración pública, como tráfico de influencias y cohecho.
- Junio de 2005. La Agencia Tributaria presenta una denuncia contra Fabra por un presunto delito fiscal cometido en el ejercicio de 1999.
- Octubre de 2005. La Audiencia de Castellón amplía la investigación a las cuentas y patrimonio de Carlos Fabra y su familia entre 1999 y 2004.
- 15 de mayo de 2010. Tras cinco años de análisis, los peritos judiciales, que son inspectores de Hacienda, detectan 3,6 millones de euros sin justificar en las cuentas de Fabra y de la que era su esposa, María Amparo Fernández, y un presunto fraude de 1,7 millones de euros a las arcas públicas.
- 8 de julio de 2010. El juez de Nules encuentra "indicios racionales de criminalidad" y apunta los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cinco fraudes fiscales. Trata de dar por concluidas las diligencias de investigación e inicia el trámite para juzgarlo.
- 23 de septiembre de 2010. Después de cinco años sin acudir al juzgado y casi siete de instrucción, Carlos Fabra va a declarar ante el juez, trámite que paraliza el cierre de la investigación.
- 27 de diciembre de 2010. La Audiencia decide que cuatro de los cinco delitos fiscales han prescrito pero mantiene la causa por tráfico de influencias, cohecho y la denuncia por fraude fiscal de 1999.
http://www.elpais.com/articulo/espana/Audiencia/Castellon/declara/prescritos/delitos/fiscales/Fabra/elpepiesp/20101228elpepinac_10/Tes
El tribunal mantiene las acusaciones de tráfico de influencias y cohecho
MARÍA FABRA - Castellón - 28/12/2010
La Audiencia de Castellón decidió, hace cinco años, que dos inspectores de Hacienda, adscritos a la Fiscalía Anticorrupción como peritos judiciales, investigaran las cuentas y el patrimonio del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, después de que la Agencia Tributaria presentara una denuncia por fraude fiscal y con el objeto de detectar si, en los años siguientes, había habido un incremento patrimonial injustificado. Ahora, la misma Sección Segunda de la Audiencia de Castellón ha determinado que el inicio de aquella investigación, que supuso el trabajo de los dos peritos durante cinco años tras los que detectaron la presunta comisión de cinco fraudes fiscales, era solo la autorización de una prueba pericial y, por tanto, no la consideran como un auto jurídico que paralizara el plazo de prescripción de dichos delitos.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha reducido de cinco a uno los delitos fiscales de los que debe responder Carlos Fabra, también imputado por tráfico de influencias y cohecho. Así considera que la denuncia presentada por la acusación popular, en la que señalaba al dirigente del PP como responsable de los delitos contra la Administración pública, entre los que también señalaba las negociaciones prohibidas y "todos aquellos que se pudieran deducir" de los inicialmente investigados, tampoco es suficiente para paralizar el plazo de prescripción, pese a que el fraude fiscal se unió a la causa abierta por tráfico de influencias y cohecho al entender que todos ellos estaban conectados.
"Lo que hubiera sido normal (...) es que el dictamen pericial se hubiera realizado con una mínima prontitud y que con lo constatado, se hubiera convertido en imputación concreta", señala el auto hecho público ayer por la Audiencia. El hecho es que dicho dictamen detectó 3,6 millones de euros ingresados en las cuentas del presidente de la Diputación procedentes de un origen no justificado y un fraude a las arcas públicas de 1,7 millones de euros. Pero para la Audiencia, solo cabe seguir el procedimiento por el supuesto fraude cometido en 1999, tras el que la Agencia Tributaria sí presentó una denuncia formal.
El auto responde a un recurso presentado por Carlos Fabra, en el que pedía el archivo de las acusaciones por tráfico de influencias y cohecho y la prescripción de los delitos fiscales.
Así, en la misma resolución, la Sala adelanta su parecer sobre la imputación de cohecho e indica que aún en el caso de que Fabra hubiera cobrado por favores políticos, "en modo alguno se desprende" que lo hiciera en función de su cargo de presidente de la Diputación, es decir, como funcionario público, condición que exige este delito. Aun así, no decreta abiertamente el sobreseimiento del cohecho. Respecto al tráfico de influencias, sostiene que "con los indicios expuestos, es fundamental la valoración de la prueba que pudiere desarrollarse en el juicio oral" y habla de uno de los supuestos casos en los que Fabra medió para tratar de agilizar la autorización de productos fitosanitarios del entonces su amigo Vicente Vilar.
La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, representada por la UCE, ya han anunciado su intención de recurrir el auto ante el Supremo lo que demorará la resolución del caso Fabra durante meses.
El auto de la Audiencia Provincial de Castellón, dado a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, produjo ayer la reacción en tromba de todos los partidos. El PP manifestó su satisfacción, "aunque no ha sido una sorpresa ya que siempre hemos defendido la inocencia de nuestro presidente provincial". Por su parte, el PSPV hizo hincapié en que se mantiene la acusación por "los delitos más graves a los que se puede enfrentar un cargo público" y en que "en ningún caso el auto cuestiona los informes oficiales de Hacienda".
El Bloc Nacionalista Valencià expuso que "la prescripción no es una declaración de inocencia". En el mismo sentido, Esquerra Unida calificó de "indecente" que Carlos Fabra "se libre de muchos de los cargos simplemente porque los delitos han prescrito".
Siete años de polémica
- Diciembre de 2003. Vicente Vilar, un empresario y hasta entonces amigo del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se querella contra el dirigente del PP al que acusa de cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de favores políticos.
- Enero de 2004. El Juzgado número 1 de Nules ordena investigar a Fabra, al que le imputa ante la posible comisión de presuntos delitos contra la Administración pública, como tráfico de influencias y cohecho.
- Junio de 2005. La Agencia Tributaria presenta una denuncia contra Fabra por un presunto delito fiscal cometido en el ejercicio de 1999.
- Octubre de 2005. La Audiencia de Castellón amplía la investigación a las cuentas y patrimonio de Carlos Fabra y su familia entre 1999 y 2004.
- 15 de mayo de 2010. Tras cinco años de análisis, los peritos judiciales, que son inspectores de Hacienda, detectan 3,6 millones de euros sin justificar en las cuentas de Fabra y de la que era su esposa, María Amparo Fernández, y un presunto fraude de 1,7 millones de euros a las arcas públicas.
- 8 de julio de 2010. El juez de Nules encuentra "indicios racionales de criminalidad" y apunta los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cinco fraudes fiscales. Trata de dar por concluidas las diligencias de investigación e inicia el trámite para juzgarlo.
- 23 de septiembre de 2010. Después de cinco años sin acudir al juzgado y casi siete de instrucción, Carlos Fabra va a declarar ante el juez, trámite que paraliza el cierre de la investigación.
- 27 de diciembre de 2010. La Audiencia decide que cuatro de los cinco delitos fiscales han prescrito pero mantiene la causa por tráfico de influencias, cohecho y la denuncia por fraude fiscal de 1999.
http://www.elpais.com/articulo/espana/Audiencia/Castellon/declara/prescritos/delitos/fiscales/Fabra/elpepiesp/20101228elpepinac_10/Tes
