Miembro del MUP-Republicanos renuncia a ocupar concejalia por motivos ideologicos.

en el Ayuntamiento del Puerto de Sagunto
Tras la dimisión de un concejal de Segregación Porteña, candidatura en la que se integraron los candidatos del MUP-Republicanos/Ciudadanos por la República en el Puerto de Sagunto, debía ocupar la concejalía vacante Juan Carlos Lacomba miembro del MUP-R, que ha renunciado a la misma (previa consulta en asamblea) por motivos ideológicos. Esta renuncia pone de relieve los valores defendidos por el MUP-Republicanos y la Plataforma de Ciudadanos por la República, así como su compromiso y su defensa de una política democrática que defienda realmente los intereses del pueblo y de los trabajadores.

Segregación Porteña alcanzó hace meses un acuerdo de gobierno con el PP, con el que los miembros de izquierdas de la candidatura no estaban de acuerdo.

Conforme han pasado los meses de gobierno municipal PP-SP, se ha hecho más y más evidente, para las gentes de izquierda del Puerto de Sagunto, que lo que pudo ser el movimiento segregacionista ya ha dejado de serlo definitivamente. De ahí el desencanto y la apatía que se han instalado en muchas personas progresistas por no poder evitar lo que ven como un pacto antinatura.

El movimiento segregacionista nació en El Puerto por diversos factores, no sólo culturales, como la variada procedencia de sus habitantes, sino también de clase, con un abrumador predominio de la clase obrera; este hecho fue, fundamentalmente, el que motivó históricamente la desatención por parte de las autoridades en cuanto a servicios y equipamientos, que no en lo que se refiere a la represión y los golpes, como pudimos comprobar en la época de la reconversión industrial. Precisamente fue esa fuerte identidad de pueblo obrero, con sus luchas y movilizaciones, la que le permitió renovar la actividad industrial, a diferencia de otras zonas.

La incomprensión de este hecho por parte de los partidos mayoritarios de la izquierda provocó que esa identidad secular tomara la forma de un nuevo movimiento político, con la importante peculiaridad, en comparación con otras organizaciones de carácter local, de gozar de un amplio respaldo popular, con un fuerte componente obrero. Eso fue lo que permitió, pese a la convivencia de diferentes sectores sociales (incluidos pequeños propietarios) en su seno, que Iniciativa Porteña y luego SP llevaran a cabo un trabajo de movilización de masas con reivindicaciones y métodos propios de la tradición obrera y popular, lo que significaba recuperar principios y formas de organización y trabajo político olvidados por la izquierda con presencia institucional. Ese hecho explica, asimismo, que muchos trabajadores, desencantados con la apatía de sus partidos tradicionales, volcaran sus ansias de transformación en la actividad política segregacionista.

Hoy, y especialmente tras el pacto con el PP, quienes defendemos la necesidad de construir una democracia avanzada, en la que los derechos de los trabajadores y demás ciudadanos sean efectivos y no letra muerta; quienes consideramos que, especialmente en España, esa democracia para las clases populares no puede sino tomar la forma de una República, ya hace tiempo que no podemos reconocer en Segregación Porteña un instrumento válido, ni mucho menos, para caminar en esa dirección. SP ha formado gobierno con un partido (el PP) que representa a lo más rancio de la sociedad española; que defiende con férrea mano los intereses del gran capital contra los derechos democráticos, sociales y laborales; y que, desde luego, es firme defensor de la monarquía, la institución más arcaica que perdura en Europa occidental, y que no sólo es fiel reflejo de las enormes desigualdades que, como ha puesto al descubierto la crisis, separan a las clases populares de un puñado de magnates: en España es, asimismo, heredera directa del nacional-catolicismo franquista. Una dictadura, por cierto, que ese partido no sólo no ha condenado jamás, sino que incluso protege contra las justas reivindicaciones de luchadores y represaliados republicanos, que aún no han visto reconocida su condición de víctimas de aquel genocidio.

Se nos dirá, sin embargo, que la memoria histórica no puede condicionar la marcha de una ciudad valenciana de hoy, y que es posible hacer dejación de los principios para conseguir beneficios para El Puerto. No entra en nuestros objetivos hacer política sin principios, pero aun así vamos a demostrar la falsedad de este supuesto pragmatismo que algunos esgrimirán y que en realidad debe denominarse oportunismo.

En primer lugar, ya hemos mencionado cuál es el talante democrático de ese partido que gobierna junto a SP. ¿No este un aspecto concreto de la política del PP? ¿Cómo va a manejar los desacuerdos y debates públicos un partido que no hace más que ocultar los crímenes de una dictadura aliada del nazismo? Y si quieren, podemos poner un ejemplo más concreto: la nueva ordenanza de limpieza, que a priori califica la colocación de carteles políticos en la calle como falta con sanción económica; lógicamente, no se da ninguna alternativa a los colectivos ciudadanos para transmitir información, opiniones, denuncias, etc. ¿Es así como piensan promover el debate de ideas en nuestra ciudad? ¿Qué más harán para silenciar la oposición a las medidas a las que nos tiene acostumbrados el PP?
Porque, lógicamente, no es sensato pensar que el Partido Popular vaya a renunciar al programa que aplica en todas las administraciones en las que gobierna, y que también desarrollará en el Puerto en cuanto convenza a los concejales de SP o los resultados electorales se lo permitan. Pero, mientras tanto, la alianza y las concesiones a SP le habrán proporcionado un balón de oxígeno, una imagen distinta, que no dudarán en seguir explotando en todo aquello que les convenga. Y ¿cuál es la política propia del PP?

Fundamentalmente (y en esto no le va muy a la zaga ese PSOE «social-liberal», como lo definió Zapatero), el PP muestra un interés especial por privatizar todos los servicios públicos, que son los que utiliza la mayoría trabajadora: la sanidad y la educación, fundamentalmente, pero también el agua, las energías, los transportes o las instalaciones deportivas, como ocurre en la mayoría de las localidades gobernadas por este partido. Después del estallido de la burbuja inmobiliaria y el fiasco de la especulación que tanto han promovido este partido y los inversores que les apoyan, lo que pretenden es obtener la máxima cantidad de recursos de los bolsillos de los trabajadores, poniendo estos servicios en manos privadas para tratarlos como un negocio más. Si a eso añadimos la insistencia del PP en no subir los impuestos a quienes poseen el capital, podemos entender qué tipo de gente es la principal interesada en que gobierne un partido como este. Por todo ello, no se puede considerar que el PP vaya a funcionar de forma distinta, en Sagunto y Puerto, de como lo hace en otras administraciones.

Se podría aducir, no obstante, que el pacto de gobierno ha conseguido mejoras momentáneas en ambos núcleos de población, y que se ha frenado, por ahora, una serie de privatizaciones. El problema, sin embargo, tiene una doble vertiente que llevará, finalmente, a una derrota de los sectores trabajadores en el municipio: en primer lugar que, como ya hemos dicho, se contribuye a dulcificar la imagen que un partido como el PP tiene en una ciudad trabajadora como El Puerto; y se le facilita, además, consolidarse en el poder para que vaya articulando sus influencias y formas de acallar las voces críticas, como también hemos señalado, de forma que pueda asegurarse mejores resultados en próximos comicios. Pero, en segundo lugar, tales ventajas no son conquistadas por la movilización del pueblo, sino obtenidas por acuerdos entre las direcciones de los partidos: una forma de hacer totalmente extraña a la tradición obrera y popular a la que aludíamos al principio; y que, desde luego, no asegura la continuidad de tales medidas más allá de la aritmética electoral. De esta forma, se anuncia la desmovilización y nueva desmoralización de los sectores trabajadores. Más aún, si seguimos descendiendo hasta lo concreto, encontraremos medidas como el establecimiento de la línea azul, la ordenanza contra propaganda, la gestión del agua y la privatización de las guarderías infantiles, que significan claros retrocesos y van en la dirección de la política del PP que explicábamos antes. Un PP que desde luego debe de encontrarse muy cómodo, cuando ni siquiera se le exige que sus compañeros de la Generalitat dejen de aprobar ERE totalmente injustificados.

En definitiva, este pacto ha supuesto el triunfo definitivo de los sectores más conservadores de SP, para ponerse al servicio de los intereses de clase del PP, alejándose de la política de unidad de los sectores trabajadores (unidad popular), con principios progresistas, que en un principio impulsó el segregacionismo. Como tantas otras veces, la combatividad del movimiento, los sectores de izquierdas y los jóvenes han sido dejados de lado para ganar presencia institucional, sí, pero sometida a los dictados del PP.

Ante este panorama, ¿qué queda por hacer? Los republicanos que, en su momento, apoyamos el segregacionista por los motivos ya explicados, no podemos perder el tiempo y las energías en intentar resucitar un cadáver. Pero tampoco es momento de marcharse a casa, derrotados. Es necesario redirigir de forma más provechosa los esfuerzos, las ilusiones y las ideas de los muchos trabajadores y trabajadoras, jóvenes y mayores que, tiempo atrás, se entregaron con todas sus fuerzas al trabajo colectivo a través del segregacionismo, pero que hoy no tienen ya ningún altavoz para sus reivindicaciones. Más que nunca en medio de la crisis, los sectores populares del Puerto deben romper cualquier tipo de ligazón con los responsables de sus desgracias y sus representantes políticos del PP.

La Plataforma de Ciudadanos por la República ha hecho público un llamamiento a nivel estatal que se dirige, precisamente, a poner en pie formas de unidad de los trabajadores y sectores populares, en torno a un programa de reivindicaciones democráticas y sociales, como son la defensa de los servicios públicos, la erradicación de la corrupción y el caciquismo, etc. Ese llamamiento contiene la voluntad de hacer política también en los ayuntamientos, pero no para desarmar a los trabajadores, sino para llevar su voz y sus reivindicaciones a las instituciones. Por eso, los republicanos que en el Puerto defendemos la necesidad de avanzar hacia una sociedad plenamente democrática y con derechos sociales efectivos, animamos a todos los trabajadores y personas progresistas a empezar a trabajar, de forma leal y franca, en esta dirección.