Portal
POLÍTICA
El Parlamento anula los consejos de guerra sumarísimos del franquismo
JxSí, la CUP y CSQP aprobarán una ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo en que el Parlamento asume la soberanía y la legitimidad republicana
El Parlamento de Cataluña prepara un gesto legal sin precedentes. Asumirá la propia soberanía y la continuidad legítima de la legalidad republicana para declarar nulos todos los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias del régimen franquista aplicadas en Cataluña. Y lo hará con una ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo que pondrá fin a la humillación continuada de víctimas y familiares, que durante cuatro décadas han tenido vigentes los consejos de guerra sumarísimos del franquismo, porque la democracia española se ha negado a anularlos.
Esta semana, Juntos por el Sí, la CUP y Cataluña Sí se Puede presentan una proposición de ley conjunta, a la que ha tenido acceso El Mundo, en el que "se declaran nulos y sin efecto jurídico todos los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias, instruidos por causas políticas en Cataluña por el régimen franquista de acuerdo con el Bando de 28 de julio de 1936, el Decreto de 31 de agosto de 1936, el Decreto número 55 de 1 de noviembre de 1936, la Ley de 2 de marzo de 1943, la Ley de 18 de abril de 1947, el Decreto 1794/60, de 21 de septiembre, y el Decreto Ley 10/75, de 26 de agosto ".
El segundo artículo de la ley establece que el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña, "de acuerdo con la presente ley, emitirá a solicitud de los procesados o de sus familiares una certificación de la nulidad del procedimiento y sentencia correspondientes ". Se calcula que en Cataluña se llevaron a cabo unos 20.000 consejos de guerra sumarísimos, y de esta ley quedan excluidos casos como el del líder de Unió, Manuel Carrasco y Formiguera , porque fue fusilado en Burgos, o el del sindicalista anarquista Joan Peiró, juzgado en Valencia. La proposición de ley también contiene una disposición final que faculta al Gobierno de la Generalidad de Cataluña para establecer el procedimiento administrativo oportuno para el desarrollo de los certificados, y establece que los gastos que se puedan producir a cargo de los próximos presupuestos.
Responsabilidad histórica del Parlamento
La aprobación de esta ley va mucho más allá de la reparación moral de las víctimas y sus familiares. Tal y como señala en El Mundo el portavoz de la Comisión de la Dignidad, Pep Cruanyes, "significa que el Parlamento asume su responsabilidad histórica, porque la Generalitat republicana tenía las competencias en materia de Justicia, y por tanto, los tribunales que comenzó a operar en Cataluña a partir de 1938 eran ilegales, hechos contra la legalidad republicana ". Así, apunta Cruanyes, "con esta ley quedará claro que la legalidad catalana es la republicana, y no la franquista. El Parlamento deja claro que el franquismo impuso unas normas absolutamente contrarias a la legalidad republicana del Estatuto y la Constitución de la República, por lo que todos aquellos procesos son nulos ".
La ley tendrá efectos sobre las personas que fueron juzgadas y ejecutadas en Cataluña, pero Cruanyes adelanta que diversos colectivos que trabajan en el Estado por el restablecimiento de la memoria histórica y la dignidad de las víctimas del franquismo "lo miran con mucha esperanza ". Ahora bien, tal y como recoge la exposición de motivos de presentación de la ley por parte de JxSí, la CUP y CSQP, "nunca ningún gobierno español no ha hecho ningún gesto para erradicar del sistema jurídico español los simulacros de juicios llevados a cabo por motivos políticos por la dictadura franquista. Las excusas de algunas fuerzas políticas, en el sentido de no reabrir viejas heridas del pasado, son inconcebibles en un contexto democrático que no busca la revancha, sino la justicia, como así lo demostraron Alemania y Francia en su momento ".
Vinculado al proceso constituyente
En este sentido, los impulsores de la ley constatan que "la constante negativa de España a anular los consejos de guerra sumarísimos por causas políticas llevados a cabo por el régimen franquista, y singularmente el procedimiento sumarísimo contra el presidente Companys, sólo se puede entender en el contexto de una democracia débil, incapaz de reparar las personas represaliadas por motivos políticos ".
En la motivación de la ley analizada por El Mundo también se apunta que tras el 27-S, Cataluña ha iniciado "un camino constituyente propio". En este sentido, se señala que, habiendo comprobado que el Estado español durante cuatro décadas "no ha llevado a cabo actos de estricta justicia" como la anulación de los consejos de guerra sumarísimos realizados por el franquismo por motivos políticos , contra el propio presidente de la Generalitat Lluís Companys y miles de ciudadanos, "el Parlamento de Cataluña, en aplicación de la soberanía que el pueblo de Cataluña le ha concedido, debe asumir la responsabilidad que contrajo desde el momento en que se empezaron a producir los hechos en Cataluña, durante la primera legislatura, desde abril de 1938 hasta el 1975 ".
La ley que aprobará el Parlamento también es una respuesta democrática al requerimiento que en varias ocasiones han hecho las Naciones Unidas en España exigiendo "establecer mecanismos idóneos para hacer efectiva la nulidad de las sentencias en violación de los principios fundamentales del derecho y los procedimientos establecidos, durante la guerra civil y el franquismo ".
qué malos, los nacionalistas catalanes. Como dicen por aquí por el foro, se les ve una sociedad muy conservadora y manipulada
El Parlamento anula los consejos de guerra sumarísimos del franquismo
JxSí, la CUP y CSQP aprobarán una ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo en que el Parlamento asume la soberanía y la legitimidad republicana
El Parlamento de Cataluña prepara un gesto legal sin precedentes. Asumirá la propia soberanía y la continuidad legítima de la legalidad republicana para declarar nulos todos los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias del régimen franquista aplicadas en Cataluña. Y lo hará con una ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo que pondrá fin a la humillación continuada de víctimas y familiares, que durante cuatro décadas han tenido vigentes los consejos de guerra sumarísimos del franquismo, porque la democracia española se ha negado a anularlos.
Esta semana, Juntos por el Sí, la CUP y Cataluña Sí se Puede presentan una proposición de ley conjunta, a la que ha tenido acceso El Mundo, en el que "se declaran nulos y sin efecto jurídico todos los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias, instruidos por causas políticas en Cataluña por el régimen franquista de acuerdo con el Bando de 28 de julio de 1936, el Decreto de 31 de agosto de 1936, el Decreto número 55 de 1 de noviembre de 1936, la Ley de 2 de marzo de 1943, la Ley de 18 de abril de 1947, el Decreto 1794/60, de 21 de septiembre, y el Decreto Ley 10/75, de 26 de agosto ".
El segundo artículo de la ley establece que el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña, "de acuerdo con la presente ley, emitirá a solicitud de los procesados o de sus familiares una certificación de la nulidad del procedimiento y sentencia correspondientes ". Se calcula que en Cataluña se llevaron a cabo unos 20.000 consejos de guerra sumarísimos, y de esta ley quedan excluidos casos como el del líder de Unió, Manuel Carrasco y Formiguera , porque fue fusilado en Burgos, o el del sindicalista anarquista Joan Peiró, juzgado en Valencia. La proposición de ley también contiene una disposición final que faculta al Gobierno de la Generalidad de Cataluña para establecer el procedimiento administrativo oportuno para el desarrollo de los certificados, y establece que los gastos que se puedan producir a cargo de los próximos presupuestos.
Responsabilidad histórica del Parlamento
La aprobación de esta ley va mucho más allá de la reparación moral de las víctimas y sus familiares. Tal y como señala en El Mundo el portavoz de la Comisión de la Dignidad, Pep Cruanyes, "significa que el Parlamento asume su responsabilidad histórica, porque la Generalitat republicana tenía las competencias en materia de Justicia, y por tanto, los tribunales que comenzó a operar en Cataluña a partir de 1938 eran ilegales, hechos contra la legalidad republicana ". Así, apunta Cruanyes, "con esta ley quedará claro que la legalidad catalana es la republicana, y no la franquista. El Parlamento deja claro que el franquismo impuso unas normas absolutamente contrarias a la legalidad republicana del Estatuto y la Constitución de la República, por lo que todos aquellos procesos son nulos ".
La ley tendrá efectos sobre las personas que fueron juzgadas y ejecutadas en Cataluña, pero Cruanyes adelanta que diversos colectivos que trabajan en el Estado por el restablecimiento de la memoria histórica y la dignidad de las víctimas del franquismo "lo miran con mucha esperanza ". Ahora bien, tal y como recoge la exposición de motivos de presentación de la ley por parte de JxSí, la CUP y CSQP, "nunca ningún gobierno español no ha hecho ningún gesto para erradicar del sistema jurídico español los simulacros de juicios llevados a cabo por motivos políticos por la dictadura franquista. Las excusas de algunas fuerzas políticas, en el sentido de no reabrir viejas heridas del pasado, son inconcebibles en un contexto democrático que no busca la revancha, sino la justicia, como así lo demostraron Alemania y Francia en su momento ".
Vinculado al proceso constituyente
En este sentido, los impulsores de la ley constatan que "la constante negativa de España a anular los consejos de guerra sumarísimos por causas políticas llevados a cabo por el régimen franquista, y singularmente el procedimiento sumarísimo contra el presidente Companys, sólo se puede entender en el contexto de una democracia débil, incapaz de reparar las personas represaliadas por motivos políticos ".
En la motivación de la ley analizada por El Mundo también se apunta que tras el 27-S, Cataluña ha iniciado "un camino constituyente propio". En este sentido, se señala que, habiendo comprobado que el Estado español durante cuatro décadas "no ha llevado a cabo actos de estricta justicia" como la anulación de los consejos de guerra sumarísimos realizados por el franquismo por motivos políticos , contra el propio presidente de la Generalitat Lluís Companys y miles de ciudadanos, "el Parlamento de Cataluña, en aplicación de la soberanía que el pueblo de Cataluña le ha concedido, debe asumir la responsabilidad que contrajo desde el momento en que se empezaron a producir los hechos en Cataluña, durante la primera legislatura, desde abril de 1938 hasta el 1975 ".
La ley que aprobará el Parlamento también es una respuesta democrática al requerimiento que en varias ocasiones han hecho las Naciones Unidas en España exigiendo "establecer mecanismos idóneos para hacer efectiva la nulidad de las sentencias en violación de los principios fundamentales del derecho y los procedimientos establecidos, durante la guerra civil y el franquismo ".
qué malos, los nacionalistas catalanes. Como dicen por aquí por el foro, se les ve una sociedad muy conservadora y manipulada
