La violencia institucional en las cárceles argentinas dejó de ser un hecho aislado

¿Cuándo lo fue?

Las cárceles de acá, de toda latinoamérica, del oriente europeo, del sur europeo, del continente africano, del asia-factoría del imperialismo son campos de exterminio por la simple razón que el capitalismo periférico no puede mantener manterialmente a sus encarcelados y sale más barato la "solución final".

Un plato menos en la mesa de la (U7) de Chaco equivale a un flan mixto (dulce de leche y crema), con opción a repetir, en una cárcel de Suiza.

Así de simple y sin ideología.

Saludos.

Mas alla de cierta baranda Enrico Ferri  y el claro sentido clasista que se advierte en el sistema penal, es en estos casos tan evidente que los posmos y demas no pueden hacerse los pelotudos. La baranda Enrico Ferri tambien se siente en algunos sectores que se dicen de izquierda, es muy comico pero sucede. Resulta que quienes cometen delitos son los pobres.

Al final parece ser que no tienen las manos tan atadas eh.

Blood escribió:¿Cuándo lo fue?

El incremento total de presos en los ultimos 20 años en relacion a la poblacion es un poco inmenso. Si bien no concuerdo con el titulo de la noticia, lo cierto es que las condiciones si se han endurecido

http://www.redaccionsantafe.com.ar/index.php/locales/2241-atentado-a-bonfatti-no-es-cierto-que-hayan-reformado-la-policia-ni-afectado-el-narcotrafico
Así lo aseveró Enrique Font, reconocido criminólogo y ex secretario de Seguridad Comunitaria de Hermes Binner, al analizar las posibles causas y el contexto del grave ataque a la casa del mandatario. Sostuvo que no hay que descartar la hipótesis de una interna policial porque “el gobierno juega con un sector que le entrega algunas caras visibles” del negocio de las drogas ilegales, pero que esa línea uniformada “antes y ahora arregla recaudación” con las organizaciones delictivas.



Radio Nacional Santa Fe entrevistó este martes con el experto en política criminal Enrique Font sobre el conmocionante suceso ocurrido el viernes en la vivienda de Antonio Bonfatti en la ciudad de Rosario. Así fue el diálogo.

-¿Cuál es el análisis que hace del atentado a la casa del gobernador?

En primer lugar, volver a repudiar lo sucedido, que es muy grave y muy serio, y volver a manifestar la solidaridad con el gobernador y su familia. Por suerte todo el arco político y social ha sido muy contundente en el repudio. Dicho esto, ya hay análisis políticos diversos circulando. Lo mejor que puede hacer uno si está preocupado por un hecho de esta gravedad es tratar de identificar en qué contexto, cómo y por qué. Es esencial para por ejemplo entender de dónde vienen y evitar que se repitan.

Hay dos posiciones. Hay una visión más bien mistificante, celebratoria, de que el gobierno está trabajando bien y por eso le ocurre lo que le ocurre. Hay otras lecturas, mucho más matizadas, entre las que yo me enrolo, que no compran este discurso triunfalista en una situación tan preocupante como lo es el atentado a tiros a la casa del gobernador.

-¿Cuáles serían estas dos posiciones?

La visión oficial, que reproducen algunos periodistas, es: el gobierno está haciendo una reforma policial profunda, se ha metido adecuadamente en el tema del narcotráfico y de ahí vienen estas reacciones. Hay que desmentir punto por punto estas afirmaciones.

Primero, no es cierto que el gobierno esté haciendo una reforma policial. La han anunciado varias veces, pero en la práctica no la han hecho. Lo que han hecho es una ampliación impresionante de la planta política del ministerio. Para que se den una idea: cuando se fue (el primer ministro de Seguridad del gobierno de Hermes Binner, Daniel) Cuenca de la gestión, en diciembre de 2009, había menos de 30 funcionarios; hoy, si uno suma asistentes técnicos, contratos y consultorías hay casi 90 funcionarios. Es una cosa escandalosa. Y todos los funcionarios que han designado es gente que no tiene la más mínima idea ni experiencia en cuestiones de Seguridad. Es decir, se han creado áreas como por ejemplo Director de Proximidad Policial; o sea, anuncios y anuncios y anuncios.

Segundo argumento: que se está librando una lucha contra el narcotráfico en Rosario. Hay que ser bastante más modestos y decir que lo que se ha hecho en realidad es responder, en un contexto electoral, a una situación compleja que se les venía encima porque no estaban haciendo nada. Y los datos para sostener que no se estaba haciendo nada son: los homicidios en la ciudad de Rosario al día de hoy son 180, es decir que ya superamos el record del año pasado; y la fuerte participación policial en el negocio de la narcocriminalidad. Nada se ha hecho sobre estos dos temas, más allá de la estrategia vergonzante del secretario de Seguridad Comunitaria actual (Ángel Ruani) de montar el circo de derrumbar bunkers con una topadora.

De repente se encontraron a semanas de las elecciones con el asesinato de Ariel “Pájaro” Cantero, una persona reconocida por su pertenencia a “Los Monos”, y los días posteriores con una seguidilla de asesinatos con claro sello sicario y a plena luz del día en zonas donde habitualmente no ocurre. Y eso los llevó a realizar operativos con órdenes de allanamiento dictadas por un juez provincial en un tema que es de clara competencia federal. Eso es lo que se muestra hoy como una exitosa lucha contra el narcotráfico. En la práctica lo que hemos visto, analizando con gente de la universidad trabajando en el territorio, es que el tema del narcotráfico no ha sido afectado, sigue funcionando. Los puntos de venta se habrán movido de lugar, otros no, el dinero sigue fluyendo a la policía, la policía sigue cobrando sumas de dinero semanales para dejar funcionar los bunkers…

-¿Usted dice que los narcotraficantes en la provincia no se sienten molestos?

-Obviamente quienes están presos y han sido objeto de intervención se sienten molestos, sin dudas. Pero el negocio del narcotráfico sigue pleno y vigente, con los puntos de venta y la recaudación ilegal que recolecta la policía. Entonces: no es cierto que hayan hecho una reforma y no es cierto que hayan afectado el narcotráfico. Lo que hicieron, que es sumamente preocupante, es jugar con un sector de la policía, a la que no controlan, a la que le tienen hasta cierto temor de intervenirla, que es la que le pasa la información y les entrega algunas caras visibles de estas bandas, pero no se corta el negocio. Y hay otro dato más que es extremadamente preocupante: hay varias personas detenidas por el juez de Instrucción (4° de Rosario, Juan Carlos) Vienna acusadas de distintos delitos, que inicialmente lo presentaron como narcocriminalidad y después se dieron cuenta de que se estaban metiéndose en una materia en la que la Justicia provincial no le compete, y ahora hablan de investigación de homicidios. No se ha dictado un solo procesamiento. Esto marca a las claras que fue una intervención de apuro ante una situación básicamente de llegada de las elecciones. Éste es el contexto en el que hay que entender el preocupante atentado a tiros al gobernador.

-Si usted dice que el gobierno juega con un sector de la policía, entonces no hay que descartar ninguna hipótesis en este sentido vinculada al atentado…

-Por supuesto. El gobierno no hizo la reforma policial, que es lo que todos esperábamos que hiciera por lo menos en la gestión Bonfatti. Retrocedió con la gestión de (el ex ministro de Seguridad de Binner, Álvaro) Gaviola, siguió retrocediendo durante la gestión de (el primer ministro de Seguridad de Bonfatti) Leandro Corti, y cuándo nombra a un ministro que es claramente del riñón político como es Raúl Lamberto en lugar de hacer una reforma llenó de militantes partidarios el ministerio y garantizó un nivel de autonomía policial muy significativo. Cuando la policía no está reformada, las aventuras como las que han hecho con “Los Monos” en Rosario se hacen con el sector con el que se arma un acuerdo. Yo sé quién es, no lo quiero mencionar porque está siendo investigado… Pero es público y notorio que hay un sector que le fue a vender el paquete al gobierno, el gobierno lo compró, negoció con ese sector, y es el que les está diciendo a quién se voltea, cómo y dónde, que está jugando la interna. Es un sector que antes y ahora arregla recaudación con el narcotráfico. En esta aventura se ha metido el gobierno de manera torpe y apresurada. Las actividades criminales de estas organizaciones no han sido afectadas, salvo que algunos de sus referentes se encuentran detenidos, en prisión preventiva, por una Justicia provincial que no le ha dictado procesamiento firme y que en muchos casos, cuando estas causas lleguen a la Justicia Federal, es muy probable que se declaren nulidades porque se investigaron hechos de narcocriminalidad por jueces provinciales.


(PD:A todo esto Enrique Font es profesor mio, de chusma lo cuento)

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-231199-2013-10-14.html

Sin intérprete y en manos de la Justicia
La detuvieron hace tres años y recién ahora le explicaron por qué la imputaban. Hace sólo un mes le designaron intérprete. En la Justicia no hay registro para traductores del idioma quechua.







Por Horacio Cecchi
Mana imatapas unanchani. El lector, con toda razón, se quejará de no entender nada de lo que se acaba de decir. A Reina Maraz le ocurre algo parecido. Seguramente peor. Porque no es ella sola la que no entiende lo que le dicen sino tampoco los jueces que la juzgan. Nacida hace 25 años en Avichuca, una comunidad ki-chwua de Bolivia que con dificultad aparece en los mapas, su lengua madre es el quechua. Migrante de la árida montaña boliviana, a los ocho meses de instalarse en un horno de ladrillos en Florencio Varela fue detenida, acusada de homicidio agravado. Aunque sabe lo que hizo, su explicación de los motivos que la llevaron a hacerlo es tan inaccesible como la distancia que separa al tribunal bonaerense de las montañas chuquisaqueñas donde pastorean las llamas. Si bien Reina entiende el español, es una lengua claramente ajena para ella, y mucho más la jerigonza del lenguaje jurídico hispano/latino, que resulta inentendible para el argentino medio. Y se agrega el problema de que los jueces y fiscales que la juzgan entienden menos del quechua que lo que Reina del español, aunque sea ella la pensada analfabeta. El problema del que trata esta nota es que –detenida en 2010– recién después de un año de cárcel y proceso Reina pudo decirle a una intérprete, aportada por la Comisión Provincial por la Memoria, “mana imatapas unanchani” y la intérprete tradujo: “Dice que no entiende nada”. La experta recién hace un mes fue reconocida oficialmente por la Justicia bonaerense, habida cuenta de que el quechua no existe en los listados para asistir a los acusados. En el día del respeto a la diversidad cultural, la balanza de la Justicia está en déficit con buena parte de su clientela.

Uno de los derechos básicos que asisten a los acusados en un proceso penal es entender aquello por lo que son imputados, lo que se le proyecta en su horizonte de vida, y la asistencia de un defensor para representarlo en el proceso. Reina Maraz Bejarano fue detenida y trasladada a la Unidad 33 de Los Hornos en noviembre de 2010, acusada provisoriamente de homicidio agravado, homicidio criminis causa; homicidio agravado por el concurso de dos o más personas. Si lo penal está aceitado, lo que tiene que ver con el Derecho suena a bisagra vieja: a Reina la estacionaron en el penal y recién en 2011, en una visita de monitoreo, la CPM se contactó con ella y detectó que no entendía el castellano con facilidad.

En el mismo mes, la Dirección de Litigios Estratégicos y del Programa de Pueblos Originarios y Migrantes de la CPM asistió nuevamente a Reina, esta vez con la intérprete de quechua Frida Rojas. “Por primera vez, a un año de ser arrojada a un pabellón de la UP 33, Reina Maraz pudo hablar en su lengua de su situación y conocer las razones de su detención”, dijo a Página/12 Margarita Jarque, titular de la DLE. Cuando la CPM pidió por un intérprete en quechua, le respondieron que “solamente tenemos en inglés, francés y portugués”, como si se tratara de una visita guiada en un tour europeo...

Cuatro meses después, a instancias de la CPM se realizó una audiencia ante el juez de Garantías Nº 6 de Quilmes, intérprete de por medio. El juez dispuso la nulidad de la indagatoria que se había tomado anteriormente y ordenó realizar una nueva, con intérprete. Igual que en el caso de la lectura de derechos a un detenido hipoacúsico revelado por este diario en 2006, no es difícil imaginar el tenor de la declaración indagatoria en español de una persona que desconoce el idioma, y mucho más curioso debiera resultar la intención de averiguar la verdad de parte del investigador. En la balanza volcada, el juez hizo justicia, aunque el plazo de un año quedó cargado en los hombros de la mujer, que siguió presa. Se realizó la audiencia y Reina por primera vez entendió en qué consistía la acusación. El defensor, esta vez como estrategia y no por imposibilidad, decidió que no declare.

A todo esto, la intérprete Rojas actuaba como tal, pero fuera de expediente: su designación no era oficial porque para su intervención se requiere que se encuentre inscripta en el registro oficial. La norma tiene sentido: evitar las designaciones digitadas. Lo que no tiene sentido es que la norma sea anormal, ya que el registro oficial de intérpretes en quechua no existe. No por falta de necesidad. “El de Reina no se trata de un caso aislado sino que, atento a la extendida población migrante en nuestro país, e inmigrante particularmente, en la provincia de Buenos Aires existe un universo de personas que atraviesan circunstancias similares”, señaló Jarque en la presentación ante la Suprema Corte. Hasta esa instancia hubo que llegar para que Rojas, que actuaba en forma marginal por defecto de la Justicia, pudiera ser reconocida oficialmente, salteando una norma que de hecho ya era salteada, pero aparecía como si no.

La presentación se realizó a principios de este año como trámite urgente. Y recién el 5 de septiembre pasado, Frida Rojas aceptó el cargo. Formalidades que no lo son: la demora por falta de registro oficial volvió a cargarse sobre la imputada, que incluso fue discriminada y aislada por sus propias compañeras de pabellón por las dificultades que tenía para comunicarse.

Como se dijo, en septiembre, la SCJ ordenó al Tribunal Oral Nº 1 de Quilmes la designación oficial de la intérprete Rojas. El 5 de septiembre tuvo su primera audiencia ante los magistrados que la juzgarán, Alejandro Cascio, Silvia Echemendi y Marcela Vissio, en términos de comprensión accesible.

La CPM presentó simultáneamente un pedido de que se estableciera un registro de lenguas originarias bajo la supervisión de la propia Corte. “La situación de vulnerabilidad en que se encuentra Reina Maraz debería acarrear una mayor protección, y un plus de cuidados y garantías de parte de los actores estatales intervinientes.”

No en vano, Reina Maraz carga con todos los etiquetamientos posibles: mujer, indígena, boliviana, migrante y víctima de violencia de género.

Averiguación de antecedentes.

El juez Caterina se expidio sobre el habeas corpus presentado por el diputado Eduardo Toniolli ( mov. Evita) en virtud de las detenciones que sufren gran cantidad de jovenes con el argumento de "averiguación de antecedentes".

Según el Ministerio de Seguridad de la Provincia, en el año 2012 se registraron 31.622 detenciones, de las cuales sólo el 3,44% son justificadas.

El magistrado se pronuncia en contra de las detenciones arbitrarias, y señala que de ahora en más deberán hacerse cuando existan sospechas o indicios serios respecto de personas, que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un hecho ilícito.

Caterina también disponer que el Ministerio de Seguridad deberá notificar al personal policial que no podrán proceder a la detención sin orden de autoridad competente fundandola en manifestaciones genéricas o imprecisas. Por el contrario, los funcionarios deberán fundar las detenciones en referencias concretas y comprobables.




http://www.lacapital.com.ar/sinseccion/Texto-completo-de-la-resolucion-del-juez-Caterina-sobre-detenciones-por-averiguacion-de-antecedentes-20131031-0051.html

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-233328-2013-11-11.html

Médicos que no respetan el secreto profesional
La joven, denunciada por médicas del Hospital Fernández y detenida cuando aún tenía pérdidas, fue liberada pocas horas después. La detuvieron en forma ilegal porque las facultativas quebrantaron el secreto profesional.






 Por Mariana Carbajal

Una joven, de 28 años, recibió distintas formas de maltrato en el Hospital Fernández, de la Ciudad de Buenos Aires, cuando fue a la guardia con un aborto en curso. En violación a la legislación vigente y al deber de confidencialidad, una médica dio aviso a la policía, ante la presunción de que la interrupción del embarazo había sido provocada por la misma paciente. La joven fue trasladada a la comisaría 53ª de la Policía Federal, donde permaneció presa por 10 horas, cuando todavía sufría pérdidas. La actuación médica y judicial generó gran preocupación en la Defensoría General de la Nación, cuya titular, Stella Maris Martínez, comunicó los hechos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Y envió una nota a la ministra de Salud de la Ciudad y al director del Fernández, para advertirles que al denunciar a la paciente se violaron sus derechos –a la vida, a la salud, a la intimidad, entre otros– y a la vez se la sometió a violencia institucional y obstétrica, de acuerdo con los términos de la Ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
En la DGN llamó la atención la falta de capacitación del personal de salud del Fernández y la ausencia de protocolos de actuación en la Ciudad que establezcan con toda claridad que el conocimiento de hechos posiblemente delictivos en el marco de la atención de un paciente quedan bajo el amparo del secreto profesional y que les está prohibido realizar la denuncia, tal como reafirmó la Corte Suprema de la Nación en el caso “Baldivieso”.
Página/12 consultó al Ministerio de Salud de la Ciudad, y una vocera informó que “los médicos están obligados a realizar la intervención policial” ante “la presunción o evidencia de maniobras abortivas”, por indicación “de la Dirección General Legal y Técnica” de esa cartera, una orden que llamativamente es contraria a las normativas vigentes.
El caso ocurrió cuatro meses atrás pero recién trascendió ahora. La joven concurrió a la guardia del Hospital Fernández el 29 de junio, alrededor de las 13.20, con un aborto en curso. La atendieron las médicas Julieta Andrea Wainfeld y Virginia Diedrich. Ante la constatación de que el feto estaba muerto, se le practicó un parto, cerca de las 15, para expulsarlo. Pero frente a la presunción de que ella misma se había provocado la interrupción del embarazo, con pastillas, a la mañana siguiente, cuando empezó su turno laboral Rosana Elizabeth Bu-ffa, médica del área de Obstetricia del Fernández, resolvió denunciarla a la policía, según surge del expediente judicial. Tras ser alertada del caso, desde la comisaría 53ª se envió un móvil al hospital. Buffa dio de alta a la mujer para que fuera trasladada a la sede policial. Todavía no habían transcurrido 24 horas desde la intervención médica que provocara el parto.
La mujer contó a la defensora pública que la asistió que las médicas que la atendieron le hicieron comentarios condenatorios, culpabilizándola por lo sucedido y que le habrían indicado una dosis menor de medicación para el manejo del dolor, para que “sienta lo que hizo”, aunque luego la enfermera encargada le dio finalmente la dosis completa.
En el caso intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 13, a cargo de Luis Alberto Zelaya. La orden de llevar detenida a la joven la habría dado el secretario del juzgado, Juan Sebastián Schabas Madueño, según declaró en el expediente la agente policial que se comunicó con el juzgado, desde el hospital.
Según constató la defensora oficial, una vez en la comisaría la joven fue llevada a una celda de pequeñas dimensiones donde permaneció detenida durante diez horas aproximadamente, en malas condiciones y todavía con pérdidas, momento en que el juez Zelaya dispuso su libertad. La causa penal iniciada contra la mujer terminó con la declaración de nulidad de todo lo actuado y con su sobreseimiento, “por haber tomado noticia del hecho perseguido a través de un medio probatorio ilícito”. En este sentido, el magistrado consideró que el secreto médico exige a los profesionales de la salud mantener la confidencialidad sobre la información obtenida a través del vínculo profesional con su paciente. Además, agregó que el inicio de actuaciones policiales sobre la base de la denuncia presentada por los médicos tratantes también vulnera el derecho constitucional a la no autoincriminación. El fallo fue firmado el 16 de agosto. La Defensoría General de la Nación, que asistió a la joven, emitió un dictamen sobre el caso y concluyó que ese sobreseimiento “no repara las distintas violaciones de derechos humanos a las que fue sujeta ni es en sí mismo una garantía de no repetición”.
En una nota enviada días atrás, la defensora general de la Nación describió los hechos tanto al director del hospital como a la ministra de Salud porteña, Graciela Reybaud. Y les manifestó su preocupación por la actuación de las profesionales de la salud del Fernández frente a una paciente con un aborto en curso. También dio cuenta de la legislación vigente y precisó que cuando un médico, sea funcionario público o no, realiza una denuncia por hechos que conocen bajo el amparo del secreto médico, vulnera derechos contemplados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, con rango constitucional, entre ellos los derechos a la vida, a la dignidad, a la intimidad, a la salud, a la igualdad y no discriminación y la prohibición contra la autoincriminación. La DGN notificó también del caso a la Cámara del Crimen y a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, cuestionando la actuación judicial que habilitó el traslado y la detención de la paciente, sin tener en cuenta un fallo de la Corte Suprema sobre el tema (ver aparte).

Comentario personal:Considero que no procedía la nulidad de todo lo actuado y el correspondiente sobreseimiento si nos remetimos a una cuestion meramente formal, los medicos de hospitales publicos si quedan obligados a denunciar, lo que se convierte en una cuestion odiosamente clasista. Pero en fin. Tambien me parece raro que se haya impulsado el caso, es muy raro que se impulsen, al punto tal que segun me informan son muy pocos loas mujeres procesadas o privadas de su libertad por este tema.

Sino que declaren tambien inconstitucional la ley de violencia domestica ya que estamos...

Osea se está muriendo y la llevan presa. Perfecto.

Podes estar siendo procesado sin estar en la carcel.

Parece una locura estar discutiendo estas cuestiones relativas a la disponibilidad o no del cuerpo de una mujer por la propia mujer. ¿Quien pretenden que dispongan del cuerpo? ¿el Obispo? ¿Un juez? ¿El embrion? ¿El Estado?
Es uno de los casos donde se advierte el clasismo y el doble estandar de todo el entramado penal estatal. Y las actitudes reaccionarias afloran por todos los poros.

Las discusiones academicas siempre se empantanan en estas cuestiones y no ven el lado clasista y los problemas reales.

surfas escribió:Parece una locura estar discutiendo estas cuestiones relativas a la disponibilidad o no del cuerpo de una mujer por la propia mujer. ¿Quien pretenden que dispongan del cuerpo? ¿el Obispo? ¿Un juez? ¿El embrion? ¿El Estado?
Es uno de los casos donde se advierte el clasismo y el doble estandar de todo el entramado penal estatal. Y las actitudes reaccionarias afloran por todos los poros.

Las discusiones academicas siempre se empantanan en estas cuestiones y no ven el lado clasista y los problemas reales.

Éste caso fue terrible, y ejemplifica lo reaccionario de sectores del Estado. Similar, sino peor, a aquel de la muchacha que creo que tenía discapacidad mental, y fue violada, en el que en principio le permitieron el aborto, y el día anterior a realizarlo, estas "asociaciones" metieron una medida avalada por una jueza creo, que impidió que lo realizara. Luego no se si pudo hacer o no el aborto, ya que pasado determinado tiempo no se puede.
En este caso, se llenan la boca de "vida" pero no les calienta que se muera la "sospechada" de realizar un aborto. Además de juzgarla, ponen en riesgo su vida y la criminalizan. La actitud del personal de salud que intervino fue de cuarta, cuando no, criminal.

Razion escribió:

surfas escribió:Parece una locura estar discutiendo estas cuestiones relativas a la disponibilidad o no del cuerpo de una mujer por la propia mujer. ¿Quien pretenden que dispongan del cuerpo? ¿el Obispo? ¿Un juez? ¿El embrion? ¿El Estado?
Es uno de los casos donde se advierte el clasismo y el doble estandar de todo el entramado penal estatal. Y las actitudes reaccionarias afloran por todos los poros.

Las discusiones academicas siempre se empantanan en estas cuestiones y no ven el lado clasista y los problemas reales.

Éste caso fue terrible, y ejemplifica lo reaccionario de sectores del Estado. Similar, sino peor, a aquel de la muchacha que creo que tenía discapacidad mental, y fue violada, en el que en principio le permitieron el aborto, y el día anterior a realizarlo, estas "asociaciones" metieron una medida avalada por una jueza creo, que impidió que lo realizara. Luego no se si pudo hacer o no el aborto, ya que pasado determinado tiempo no se puede.
En este caso, se llenan la boca de "vida" pero no les calienta que se muera la "sospechada" de realizar un aborto. Además de juzgarla, ponen en riesgo su vida y la criminalizan. La actitud del personal de salud que intervino fue de cuarta, cuando no, criminal.

Estoy haciendo una discucion Kelseniana puramente, entre una el secreto profesional y el deber de denunciar delitos definidos como delitos de accion publica, por parte de los funcionarios del estado.
En el caso no se discutio la cuestion de fondo. Simplemente se sobreseyo porque fue nulo la manera por considerar ilegal que el medico denuncie. Si la informacion hubiera llegado al juzgado por otra via, la mujer seguia presa tecnicamente.

Cambiando de tema, vine a dejar este enlace
http://archivodecasos.com.ar/archivo/mapa/

Es informacion sobre los casos de homicidios por las fuerzas del estado

cpablo escribió:

Cambiando de tema, vine a dejar este enlace
http://archivodecasos.com.ar/archivo/mapa/

Es informacion sobre los casos de homicidios por las fuerzas del estado

Muy interesante e importante la información que da el mapa. Es para tenerlo bien presente.