Pacto Argentina-Iran sobre el atentado a la AMIA.

Y esto tiene lugar precisamente en momentos en que se levanta una esquina del velo que cubre el atentado del 18 de julio de 1994 contra una institución judía en Buenos Aires, atentado que de inmediato fue atribuido al Hezbollah a pesar de que las investigaciones no han terminado aún y de que los indicios apuntan ya hacia el señor Vladimiro Corach, ex ministro argentino del Interior, cuyas estrechas relaciones con la mafia y con los servicios de seguridad israelíes son de sobra conocidas.

Hassan Hamade, comentarista politico, Libano. En: En cuestión de terrorismo, ustedes son los maestros y nosotros los alumnos

surfas escribió:Y Alak comparando los 30 mil desaparecidos y el terrorismo de estado con el "terrorismo internacional", se me atragantó el pollo.

También remarcó que "la Argentina es el único país del mundo que logró que Interpol emita órdenes de arresto contra ciudadanos iraníes. Además, Interpol dijo que el memorando es un paso importante".

"Estados Unidos siempre planteó el tema AMIA como ejemplo y Argentina puede decir que ha recibido apoyo de Estados Unidos en el tema", agregó.

Viernes, 18 de octubre de 2013
MOLESTIA EN LA DAIA POR LA POSTURA DE PINO SOLANAS SOBRE IRAN

“Que no se haga el distraído”

Luego de que Daniel Filmus recordara que el candidato de Unen firmó una carta en la que cuestionaba la investigación sobre el atentado a la AMIA y respaldaba a Irán, los dirigentes de la comunidad judía cuestionaron a Solanas.

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Fernando “Pino” Solanas dijo que “no recordaba” haber firmado ese texto en 2007.
Luego del debate entre los candidatos a senadores por la Ciudad de Buenos Aires, el postulante de Unen Fernando “Pino” Solanas recibió una reprimenda de la DAIA. “No recordaba ayer lo que había firmado el 28 de febrero de 2007. Debemos tener tolerancia a la disidencia pero no podemos permitir que se haga el distraído. Las expresiones que vierte en esta carta son sumamente preocupantes para nuestra comunidad”, señalaron el presidente y el vicepresidente de la entidad de la comunidad judía, Julio Schlosser y Waldo Wolff. El enojo se originó porque Daniel Filmus, del Frente para la Victoria, recordó que Solanas había adherido a un texto en el que se cuestionaba la investigación de la Justicia argentina sobre el atentado contra la AMIA y criticaba que la pesquisa se centrara en la pista iraní.

Schlosser afirmó que no termina “de entender cuál es el pensamiento real” de Solanas, porque tiene “definiciones contrapuestas” ante la causa AMIA y el papel de Irán, y expresó su “rechazo a que diga que no recuerda haber firmado” la solicitada de 2007, como hizo durante el debate. “Votó en contra del memorando pero firmó esa carta. Debe aclarar y dar una explicación. Que Pino diga que no se acuerda no corresponde. Aquella carta contiene términos inaceptables y dice que la investigación de la Justicia argentina no es algo serio”, dijo el titular de la representación política de la colectividad judía, que ayer se reunió con los candidatos del Pro Gabriela Michetti, Sergio Bergman, Federico Sturzenegger y Laura Alonso.

El vicepresidente de la DAIA, por su parte, recordó que la carta “trata al Estado de Israel de utilizar el terror a fin de lograr sus objetivos expansionistas y los firmantes expresaron que como ciudadanos argentinos rechazaban enfáticamente el dictamen judicial que insistía en involucrar a la República de Irán en el atentado”.

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El senador nacional y candidato a renovar su banca consideró "una barbaridad" la carta que Fernando "Pino" Solanas firmó en el 2007, en la que se denostaban las pruebas de la Justicia argentina contra Irán por el atentado

http://www.telam.com.ar/notas/201310/37064-filmus-cuestiono-a-pino-solanas-por-sus-contradicciones-sobre-el-atentado-a-la-amia.html

Una carta entregada en mano

El ex funcionario viajó acompañado por el cura Luis Farinello. Entregará un mensaje a favor de “la libre determinación de los pueblos”. Su apoyo a ese país provocó su salida del Gobierno.

El piquetero y ex subsecretario de Tierra y Hábitat de la Nación, Luis D’Elía, viajó ayer a la República Islámica de Irán donde, según pudo averiguar Página/12, pedirá una audiencia con el presidente para entregarle personalmente una carta de apoyo firmada por personalidades argentinas. Su entorno mantuvo un férreo hermetismo sobre las motivaciones del viaje, pero a algunos se les filtró el dato, confirmándolo. La defensa de aquel país hecha por el dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), frente a las acusaciones de la Justicia argentina por la causa AMIA contra dirigentes iraníes, motivó que el presidente Néstor Kirchner le pidiera la renuncia como funcionario nacional en noviembre del año pasado.

–¿Me podría comunicar con D’Elía, por favor?

–En este momento no se puede. Ya debe estar volando.

–¿Partió hacia Irán?

–Sí. Ya debe estar en el avión.

–¿Podría informarme sobre los motivos del viaje?

–Ese tema no lo manejo. Tiene que hablar con el equipo de prensa.

Esta conversación transcurrió en el teléfono personal del piquetero, atendido por su mujer, Alicia Sánchez, flamante funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

En el entorno de D’Elía, en cambio, se resistieron a confirmar el hecho. Los allegados del ex dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) pensaban dar a conocer la noticia del viaje en el transcurso del fin de semana.

Finalmente, Página/12 pudo averiguar que D’Elía viajó acompañado por el cura Luis Farinello para entregarle al presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, una carta parecida al comunicado que leyó frente a la embajada de ese país en Argentina y que culminó con los sucesos que determinaron su salida del Gobierno.

El texto del documento contiene una posición “en contra de la guerra”, “a favor de la autodeterminación de los pueblos” y “la expresa condena contra cualquier intento imperialista de entrometerse en la vida interna de los pueblos”. El escrito está firmado por sus portadores y por una gran cantidad de personalidades, como el cineasta Fernando “Pino” Solanas, la titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; Nora Cortiñas, de las Madres Línea Fundadora, y la socióloga Alcira Argumedo, entre otros.

En noviembre del año pasado, después del pedido de captura internacional que el fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, emitió contra el ex presidente iraní Alí Rafjansani y otros ocho funcionarios políticos, el militante matancero entregó al encargado de Negocios, Mohsen Baharvand, el comunicado que provocó el enojo de Kirchner. Pese a las aclaraciones de que había ido en nombre de su organización, la FTV, y no en nombre del Gobierno, tuvo que renunciar por la contradicción que generó su postura con la de la Cancillería, que avaló el pedido del fiscal ante Interpol.

A pesar de que la subsecretaría quedó en manos de Rubén Pascolini, un hombre de su estrecha confianza y militante de la FTV, el entredicho fue leído como la caída en desgracia de D’Elía en el espacio kirchnerista. Pero a fines del año pasado fue designada su pareja, Alicia Sánchez, como coordinadora nacional de Jardines Maternales Comunitarios en el ministerio de Alicia Kirchner, y el viernes por la tarde se lo pudo ver haciendo “buena letra” junto al candidato a gobernador bonaerense, Daniel Scioli, en el cierre de un plenario propio en su territorio.

Informe: Julián Bruschtein.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-80833-2007-02-24.html

El Memorándum con Irán, la “prueba” para las detenciones que ordenó Bonadio

La acusación lanzada por el fiscal Nisman tenía como base ese acuerdo. Fue firmado por el gobierno kirchnerista en 2013, aprobado en las dos cámaras del Congreso pero nunca entró en vigencia.

Este jueves por la mañana el juez Claudio Bonadio pidió el procesamiento y desafuero de la senadora nacional y ex presidenta Cristina Fernández. Además ordenó las detenciones de algunos de sus ex funcionarios, entre los cuales están Carlos Zannini y Héctor Timerman.

Bonadio lleva adelante la causa inventada a partir de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Éste fue responsable de la Unidad de Investigación AMIA por más de una década. En enero de 2015, denunció a la entonces presidenta y a varios funcionarios nacionales por presunto encubrimiento en el atentado a la mutual judía.

El fundamento de la acusación residía en la firma del llamado Memorándum de Entendimiento con Irán. Éste acuerdo, firmado en 2013, establecía una suerte de marco común de investigación.

Entre otros puntos, ese acuerdo establecía la creación de una Comisión de la Verdad, compuesta por juristas internacionales. Al mismo tiempo habilitaba al juez Rodolfo Canicoba Corral y al mismo fiscal Nisman, a interrogar a quienes se consideraba sospechosos iraníes.

En Argentina, el acuerdo fue aprobado por las dos cámaras legislativas nacionales. La “acusación” de Nisman, de haber sido coherente, debería haber sido dirigida también contra los 131 diputados y los más de 30 senadores que le dieron el visto bueno a la medida.

Sin embargo, en Irán, el Parlamento de ese país nunca lo aprobó. Por lo tanto, en términos reales, el Memorándum nunca entró en vigencia.

La decisión de impulsar la firma de ese pacto fue realizada por el kirchnerismo como forma de acompañar un giro en la política internacional por parte de EE.UU. hacia un mayor acercamiento con Irán. Nisman fue parte de las negociaciones para lograr la firma del mismo.

Así lo señaló, en enero de este año, Apemia (Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA) que en un comunicado denunció la manipulación que implicaba la reapertura de la investigación judicial.

Allí se recordó que “el paso del tiempo ayudó a olvidar y ha ocultado varias verdades. La primera de ellas trata del apoyo y la participación que Nisman y DAIA/AMIA tuvieron durante los dos años (2011/2012) de negociación de un acuerdo con Irán cuando aún no existía el Memorando. La negociación era conocida y tuvo estado público aunque los términos del futuro acuerdo aún eran secretos (…) Otra de esas verdades: ni bien se conoció el resultado de esas negociaciones secretas, el fiscal y DAIA/AMIA se expresaron a favor del Memorando (2013) (…) Nisman tardó otros dos años hasta presentar su denuncia en 2015”.

La investigación sobre el atentado de la AMIA, que dejó decenas de víctimas, se mantiene sin resultados desde el momento de los hechos.

Durante más de dos décadas, los distintos gobiernos profundizaron la situación de impunidad y encubrimiento. El mismo juez Bonadio fue apartado en 2005 de la investigación por su manifiesta parcialidad.

La utilización política de la causa AMIA solo revela el desprecio del poder político por las víctimas del atentado. El uso político de la causa por parte de los diversos gobiernos solo sirvió para perpetuar el encubrimiento.

Para avanzar en una investigación que verdaderamente termine con la impunidad es necesaria la apertura de todos los archivos secretos en poder del Estado. Solo mediante la puesta en pie de una comisión investigadora independiente se puede dar pasos en ese camino.

pablo13 escribió:(...)Fue firmado por el gobierno kirchnerista en 2013, aprobado en las dos cámaras del Congreso pero nunca entró en vigencia.

Razion escribió:Una vergüenza. Cipayismo pro-israelí. Encima el juez, por lo que escuché, se carga a Interpol.

ATENTADO A LA AMIA
Bonadio: un fallo que miente desde la primera oración
El fallo de Bonadio que justifica las detenciones ilegales de varios exfuncionarios parte de afirmar la responsabilidad de Irán en el atentado de 1994. Pero eso nunca fue demostrado.
Mirta Pacheco
Sábado 9 de diciembre

El fallo de Claudio Bonadio, el juez pistolero, desencadenó un terremoto político con las detenciones ordenadas de Carlos Zannini, Héctor Timerman, Fernando Esteche y Luis D`Elía, y el pedido de desafuero y detención a Cristina Fernández de Kirchner. Se basa, para este fallo en la acusación que hiciera el fallecido fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, sobre la culpabilidad de miembros del gobierno –en ese momento- iraní, del atentado a la mutual judía ocurrido en 1994.

De ahí desprende la acusación de “Traición a la Patria” por la firma del Memorando de Entendimiento con Irán, que según Claudio Bonadio sirvió para ocultar la responsabilidad de los ex funcionarios iraníes. El juez, recordemos, está entre quienes tienen más recusaciones en la historia del Poder Judicial y fue uno de los jueces de la servilleta de Corach.

Afirmaciones sin prueba alguna del fallo que son posiciones políticas del juez

Refiriéndose al Memorando con la República islámica de Irán, Bonadío afirma que “se demostrará la existencia de contradicciones e inconsistencias criminales entre los objetivos declamados -un avance definitivo en la "causa A.M.I.A."- y los obtenidos realmente –impunidad de los responsables- (resaltado nuestro), en un proceso donde la parte Iraní evidentemente cumplió sus expectativas y logró, en principio, su objetivo perseguido por largo tiempo, que fue que la República Argentina no lo señale como un Estado terrorista que promueve y financia organizaciones terroristas”
En este fallo Bonadío da por cosa juzgada la responsabilidad de Irán en el atentado de 1994. Las “pruebas” serían las aportadas por servicios de inteligencia como la CIA y el Mossad israelí.

Se basan para eso en un ejercicio hipotético deductivo, como si el juzgamiento de personas o hechos tuviera que ver sólo con “deducciones” y no pruebas concretas. Como es conocido que Irán financiaba al Hezbollah (enfrentado al Estado colonialista de Israel) y como el atentado a la AMIA fue un acto terrorista contra una organización israelí, de ahí “se desprende” que la República Islámica de Irán fue la autora intelectual de la muerte de las 85 personas ese 18 de junio de 1994.

Ese método está muy bien para las ciencias. Pero ya la historia nos enseña que usar ese método hipotético deductivo nos puede llevar a conclusiones falsas, aún con premisas verdaderas. Imaginémonos que sería para un juicio aplicar solo este método para juzgar, sin prueba alguna. Esto es precisamente lo que hizo Bonadío.

Los acusados iraníes

Parte del fallo dice que “así, en el marco de la citada causa la Justicia argentina determinó que las máximas autoridades iraníes de 1994 habrían tomado la decisión de atentar contra la sede central de la A.M.I.A. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (…), por lo que se dispuso la captura nacional e internacional de los ciudadanos iraníes Ali Akbar Hashemi Bahramaie RAFSANJANI (Presidente de Irán), Ali FALLAHIJIAN (Ministro del Interior, Seguridad e Inteligencia), Ali Akbar VELAYATI (Ministro de Asuntos Exteriores), Mohsen REZAI (Jefe de la Guardia Revolucionaria), Ahmad VAHIDI (Jefe del Fuerza Al Quds y ex Ministro de Defensa), Mohsen RABBANI (Agregado Cultural de la Embajada de la República Islámica de Irán en Argentina), Admad Reza ASGHARI (Tercer Secretario de la Embajada de la República Islámica de Irán en Argentina) y Hadi SOLEIMANPOUR (Embajador de la República Islámica de Irán en Argentina) y el ciudadano Libanés Imad Fawaz MOUGHNIEH (Jefe del Servicio Exterior de Hezbollah), registrándose circulares de notificación roja en INTERPOL respecto de FALLAHIJIAN, REZAI, VAHIDI, RABBANI, ASGHARI y MOUGHNIEH.-

Todas las “pruebas” de las que se dispone en la causa son una llamada telefónica de Mohsen Rabbani a una mezquita capitalina y unas fotografías tomadas en 1993, por la ex SIDE, donde al agregado cultural iraní se lo ve en una concesionaria de la Av. Juan B. Justo de Buenos Aires, consultando por una traffic. Resulta absurdo pensar que si un funcionario de un Estado está orquestando un atentado con una camioneta, sería él mismo el encargado de comprarla.

Otro de los acusados es Hadi Soleimanpour, que en 1994 era embajador de Irán en nuestro país.

El ex juez Galeano (destituido en 2005 e imputado por haber tramado la paga de 400 mil dólares a Telleldín) pide la extradición a Gran Bretaña en 2003 (en esa época Soleimanpour vivía en ese país). El gobierno inglés niega esa extradición por considerar que las “evidencias” presentadas contra el acusado eran “insuficientes”. El pedido de extradición se basaba en declaraciones que el juez de la causa había tomado a supuestos disidentes del gobierno iraní. Para la Justicia y el gobierno británicos, nunca alcanzaron para configurar un “estado de sospecha”. Esto le costó al Estado argentino 10.000 dólares que fue obligado a pagar por acusaciones infundadas.

Así es como Bonadío arma un fallo con afirmaciones políticas más que jurídicas, basándose en “pruebas” aportadas en la causa AMIA por agentes de inteligencia norteamericanos, respondiendo al Departamento de Estado de ese país, y de Israel que tenían y tienen en Irán a un claro enemigo político.

Memorando de entendimiento

La imputación de “traición a la patria” basada en la firma del Memorando con Irán por el gobierno de CFK, refrendado por el Congreso Nacional, por lo cual todos los parlamentarios que votaron ese acuerdo tendrían que estar imputados, es por lo menos ridícula teniendo en cuenta que ni el Estado comandando por el kirchnerismo en ese momento, ni sus funcionarios tuvieron algún tipo de contraprestación por haber cometido “traición”. Además de que tampoco tuvo el efecto de que Interpol bajara las alertas rojas (pedidos de captura) de los iraníes.

Fue una medida política que Cristina Fernández de Kirchner encontró para ponerse a tono con lo que sería meses más tarde sería el giro del gobierno norteamericano en relación al país persa, además de correr de foco localmente, la responsabilidad del Estado argentino.

El Memorando, el efecto que sí tuvo –para Irán ninguno, porque nunca lo llegó a implementar-, fue que continuaba negándose la apertura de todos los archivos secretos de inteligencia sobre esta causa. Lo que hasta el día de hoy provoca que además de las víctimas fatales de aquel ominoso día de la voladura de la mutual, también sus familiares sean víctimas de no poder acceder a la verdad.

Mientras tanto uno de los miembros más oscuros del Partido Judicial, que dentro de un mes se jubila y por lo tanto no corre riesgo de ser recusado y posteriormente destituido, es el mascaron de proa de la persecución política a la oposición. Todo bien PRO.

La víctima número 86 del atentado a la AMIA: la verdad y la justicia.

BONADÍO, UN INCONDICIONAL DE LA CORRUPCIÓN Y AHORA APRENDIZ DE BRUJO

El fallo de Bonadío que ordena la prisión preventiva de varios ex funcionarios y dirigentes kirchneristas y de la ex Presidenta, incluido su desafuero, ha puesto en evidencia una crisis del conjunto del régimen político – que el gobierno macrista ha buscado resolver a su favor desde el mismo día de su inauguración. Bonadío es un juez federal que estuvo al servicio de la llamada “servilleta de Menem”, también denunciado por encubrimiento de la causa del atentado terrorista a la Amia y siempre funcional al gobierno de turno – incluido el kirchnerista. Aunque la sentencia de Bonadío se refiere a la firma del Memorándum con Irán, a la que caratula como “traición a la patria”, su carpeta tiene activos numerosos casos de corrupción que afectan a ex funcionarios del kirchnerismo, especialmente a CFK, y que también podrían culminar con órdenes de prisiones preventivas y pedidos de desafueros.

“Judicialización” y “acuerdo democrático mínimo”

La ‘judicialización de la política’, por parte de Bonadío, comenzó con el procesamiento del directorio del Banco Central y del gabinete kirchnerista, por los contratos de futuros contraídos a un tipo de cambio considerablemente inferior al del mercado paralelo. Luego avanzó en temas como Hotesur, la ‘ruta del dinero’ o los patrimonios injustificados de ex funcionarios. Los casos de ‘Ciccone’ Boudou, Lázaro Báez y José López dejaron al desnudo la vulnerabilidad ‘ética’ de la ex administración, como ocurrió enseguida después con Cristóbal López y el grupo Indalo. El caso de la muerte del fiscal Nisman podría ocupar, en cualquier momento, el centro mismo de la crisis política. En el caso del Memorándum, el mismo Bonadío reconoce que no tiene pruebas suficientes para encarcelar, pero las sustituye por el concepto de su propia “convicción” y por resoluciones de Cámara que permiten dictar la preventiva por la mera sospecha de que el procesado podría interferir en la investigación. Desde que gobierna Macri, la prisión preventiva se ha convertido en rutina, que será revertida en instancias superiores, por lo menos en los casos más discutibles. Políticamente, será un toma y daca.
La primera línea de defensa de la cúpula K fue sostener que el gabinete no puede ser responsabilizado por las irregularidades y delitos de los escalones inferiores – una competencia que cabría a los organismos de control. Recientemente, con Raúl Zaffaroni a la cabeza, lanzó una campaña “contra la persecución” y por “defensa del estado de derecho”, que consiste en reivindicar la libertad ambulatoria de los procesados hasta la sanción de una condena definitiva por parte la Corte Suprema. En esta línea, ha venido reclamando al macrismo lo que denomina un “acuerdo democrático mínimo” – una suerte de pacto de gobernabilidad.

La llamada “judicialización de la política”, por parte del macrismo y la justicia federal, es parte de una estrategia para desmembrar al Frente para la Victoria y al pejotismo, o sea profundizar el proceso de desbande iniciado por Massa, en 2013, y por Bossio luego de las elecciones de 2015, ahora con el auxilio del poder judicial. El propósito es, en primer lugar, viabilizar los proyectos de leyes del gobierno en el Congreso, como ha ocurrido hasta ahora, y, en segundo lugar, neutralizar y cooptar a gobernadores y dirigentes del justicialismo para asegurar al macrismo una reelección y un mandato de ocho años. La ofensiva judicial contra los más altos funcionarios kirchneristas y contra CFK es una tentativa de reconfigurar un régimen político inviable y en crisis.
Esta es la caracterización de conjunto que deben tener en cuenta los trabajadores que no quieren quedar atrapados por una disputa ajena a sus intereses fundamentales. Al fin de cuentas, todos los bloques del Congreso han sido serviciales al macrismo, y la propia CFK desechó la realización de movilizaciones populares contra los planes anti-obreros, en función de un presumido éxito en las elecciones parlamentarias, en las que fue derrotada, y en las futuras presidenciales. La burocracia sindical, alineada con las diversas alas del FpV, ha actuado como un freno inconmovible a la lucha de los trabajadores.

‘Estado de derecho’ y ficción constitucional

La ‘judicialización de la política’ no es un cuerpo extraño al sistema político – todo lo contrario. En el sistema constitucional, el poder judicial opera como árbitro último del régimen político, incluyendo la determinación de si un proceso político es judicializable. En numerosos países este rol lo cumple una Corte Constitucional, a la que se puede recurrir en forma directa; en otros, la Corte Suprema puede hacer lo mismo en caso de litigios específicos. En todos estos sistemas, los guardianes del orden jurídico son vitalicios.
De un modo más amplio, se debe señalar que en todos los lados el Poder Judicial está entrelazado con los estudios de abogados de los mayores monopolios, de donde incluso se reclutan los magistrados. En resumen, en lugar del piadoso pedido de que la Justicia actúe de acuerdo a la Constitución, todo obrero consciente debe reclamar la elegibilidad y revocabilidad del Poder Judicial, en el marco de un Estado basada en la soberanía política de los trabajadores. Asimismo, debe caracterizar las acciones judiciales en función de los antagonismos de clase y no de principios abstractos – como ocurre con los numerosos trabajadores procesados por sus luchas clasistas, incluidos los piquetes y las ocupaciones de empresas.
Los K reclaman, asimismo, el derecho de los procesados a evitar la prisión hasta la sanción de una condena definitiva, pero es este ‘derecho’ el que explica la impunidad de los delitos de los grandes jerarcas o empresarios, cuyos abogados alargan las causas hasta el infinito para obtener la prescripción de los delitos. Es lo que ha ocurrido en los fraudes IBM-Banco Nación, o los relativos a la deuda externa, como en los casos de Cavallo o Sturzenegger. Nuestro partido, en cambio, el Partido Obrero, obtuvo la preventiva contra José Pedraza, responsable del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, hasta que fue definitivamente condenado por un Tribunal Oral. Aquí, de nuevo, tenemos la obligación de caracterizar los litigios judiciales en términos de lucha de clases – de ninguna manera en los de las abstracciones jurídicas. El “acuerdo democrático mínimo” que ha propuesto Zaffaroni representa, por eso, la oferta de un pacto de complicidades recíprocas con el macrismo.

Argentina: rehén de guerras imperialistas

En la enmarañada puja que se está desarrollando en un sistema político en disgregación, el tema del Memorándum con Irán ocupa un lugar especial. De un lado, tiene que ver con alineamientos políticos internacionales, del otro con una pelea de servicios de inteligencia extranjeros, que en su momento produjo la crisis de la Side con el kirchnerismo y luego fue determinante en la muerte del fiscal Nisman. Todos los que se han pronunciado sobre el tema han reconocido el carácter anti-iraní y pro-sionista de la gestión de Néstor Kirchner, que habría sufrido un giro de 180° luego de su muerte. Lo que resalta de todo este tema es que desde el envío de armas a Croacia, en la guerra de Yugoslavia, y el apoyo a la Guerra del Golfo, en 1991, Argentina se involucró en las guerras imperialistas y reaccionarias. La crisis de régimen político, en Argentina, se encuentra ampliamente vinculada a su dependencia de los poderes imperialistas y sus guerras.

Menem y la Daia, bajo la dirección de Rubén Beraja, se encargaron por esta razón de encubrir las responsabilidades del atentado terrorista contra la Amia, bajo la dirección de los servicios de espionajes extranjeros. Por eso todos los gobiernos sucesivos han impedido la apertura de los archivos secretos que contienen la información vital sobre lo ocurrido. Macri pretende, ahora, convertir al grupo de investigación del atentado en un grupo de investigación del terrorismo, en función de la política norteamericana, que viene de antes del gobierno de Trump. Macri ha firmado acuerdos militares con el primer ministro sionista Netanyahu – no todos de conocimiento público. La acusación a CFK, por “traición a la patria”, suena ridícula cuatro años después del rechazo del Memorándum por parte del parlamento de Irán. La participación de Irán en el atentado ni siquiera se encuentra debidamente probada.
La pugna por realinear a Argentina con el imperialismo yanqui y con Trump tiene un alcance continental, como lo acaba de probar el pedido de bloqueo a Venezuela, por parte de Macri, al gobierno de Estados Unidos. Harina de otro costal será como el macrismo concilia esta posición con la dependencia económica y comercial creciente de Argentina con China y Rusia (cuando Trump insiste en bloquear el ingreso del biodiesel de Argentina al mercado norteamericano). La cuestión fundamental sobre el Memorándum no es su judiciabilidad, sino el alineamiento de Argentina con el imperialismo y con sus guerras.

La ‘tercera posición’ elegida por CFK al buscar un acuerdo con Irán para clarificar el atentado terrorista contra la Amia en un tercer país, ha fracasado miserablemente y ha sido funcional a los acuerdos firmados por el G5 más 1 (USA, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Rusia) con Irán, para organizar un reparto de influencias en el Medio Oriente. El régimen iraní apoyó la invasión yanqui a Afganistán y acaba de intervenir contra el planteo kurdo por la independencia del norte de Irak.
En función de sus propios intereses, Irán participa de coaliciones cambiantes con el imperialismo; ahora mismo se encuentra discutiendo con Putin y Erdogan un reparto de Siria. Bonadío tuvo, además, la ocurrencia de dar a conocer su dictamen el mismo día en que Trump resolvió apoyar la anexión de Jerusalén por parte del estado sionista.
En oposición a la pelea distorsionada sobre el Memorándum, defendemos la lucha antiimperialista de masas en el Medio Oriente, por la Unidad socialista de todos sus pueblos.

“Fuego amigo”

El fallo de Bonadío, sin embargo, ha sido recibido con reticencia por el macrismo. La razón es que torpedea la alianza con el pejotismo que lidera Pichetto, quien acaba de formar un bloque separado de los K. Quien expresó esta decepción fue el macrista Pinedo, titular del Senado, quien condicionó la ejecución del desafuero a un acuerdo político con el peronismo, que incluirá al bloque K. Esta inesperada ‘crisis parlamentaria’ ocurre cuando los medios transmiten el creciente repudio popular por el despojo a los jubilados e incluso a la reforma laboral. El fallo ha creado un impasse parlamentario relativo a la agenda anti-obrera del gobierno. Este cuadro político, a sesenta días de la victoria electoral del macrismo, pone en evidencia la vulnerabilidad de los avances políticos del gobierno.
Economistas con cierta notoriedad han declarado que el endeudamiento creciente del Estado es inviable en un plazo relativamente corto y que la crisis potencial superará todo lo que ya ha visto Argentina. El impasse económico, cada vez más manifiesto, encuadra todos los aspectos de la crisis política. El gobierno se debate entre formar, por una parte, un gobierno de coalición, que no le aseguraría sin embargo un segundo mandato, y un método de acoso permanente, por el otro, que podría quebrar el precario andamiaje que lo sostuvo desde finales de 2015.
Este cuadro visualiza mejor el rol de contención de la burocracia sindical – el factor más importante de la crisis que atraviesa el movimiento obrero. Una parte de la izquierda ha salido a manifestar junto al kirchnerismo en nombre del mismo programa de los K- el estado de derecho y la democracia, escondiendo la crisis de conjunto del régimen político, las repercusiones de esta crisis en el gobierno y la prioridad que tiene, para los trabajadores, derrotar las ‘reformas’ previsionales y laborales.

Se toman en cuenta los aspectos distraccionistas de la crisis en detrimento de una lucha de clases contra el gobierno y todo el sistema político que lo apoya, sea en forma directa o por medio de compromisos de distinto alcance.
Es necesaria una gran clarificación política. No más trampas ‘alternativistas’ entre corrientes que son defensoras históricas del capital.

Jorge Altamira