El derecho a portar armas suele estar asociado con Estados Unidos de América, donde, con escasas restricciones por la ley, está plenamente reconocido. Pero en realidad sus orígenes son más antiguos, cuando en 1181 Enrique II de Inglaterra promulgó una ley que requería a todo hombre libre a tener armas al servicio del rey. Es decir, el derecho a la posesión de armas estaba ligado al servicio militar.
Un argumento favorable a la posesión de armas fue formulada por políticos como James Madison y Hamilton, que introdujeron este derecho en la constitución de los EEUU. Bajo el criterio de que un Estado que se arrogue la seguridad de sus ciudadanos es susceptible de corromperse y volverse contra ellos mismos. Por tanto, todo ciudadano debe estar en condiciones de enfrentarse al Estado armas en mano si el gobierno viola sus derechos. Los defensores también consideran que el derecho a poseer armas reduciría la delincuencia y el crimen, por tener los ciudadanos capacidad para defenderse. Por tanto, cada ciudadano ha de tener derecho a usar un arma, siempre en caso de que el Estado no pueda protegerlo.
Aunque es dificil pensar que una agrupación de ciudadanos armados podría hacer frente a un ejército profesional moderno, la realidad es que la resistencia civil en muchos territorios y colonias actualmente ocupados por ejércitos de potencias imperialistas, ha demostrado lo contrario: que las armas en manos de civiles, si bien no pueden detener la ocupación territorial, pueden generar un elevado coste político y militar al ejército ocupante persuadiéndole de su actitud. Por tanto, las armas en manos de civiles son por tanto la última línea de resistencia y defensa de la soberanía que tiene un pueblo oprimido.