Manifiesto programático de SCD:
MANIFIESTO
I.
La Sociedad Civil expresa su convencimiento de que el modelo político y económico del que nos hemos dotado desde 1978 evidencia ámbitos de fracaso rotundo, en aspectos capitales para la convivencia social. Por ello es urgente, admitido ese fracaso, reflexionar sobre las razones del mismo e identificar nuevos caminos, nuevos modelos que se ajusten a las realidades de lo que somos como país, y de las demandas de los españoles sobre el presente y el futuro de nuestra Nación.
II.
Constatado lo anterior, necesitamos expresar de manera clara una serie de principios, de postulados básicos en los que debemos coincidir para organizar nuestro modelo de convivencia. Empecemos por uno esencial: tenemos que recuperar a la persona como eje central de todas las acciones sociales, al ciudadano-en-sociedad, al hombre en su entorno social. Es así como las dos nociones de ciudadano y comunidad, deben articularse de modo coherente en un dialogo permanente de recíproca confianza y seguridad.
III.
Lo anterior conduce a una tesis central: recuperar el sentido humanista de todos nuestros proyectos colectivos. Individuo y sociedad, ese es el asunto. Por ello la primera exigencia reside en que la propia sociedad civil recupere el protagonismo perdido y los derechos que como tal le corresponden. Este es el debate de nuestro tiempo: organizar adecuadamente las relaciones entre la sociedad civil y el Estado, repensando la naturaleza, funciones y cometidos de cada uno. El objetivo es que la democracia sea cada vez más una verdadera democracia de ciudadanos y no una mera y formal democracia de partidos y de clase política endogámica y encapsulada en sus propios intereses, alejada de los problemas y necesidades de los ciudadanos.
Por ello, porque creemos en un sistema de libertades públicas de garantías reales y efectivas y porque exigimos ejemplaridad pública en los gobernantes, por medio del presente Manifiesto
DECLARAMOS
1º.
Que no existe democracia ni auténtica libertad sin cohesión social. Una sociedad injusta no es una sociedad libre, puesto que no estimula, y a veces dificulta gravemente, la plena realización integral de sus miembros. La aspiración hacia una sociedad más justa es el camino a la libertad real. Nuestra sociedad actual, con mayor motivo después de los efectos devastadores de la crisis, no tiene esa cohesión social indispensable. Tenemos que poner los medios para conseguirla.
2º.
Que tanto desde una perspectiva cristiana del hombre, como desde cualquier otra que considere que el individuo tiene una dignidad inalienable, como fundamento del orden político y de la paz social, no se puede abdicar de aspirar a vivir en una sociedad justa, única forma de convivencia inseparable de la condición humana. Consideramos que la dignidad de la persona, debe ser el eje y pilar de todo proyecto social, económico, político y cultural.
3º.
Que es imprescindible estimular y desarrollar la participación de los ciudadanos en la política. El debate de la propia sociedad sobre los asuntos que a ella afectan es prioritario si se quiere aspirar a una verdadera democracia de ciudadanos. Hay que evitar que los partidos políticos tengan el monopolio del debate y de la representación política. La sociedad tiene otros cauces institucionales que es necesario recuperar y revitalizar. Creemos que ésta es la mejor forma de recuperar la dignidad de la cosa pública y de hacer que nuestra democracia se convierta en algo real y participativo. Defendemos encontrar cauces para que los ciudadanos tengan acceso y control sobre los órganos de poder del Estado. Creemos firmemente que la democracia no debe ser exclusivamente representativa sino también participativa, para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas.
4º.
Que el Estado se ha dotado de una estructura orgánica excesivamente compleja, repetitiva en funciones y competencias entre diferentes instancias, que no asegura una mayor libertad real de los ciudadanos sino que la limita, al sustentarse en una clase política burocratizada y cerrada en sí misma, que dificulta el legítimo acceso de personas independientes a los ámbitos de poder y que cada día aleja más a la sociedad civil de quienes se erigen como sus dirigentes con pretensiones de exclusividad. Se necesitan cambios en la estructura, funcionamiento, concepción y funciones del Estado. Hay que garantizar la presencia y control efectivo de los ciudadanos en los Ayuntamientos, como ámbito primario de convivencia social.
5º.
Que para que una democracia sea realmente participativa, resulta preciso dotarla de una Ley de Iniciativa Popular, homologable a la de los países de nuestro entorno social y político, que sea un cauce real de participación de la sociedad civil en la elaboración, aplicación y abrogación de leyes y normas que afecten a la convivencia de todos los españoles. La democracia no puede reducirse a depositar un voto cada cuatro años otorgando un cheque en blanco a los políticos elegidos, ignorando a la sociedad en los periodos entre elecciones, desarmándola de los instrumentos efectivos con los que corregir desviaciones no previstas ni amparadas con el voto emitido.
6º.
Que hay que garantizar una mayor comunicación entre política y sociedad. Propugnamos un sistema electoral mayoritario de doble vuelta, con circunscripciones más pequeñas que las provincias, que posibiliten la elección directa de los representantes por parte de los electores y por tanto originando una mayor fiscalización. Postulamos campañas electorales más personalizadas, menos fastuosas y con gastos electorales más reducidos, admitiéndose donaciones de particulares y reduciéndose al máximo posible, la financiación pública de los partidos y de los sindicatos. Reclamamos la creación de vías para hacer exigible la responsabilidad de los cargos electivos ante su electorado. Exigimos una mayor transparencia en el conocimiento de las cuentas y recursos públicos que sirven para fomentar el actual sistema de partidos. Exigimos limitar el tiempo de permanencia en cargos electivos y el fin del estatuto jurídico privilegiado de los parlamentarios. Proponemos una nueva política de incompatibilidades que sirva para incentivar la participación de relevantes profesionales de la economía y finanzas, del derecho, de la medicina y de las ingenierías, para que aporten a la política sus conocimientos profesionales y pueda la sociedad beneficiarse de los mismos
7º.
Que la empresa privada es la fuente de creación de empleo. Por ello, el sistema financiero debe ser reformado, en su estructura y funciones, de modo que se ajuste a la función social del crédito, a que su misión sea primordialmente financiar, con el ahorro de la sociedad, la puesta en marcha de proyectos capaces de crear riqueza y empleo de modo estable y duradero, las leyes fiscales y financieras deben orientarse de modo prioritario a esta finalidad. Exigimos a los políticos responsabilidad en el manejo de los caudales públicos. No es admisible que los políticos dejen a las corporaciones públicas endeudadas durante años o quizá décadas, pues al final son los propios ciudadanos a través de sus tributos, y no aquellos, quienes tienen que soportar los desvaríos de quienes nos gobiernan.
8º.
Que consideramos necesario modificar urgentemente el sistema de elección de los órganos de gobierno del Poder Judicial, para garantizar su objetividad e independencia, así como el del Tribunal Constitucional; y, así mismo, se debe asegurar la independencia e imparcialidad de la Fiscalía General del Estado y de los órganos reguladores y supervisores, que no pueden constituirse en refugio de políticos. Es necesario endurecer las leyes penales que sancionan los comportamientos irregulares de jueces y fiscales y servidores públicos en general. La sociedad debe defenderse contra la politización del sistema judicial y del ministerio fiscal, en evitación de que se constituyan en instrumentos a favor de intereses políticos.
9º.
Que consideramos que la educación es el principal motor de transformación social y de desarrollo humano, tanto individual, como colectivo. Familia y escuela son un marco referencial imprescindible, para la incorporación del individuo a la sociedad. Necesitamos una nueva Ley de Educación que promueva la formación de los jóvenes en los valores y la cultura del respeto, en el trabajo y el esfuerzo, además de fomentar su desarrollo intelectual y profesional.
10º.
Que manifestamos nuestra profunda convicción en el valor e importancia del individuo y su libertad como soporte último de las instituciones políticas y como sujeto activo para su control. Una democracia no es plena sin la participación diaria de los ciudadanos en las tareas públicas.
http://www.intereconomia.com/blog/blog-javier-espadero/sociedad-civil-y-democracia-scd-nuevo-partido-politico-20120726