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Está de moda por estos días hablar del problema de la tierra en Colombia; periodistas, intelectuales y la opinión pública en general, a diario publican artículos de análisis al respecto. La motivación: el proceso de diálogo que se desarrolla actualmente en La Habana, puesto que el primer punto que está en discusión es precisamente el de desarrollo agrario al que se ha denominado ‘Política de desarrollo agrario integral’. Pero resulta que este tema no representa ninguna novedad, este punto ha venido siendo uno de los ejes de discusión en los distintos procesos de diálogo entre la insurgencia de las FARC y los distintos gobiernos, como son los Acuerdos de la Uribe y los Diálogos de Caguán donde se recoge:
1984: Acuerdos de la Uribe. Punto 9.b: Impulsar vigorosamente la aplicación de una política de reforma agraria en reconocimiento a que los problemas de la tierra están presentes en los actuales conflictos sociales, y las demás acciones de las agencias del Estado dirigidas a ampliar permanentemente los servicios al campesinado para mejorar la calidad de vida y la normal producción de alimentos y de materias primas para la industria, para lo cual dispone del instrumento jurídico contenido en el artículo 32 de la Constitución Nacional, que establece la dirección de la economía por el Estado
1998: Diálogos del Caguan. Agenda Común – punto 3: Política Agraria Integral. Desamortización de crédito, asistencia técnica, mercadeo. Redistribución de la tierra improductiva. Recuperación y distribución de la tierra adquirida a través del narcotráfico o enriquecimiento ilícito. Estímulos a la producción. Ordenamiento territorial integral. Sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo.
Sin embargo, el problema de la tenencia de la tierra* en Colombia es muy antiguo, puede decirse que es una constante que permanece en el tiempo. Si nos sumergimos un poco en la historia y transitamos por los años 20, encontramos que la lucha por la tierra es un problema endémico. Las memorias de las luchas agrarias han sido escritas con la sangre de colonos, apareceros, arrendatarios, indígenas, negros y campesinos. Esta violencia generada por la posesión de la tierra fortaleció también las luchas armadas de campesinos e indígenas.
Durante los años 30, aupados por la irá que dejó la masacre de las bananeras en 1928, la movilización campesina y popular contra el modelo económico, creció de tal manera que obligó al presidente de turno, Alfonso López Pumarejo, presidente liberal de “la Revolución en Marcha” a promulgar la Ley 200 de 1936. Esta ley representaba un modelo para el desarrollo capitalista, que no afecta la propiedad privada. Pero si introduce el principio de la función social de la tierra, clarifica la propiedad, el dominio por posesión y reconoce los baldíos, buscando solucionar el conflicto entre colonos y latifundistas. Pese a ello, los grandes propietarios ven amenazadas su propiedades e inician una cruzada atroz contra arrendatarios y colonos, expulsándolos de las tierras con ayuda de grupos paramilitares y de la fuerza pública.
En la siguiente década la lucha continúa; nos encontramos con el caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, su lucha por los desposeídos y la reforma agraria. Gaitán cae asesinado el 09 de abril de 1948, dando origen a la época de la violencia y el surgimiento a las guerrillas liberales en defensa de los territorios. Durante esta época estuvieron también presentes la fuerza pública y los grupos paramilitares (pájaros y/o chulavitas), quienes ejercieron la fuerza contra el campesinado, en defensa de latifundistas y terratenientes.
Hoy, casi un siglo después, el desplazamiento a través de masacres paramilitares continúa; la acumulación por despojo se mantiene y, en lugar de la ley 100 de 1944*, encontramos la ley de tierras para legalizar el despojo. Las comunidades campesinas que luchan por la restitución de tierras arrebatadas a través del uso de la violencia militar y paramilitar (a los que después de la pantomima del gobierno anterior con su desmovilización, han dado por llamar BACRIN o Ejército – Antirrestitución), son perseguidas y sus lideres asesinados, como en los años 20 en defensa de los despojadores.
Bajo este panorama se presentan los actuales diálogos de paz. Se pretende abordar una solución sobre el tema agrario, sin la presencia de un colectivo tan importante e imprescindible como lo son las comunidades campesinas, como verdaderas víctimas, a quienes se les ha arrebatado su único medio de sustento y se les ha criminalizado por recurrir al cultivo de la coca como única salida para el sostenimiento de sus familias.
Compartimos pues la teoría de muchas organizaciones, como Marcha Patriótica, que habla de una mesa incompleta, donde las clases populares víctimas históricas del conflicto político, social y armado no se encuentran representadas. El gobierno colombiano prosigue en la tesitura de invisibilizar al movimiento social y popular, sin cuya participación cualquier acuerdo de paz será fallido.
Reiteramos el llamamiento al seguimiento y apoyo de las reivindicaciones del movimiento social y popular, en éste caso concreto el de su participación en el proceso de diálogo. Invitamos al movimiento de solidaridad internacional con Colombia a redoblar esfuerzos en la búsqueda de la Paz, a dar continuidad a la denuncia del constante hostigamiento de que es víctima la oposición política, y exigir al gobierno colombiano transparencia en el proceso de diálogo, para que los puntos en discusión no queden en papel mojado, y sean una realidad que conlleven a una salida política al conflicto social y armado.
Plataforma de Solidaridad con Colombia - Madrid
1984: Acuerdos de la Uribe. Punto 9.b: Impulsar vigorosamente la aplicación de una política de reforma agraria en reconocimiento a que los problemas de la tierra están presentes en los actuales conflictos sociales, y las demás acciones de las agencias del Estado dirigidas a ampliar permanentemente los servicios al campesinado para mejorar la calidad de vida y la normal producción de alimentos y de materias primas para la industria, para lo cual dispone del instrumento jurídico contenido en el artículo 32 de la Constitución Nacional, que establece la dirección de la economía por el Estado
1998: Diálogos del Caguan. Agenda Común – punto 3: Política Agraria Integral. Desamortización de crédito, asistencia técnica, mercadeo. Redistribución de la tierra improductiva. Recuperación y distribución de la tierra adquirida a través del narcotráfico o enriquecimiento ilícito. Estímulos a la producción. Ordenamiento territorial integral. Sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo.
Sin embargo, el problema de la tenencia de la tierra* en Colombia es muy antiguo, puede decirse que es una constante que permanece en el tiempo. Si nos sumergimos un poco en la historia y transitamos por los años 20, encontramos que la lucha por la tierra es un problema endémico. Las memorias de las luchas agrarias han sido escritas con la sangre de colonos, apareceros, arrendatarios, indígenas, negros y campesinos. Esta violencia generada por la posesión de la tierra fortaleció también las luchas armadas de campesinos e indígenas.
Durante los años 30, aupados por la irá que dejó la masacre de las bananeras en 1928, la movilización campesina y popular contra el modelo económico, creció de tal manera que obligó al presidente de turno, Alfonso López Pumarejo, presidente liberal de “la Revolución en Marcha” a promulgar la Ley 200 de 1936. Esta ley representaba un modelo para el desarrollo capitalista, que no afecta la propiedad privada. Pero si introduce el principio de la función social de la tierra, clarifica la propiedad, el dominio por posesión y reconoce los baldíos, buscando solucionar el conflicto entre colonos y latifundistas. Pese a ello, los grandes propietarios ven amenazadas su propiedades e inician una cruzada atroz contra arrendatarios y colonos, expulsándolos de las tierras con ayuda de grupos paramilitares y de la fuerza pública.
En la siguiente década la lucha continúa; nos encontramos con el caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, su lucha por los desposeídos y la reforma agraria. Gaitán cae asesinado el 09 de abril de 1948, dando origen a la época de la violencia y el surgimiento a las guerrillas liberales en defensa de los territorios. Durante esta época estuvieron también presentes la fuerza pública y los grupos paramilitares (pájaros y/o chulavitas), quienes ejercieron la fuerza contra el campesinado, en defensa de latifundistas y terratenientes.
Hoy, casi un siglo después, el desplazamiento a través de masacres paramilitares continúa; la acumulación por despojo se mantiene y, en lugar de la ley 100 de 1944*, encontramos la ley de tierras para legalizar el despojo. Las comunidades campesinas que luchan por la restitución de tierras arrebatadas a través del uso de la violencia militar y paramilitar (a los que después de la pantomima del gobierno anterior con su desmovilización, han dado por llamar BACRIN o Ejército – Antirrestitución), son perseguidas y sus lideres asesinados, como en los años 20 en defensa de los despojadores.
Bajo este panorama se presentan los actuales diálogos de paz. Se pretende abordar una solución sobre el tema agrario, sin la presencia de un colectivo tan importante e imprescindible como lo son las comunidades campesinas, como verdaderas víctimas, a quienes se les ha arrebatado su único medio de sustento y se les ha criminalizado por recurrir al cultivo de la coca como única salida para el sostenimiento de sus familias.
Compartimos pues la teoría de muchas organizaciones, como Marcha Patriótica, que habla de una mesa incompleta, donde las clases populares víctimas históricas del conflicto político, social y armado no se encuentran representadas. El gobierno colombiano prosigue en la tesitura de invisibilizar al movimiento social y popular, sin cuya participación cualquier acuerdo de paz será fallido.
Reiteramos el llamamiento al seguimiento y apoyo de las reivindicaciones del movimiento social y popular, en éste caso concreto el de su participación en el proceso de diálogo. Invitamos al movimiento de solidaridad internacional con Colombia a redoblar esfuerzos en la búsqueda de la Paz, a dar continuidad a la denuncia del constante hostigamiento de que es víctima la oposición política, y exigir al gobierno colombiano transparencia en el proceso de diálogo, para que los puntos en discusión no queden en papel mojado, y sean una realidad que conlleven a una salida política al conflicto social y armado.
Plataforma de Solidaridad con Colombia - Madrid
