"La deuda pública, un mecanismo de redistribución de riqueza de pobres a ricos" - texto de Iván Gordillo - diciembre de 2011

Los últimos acontecimientos económicos y políticos están sucediendo a una velocidad de vértigo. El hundimiento del gobierno de Grecia y de Italia en escasos diez días ha sido un golpe durísimo de los llamados mercados a las débiles democracias parlamentarias tal y como las entendíamos hasta ahora. El golpe de estado de los financieros iniciado el 2008 con el plan de rescate público para el capital financiero privado ha tomado forma literal: los tecnócratas provenientes de la banca internacional, de Goldman Sachs como máximo exponente i del Banco Central Europeo (BCE), ocupan las posiciones de control de los Estados griego e italiano. Las puertas giratorias ahora giran también al revés; no sólo las políticas retiradas ocupan los puestos de los consejos de administración de las grandes empresas sino que también las técnicas del capital privado ocupan las carteras públicas de unos gobiernos que de legitimidad no les queda nada. Ya no sólo se hace cumplir la máxima del capitalismo que reza privatizar los beneficios y socializar las pérdidas sino que encima se dicta como hacerlo. ¿Quién dicta, si no es un representante elegido, no es un dictador? Si fuesen militares hablaríamos de golpe de estado militar. Todo ello es un abuso más del poder que antes también procuraba favorecer a unos en detrimento de otros, pero ahora se han perdido las formas.

En esta ocasión todas las dudas señaladas por los llamados mercados se centran en la deuda pública de los países de la periferia europea. Pero, ¿cómo han llegado a endeudarse tanto estos Estados?

Desequilibrios comerciales, problemas para el capitalismo

En el capitalismo global hay una serie de economías que tienen un sector exterior competitivo que les permite ser exportadoras netas, es decir, exportan más mercancías de las que importan. Este sería el caso de China o de Alemania. Estas economías se han especializado en una producción que otros países demandan ampliamente: productos tecnológicos, maquinaria o automóviles como es el caso alemán, o manufacturas, aunque también mucha tecnología, como es el caso chino. La configuración de esta producción, a parte del factor tecnológico, se basa en una tasa de explotación de su clase trabajadora muy alta, perpetuando unas condiciones infrahumanas para millones de personas, como en el caso chino, o con unos sueldos congelados desde hace décadas (desde 1989?) como en el caso alemán. A pesar que los manuales de economía utilizados en las universidades determinan que una economía sólida y competitiva es aquella que tiene un sector exportador importante, hasta ahora desconocemos la capacidad de exportar mercancías a la Luna, a Marte o a cualquier otro planeta del sistema solar. La evidencia nos dice que si una economía exporta es porque hay otras que importan. Aunque tertulianos y economistas nos digan que de esta crisis se sale exportando, no todos los países pueden exportar, algunos tendrán que importar.

Hay países exportadores netos, como los mencionados, y países importadores netos, es decir, que importan más mercancías de las que exportan. Este es el caso de la economía española y de otras de la periferia europea. El modelo productivo español centrado en los sectores de la construcción, el turismo y los servicios, y en menor medida el automóvil, es un modelo productivo caduco, con fuertes dependencias del exterior y generador de paro y precariedad.

Las economías con superávits comerciales como la alemana, no utilizan los fondos obtenidos fruto de esta ventaja competitiva en mejorar el Estado de Bienestar para su población, ni en aumentar los salarios de su clase trabajadora, ni en jubilar antes a las trabajadoras, ni tan siquiera invierten gran parte de esto en su sector productivo industrial. Este gran volumen de capital se ha destinado precisamente a prestar dinero a otros países que tienen déficit, a financiar los déficits de otras economías como la española a través del sector financiero. La barra libre de crédito que permitió la burbuja inmobiliaria debía de provenir de algún otro lugar que no fuese el Estado español dado que su economía era deficitaria, dependía del exterior. Los bancos y cajas del Estado español pudieron prestar a constructoras, promotoras, empresas y familias gracias a que demandaban dinero a la banca europea. La deuda española crecía, tanto por el déficit de las compras de mercancías cómo por la deuda financiera. El negocio era perfecto y se desarrolló un fuerte sector bancario obteniendo rentabilidades de la intermediación entre la financiación exterior y la economía productiva interior. Decíamos era perfecto, hasta que golpeó la crisis.

El estallido de la crisis

La crisis se desencadenó en el ámbito financiero y se puede datar su inicio en agosto de 2007, cuando el primer fondo de capital riesgo quebró después del estallido de la crisis de las hipotecas basura en EEUU. La crisis financiera fue la primera ola de un tsunami al que hemos de buscar el epicentro del terremoto tierra adentro, en los propios mecanismos de explotación y acumulación del capital que habían llegado a sus límites. Por un lado, el modelo productivo del capitalismo en esta fase llamada neoliberal ya no podía extraer las plusvalías esperadas para devolver los créditos empresariales. Por otro lado, la barra libre de créditos al consumo, que en el contexto de salarios decrecientes de los últimos años había podido mantener el poder adquisitivo y directamente la venta de mercancías (automóviles, pisos, etc.), no podía perpetuarse. Unos dirán que vivimos por encima de nuestras posibilidades, a lo que otros contestamos que el capitalismo lleva explotándonos por encima de nuestras posibilidades durante muchos años. Si no hubiera aparecido el crédito masivo, al fin y al cabo dinero buscando dónde invertir, a quién prestar a cambio de un precio, de un interés para saciar su sed de beneficios, la crisis hubiese explotado antes y de forma diferente. El sistema de crédito aplazaba ficticiamente la resolución del problema, que en el capitalismo siempre es a través del único mecanismo que cumple su lógica: la crisis.

La crisis es algo inherente al sistema, intrínseco al capitalismo e incluso necesario para su reproducción en el tiempo; necesita esta purga de los capitales ineficientes y de la concentración de los que sobreviven. De las crisis una parte del capital sale reforzado mientras que una parte de las poblaciones reciben el golpe de verse en la calle sin ninguna forma de ingresos más allá de los subsidios públicos. La segunda gran ola del tsunami provocó una parada generalizada de la actividad productiva en la mayoría de sectores de la economía. En el Estado español hacia falta sumar la explosión de la burbuja inmobiliaria, tan anunciada y advertida que asusta la inoperancia de los gobernantes. La destrucción de millones de puestos de trabajo a causa del cierre de empresas, haciendo aumentar el paro hasta niveles nunca vistos antes, es el gran drama social de la crisis.

Intervención del Estado en la crisis, el rescate de los poderosos

Durante los primeros compases de la crisis, el gobierno español, después de reconocer tarde y mal la magnitud de esta, implementó una serie de medidas para intentar paliar sus efectos negativos. Las políticas más importantes, erráticas y en ocasiones contradictorias, se centraron en una fuerte intervención del Estado en rescatar el sector financiero, con serios problemas por el aumento de la morosidad, especialmente en las cajas de ahorro. Estas ayudas se han desarrollado a través del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y un seguido de avales y créditos al sector bancario. El intento de contener la crisis de la construcción con el Plan E, dotado en más de 10.000 millones de euros, la subvención a la compra de automóviles con el Plan 2000E y el Fondo de Economía Sostenible que ascendía a 20.000 millones más, completaban el rescate de los poderosos. Se ayudó a las entidades financieras, mucho menos a la actividad de las empresas productivas y casi nada a la creación de ocupación.

La aparición del déficit fiscal, ¿un problema sólo de los gastos?

A estas intervenciones altamente dispendiosas para las arcas públicas hace falta sumar el aumento del gasto por el subsidio de paro que ha supuesto destruir casi tres millones de puestos de trabajo desde el inicio de la crisis. Este nivel de paro, 21,52% el tercer trimestre de 2011, supone un gasto anual de más de 30.000 millones de euros.

Este aumento importante de los gastos contribuyó a que se pasase de una situación de superávit fiscal del 1,9% del PIB el 2007 a un déficit del 11,1% a finales de 2009. Delante de esto y presionados con fuerza por la UE, las gobernantes han establecido un duro régimen de disminución del gasto público. La necesidad de contener los gastos para frenar el déficit creciente, provocado –hace falta recordar- por el rescate de los poderosos, acontece una tarea importante. Apoyados por los medios de comunicación convencionales, han lanzado un bombardeo mediático centrado en la idea de reducir los gastos que se plantean como excesivos. Convergència i Unio, partido a la cabeza de la Generalitat de Catalunya ha resultado ser la punta de lanza de una política de recortes que se acabará imponiendo en todo el Estado. Este programa está centrado en el recorte del gasto social, en el desmantelamiento del raquítico Estado de Bienestar, abriendo la sanidad y la educación públicas al capital privado.

El déficit fiscal tiene dos vertientes: por un lado los gastos, que ya hemos visto de dónde proviene su aumento de los últimos años, y por otro lado los ingresos. Los ingresos del sector público se obtienen sobretodo de la recaudación de impuestos. El sistema fiscal del Estado español es claramente regresivo e insuficiente, la presión fiscal está alrededor del 32% del PIB, muy por debajo de la media europea. Las reformas de los últimos años han ido reduciendo los impuestos a las rentas altas y al capital y aumentando la presión fiscal de las rentas salariales y los impuestos indirectos, como es el caso del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido). Alrededor del 45% de la recaudación del Estado proviene precisamente de este impuesto, totalmente injusto, dado que grava el consumo independientemente de los ingresos de las personas. La última modificación de este impuesto, ya en plena crisis, para obtener más ingresos públicos, consistió en aumentarlo del 7% al 8% y del 16% al 18%, mientras la promesa de subir los impuestos a los ricos quedaba en una simple declaración propagandística.

Otro impuesto importante es el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). A finales de los años 70, la fiscalidad “que había de permitir la democracia” imponía un tipo de gravamen a las rentas más altas de más del 63% (en los EEUU y otros países de Europa era bastante superior). Actualmente los más ricos pagan un 43%. La reducción de impuestos a los ahorradores (¿quién puede ahorrar ahora mismo?) que ha supuesto el establecimiento de un tipo impositivo fijo del 19%-21% a las rentas del capital, las múltiples modalidades de exenciones fiscales a los fondos de pensiones, a las hipotecas, a las inversiones empresariales, juntamente con las últimas eliminaciones de los impuestos de patrimonio y de sucesiones son algunas de las modificación que se han llevado a cabo beneficiando la parte más bien estante de la población. La existencia de formas societarias como las SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable), que utilizan las grandes fortunas y que sólo tributan un 1%, son un insulto en tiempos de crisis. En lo referente al Impuesto de Sociedades (IS), este tributa en teoría un 30% sobre los beneficios de las empresas (un 25% para las PYMES). Las grandes empresas españolas (las que cotizan en el IBEX-35) tienen un tipo efectivo medio del 17%. Es decir, lo que acaban pagando realmente, después de encontrar todas las vías posibles de exenciones que les permite la legalidad y, a veces, la frontera con esta, como podrían ser los paraísos fiscales, es un porcentaje muy inferior al IS.

Quien paga más impuestos en este país son las trabajadoras a través de las rentas salariales. Esto es especialmente grave para las clases populares porqué en los últimos años la participación de los salarios en la riqueza generada por el conjunto de la economía se ha reducido beneficiando las rentas del capital. Al mismo tiempo, un sistema fiscal centrado fuertemente en las rentas salariales explica que cuando se produce una destrucción de la ocupación como la de la actual crisis por un lado aumenta el gasto de paro y por el otro se hunden los ingresos públicos.

El endeudamiento público como mecanismo de desposesión de las clases populares

Este déficit se debe financiar de alguna manera. Las emisiones de deuda pública son el mecanismo que utilizan los Estados para encontrar el gran volumen de financiación que necesitan para los gastos que no pueden cubrir con los ingresos obtenidos de la recaudación. Los bonos del tesoro dan derecho a las financiadoras a cobrar un interés por el dinero prestado, y al final del periodo establecido se les devuelve el principal, el importe prestado. El tipo de interés, el precio al que se presta este dinero, lo determinan los llamados mercados, según sus consideraciones sobre el riesgo que asumen y la solvencia de los Estados deudores. Las presiones especulativas para aumentar la prima de riesgo y exigir intereses más altos están al orden del día, especialmente durante las colocaciones importantes de bonos como la de la última semana, en la cual el Estado español pidió 3.500 millones de euros que le acabaron concediendo a un 7% de interés.

Los llamados mercados no son más que el entramado de empresas del sector financiero: bancos y cajas, gestoras de los grandes fondos de inversión y fondos de pensiones, aseguradoras, fondos soberanos, fondos de capital riesgo, etc. Empresas que centran su negocio en conseguir beneficios invirtiendo el dinero de estos grandes capitales y ahorradores del mundo, buscando rentabilidades en el negocio financiero de dejar dinero a cambio de un interés, de financiar proyectos empresariales o en el caso de la deuda pública de financiar Estados.

Al crecer la deuda pública y ser financiada por estas empresas, es a ellas a las que se destina una parte cada vez mayor de los ingresos públicos, que como hemos indicado, recaen sobre las rentas salariales y los impuestos que pagan las poblaciones. La partida presupuestaria referente al coste de financiación está creciendo fuertemente mientras que el gasto social sufre el recorte. La deuda pública es un mecanismo más de desposesión que utiliza el capital para redistribuir la riqueza generada por el trabajo de las clases populares hacia los ahorradores y capitales internacionales.

Esto ha resultado ser un negocio perfecto gracias a la influencia política de las financieras que han conseguido imponer, a través de organismos como el FMI, el BCE y la UE, las políticas de ajuste necesarias, no para salir de la crisis, ni para garantizar el pago de la deuda pública, sino para aumentar sus beneficios a cualquier precio. No importa si esto es a costa del sufrimiento de las poblaciones, de la reducción de los salarios y de las condiciones de trabajo, de la destrucción del Estado de Bienestar y la llamada clase media, de convertir el elevado paro en algo crónico que después pasaran a etiquetar como estructural, y de aumentar el número de familias en el lindar de la pobreza. El problema es que estas medidas, por su naturaleza, tampoco permitirán retornar la deuda, ni resolver ninguno de los problemas graves de las economías endeudadas, entre ellas, la del Estado español. De hecho esto ya se está demostrando viendo la gestión de la quita del 50% de la deuda pública griega contraída con la banca alemana y francesa y el aumento del fondo de rescate de las instituciones europeas.

Detrás de estos movimientos se encuentra la necesidad del capital de gestionar esta crisis sin que se pueda plantear una salida alternativa. Y la crisis ya dura mucho. La última secuela de esta película de terror se titula la crisis de la deuda, o de cómo las financieras se espabilaron para trasladar su burbuja financiera a los balances del sector público. El nivel de endeudamiento del conjunto de la economía es un peso demasiado grande, especialmente cuando las gobernantes están dispuestas a salir al paso con recursos públicos para cubrir cualquier problema que tenga el sector financiero. En un contexto donde la economía productiva no aparece –ni se la espera- y al contrario de intentar resucitarla aquello que se conseguirá es hundirla a través de los planes de ajuste, parece difícil creer que la generación de riqueza, necesaria ya no para salir de la crisis sino para retornar las deudas, sea una posibilidad.

Frente a esta coyuntura exigir no pagar la deuda resulta uno de los ejes sobre los que plantear las luchas. Exigir que las clases populares no paguen las consecuencias de una crisis de la que no son responsables pasa por exigir que no se hagan cargo de una deuda ilegítima que ha servido para rescatar a las financieras y beneficiar al capital.