No lo digo solo por la represión cada vez más abierta al movimiento obrero y popular del estado. La dictadura fascista es una forma más de dominación de la burguesía, es la cara más reaccionaria y más terrorista de la dictadura del capital. En el estado español, el Parlamento no tiene poder casi ninguno, no se puede usar las instituciones contra ellas mismas, desde el Parlamento las fuerzas socialdemocratas o reformistas no pueden cambiar ya nada, no se pueden tirar abajo reformas económicas como la reforma laboral, ese tipo de cosas si se hacían en las democracia burguesa de Inglaterra del Siglo XIX por ejemplo. La oligarquía financiera tiene el poder absoluto y esos Parlamentos y esas instituciones no hacen que pierdan su poder absoluto y hegemonía política, todo esto gracias el "Estado de Derecho",los jueces, esos funcionarios colocados ahí por el estado para reprimir sin pasar por trabas parlamentarias.
El PCE (r) fue ilegalizado tras un auto de un juez, Garzón, por ejemplo. La soberanía nacional queda por tanto sustiuida por el poder de los jueces (que como digo, han sido puestos ahí por el estado fascista).
Ley de Partidos, doctrina Parot, torturas, persecución, cárcel, guerra sucia, y cosas tan brutales y terroristas como esta intención de considerar terrorista a alguien que tira una piedra a un mosso de escuadra... vivimos en una dictadura fascista, esto no es ya democracia burguesa...
Les recomiendo leer el artículo del PCE (r): la institucionalización del fascismo, y de paso les dejo este otro del represaliado político y abogado Juan Manuel Olarieta.
La ley fascista de partidos
Juan Manuel Olarieta Alberdi
Abogado, escritor y represaliado político
Aún estaban los campos de batalla encharcados de sangre cuando en
1939 los fascistas promulgaron la primera ley de partidos, llamada Ley
de Responsabilidades Políticas. Hasta que reescriban la historia por
enésima vez, lo que hasta ahora sabemos es que en 1939 no había
ningún parlamento, pero es que los fascistas no necesitaban
parlamentos para redactar leyes como aquella de Responsabilidades
Políticas.
A muchos las historias le aburren y me dicen que pierdo mi tiempo
mirando siempre hacia atrás, pero el problema es que la transición no
derogó la legislación fascista, así que los que nos tentamos la ropa a
cada paso tenemos que tener en cuenta estas cosas. La Ley de
Responsabilidades Políticas de 1939 sigue, pues, vigente, es decir, es
de plena actualidad, es una ley “democrática”.
Quienes no pierden su tiempo mirando al pasado posiblemente no
sepan que nada es lo que parece: los republicanos se alzaron en armas
contra los fascistas, pero fueron derrotados y luego acusados,
juzgados y condenados por el crimen de “rebelión militar”, según leyes
como la que acabo de mencionar, que en su artículo 2 prohibió casi
todo, especialmente los partidos políticos, los sindicatos y demás
organizaciones que formaron parte del Frente Popular. Desde
entonces, con diversos disfraces, los mismos siguen en rebeldía militar
contra los mismos, una situación que, como todas las enfermedades
mal curadas, se ha hecho crónica.
Pasaron 40 años, tras los cuales, por efecto del denominado síndrome
de Estocolmo a la inversa, ocurrió algo extraño: los vencedores dijeron
que deseaban pasarse a las filas de los vencidos. Quisieron ser
demócratas, pero de una manera también extraña porque, si su deseo
hubiera sido sincero, hubieran debido dar pruebas de ello, demostrarlo
con hechos. Por ejemplo, podían haber legalizado a los partidos
democráticos y no sólo a los suyos (que no eran democráticos). Pero
no ocurrió nada de eso, sino todo lo contrario: no borraron las viejas
leyes fascistas, como la de 1939, y aprobaron otras iguales que aquella
(igual de fascistas).
Aunque no les gusten las viejas historias, los más viejos del lugar se
acordarán de la primera ley de asociaciones políticas de 1976, otra ley
fascista. Dijeron que aquella ley se aprobó para legalizar a las
asociaciones políticas pero, como verán, ni siquiera hablaban de
partidos políticos, un mal augurio que se confirmó: la ley prohibía
aquellas “asociaciones” políticas sometidas a una disciplina
internacional, es decir, los que no eran auténticamente españoles, los
vendidos al oro de Moscú.
Cuando en 1976 la policía detenía a un comunista, el interrogatorio
seguía el siguiente diálogo de besugos:
- ¿Tú eres comunista?
El detenido tiraba de orgullo y asentía: “Sí”. Entonces el policía
inevitablemente le aconsejaba:
- Pues si allí se vive tan bien y te gusta tanto, ¿por qué no te largas a
Moscú y nos dejas en paz a los demás?
En aquellos tiempos nació la teoría del “entorno”, que les sonará: en
1976 el PCE era la marca electoral del KGB lo mismo que en 2011 Bildu
es la marca electoral de ETA, el PCE(r) la de los GRAPO, etc. Desde la
transición vivimos atufados por una sociedad en cuyo supermercado
-sea comercial o electoral- imperan unas marcas y unas franquicias
que -a pesar de sus esfuerzos publicitarios- no engañan a nadie. Hasta
el más tonto sabe que la leche de la marca Clesa es la misma que la de
Puleva; al fin y al cabo todo es (mala) leche.
¿Qué pasó con el PCE-KGB en 1976? ¿Fue legalizado? Que las marcas
no les confundan; las cosas no son lo que parecen. El gobierno de
Adolfo Suárez hizo lo mismo que hoy ha hecho Zapatero con los
partidos políticos que, como Bildu, aún pretenden recuperar su
legalidad después de 70 años de permanente “rebelión militar”: no
legalizó nada sino que envió los papeles a los tribunales. Las
decisiones nunca han sido, pues, políticas sino técnicas, es decir, que
al no existir democracia el problema se sigue planteando hoy en los
mismos términos que en 1939: esos partidos políticos que pretenden
ser legalizados, ¿son unos criminales o tienen algún derecho en lo que
piden? ¿cuál es la diferencia entre un crimen y un derecho? ¿hay
alguna diferencia?
Desde 1939 todo está vuelto del revés. Si la transición hubiera sido un
proceso democrático, los gobiernos hubieran debido demostrar algún
interés por legalizar a aquellos partidos que durante décadas habían
luchado por la democracia. Pero ocurrió lo contrario: fueron los
partidos democráticos los que mostraron interés por legalizarse. En
aquella época a eso se le llamó “ventanilla”: no eran los fascistas los
que tenían que pasar por la ventanilla para adquirir patente
democrática sino, al revés, los demócratas debieron demostrar que lo
eran. No bastaban las batallas libradas durante 40 años a sangre y
fuego.
Algunos pasaron por la ventanilla, es decir, pasaron por el aro que los
fascistas les pusieron delante: cambiaron los estatutos, cambiaron los
nombres, cambiaron las banderas... hicieron todo lo que el gobierno de
turno les exigió. Pero nadie exigió nada a ningún gobierno fascista,
nadie exigió responsabilidades ni a la monarquía, ni a la banca, ni a la
Iglesia , ni a la policía, ni a los jueces. Ésa es la esencia de la
transición: no fueron los fascistas los que incorporaron a la
democracia sino los demócratas los que se incorporaron al fascismo.
Los fascistas siempre han creído que los problemas se solucionan a
palos, convirtiendo lo político en judicial, es decir, con sumarios,
detenciones, cárceles y demás. A veces así logran retardar el estallido,
nunca impedirlo. Por eso se les han acumulado los asuntos sin
resolver; a los viejos se le han sumado los nuevos. Ahora que los
indignados hablamos de participación política, conviene recordar que
entre los múltiples asuntos que tiene pendientes en este país, uno de
ellos es la legalización de los partidos políticos, sin lo cual nunca
podrán hablar seriamente ni de democracia ni de participación. Es tan
sencillo como la prueba del algodón. Basta que aprueben una ley
democrática de verdad con sólo tres artículos: el primero dirá que
queda derogada la ley fascista contra los partidos políticos, el segundo
los legalizará y el tercero librará de la cárcel a los que han defendido
los dos artículos anteriores
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