Una critica a la defensa socialista del capitalismo de estado

Los marxistas y el socialismo estatista


El problema de naturaleza de clase del Estado, y la compresión del significado del capitalismo de Estado es de crucial importancia para superar las concepciones oportunistas y reformistas que impregnaron la práctica de la izquierda, en nuestro país y a nivel mundial. La frase de Lenin, “la cuestión del Estado adquiere en la actualidad una importancia singular, tanto en el aspecto teórico como en el político-practico”, conserva toda su vigencia. No habrá recomposición del movimiento marxista revolucionario sin una clara compresión de la naturaleza del Estado, y en particular, del significado de sus intervenciones en la economía capitalista.

La izquierda latinoamericana tradicionalmente defendió al capitalismo de Estado como una forma superior con respecto al capitalismo y/o como un medio para acceder a una vía de desarrollo “independiente del imperialismo” que sería factible con la nacionalización de empresas públicas.

Esta concepción se incorporó a programas y políticas, junto a las infaltables referencias a la “defensa del patrimonio nacional” o “a las empresas del pueblo Chileno”.
Se consolidó así una suerte de “socialismo estatista”, manifestación vernácula de una visión del socialismo que gozó de amplio consenso en todo el mundo.

El objetivo de este articulo es someter a critica este pensamiento, al que vulgarmente se confunde con el marxismo.

Dada la extensión del tema a tratar, hemos dividido este trabajo en tres secciones.
En la primera vamos a mostrar la larga trayectoria del socialismo estatista dentro del pensamiento socialista, y su critica por los marxistas. Nos basamos ampliamente en un trabajo sobre el tema de F. Richard (1). En la segunda parte profundizaremos en aspectos teóricos que ayudan a comprender el papel económico de las nacionalizaciones bajo el capitalismo. Por último, en la tercera examinaremos el papel de las nacionalizaciones en los Estados dependientes y esbozaremos algunas conclusiones políticas.

PRIMERA PARTE

Elementos para una historia del socialismo estatista y su crítica por el marxismo

El socialismo estatista y la critica de Marx y Engels

Marx y Engels combatieron los puntos de vista del socialismo estatal, pensamiento que era muy fuerte en las filas del movimiento obrero alemán bajo el gobierno de Bismark.
Bismark utilizaba al Estado para implementar una serie de reformas sociales y para nacionalizar ciertas industrias; esto era considerado progresivo por amplios sectores de la sociedad alemana.
La socialdemocracia tenia una reapuesta ambigua a estas medidas, porque las interpretaba como un paso hacia el socialismo. En el verano de 1880 aparecieron artículos en “Sozialdemokrat” que apoyaban el monopolio del tabaco, porque “causa daño a la burguesía”... “mejora la situación de la clase obrera” y “allana el camino, económica y moralmente, a la socialdemocracia”. El artículo consideraba que el monopolio era un paso para acabar con el orden social existente.

Esta era una posición que se alejaba considerablemente de la concepción de Marx sobre el papel del Estado capitalista. “En Capital” Marx explica cómo de terminados emprendimientos muy grandes –construcciones ferroviarias, puestos y cales, etc- que no podían ser financiados por el capital privado, debían ser encarados muchas veces por el Estado; aquí la intervención económica del Estado favorecía el desarrollo capitalista, pero esto nunca podía ser concebido como una medida en sí misma socialista, o que afectara a la burguesía.
En este sentido se puede establecer un paralelo con la evolución marxista del papel de las sociedades anónimas; para Marx las sociedades anónimas suprimen dentro del propio régimen de producción capitalista el régimen capitalista; son una “especie de producción privada pero sin el control de la propiedad privada” –“una contradicción que se anula a si misma”- y aparecen “prima facie como simple fase de transición hacia una nueva forma de producción” (“El Capital”, libroIII).

Pero su aparición no acerca al movimiento obrero al socialismo, sino que por el contrario, “crean una nueva aristocracia financiera, una clase de parásitos...”.
Lo mismo podemos decir de las empresas públicas. Responden a necesidades del capitalismo que en cierto sentido anulan la propiedad privada dentro del propio régimen capitalista, aunque de hecho lo fortalecen. Màs aùn, Marx expresó en diversas oportunidades su convicción de que cuando el capitalismo se desarrollara suficientemente, estas grandes obras públicas volverían a ser tomadas por el capitalismo privado.

Engels también criticaba a quienes creían ver en toda nacionalización una medida socialista con estas palabras (2): “...desde que Bismark se dedico también a estatizar, se ha producido cierto falso socialismo -que ya en algunos casos ha degenerado en servicio al Estado existente- para el cual toda estatización, incluso la bismarckiana, es sin más socialista. La verdad es que si estatización del tabaco fuera socialista, Napoleón y Metternich deberían contarse entre los fundadores del socialismo. Cuando el Estado belga construyó sus propios ferrocarriles, por motivos políticos y financieros muy vulgares, o cuando Bismark estatizo sin ninguna necesidad económica las líneas férreas principales de Prusia, simplemente para tenerlas mejor preparadas para la guerra y por poder aprovecharlas mejor militarmente, así como para educar a los funcionarios de los ferrocarriles como borregos electorales del gobierno y para procurarse, ante todo, una fuente de ingresos nueva e independiente de las decisiones del Parlamento, en ninguno de esos casos se dieron, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, pasos socialistas. De serio estos, también serían instituciones socialistas la Real Compañía de Navegación, las Reales Manufacturas de Porcelana y hasta los sastres de compañía del ejercito”.

Es interesante subrayar cómo en este pasaje Engels se refiere a nacionalizaciones que ni siquiera tenían el significado económico que se puede encontrar en aquellos emprendimientos estatales a los que se refería Marx, relacionados con obras para las que no alcanza la inversión privada.
En un plano más general, Engels defiende la misma concepción de Marx; sostiene que la nacionalización significa la anulación parcial del régimen capitalista de producción, pero que no cuestiona las bases de este; por el contrario, refuerza su carácter capitalista.

Por ello afirma, también en el Antidhüring, que “las fuerzas productivas, al convertirse en sociedades anónimas, o en propiedad del Estado, no pierden su condición de capital”
Específicamente sobre el Estado, sostiene que “cuanto más fuerzas productivas asuma bajo su propiedad, tanto más se convertirá en capitalista colectivo real, y tanto mayor cantidad de ciudadanos explotará. Los obreros siguen siendo obreros asalariados, proletarios. Las relaciones capitalistas, lejos de eliminarse, se agudizan... La propiedad del Estado sobre las fuerzas productivas no es solución al conflicto (entre producción social y apropiación privada), pero alberga en su seno el medio formal, el resorte para llegar a la solución” (énfasis añadido).

Obsérvese cómo Engels afirma que las relaciones capitalistas “se agudizan”. Cuando dice que la estatización alberga en su seno la eliminación del conflicto entre fuerzas productivas y relaciones de producción está apuntando al hecho de que el poder proletario deberá nacionalizar los medios de producción y que en cierto sentido esta salida ya se está anunciando en el seno del modo de producción capitalista (de la misma forma que la sociedad anónima está anunciando en sí misma la disolución de la propiedad privada). Pero ni la sociedad anónima ni la estatización burguesa de la economía deben ser confundidas con algún tipo de paso socialista.
Fue esta confusión la que influiría poderosamente en las interpretaciones del socialismo estatista posterior.


El Estado y la posibilidad de regular las crisis en el pensamiento reformista

La concepción de los socialistas estatistas sobre el carácter inherente “socialista” de las nacionalizaciones se combinó con la idea de que la intervención estatal podía jugar un rol en atenuar o aun evitar las crisis del capitalismo. De allí surgieron nuevos argumentos para defender las nacionalizaciones de empresas por el Estado. los revisionistas plantearon que las crisis se debían a la anarquía capitalista –no a las contradicciones derivadas de las necesidades de valoración del capital- por lo cual la intervención del estado podría suprimirías.

Por eso los socialdemócratas debían luchar para que el Estado se pusiera “el servicio del pueblo” para intervenir en la economía, combatiendo a los especuladores que provocaban las crisis De allí habían un paso a deducir que el Estado también podía actuar redistribuyendo la riqueza.
Notemos cómo este tipo de propaganda ha perdurado hasta nuestros días en la izquierda. Por ejemplo, muchas veces se presentan al hambre y la miseria, a la crisis de acumulación, como productos de los especuladores y corruptos que ocupan el gobierno y no como resultados naturales del modo de producción. Inclusive el teórico socialdemócrata Hilferding llegó a firmar que los precios habían dejado de estar determinados por la ley del valor, porque a través de la presión política el Estado podía manejarlos. Hilferding adelantaba así ideas que luego fueron comunes entre los izquierdistas y sindicalistas de todo el mundo.
Por ejemplo en nuestro país, muchas veces se sostuvo que el movimiento de masas debe presionar al gobierno para que intervenga en el control de precios. En 1973, Argentina el peronismo de izquierda articuló gran parte de sus propuestas económicas _especialmente el control de precios por el Estado- en ese criterio.

Todas estas concepciones se ensamblaron cada vez más, para dar de conjunto un programa de acción estatista, defendido por socialistas: se consideraba a las nacionalizaciones como un paso en sí mismo socialista, se pensaba que el Estado evitaba las crisis económicas y podía actuar como redistribuidor de los ingresos, inclusive manejando políticamente la ley del valor.
La culpa de los males de la sociedad recaía en los malos gobiernos y el Estado era el campo donde se articulaban todas las soluciones reformistas.
El fabiano Bernard Shaw resumía este programa con las siguientes palabras: “El socialismo pregonado por la Sociedad Fabiana es socialismo estatal exclusivamente...” (citado por Richards).


El socialismo estatista durante la Gran Depresión

La crisis de los treinta desmintió la ilusión de los reformistas de que las crisis del capitalismo habrían desaparecido gracias a la planificación de los trusts y del Estado. pero esto no disminuyó la admiración por el capitalismo estatal de los reformistas, ya que entonces se sostuvo que el Estado podría paliar los efectos de la crisis gracias a la planificación.
Richards cita el caso del belga Henri De Man, que calificaba a sus propuestas como “Socialismo anti-crisis”. El verdadero contenido de estas medidas consistía en comprometer a la clase obrera en la reconstrucción capitalista. En las formulas de De Man nos encontramos con una propuesta que es clásica entre los reformistas: “El movimiento obrero debería abandonar su actitud pasiva hacia la crisis económica. Debería sustituir su doctrina determinista sobre la crisis...por una política voluntarista, que tuviera un objetivo limitado pero inmediato, el reabsorber a los desempleados y superar la crisis” (citado por Richards).

La crítica a la posición “determinista” sobre la crisis es común a todos los reformistas; es la ruptura con las concepciones de “El Capital” de Marx, que demuestran cómo las crisis capitalistas sobrevienen como fenómenos “histórico-naturales”, es decir, son objetivas, provocadas por el sistema capitalista y sólo pueden ser evitadas acabando con las relaciones de producción capitalista y con Estado.

Cuando se niega este “determinismo” es para desarrollar estrategias de colaboración activa con los planes del reformismo, de conciliación y negociación de los costos de la crisis capitalista, lo que lleva al desarme del movimiento obrero. Por este motivo Richards señala cómo estas concepciones contribuyeron a la derrota de la clase obrera en el período de entreguerras.
Este socialismo estatista es, como dice Richards, “una expresión de la ideología burguesa reproducida en el movimiento obrero”.

Las concepciones socialistas estatistas terminaron dominando en el conjunto de la izquierda.
Los partidos stalinistas también identificaron las nacionalizaciones con un paso en sí mismo progresivo hacia el socialismo. En los países dependientes, a esta visión se agregó la tesis de que toda nacionalización era un paso en la independencia y la afirmación nacional antiimperialista.
Pero este es un tema que luego será tratado específicamente, con atención especial a nuestros países. Lo importante aquí es subrayar el carácter general que tuvo la concepción socialista estatista como acercamiento al socialismo, tanto en los países atrasados como adelantados.
Inclusive los teóricos y los grupos trotskistas incurrieron en este error. E. Mandel, el teórico más reputado de la Cuarta Internacional, escribió al respecto (3): “las nacionalizaciones(...) pueden constituir una verdadera escuela de economía colectiva, con la condición de que las indemnizaciones al capital sean reducidas o nulas; de que los representantes del capital privado sean apartados de su dirección; de que se asegure una participación obrera en gestión o que se someta ésta a un control obrero democrático y que los sectores nacionalizados sean utilizados por un gobierno obrero con el objeto de una planificación general, especialmente para alcanzar ciertos objetivos prioritarios sociales (por ejemplo, la medicina gratuita) o económicos (por ejemplo, el pleno empleo)”.

Aquì las nacionalizaciones se ven como una etapa intermedia entre el capitalismo desarrollado y la dictadura del proletariado, instrumentadas por un gobierno obrero (por ejemplo laborista o socialdemòcrata), co-gestionando importantes sectores de la economía en el marco de una economía capitalista.
Los condicionamientos que se ponen (Indemnizaciones, gestión democrática, etc) no cambian la naturaleza burguesa-reformista del planteo.

Las posiciones de Lenin y Trotsky

Otras habían sido, sin embargo, las posiciones de Lenin o de Trotsky, continuadores de la tradición marxista revolucionaria en el seno del movimiento obrero.
Algunos han pretendido encontrar en los escritos de Lenin sobre el capitalismo monopolista y la intervención del Estado alemán en la primera guerra un apoyo para la tesis de que las nacionalizaciones son, bajo el capitalismo, una etapa previa, progresiva, hacia el socialismo.

Se sostiene que Lenin habría considerado al “capitalismo monopolista de Estado” como una fase superior y distinta del capitalismo, porque significaría un avance en la socialización y la coordinación general de la producción. Richards, y posteriormente B. Jessop (4), han criticado adecuadamente esta interpretación. A pesar de que Lenin menciona el “capitalismo monopolista de Estado”, nunca lo trata como una etapa distinta con respecto a la fase imperialista general; en las cinco característica centrales del capitalismo monopolista que plantea en su libro el imperialismo no incluye ninguna forma de nacionalización estatal capitalista. Lenin describe cómo las actividades de los capitales son coordinadas por los bancos y los càrtels, esto implica que el Estado es superfluo al respecto; más aùn, llega a sostener que los grandes bancos se convertirían en el aparato estatal necesario para la contabilidad socialista en la època de transición. (“¿pueden los bolcheviques retener el poder estatal?”, citado por jessop).

Durante la guerra Lenin alude varias veces al creciente intervensionismo estatal en la economía, no para plantearlo como objetivo de lucha del proletariado, sino porque tal intervensionismo demostraba la posibilidad y la necesidad imperiosa de pasar a la revolución socialista. El control y administración que posibilitan la concentración y la centralización de los capitales, el dominio de los bancos y la intervención estatal, no acaban con ninguna de la leyes básicas del capitalismo, ni con la anarquía de la producción, ni con la competencia desenfrenada, ni con las contradicciones básicas ligadas a la valoración del capital.

En “El imperialismo etapa superior del capitalismo” Lenin cita con aprobación a la revista berlinesa “Die Bank”, que decía que era hora ya de que “nuestros socialistas de Estado” comprendieran que los monopolios entregaban al Estado parte de los beneficios, con el objeto de que éste a su vez ayudara a recuperarse a las empresas en crisis. “Valiosas afirmaciones”, dice Lenin, y agrega que eso demuestra cómo en la época imperialista “se entrelazan los monopolios y el Estado”, y que unos y otros no son más que “distintos eslabones de la lucha imperialista entre los grandes monopolios por el repartao del mundo”.
Bajo el gobierno de Kerenski, Lenin insistirà en su tesis central: “entre el estadio del capitalismo monopolista y el socialismo no existe otra etapa intermedia que la del poder obrero”. Nunca planteó una política de nacionalizaciones, bajo poder burgués, acompañada de formas de “gestión democrática”: “El proceso objetivo de desarrollo es tal que es imposible avanzar desde los monopolios (y la guerra ha multiplicado su número, rol e importancia por diez) sin avanzar hacia el socialismo”, decía Lenin en 1917, para fundamentar su estrategia de combate por “la dictadura del proletariado” (Richards, pàg. 19 op. Cit.).

Trotsky por su lado consideró toda la importancia que tuvo el Estado en la difusión del capitalismo en Rusia –en su “Historia de la revolución Rusia”-, lo que anticipa muchos análisis modernos sobre el rol del Estado en los países periféricos. Pero su evaluación general del intervensionismo estatal, en especial en la época imperialista, es negativa.

En “La revolución traicionada” reafirma la posición de Marx de que en determinados momentos el Estado capitalista asume la gestión de empresas públicas, lo que conduce a una “negación parcial del sistema capitalista en la práctica”, pero al mismo tiempo le permite sobrevivir. Por otra parte, y con respecto al intervensionismo del Estado burgués en general, sus juicios son aún más lapidarios: “El estatismo (burguès) en sus esfuerzos de economía dirigida, no se inspira en la necesidad desarrollar las fuerzas productivas sino en la preocupación de conservar la propiedad privada en detrimento de las fuerzas productivas que se rebelan. El estatismo frena el impulso de la técnica sosteniendo empresas no viables y manteniendo capas sociales parasitarias; es profundamente reaccionario, en una palabra” (5).

Esta posición se tradujo en su programa político. En el “Programa de Transición” sostiene que el programa revolucionario de la expropiaciones debe ligarse “a la cuestión del poder obrero y campesino” y critica a los stalinistas por plantear las nacionalizaciones en el marco del Estado burgués. Lo mismo sucede con la expropiación de los bancos: “la estatización de los bancos sólo dará resultados favorables si el poder estatal mismo pasa de manos de los explotadores a manos de los trabajadores”. (énfasis añadido).


SEGUNDA PARTE

Aspectos teóricos de una crítica marxista Al papel del Estado en la economía

La crítica al concepto del Estado como un Instrumento “neutro”

La política de los socialistas estatistas se asienta en una contradicción que sus defensores no han meditado lo suficiente: al tiempo que sostienen que el Estado actual está dominado por los monopolios, defienden una política de nacionalizaciones y de ampliación de la ingerencia de ese Estado en la economía.

La única forma de conciliar ambas posiciones es postular que el Estado es un instrumento neutro, que podría ser puesto al servicio de los intereses “del pueblo”, mediante la presión popular o el advenimiento de algún tipo de gobierno reformista o socialdemócrata.
Esta tesis de la neutralidad del Estado se apoya a veces en las referencias de Marx y Engels al Estado como un “instrumento” para la explotación del trabajo asalariado. Jessop ha resumido las críticas más importantes que se han dirigido contra esta interpretación de la teoría del Estado de Marx y Engels. En primer lugar, por lo general Marx y Engels aluden a la instrumentalidad del Estado en aforismos y metáforas, mas que en análisis extendidos y detallados.

En segundo lugar, dice jessop, si se aceptase la interpretación de los reformistas, no se puede explicar la insistencia de Marx y Engels en la necesidad de aplastar la maquinaria del Estado por parte de la clase obrera.

En tercer lugar, ya desde 1843 Marx hablaba de que el Estado estaba atravesado por los intereses privados.

En cuarto lugar, si el Estado es sólo un instrumento al servicio de la clase dominante, que puede ser puesto al servicio de otros intereses en caso de que se tome el poder, es imposible explicar cómo el modo de producción vigente se reproduce exitosamente cuando la clase dominante no ocupa posiciones claves en el sistema estatal. Marx y Engels señalaron esta situación en relación al dominio político de la aristocracia terrateniente en el siglo 19 en Gran Bretaña. Lo mismo sucede con los regímenes bonapartistas. Al sostener que el Estado es una institución neutra, la corriente socialista no lo ve como una expresión de relaciones capitalistas, sino como una “herramienta” que permitiría resolver los problemas económicos y sociales en forma técnica, a través de la planificación.

Esta concepción desconoce la funcionalidad y el papel del Estado en la reproducción de las relaciones de producción capitalista. El Estado aparece como neutro porque su misión es precisamente asegurar la igualdad y la libertad formales, y en general las condiciones necesarias para la explotación bajo las cuales acumula el capitalismo. “El estado sólo da forma a relaciones sociales cuya sustancia está determinada en la sociedad civil” dice S. clarke (6). Esta funcionalidad del Estado capitalista le es inherente. E. Altvater (7) resume así las funciones del Estado:”1) la creación de las condiciones materiales generales de la producción (infraestructura). 2) la determinación y salvaguardia del sistema legal general en el cual ocurren las relaciones de los sujetos (legales) en la sociedad capitalista. 3) la regulación de los conflictos entre los trabajadores y capitalistas y, de ser necesario, la opresión política de la clase obrera, no sólo por medios políticos y militares. 4) la garantía y expresión del capital nacional total en el mercado capitalista mundial”.

Toda intervención estatal en la economía tiene como meta asegurar estas condiciones.
El carácter capitalista del Estado no está determinado por la ligazón personal de los capitalistas al manejo de sus instituciones, sino por su papel global en el conjunto de modo de producción capitalista.
No se trata entonces de cambiar los personajes a su frente, sino de destruir al Estado capitalista a los efectos de dar paso a la transición hacia el socialismo.
En este marco se puede entender porqué el marxismo afirma que las estatizaciones de empresas en el modo de producción capitalista no son ninguna medida socialista. Las intervenciones del Estado en la economía están sujetas a las fases de la acumulación capitalista, a la evolución de la tasa de ganancia y a las leyes de la y a las leyes de la competencia.
En determinadas épocas el estado acentúa esta intervención, haciéndose cargo de empresa o sectores cuya tasa de rentabilidad es muy baja, que necesitan reestructuraciones globales, y que el capitalismo privado no puede tomar a su cargo; en esto sigue la lógica que apunta Marx y comentamos más arriba.

De la misma forma, y producto de la agudización de la lucha de clases, el Estado puede buscar institucionalizar –para desviar la presión obrera y de sectores populares-formas de la lucha de clases o bajo su cargo costo de reproducción de la fuerza de trabajo ( 8 ).
En la inmediata segunda posguerra el Estado aumentó decisivamente su paso en la economía capitalista. Un ejemplo típico es Gran Bretaña, donde se nacionalizaron las minas de carbón, los ferrocarriles, la industria del hierro y del acero, de electricidad, etc. Agreguemos la estatización de la industrias carboníferas y de electricidad en Francia, minas de hierro y el petróleo y electricidad en Austria, el carbón en los Países Bajos.
¿Quién puede afirmar seriamente que alguna de estas nacionalizaciones acercó en algo el socialismo?.

El Estado no sólo continuó siendo “una banda de hombre armados”, la violencia institucionalizada para asegurar las relaciones de propiedad capitalista, sino que amplió considerablemente su accionar y su funcionalidad económica dentro del sistema. Los diversos Estados intervinieron para apuntar la financiación de los capitales privados, para hacerse cargo de empresas no rentables, para promover investigación y desarrollo a favor del capital privado (entre las cuales jugó un rol central el gasto militar), facilitar las grandes obras de infraestructura y apuntalar a los capitales en la competencia internacional.

Esta intervención sistemática del Estado, coincidente con las débiles fluctuaciones del ciclo económico durante muchos años, alimentó la ilusión de que el capitalismo podía “regularse” mediante la intervención estatal sistemática (9).

Pero desde principios de los años setenta la caída de la tasa de ganancia de origen a un largo periodo depresivo y de crecimiento débil.
Sin entrar ahora en una discusión exhaustiva del tema, anotemos que la crisis capitalista por caída de la tasa de ganancia sólo puede ser remontada sobre la base de una reestructuración global del sistema capitalista, lo que implica cierre de empresas no rentables, aumento de la explotación, readecuación de tecnologías, desvalorizaciones masivas de capitales.
En ese sentido la intervención estatal, el mantenimiento mediante el déficit público de empresas no rentables, introducía una cuña al funcionamiento pleno de la ley del valor, al disciplinamiento del mercado.

Cuando la crisis estalla la lógica de la rentabilidad capitalista debe hacer valer sus derechos. Las empresas menos productivas deben cerrar, el ejercito industrial de reserva aumentar, en fin, se deben recrear las condiciones para restablecer una tasa de ganancia acorde con las necesidades de la acumulación.
Por este motivo el propio capitalismo puso en cuestión la magnitud del gasto estatal y de las empresas nacionalizadas.

Se produce entonces una contradicción en el seno de la clase capitalista.
Por un lado, en cuanto garante de las condiciones generales de la reproducción capitalista, se exige que el Estado favorezca el “desgrase” de los capitales improductivos. Esto significa que el Estado debería dejar actuar la ley del valor libremente, permitir la quiebra de las empresas no rentables, la desvalorización de los capitales. Su misión debería ser la de asegurar el valor del dinero y la disciplina del mercado que implica, y recrear las condiciones para que el capital restablezca una tasa de explotación adecuada, presionando hacia abajo salarios y recortando los beneficios que la clase obrera hubiera podido conseguir en épocas anteriores de fuerte acumulación. Esto implica dejar de lado las empresas inviables, una política de recortes de gastos –sociales y de financiamiento capital- a los efectos de reducir la presión tributaria sobre la plusvalía arrancada por los capitales.

La política de privatizaciones que abarcó al conjunto del sistema capitalista en los últimos años responde a esta necesidad de restablecer la competencia y la ley del mercado, en condiciones de singular fuerza de los monopolios para tomar a su cargo inversiones muy grandes. Pero al mismo tiempo el Estado capitalista está sometido a la presión que emana de los intereses de los capitalistas individuales más afectados por la crisis, que buscan subvenciones, crédito fácil, medidas inflacionarias, devaluaciones competitivas, etc, es decir, evadir la disciplina de la ley del valor (todo capitalista individual adhiere a las virtudes del mercado en abstracto, hasta que siente su rigor en carne propia).

A ello se agregan las necesidades de mantener una cierta legitimación ante las masas explotadas y atenuar los conflictos sociales emergentes del aumento de la desocupación y de la miseria, y el gasto del aparato represivo y militar.
Por estos motivos, y a pesar de todas las promesas de recorte del gasto público, del cierre de empresas estatales y de las extensas privatizaciones, el gasto estatal no se reduce significativamente durante el período largo de crisis capitalista iniciado a principios de los setenta.

Siguiendo la lógica general impuesta por la crisis capitalista, el Estado ha llevado adelante, con todas sus fuerzas, el ataque contra las masas trabajadoras en todo este período largo de acumulación débil y recesiones del capitalismo.

Todos los que piensan que las empresas estatales de alguna manera garantizan condiciones mejores para los trabajadores (“porque son de todos”) no tienen más que examinar lo que han hecho las empresas estatales en los países capitalistas adelantados. Inglaterra, el paraíso de las privatizaciones, nos da un buen ejemplo. Allí las empresas estatales fueron las que encabezaron las racionalizaciones y los ataques a las condiciones de trabajo y saláriales de los trabajadores, con la consigna de “mostrar el camino al sector privado”.


TERCERA PARTE

Sobre el capitalismo de Estado en los países dependientes

Las nacionalizaciones en los países dependientes

Existe una teoría muy divulgada por el stalinismo, que en su forma más pura consiste en lo siguiente: en los países dependientes existiría una burguesía nacional, industrialista, enfrentada objetivamente a la oligarquía terrateniente y a los intereses imperialistas. Estas burguesía nacional, a los efectos de desarrollar las fuerzas productivas autónomas, cuando accedió al poder del Estado promovió nacionalizaciones de importantes medios de producción. Estas nacionalizaciones serian entonces medidas antiimperialistas, destinadas a desarrollar al país en forma económicamente independiente.

De acuerdo a esta teoría, en nuestro país la burguesías nacional industrialista habría accedido al poder con el peronismo; la oligarquía terrateniente, los sectores de la burguesía compradora (importadora e intermediaria del gran capital imperialista) y los agentes del imperialismo (ejecutivos de las grandes empresas extranjeras actuantes en el país) se oponían a las nacionalizaciones.

Cuando retomaron el poder del Estado, después de 1955, intentaron permanentemente dar vuelta atrás a las nacionalizaciones que en su momento había llevado adelante la burguesía industrializadora.

Esta regresión habría encontrado una larga resistencia por parte de las clases populares y el movimiento obrero, interesado en defender la industrialización independiente y el patrimonio nacional que significaban las nacionalizaciones.
Pero finalmente, ese largo conflicto se ha resulto en una derrota del sector nacional progresista, y el gobierno ha entregado el patrimonio nacional, las conquistas que habían abierto el camino hacia la independencia económica del país. La oligarquía terrateniente junto a los sectores de la burguesía compradora o intermediaria serían así esencialmente “anti nacionales” y “anti estatistas” (10). Este es un enfoque que no permite entender el desarrollo del capitalismo dependiente.
Los aspectos esenciales de esta interpretación de la evolución del capitalismo ejemplo argentino fueron criticados correctamente hace muchos años por Milicìades Peña (11) .

Es que las nacionalizaciones deben contextualizarse en el marco histórico de las diversas fases por las que atravesó la acumulación capitalista de nuestro país, y en una teoría general de la intervención del Estado dependiente en la economía.
Desarrollaremos primero este aspecto, que concierne a la dialéctica existente entre el Estado y la acumulación dependiente del mercado mundial.
Esta relación ha sido trabajada, en nuestra opinión correctamente, por T.Evers (12) y permite explicar la naturaleza de la intervención del Estado dependiente como promotor de la acumulación capitalista.
Luego avanzaremos en la concreción del análisis, enmarcándolo en las fases de acumulación ligadas al mercado mundial.


Sobre la articulación entre Estado y reproducción dependiente.

Veamos entonces el problema, tal como lo desarrolla Evers.

La premisa de la que parte es que en las formaciones periféricas existe una incongruencia entre la esfera económica y política. El Estado en los países periféricos no surge como producto de un proceso de estructuración interna, fundado en un mercado integrados. “La circunscripción territorial del área de soberanía no ha surgido históricamente de relaciones de mercado que se extendieron alrededor de unos núcleos de acumulación (ciudades, zonas manufactureras), como en el caso del Estado-nación europeo.

Al contrario, encontramos (en los países periféricos) muchas veces fronteras totalmente artificiales, que cortan a través de conjuntos históricos y aglomeran entidades históricamente dispares” (pags. 78-79 op.cit.). Esto plantea una discrepancia, una incongruencia, entre una estructura económica anexada y dependiente del mercado mundial y el Estado nacional soberano con su circunscripción territorial.

Así se transforman las relaciones entre economía y política, con respecto a las que imperan en países capitalistas desarrollados.
Existe una base económica que no se corresponde exactamente, de manera determinista (como piensan muchos marxistas) con la superestructura política. La “base económica”, como dice Evers, no se puede equiparar directamente, en estas formaciones periféricas, con la “economía nacional”: “Si el contexto reproductivo que sustenta la vida material en un área económica dada sólo se mantiene y se explica gracias a sus vinculaciones con el mercado mundial, entonces evidentemente esta área económica no puede servir como circunscripción de la “base” económica de la vida social, por más que asuma la apariencia de una economía nacional. Si en el marco de un sistema de división de trabajo las actividades productivas que se realizan dentro de las fronteras nacionales resultan a tal punto desequilibradas e incompletas que no logran sostener y explicar el metabolismo social, entonces sólo pueden considerarse como segmento de un sistema socio económico” (pàg. 80 op.cit.).

O sea, el espacio económico nacional no es la “base” del Estado capitalista periférico, porque los determinantes esenciales de la reproducción capitalista residen en el exterior.
Esto explica la discrepancia entre una autonomía muy limitada en el aspecto económico, porque su dinámica interna es derivada del exterior, y la relativa independencia de la vida política dentro del marco nacional.

Esta fortaleza relativa con respecto a su base nacional explica el rol importante que juega el Estado en la inserción del país en el mercado mundial, en especial mediante el fomento y la difusión de las relaciones mercantiles y capitalistas (como Trotsky ya lo había constatado en Rusia). Esta situación permite la emergencia de una reacción desde el Estado hacia la base económica (Evers no evalúa plenamente la importancia que esto puede tener).
Gracias al control del aparato estatal, la burguesía de los países dependientes puede discutir, como socia del imperialismo y del capital financiero, la parte que le corresponde en la plusvalía arrancada a los explotados.

O sea, las burguesías externas no se integran sin mas a las clases dominantes de los países dependientes. Y el Estado no es un simple armonizador de los intereses de las burguesías foráneas y de las internas –como sostiene Evers- porque estas últimas de acceder (utilizando el dominio que ejercen sobre el Estado) al mercado mundial en las mejores condiciones posibles.

Por eso en determinados periodos el Estado periférico intervino en la economía a través de las nacionalizaciones, con el objetivo de favorecer las posiciones de las clases nativas frente al imperialismo, llegando a roces y enfrentamientos más o menos profundos con los agentes directos del capital extranjero.
Pero en muchas otras ocasiones –que dependían a su vez de fases particulares de la acumulación capitalista- las nacionalizaciones del Estado periférico encajaban perfectamente con los intereses de los capitales extranjeros.

El papel de las nacionalizaciones y de las empresas estatales en los Estados periféricos

El papel de las nacionalizaciones del Estado periférico como redistribuidores de plusvalía a favor de las burguesías locales fue importante en las industrias extractivas (petróleo y minería) en las que estaba en juego la renta petrolera o minera.

En ciertos casos se llegó a un enfrentamiento directo con el imperialismo, como fue cuando la nacionalización del petróleo bajo el gobierno de Cárdenas, en México, o de las minas del cobre bajo el gobierno de Allende, en Chile.
Por supuesto los marxistas no somos neutrales en esos enfrentamientos con el imperialismo; pero el apoyo a la burguesía nacional siempre debe ser condicional, y en especial debe esclarecerse el rol que juegan estas nacionalizaciones: renegociar en mejores términos con el imperialismo la explotación del proletariado nativo.

El caso del petróleo mexicano es ilustrativo de la dinámica del imperialismo dependiente. Si bien la nacionalización del petróleo perjudicó a empresas extranjeras extractivas, la utilización de esa renta por parte del gobierno mexicano terminó favoreciendo la acumulación de otras empresas imperialistas, que continuaron la dependencia de México. Por ejemplo la gasolina sirvió para fomentar un sector automotriz, hijo del capital extranjero; la industria de los derivados del petróleo (productos petroquímicos) sólo podía beneficiar a los que disponen de capital en gran escala, o sea de nuevo a los monopolios imperialistas (13).
A pesar de las grandes promesas hechas por el nacionalismo mexicano sobre el futuro desarrollo independiente del país, la nacionalización del petróleo cambio las formas y los ritmos de la dependencia, no la sustancial.

Un caso aún más ilustrativo, por la magnitud de las cifras envueltas, es la nacionalización (Argelia en 1971) y el aumento del precio del petróleo por parte de los gobiernos árabes en el principio de los setenta (14). Esta fue una medida claramente nacionalista, determinada por la necesidad de dar una respuesta al creciente sentimiento de solidaridad de los pueblos árabes con la causa Palestina.

Si bien la suba de los precios permitió una redistribución de la renta a favor de los países árabes, no acabó con su carácter dependiente. Inclusive una gran parte de los recursos obtenidos fueron regirados a los bancos occidentales, que a su vez los utilizaron en el desarrollo del endeudamiento de los países atrasados. Las obras faraónicas emprendidas por los gobiernos árabes no lograron quebrar las barreras de la dependencia (15).

Pero existieron muchas otras nacionalizaciones en los países periféricos que ni siquiera representaron un mínimo roce con el capital imperialista, porque satisfacían su aspiración a retirarse del negocio.
Es el caso de las nacionalizaciones del peronismo, es importante destacar que se trató de un fenómeno general. M.S Wionczk (16) explica que, dadas las presiones sociales que se ejercían sobre el Estado y en medio de situaciones inflacionarias, las empresas de servicios públicos habían dejado de ser atractivas para los capitales extranjeros, dado el escaso margen de rentabilidad que conseguían.

Pero eso entre los años cincuenta y sesenta muchos de esas empresas pasaron a manos de los Estados de la región. Estos mantuvieron tarifas publicas bajas; como dice Wionczek, estas tarifas bajas no tuvieron ni un efecto de redistribución del ingreso a favor de los asalariados, ni ayudaron a la industrialización. Peor aún, las empresas estatales aceptaron trabajar a pérdida –con lo que se acelero el endeudamiento externo- mientras se abarataban los costos para las empresas privadas monopòlicas (nacionales o extranjeras), entre otras cosas gracias precisamente a esas tarifas publicas bajas.

De esta manera el capital privado obtenía tasas de ganancia suculentas, a la par que las empresas públicas se descapitalizaban y aumentaba la deuda externa.
Otro autor, G. Labarca (17), nos dice sobre el rol de las empresas estatales dedicadas a la producción de acero, energía eléctrica o petróleo en Latinoamérica: “Estas empresas fueron creadas o nacionalizadas con el objeto de ampliar la creación de plusvalía en las sociedad nacional. Esto implicaba en primer lugar contribuir a la generalización de las relaciones de producción capitalistas y, en segundo lugar, la obtención directa de utilidades. De hecho ninguno de estos objetivos fueron cabalmente satisfechos por estas empresas durante el periodo más expansivo de la economía latinoamericana que termina en la década de los setenta: las ganancias que producen no cubren, en el periodo, sus propios gastos de capital, ni siquiera lo hacen las más rentables de ellas que son las explotaciones de petróleo... no contribuyen directamente a la acumulación capitalista estatal por medio de sus actividades productivas, sino que reforzaron mecanismos privados de acumulación. Al mismo tiempo aumentaron su participación en la formación de capital en las economías latinoamericanas” (pàg. 60 cp. Cit.).

Labarca demuestra que estas empresas, al no financiar su acumulación con sus propias ganancias, pasaron a depender más y más del endeudamiento externo, avalado por el Estado.
A pesar de que en último periodo (década de los sesenta) de industrialización apoyada por el Estado, la formación de capital fijo por las empresa publicas oscila entre el 40 y el 70% del total delas inversiones en América Latina (datos de Labarca), no favorecieron ningún desarrollo “independiente”. Siguieron orientando fluidos de valor hacia el sector privado, dominado por los monopolios privados; “... más aún, reforzaron las mismas tendencias, subordinándose ellas mismas a las necesidades de valoración del capital industrial, que en esta fase es principalmente multinacional” (op.cit. pàg. 62; énfasis añadido).
El carácter cada vez mayor de socio del Estado dependiente con el capital monopolista se plasmó por otra parte en una última clase de empresa pública, aparecida en América Latina a partir dela mitad de los sesenta, consistente en la asociación del Estado con empresas multinacionales (Labarca, op. Cit. Pàg 65). El Estado subordinaba su accionar a los intereses de estas multinacionales, y en especial utilizaba su poder de endeuda miento para financiar las operaciones de estas empresas mixtas.

Este proceso acompaño una evolución hacia la formación de una burguesía con carácter de asociada y ya no subordinada al imperialismo. Hay que superar la visión de muchos marxistas, influidos por algunas citas de Trotsky, quien habla de las burguesías de los países atrasados como “semi-explotadas”.
Actualmente las burguesías de estos países participan en la mayoría de los negocios en un pie de igualdad con los monopolios extranjeros (por ejemplo, en nuestro país el conglomerado Pérez Companc en los negocios telefónicos).
Este es el resultado natural del crecimiento de las bases materiales de la burguesía industrial.

Sobre políticas “nacionales” del Estado argentino

Un ejemplo de la funcionalidad del Estado argentino en garantizar la inserción dependiente de la economía argentina en el mercado mundial, pero al mismo tiempo de relativa “defensa nacional” con respecto a los intereses de las burguesías externas, nos lo ofrece la etapa que va de 1880 a 1930.

En ese lapso el Estado conducido por los liberales fomento el desarrollo ferroviario en las zonas en que era beneficioso para la burguesía terrateniente exportadora. El ferrocarril extendía relaciones mercantiles a la par que ligaba y abría mercados a las corrientes del capital internacional. Hubo entonces empresas ferroviarias estatales (como ferrocarril del Oeste) que funcionaban muy bien. Y cuando Juárez celman quiso privatizar el ferrocarril, la burguesía ganadera fue estatista, “defensora del patrimonio nacional” por el simple hecho de que ese ferrocarril le garantizaba buenas tarifas (j. Schwarzer (18) ).

Lo mismo sucedió con YPF. En épocas en que Argentina estaba fuertemente alineada con Inglaterra, el Estado se defendió de la ofensiva de las empresas norteamericanas (de la Estándar Oil, en particular) en el campo del petróleo, con la empresa estatal YPF.
De nuevo los gobiernos conservadores y una fracción del ejército tuvieron intereses “nacionales”. Al tomar conciencia de la dependencia crucial en que caía el ejercito con respecto a los suministros energéticos, el estado buscó fomentar la exploración petrolera.
Pero esto siguió haciéndolo sin negarse a ser socio en la explotación de la renta petrolera con la Shell y la Esso. YPF ayudó al desarrollo capitalista del país sin cuestionar en ningún momento su papel global dependiente.

A partir de la crisis de los años treinta, cuando la tendencia a la sustitución de importaciones es impuesta por la crisis mundial, se abren más posibilidades para una acción relativamente autónoma e industrialista del Estado argentino.

De nuevo, y mal que les pese a muchos estatistas izquierda, es el Estado conducido por los conservadores el que promueve planes industrialistas: “La oligarquía agro exportadora, fuertemente ligada con el imperialismo británico, inaugura a partir de 1930 el intervensionismo de Estado, durante el lapso de gobiernos conservadores que llega hasta 1943” –M. Kaplan (19).
Ya vimos que en realidad el intervensionismo estatal ya había sido inaugurado, pero a partir del gobierno de Uriburo el capitalismo de Estado argentino cobro nuevo impulso. A pesar de ello, el rol de “colona” comercial del país con respecto a Inglaterra, lejos de verse cuestionado, se refuerza. En 1933 se firma el pacto Roca-Runciman con Inglaterra, continuación del tratado de Ottawa que el gobierno británico sellara en 1932 con sus dominios, que favorecía plenamente a los negocios británicos.

El capitalismo estatal del peronismo

Las nacionalizaciones del gobierno de Perón continúan la política conservadora con respecto a Inglaterra. Inclusive Perón quiso prolongar el Roca-Runciman con su similar pacto Andes, que no llegó a aplicarse por la debilidad del imperialismo británico, no por el “nacionalismo” del gobierno peronista. Teniendo presente lo que hemos señalado más arriba sobre la tendencia del imperialismo a retirarse de las empresas publicas, examinemos ahora específicamente en qué consistieron las nacionalizaciones del gobierno peronista.

Los ferrocarriles argentinos ya habían querido ser privatizados por el gobierno conservador den 1943-44. Los ingleses estaban ansiosos por desprenderse de los ferrocarriles, en los que no invertían un peso desde hacia 15 años y les daban perdidas. El gobierno peronista, en un acto “patriótico”, se los compró como si fueran material nuevo. Sobre el tema de los teléfonos, vamos a citar a Schwarzer extensamente, porque este caso desnuda a fondo la naturaleza de este nacionalismo estatista: “Algo similar (a los ferrocarriles) pasó con los teléfonos. La Argentina tenia una compañía de teléfonos privada; bastante mala; monopólica ... que se quería retirar de la Argentina, porque no veía demasiado interés y que negocia venderse al Estado. Realmente, cuando uno lee esta historia parece que estuviera leyendo lo mismo que ahora, pero al revés. El Estado descubre que tiene que comprar la compañía telefónica muy rápido; no sea cosa que los empresarios se arrepientan. Entonces se firma un convenio con la compañía para comprarla a buen precio... El Estado no sabia lo que compraba, como ahora no sabe lo que vende. Tampoco sabía muy a qué se compromete; cuando el Congreso discute el contrato descubre que decía cosas como éstas: le compramos a la Estándar Electric la compañía telefónica y el Estado argentino se compromete a comprar todos los equipos telefónicos y de comunicaciones durante 10 años a la Estándar Electric al precio que ésta fije... Además el Estado le dice a la Estándar Electric que para operar necesita algún tipo de asesoramiento técnico; “por lo tanto les vamos a pagar a ustedes para que nos den asesoramiento técnico”. Y se firma: “la Standad Electric va a prestar asesoramiento técnico a los teléfonos en Argentina por un plazo de 10 años y va cobrar el 4% de toda la facturación de la empresa telefónica”. Para que se den una Idea, cuando la Standard Electric era la dueña de todos los teléfonos en la década anterior había ganado el 2% sobre las ventas. Ahora, sin ser dueña, proveía servicios técnicos y cobraba el 4%.” (op.cit.pags. 46-47).
Schwarzer saca la conclusión de que “la empresa de teléfonos de la Argentina está buena medida manejada por sus proveedores ... ENTEL se pasó 30 años comprando aparatos obsoletos a la empresa telefónica Stándard Electric porque si no esta última cerraba. En consecuencia, en un momento dado, la lógica de la instalación telefónica de la Argentina no era la lógica de brindar el mejor servicio al usuario, sino la lógica de optimizar la operación de la Estándar Electric, comprándole la cantidad de teléfonos que hicieran falta, aún cuando no hubiera cables para instalar los teléfonos. Por eso todo el mundo tiene teléfonos y nadie puede comunicarse, lo que no es casual” (op.cit.pàg 53).

Las conclusiones políticas generales que extrae Schwarzer de todo son desacertadas en nuestra opinión, pero no es ese el punto importante, sino su descripción exacta de cómo el capitalismo de Estado argentino siguió las generales de la ley de todo el capitalismo dependiente: favorecer el modo de acumulación privado que ese momento estaba en operación. Un modo de acumulación que en una época pasó por la política de sustitución de importaciones, pero que no dejó de ser dependiente y deformado.

Incluso los casos de mayor eficiencia de empresas estatales argentinas no van en contra de esta caracterización general. Por el contrario, la confirman.
El capitalismo estatal logró general algunos “nichos” de desarrollo, que configuran el panorama de formación dependiente caracterizada por el desarrollo desigual y combinado. Pero esos elementos más avanzados de la formación económica no cambian cualitativamente la estructura general.
Schwarzer cita los casos “exitosos” de Gas del Estado, que permitió la formación y enriquecimiento de importantes empresas privadas de tubos, entre ellas de Siderca. También la Comisión Nacional de Energía Atómica, que da lugar al enriquecimiento de otro importante contratista privado, Pescarmona. Por su puesto, la creación de estas empresas estatales y el fortalecimiento en general del capitalismo de Estado en la etapa de acumulación sustitutiva generó burocracias militares y técnicas, interesadas en llevar adelante la intervención del Estado.

En la “torta” participaron también burócratas sindicales, políticos y como vimos las empresas contratistas ligadas a los negociados. El capitalismo de Estado argentino estuvo al servició de la acumulación capitalista dependiente, y siguió las evoluciones e involuciones de toda la estructura económico-social.

Hay que acabar con el cuento de un mítico Estado peronista embarcado en un desarrollo “nacional e independiente” en base a intervenciones en la economía y nacionalizaciones de empresas. Como también demuestra Scharzer, el gobierno peronista de 1946 no nacionalizó las compañías de electricidad porque éstas eran rentables para los monopolios, a pesar de las escandalosas conclusiones sobre negociados, altas tarifas, y hasta suministros peligrosos de electricidad por parte de la CADE que se desprendía de la investigación Rodríguez Conde (informe terminado en 1945, que el gobierno peronista trató de ocultar durante mucho tiempo).
La historia posterior al peronismo es aún más clara. Cuando el Estado tuvo una política de endeudamiento con el exterior bajo la última dictadura militar, las empresas estatales fueron utilizadas para ese fin; en particular YPF fue un vehículo para aumentar la deuda externa en beneficio del capitalismo privado, que financiaba de esa manera la fuga de capitales. Por eso los precios de la nafta tenían un alto componente destinado al pago de la deuda externa.
En definitiva, el Estado siguió funcional a las necesidades de acumulación de un capitalismo dependiente.

Conclusiones políticas

En base a lo desarrollado hasta aquí, no es posible advertir ninguna base científica para la creencia, tan extendida entre los socialistas estatistas vernáculos, de una oposición “de principios” entre los intereses capitalistas privados y los del Estado.
Tampoco para afirmar que la lucha por la nacionalización de empresas por el Estado capitalita sea

algún paso progresivo, o signifique un avance al socialismo.
La consigna de “renacionalizaciòn” de las empresas privatizadas –que levantan hoy varios grupos de izquierda, inclusive algunos que se califican de trotskistas- lleva a la lucha obrera al callejón sin salida del viejo esquema del capitalismo estatal dependiente. Entronca ideológicamente con la consigna, carente de sentido, del desarrollo económico “independiente” del imperialismo. Bajo el tutelaje del Estado burgués y en el marco internacional del dominio del capital financiero imperialista.

Los marxistas nos oponemos a las privatizaciones como en general nos oponemos al poder de los monopolios, no desde la perspectiva del pequeño burgués que busca refugio en los brazos del Estado “neutro y benefactor”, sino desde la perspectiva del socialismo.
Por este motivo tenia razón Trotsky cuando decía que loa marxistas exigimos la nacionalización de las grandes empresas, pero ligamos indefectiblemente esta consigna a la del poder obrero, o sea, de un Estado proletario, organizado en base a la democracia obrera.
Es necesario que este debate se realice en la izquierda. Hay esclarecer las funciones del Estado capitalista, demostrar cómo el Estado no es neutro, cómo las empresas estatales no son “de todos”, cómo el famoso “patrimonio nacional” no es más que el patrimonio colectivo dela clase burguesa.

Hay que combatir estas formulaciones que educan en la conciliación de clase con la burguesía, que favorecen su dominio ideológico sobre los trabajadores; la importancia que esta ideología reviste para la burguesía se puede comprobar en el hecho de que hoy, en las empresas privatizadas, la idea de la “empresa de todo el pueblo” es suplantada por la de “capitalismo popular”, vía entrega de algunas acciones a los obreros.
Así como los marxistas denunciamos este engaño del capitalismo privado, debemos introducir una cuña de clase entre los trabajadores y el Estado burgués.
Pero esto es imposible mientras no se encare la critica al mismo desde el ángulo del marxismo científico y no se abandone el nacionalismo y el socialismo “estatista”, que tanto daño han hecho a la conciencia del proletariado.
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Notas

(1) F.Richards, “Revisionism” and the State: the meted of “Capital” and the dogma of State Monopoly Caputalim” en Revolutinary Comuist Papers Nro.4 1979.

(2) F.Engels,Anti Dhring pàg. 275, Grijalbo, Mèxico 1968.

(3) E. Mandel, “Tratado de Economìa Marxista” pàg. 119 Ed Era, México 1969.

(4) B. Jessop, “The Capitalist State” Ed. Blackwell, Londres 1982.

(5) L.Trotsky, “La revoluciòn traicionada” pàg. 231 Yunque Editora, Buenos Aires 1973.

(6) S. Clarke, “Keynesianismo, Monerarism and the Crisis of the State” Cambridge University Press.

(7) E. Atvater, “Notas sobre algunos problemas del intervencionismo de Estado” en H. R. Sonntag y H. Valecillos (eds) “El Estado en el capitalismo contemporàneo” pàg. Siglo xxi, México 1988.

( 8 ) No podemos tratar estos temas aquí , dados los limites del presente articulo. Sólo adelantemos que contra las teorías que hacen hincapié sólo en la funcionalidad del gasto estatal para la acumulación capitalista, creemos necesario incluir el papel del gasto estatal provocado por las necesidades de desviar o apaciguar peligros de ofensiva revolucionaria. Esto provocará oscilaciones en el gasto social destinado a la reproducción de la fuerza de trabajo –el llamado salario social-.

(9) En sus versiones más elaboradas estas tesis se concretan en la llamada escuela de la regulación, mezcla de Keynesianismo y de marxismo funcionalista. Ver por ejemplo, M.Agletta, “Regulación y crisis del capitalismo” Siglo XX, Madrid 1979,

(10) La tesis de que la conjunción del imperialismo y las oligarquías locales se oponía al desarrollo capitalista de los países atrasados fue presentada por primera vez al movimiento comunista por Kusinen, en el séptimo Congreso de la Internacional. A partir de la formulaciòn de la formulación de la táctica del Frente Popular en 1935 se pregonó la formación de la alianza entre la burguesía nacional, el Estado y los sectores “populares” con la clase obrera, a los efectos de derrotar la alianza “imperialista-feudal” e industrializar al país. De todas maneras es conveniente recordar que el estalinismo no siempre fue pro-estatista en los países dependientes. Por ejemplo en época del primer gobierno peronista, el PC argentino denunciaba el negocio de la nacionalización de los ferrocarriles. Estas posiciones estaban en consonancia con su oposición global al gobierno, más que con un punto de vista doctrinario.