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Los Campos de Concentración Españoles
texto y recopilación de datos de Marcia Álvarez-Vega
publicado en la web argentina Franquismo: el Genocidio del que no se habla
texto y recopilación de datos de Marcia Álvarez-Vega
publicado en la web argentina Franquismo: el Genocidio del que no se habla
De forma masiva, sistemática y organizada, la dictadura franquista utilizó, entre 1937 y 1970, a centenares de miles de prisioneros políticos como fuerza laboral barata, absolutamente dócil y completamente segura, casi siempre recluida en alguno de los numerosos campos de concentración creados al efecto por toda España -en el libro de Javier Rodrigo Sánchez "La represión bajo el franquismo" figuran documentados 72 campos de concentración, casi la mitad de ellos funcionando ya desde la misma guerra civil, con un total de aproximadamente unos 180.000 internados debidamente contabilizados-, con lo que además de conseguir pingües beneficios económicos consiguió descongestionar las numerosas cárceles existentes en todo el territorio nacional, todas ellas abarrotadas durante los años de la más inmediata posguerra a causa de las sucesivas oleadas de detenciones masivas que se produjeron en España entera al término de la guerra civil.
El Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, eufemismo con el que se intentaba ocultar el nombre de los campos de concentración, fue en realidad el encargado de centralizar el uso y abuso que el franquismo hizo de sus prisioneros políticos como trabajadores forzados o esclavos, dando origen incluso, con la creación de sus campos de concentración y la instalación en las cercanías de las familias de algunos de los prisioneros en ellos internados, a la creación espontánea de nuevos núcleos de población surgidos entonces, como El Palmar de Troya, Dos Hermanas, Los Palacios o los barrios sevillanos de Torreblanca y Bellavista, aún en la actualidad formado en su gran mayoría por familiares de antiguos presos políticos esclavizados por el franquismo.
Empleados fundamentalmente en obras públicas de todo tipo -por ejemplo, en la construcción de carreteras, puentes, túneles, vías férreas, canales y marismas-, centenares de miles de prisioneros políticos del franquismo se vieron obligados al trabajo forzado, a modo de nuevos esclavos, tanto en obras tan impresionantes como las de la construcción del Valle de los Caídos -donde trabajaron hasta 1950 un total de cerca de 20.000 presos políticos, hasta la definitiva culminación de las obras de construcción tanto de los accesos por carretera como del monasterio y la cripta de aquella obra faraónica- o del pazo de Aday, como en muchas otras obras al servicio de la Iglesia católica -entre otras, los 15.000 crucifijos para escuelas y otros centros oficiales, que fueron facturados inmediatamente después de la guerra civil desde los Talleres Penitenciarios, cuya sede central era la cárcel de Alcalá de Henares- y, cada vez en mayor medida, al servicio de gran número de empresas privadas, casi todas ellas adjudicatarias y concesionarias del propio Estado.
Según recoge Isaías Lafuente en su documentado libro, fueron prisioneros políticos quienes construyeron obras hidráulicas como los embalses del Ebro, Benagéver, Entrepeñas, Pálmaces, Mediano, Riosequillo, Revenga, Barasona, Mansilla de la Sierra, González Lacasa, El Cenajo, Torre del Águila, Barrios de Luna, Yesa, San Esteban y Linares, la Real Acequia del Jarama, canales como el Bajo del Guadalquivir, Bajo del Alberche, Montijo, Jarama, Bárdenas, Monegros, Toro-Zamora, Bierzo, Badarán y Linares del Arroyo, amén de saltos como los del Nansa y el Sil. Fueron, igualmente, prisioneros políticos del franquismo quienes reconstruyeron pueblos y ciudades como Belchite, Brunete, Oviedo, Teruel, Toledo, Huesca, Lleida, Gernika, Amorebieta, Éibar, Potes, Quinto de Ebro, Mediana de Aragón, Puebla de Albortón, Boadilla del Monte, Villamanín, Vilanova de la Barca, Sabiñánigo o Figueres, entre muchas otras poblaciones. Trabajaron también en las minas de mercurio de Almadén, en los pozos Maria Luisa, Fondón y San Mamés de Duro Felguera, en las minas de antracita de Fabero y en muchas otras empresas mineras, en Asturias, Leñón, Pontevedra, Lleida, Ourense, Teruel, Albacete, Murcia y Cartagena, por ejemplo, y lo hicieron asimismo en gran cantidad de obras públicas, como en la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos, Zamora-A Coruña, Tudela de Veguin a Lugo de Llanera, Pedernales-Bermeo o la inconclusa Santander-Mediterráneo, así como en la primera estación ferroviaria de Chamartín, en Madrid, y en carreteras como las de Canfranc, de la carretera de A Coruña a El Escorial, variantes de carreteras como las de Madrid-Valencia Puerto Contreras, Honrubia, Oropesa, los puertos del Escudo y del Arzobispo, el túnel de Vielha ...
Además de la construcción tanto de los accesos como del monasterio y la cripta del Valle de los Caídos, fueron también prisioneros políticos del franquismo quienes construyeron desde aeropuertos como los de Sondica o Labacolla hasta estadios municipales como los de Valladolid y Palencia, pasando por cárceles como la de Carabanchel.
Entre las empresas privadas españolas que más frecuentemente tuvieron a su servicio como trabajadores forzados a prisioneros políticos del franquismo figuraron en lugar muy destacado y constante Dragados y Construcciones, Banús, A. Marroquín, San Román, Hermanos Nicolás Gómez y Construcciones ABC.
Algunas de estas empresas privadas se lucraron con el trabajo forzado y apenas pagado de gran número de prisioneros políticos del franquismo por espacio de más de dos décadas, como lo hizo en concreto la empresa Dragados y Construcciones fundamentalmente en la construcción de gran número de pantanos, mientras que en el caso de Banús lo hicieron todavía hasta el año 1969 en todo tipo de obras y construcciones.
Otras empresas que tuvieron a presos políticos trabajando a su servicio fueron, por ejemplo, Babcock-Wilcox, Carbones Asturianos, Constructora Naval, Industrias Egaña, Talleres La Trefilera, Plasencia de las Armas, Esperanza y Compañía SA, Talleres Murga, Cementos Portland-Iberia, Cementos Asland, Metro de Madrid, Riegos Asfálticos, Sacristán, Portolés y Compañía, Sicot, José M. Padró, Carbonífera Palomar, Montes de Galicia, A. Villalón, E. Osis, Elizarrán, Hidro Nitro Española, Minas del Bierzo, Experiencias Industriales, Gutiérrez Oliva, A. Carretero, Sanz Bueno, Salvador Cuota, Maquinista y Fundición del Ebro, Regino Criado, Ferrocarriles y Minas, Antracitas Gaiztarro, Múgica-Arellano y Cía, Minero Siderúrgica de Orallo, ECIA, Vías y Riegos, Duro-Felguera, C. Peña, Julián A. Expósito, Cimentaciones y Obras, E. Medrano, C. Mardellano, D.L. Pastora, M. Llagostera, I. Arribalaga, J. Dobarco, Sociedad Marcor, Ramón Echave, SAFA, Burés, Industrias Artísticas Agrupadas ...
La iglesia católica española, convertida prácticamente desde el mismo inicio de la guerra civil en uno de los más importantes e influyentes apoyos de Franco tras haber declarado formal y oficialmente que la insurrección militar era una "Cruzada", se benefició asimismo del trabajo esclavo de gran número de prisioneros políticos del franquismo.
Entre otras construcciones para la Iglesia católica en las que fueron obligados a trabajar como esclavos numerosos presos políticos de distintas regiones españoles, figuran las de la reconstrucción de la catedral y el seminario de Vic, el colegio de los escolapios de San Antón en Madrid, el seminario orensano de Ervedelos, la vallisoletana iglesia del Carmen y los conventos de las madres adoratrices de Cartagena, Valladolid y Alcalá de Henares.
780 millones de euros de beneficios
El ya mencionado libro de Isaías Lafuente no es propiamente el primero en denunciar esta infamia criminal perpetrada por el franquismo, puesto que ya en 1969 Aroca Sardagna se refería a ello en su libro "Los republicanos que no se exiliaron", y en el año 2000 Rafael Torres publicó otro importante volumen sobre esta cuestión, "Los esclavos de Franco", el primero en documentar ya el trabajo forzado de gran número de prisioneros políticos del franquismo.
No obstante, Lafuente ha profundizado mucho más y da en su libro todo tipo de datos y documentación, llegando incluso a las cuantificación económica precisa de los beneficios obtenidos por el franquismo a costa de la práctica esclavitud de sus prisioneros políticos: más de 130.000 millones de pesetas, unos 780 millones de euros. Ello se deduce del estudio de las muy detalladas memorias anuales remitidas a Franco por el Patronato para la Redención de Penas entre 1939 y 1970, conservadas aún en los archivos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Sólo entre los años 1939 y 1945, Franco dispuso mensualmente de una media de unos 10.000 presos políticos republicanos convertidos por él en sus esclavos, siendo en total durante aquellos años unos 110.000 los presos políticos laboralmente explotados en colonias, talleres, destacamentos penales y empresas privadas.
Carrero Blanco recibía el 75% del salario de los "esclavos". El profesor Francisco Moreno Gómez ha cifrado el jornal medio de un preso político esclavizado por el franquismo en 4,75 pesetas, en el caso de ser un hombre con esposa y un hijo a su cargo y que estuviese al servicio de algún organismo público del Estado, y de 14 pesetas si trabajaba al servicio de una empresa privada, de las que sólo 50 céntimos iban a parar al propio preso, 3 pesetas eran destinadas a su familia, 1,40 eran retenidas en teoría para su alimentación y las 9,10 pesetas restantes iban a parar a Hacienda, aunque se ignora bajo qué concepto se les sometía oficialmente a tan cuantiosa exacción fiscal.
Este dinero era periódicamente ingresado por el Patronato para la Redención de Penas en una cuenta cifrada del Banco de España, a nombre del entonces subsecretario de Presidencia del Gobierno, Luis Carrero Blanco, conforme ha podido documentar y probar recientemente el ya citado profesor Antonio Miguel Bernal.
Catedrático de Historia del Pensamiento de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Antonio Miguel Bernal ha coordinado recientemente el interesante ciclo de conferencias que se ha celebrado en dicho centro universitario bajo el título "Los presos del Canal. 1940-1962". Estas jornadas han sido organizadas por la universidad hispalense en colaboración con la fundación El Monte y el sindicato CGT, y se han dedicado al estudio de la utilización sistemática de prisioneros políticos andaluces como trabajadores forzados en las obras de construcción del canal Bajo del Guadalquivir, entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, de 150 kilómetros de longitud, 90 de los cuales fueron íntegramente realizados por unos 10.000 prisioneros políticos del franquismo, desde muy poco después del final de la guerra civil, y hasta más de dos décadas después, hasta el año 1962.
Tras el fuerte impacto causado por la reciente publicación del libro de Isaías Lafuente, estas jornadas sevillanas han contribuido a dar a conocer muchos otros aspectos sobre la feroz e implacable represión que el franquismo ejerció contra sus opositores, especialmente en la más inmediata posguerra, pero en realidad hasta más allá incluso de la muerte del propio dictador.
Los campos de exterminio
Aunque se tenían algunas referencias merced a la publicación de las memorias de algunos antiguos presos políticos del franquismo, ha sido ahora cuando se ha documentado ya con rigor histórico la existencia en la España de la guerra y la posguerra civil de auténticos campos de exterminio. A diferencia de los campos de concentración, en los que los prisioneros políticos eran utilizados sistemáticamente como "esclavos" y donde en no pocos casos los internados fallecían también a causa de las pésimas condiciones de vida y trabajo a las que se encontraban sometidos, los campos de exterminio franquistas eran, al igual que sus homólogos nazis de tan triste recuerdo, centros destinados fundamental y casi exclusivamente a la pura y simple ejecución de sus internados.
El ya citado Antonio Miguel Bernal señalaba en las mentadas jornadas sevillanas que está perfectamente documentada la existencia en la población extremeña de Castuera de un campo de exterminio creado a principios de la guerra civil, inmediatamente después de la toma de Badajoz por las tropas franquistas, a mediados de agosto de 1936, en el que a diario se produjeron fusilamientos y donde existe un gran número de fosas llenas de cadáveres de presos políticos republicanos que allí fueron exterminados.
El propio profesor Bernal coordina un grupo de trabajo que estudia el papel desarrollado por determinados oficiales y médicos alemanes en algunos campos de concentración de la España franquista, durante la guerra civil y de forma muy en especial entre los años 1937 y 1938, ya que existen evidencias claras de que realizaron experimentos y prácticas de exterminio similares a las que poco después fueron llevadas a cabo de modo sistemático y masivo en los campos de exterminio nazis.
Otro de los historiadores asistentes a las mencionadas jornadas celebradas en Sevilla, el catalán Borja de Riquer, señalaba que en la España franquista se superaron los 140.000 fusilamientos, casi triplicando los 50.000 que se produjeron en las zonas de España controladas por la República. Más aún, el mismo historiador hacía notar que en el caso concreto de Andalucía esta relación se más que cuadruplicó, con 40.000 fusilamientos franquistas por 9.000 a cargo de los republicanos. De Riquer hizo notar que una vez terminada ya la guerra civil, entre 1939 y 1947, el franquismo ejecutó diariamente a una media de diez personas, con diez fusilamientos diarios, lo que representa cerca de 30.000 fusilamientos durante los ocho años después del fin de la guerra civil, a los que habría que añadir todavía los que se produjeron con posterioridad y hasta el mismo final de la dictadura.
Borja de Riquer destacó asimismo que la juventud republicana fue la principal víctima de la criminal represión franquista desatada al término de la guerra civil. En base a un estudio realizado sobre las quintas de la barcelonesa ciudad de Badalona entre los años 1936 y 1940, De Riquer subrayó que de los 2.256 jóvenes de entre 19 y 25 años de edad existentes en el censo de dicha ciudad en 1936, en 1940, 295 habían muerto, 234 habían sido considerados prófugos y 204 estaban encarcelados, con lo que un tercio de los jóvenes badaloneses, al finalizar la guerra civil, habían fallecido, estaban exiliados o habían sido encarcelados.
Los esclavos españoles de Hitler
Éste es el título del último libro del historiador José Luis Rodríguez Jiménez, en el que se detalla otro oscuro y hasta ahora muy poco conocido aspecto de la represión franquista: el de la utilización de miles de ciudadanos españoles que Franco convirtió en víctimas propiciatorias del nazismo, después de haberles enviado para Alemania a trabajar en minas y fábricas, fundamentalmente con el objetivo de saldar la importante deuda económica contraída por el propio Franco con Hitler por su decidida ayuda militar y financiera al bando rebelde durante la guerra civil española, estimada en unos 400 millones de marcos, unos 1.200 millones de pesetas oro.
Según el profesor José Luis Rodríguez Jiménez, el contenido del convenio firmado el 21 de agosto de 1941 entre los gobiernos de España y Alemania, por el que al cabo de muy poco tiempo como mínimo 10.500 trabajadores españoles fueron enviados a la Alemania nazi, demuestra claramente que la voluntariedad de los allí enviados no es más que una burda patraña de la propaganda franquista.
Además de aquellos 10.500 obreros salidos desde España, el régimen nazi hizo que otros 40.000 ciudadanos españoles, todos ellos republicanos exiliados desde el final de la guerra civil en Francia, una vez este país fue ocupado por Alemania, se incorporasen voluntaria o forzosamente, a sus batallones de trabajo, mientras otros 12.000 republicanos españoles fueron a parar asimismo a diversos campos de concentración o de exterminio, evidentemente todos ellos de forma obligada.
La reciente reedición del documentado y voluminoso trabajo que escribiera la ya fallecida escritora barcelonesa Montserrat Roig bajo el título "Els catalans als camps nazis" (Edicions 62) es un testimonio desgarrador sobre las penalidades sufridas por gran número de republicanos españoles de ambos sexos en los campos de concentración o de exterminio creados por el nazismo.
Aunque se ciñe en exclusiva a los deportados de origen catalán o con residencia en Cataluña, el riguroso libro de Montserrat Roig, así como la excelente novela del escritor catalán Joaquim Amat-Piniella "K.L.Reich" (Edicions 62), en la que rememora sus propias vivencias personales como deportado en el tristemente célebre campo nazi de exterminio de Mathausen, constituyen dos grandes testimonios de otra de las infamias perpetradas por el franquismo con sus opositores, ya que fue el cuñado de Franco y por aquel entonces ministro de Asuntos Exteriores de España, Ramón Serrano Suñer, quien se negó a reconocer la nacionalidad española a los exiliados republicanos que fueron exterminados en gran número en los campos nazis, padeciendo el total de ellos todo tipo de torturas, malos tratos y vejaciones mientras duró su cautiverio, en el que destacaron muchos de ellos como esforzados y heroicos resistentes. En "Los esclavos españoles de Hitler" el profesor José Luis Rodríguez Jiménez constata el engaño al que el franquismo sometió a los 10.500 "productores españoles" enviados a Alemania, en teoría de forma "voluntaria", al igual que muchos de los españoles integrados en la célebre División Azul que combatió junto a las tropas nazis a las órdenes del general Muñoz Grandes. El propio régimen franquista, en sus estimaciones iniciales, calculó en aproximadamente 100.000 los "productores españoles" que debería enviar a trabajar a Alemania para cumplir completamente el acuerdo suscrito con las autoridades nazis para saldar definitivamente su deuda económica.
No obstante, tanto por el elevado coste económico que para el franquismo representaba aquella operación en gastos de organización, ropa, calzado y traslado, como porque ya a partir de 1942 comenzó a ser evidente incluso para los sectores falangistas más abiertamente partidarios del régimen hitleriano que la Alemania nazi sería derrotada por los aliados y el franquismo optó por empezar a alejarse de ella, lo cierto es que finalmente parece que fueron sólo 10.500 los trabajadores españoles que Franco convirtió realmente en "esclavos de Hitler".
Con pésimas condiciones tanto de vida como de trabajo, aparentemente desconocedores tanto de su teórico y muy a menudo incumplido derecho a 20 días de vacaciones anuales como de que una importante parte de sus salarios quedaba retenida en los bancos alemanes como abono a cuenta de la deuda que la España de Franco tenía pendiente todavía con la Alemania nazi, los 10.500 "esclavos españoles de Hitler" padecieron también todo tipo de malos tratos y vejaciones, soportando penalidades sin cuento y sin que en ningún caso dispusieran del apoyo de las autoridades franquistas en defensa de sus legítimos derechos laborales.
Luis Rodríguez Jiménez ha documentado que al menos 25 de aquellos "productores españoles" fueron fusilados por los nazis para castigar sus protestas o rebeldías, así como que a pesar de que el grueso de ellos fueron repatriados a España ya a partir de 1943, cuando parecía definitivamente clara la derrota del nazismo, algunos de ellos optaron por quedarse en Alemania, donde al parecer algunos de ellos siguen viviendo. Muy pocos de aquellos miles de "productores españoles" convertidos por Franco en "esclavos de Hitler" parecen dispuestos ahora a recordar aquella tan lamentable experiencia y sólo uno de ellos ha facilitado todo tipo de datos e informaciones a José Luis Rodríguez Jiménez.
El Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, eufemismo con el que se intentaba ocultar el nombre de los campos de concentración, fue en realidad el encargado de centralizar el uso y abuso que el franquismo hizo de sus prisioneros políticos como trabajadores forzados o esclavos, dando origen incluso, con la creación de sus campos de concentración y la instalación en las cercanías de las familias de algunos de los prisioneros en ellos internados, a la creación espontánea de nuevos núcleos de población surgidos entonces, como El Palmar de Troya, Dos Hermanas, Los Palacios o los barrios sevillanos de Torreblanca y Bellavista, aún en la actualidad formado en su gran mayoría por familiares de antiguos presos políticos esclavizados por el franquismo.
Empleados fundamentalmente en obras públicas de todo tipo -por ejemplo, en la construcción de carreteras, puentes, túneles, vías férreas, canales y marismas-, centenares de miles de prisioneros políticos del franquismo se vieron obligados al trabajo forzado, a modo de nuevos esclavos, tanto en obras tan impresionantes como las de la construcción del Valle de los Caídos -donde trabajaron hasta 1950 un total de cerca de 20.000 presos políticos, hasta la definitiva culminación de las obras de construcción tanto de los accesos por carretera como del monasterio y la cripta de aquella obra faraónica- o del pazo de Aday, como en muchas otras obras al servicio de la Iglesia católica -entre otras, los 15.000 crucifijos para escuelas y otros centros oficiales, que fueron facturados inmediatamente después de la guerra civil desde los Talleres Penitenciarios, cuya sede central era la cárcel de Alcalá de Henares- y, cada vez en mayor medida, al servicio de gran número de empresas privadas, casi todas ellas adjudicatarias y concesionarias del propio Estado.
Según recoge Isaías Lafuente en su documentado libro, fueron prisioneros políticos quienes construyeron obras hidráulicas como los embalses del Ebro, Benagéver, Entrepeñas, Pálmaces, Mediano, Riosequillo, Revenga, Barasona, Mansilla de la Sierra, González Lacasa, El Cenajo, Torre del Águila, Barrios de Luna, Yesa, San Esteban y Linares, la Real Acequia del Jarama, canales como el Bajo del Guadalquivir, Bajo del Alberche, Montijo, Jarama, Bárdenas, Monegros, Toro-Zamora, Bierzo, Badarán y Linares del Arroyo, amén de saltos como los del Nansa y el Sil. Fueron, igualmente, prisioneros políticos del franquismo quienes reconstruyeron pueblos y ciudades como Belchite, Brunete, Oviedo, Teruel, Toledo, Huesca, Lleida, Gernika, Amorebieta, Éibar, Potes, Quinto de Ebro, Mediana de Aragón, Puebla de Albortón, Boadilla del Monte, Villamanín, Vilanova de la Barca, Sabiñánigo o Figueres, entre muchas otras poblaciones. Trabajaron también en las minas de mercurio de Almadén, en los pozos Maria Luisa, Fondón y San Mamés de Duro Felguera, en las minas de antracita de Fabero y en muchas otras empresas mineras, en Asturias, Leñón, Pontevedra, Lleida, Ourense, Teruel, Albacete, Murcia y Cartagena, por ejemplo, y lo hicieron asimismo en gran cantidad de obras públicas, como en la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos, Zamora-A Coruña, Tudela de Veguin a Lugo de Llanera, Pedernales-Bermeo o la inconclusa Santander-Mediterráneo, así como en la primera estación ferroviaria de Chamartín, en Madrid, y en carreteras como las de Canfranc, de la carretera de A Coruña a El Escorial, variantes de carreteras como las de Madrid-Valencia Puerto Contreras, Honrubia, Oropesa, los puertos del Escudo y del Arzobispo, el túnel de Vielha ...
Además de la construcción tanto de los accesos como del monasterio y la cripta del Valle de los Caídos, fueron también prisioneros políticos del franquismo quienes construyeron desde aeropuertos como los de Sondica o Labacolla hasta estadios municipales como los de Valladolid y Palencia, pasando por cárceles como la de Carabanchel.
Entre las empresas privadas españolas que más frecuentemente tuvieron a su servicio como trabajadores forzados a prisioneros políticos del franquismo figuraron en lugar muy destacado y constante Dragados y Construcciones, Banús, A. Marroquín, San Román, Hermanos Nicolás Gómez y Construcciones ABC.
Algunas de estas empresas privadas se lucraron con el trabajo forzado y apenas pagado de gran número de prisioneros políticos del franquismo por espacio de más de dos décadas, como lo hizo en concreto la empresa Dragados y Construcciones fundamentalmente en la construcción de gran número de pantanos, mientras que en el caso de Banús lo hicieron todavía hasta el año 1969 en todo tipo de obras y construcciones.
Otras empresas que tuvieron a presos políticos trabajando a su servicio fueron, por ejemplo, Babcock-Wilcox, Carbones Asturianos, Constructora Naval, Industrias Egaña, Talleres La Trefilera, Plasencia de las Armas, Esperanza y Compañía SA, Talleres Murga, Cementos Portland-Iberia, Cementos Asland, Metro de Madrid, Riegos Asfálticos, Sacristán, Portolés y Compañía, Sicot, José M. Padró, Carbonífera Palomar, Montes de Galicia, A. Villalón, E. Osis, Elizarrán, Hidro Nitro Española, Minas del Bierzo, Experiencias Industriales, Gutiérrez Oliva, A. Carretero, Sanz Bueno, Salvador Cuota, Maquinista y Fundición del Ebro, Regino Criado, Ferrocarriles y Minas, Antracitas Gaiztarro, Múgica-Arellano y Cía, Minero Siderúrgica de Orallo, ECIA, Vías y Riegos, Duro-Felguera, C. Peña, Julián A. Expósito, Cimentaciones y Obras, E. Medrano, C. Mardellano, D.L. Pastora, M. Llagostera, I. Arribalaga, J. Dobarco, Sociedad Marcor, Ramón Echave, SAFA, Burés, Industrias Artísticas Agrupadas ...
La iglesia católica española, convertida prácticamente desde el mismo inicio de la guerra civil en uno de los más importantes e influyentes apoyos de Franco tras haber declarado formal y oficialmente que la insurrección militar era una "Cruzada", se benefició asimismo del trabajo esclavo de gran número de prisioneros políticos del franquismo.
Entre otras construcciones para la Iglesia católica en las que fueron obligados a trabajar como esclavos numerosos presos políticos de distintas regiones españoles, figuran las de la reconstrucción de la catedral y el seminario de Vic, el colegio de los escolapios de San Antón en Madrid, el seminario orensano de Ervedelos, la vallisoletana iglesia del Carmen y los conventos de las madres adoratrices de Cartagena, Valladolid y Alcalá de Henares.
780 millones de euros de beneficios
El ya mencionado libro de Isaías Lafuente no es propiamente el primero en denunciar esta infamia criminal perpetrada por el franquismo, puesto que ya en 1969 Aroca Sardagna se refería a ello en su libro "Los republicanos que no se exiliaron", y en el año 2000 Rafael Torres publicó otro importante volumen sobre esta cuestión, "Los esclavos de Franco", el primero en documentar ya el trabajo forzado de gran número de prisioneros políticos del franquismo.
No obstante, Lafuente ha profundizado mucho más y da en su libro todo tipo de datos y documentación, llegando incluso a las cuantificación económica precisa de los beneficios obtenidos por el franquismo a costa de la práctica esclavitud de sus prisioneros políticos: más de 130.000 millones de pesetas, unos 780 millones de euros. Ello se deduce del estudio de las muy detalladas memorias anuales remitidas a Franco por el Patronato para la Redención de Penas entre 1939 y 1970, conservadas aún en los archivos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Sólo entre los años 1939 y 1945, Franco dispuso mensualmente de una media de unos 10.000 presos políticos republicanos convertidos por él en sus esclavos, siendo en total durante aquellos años unos 110.000 los presos políticos laboralmente explotados en colonias, talleres, destacamentos penales y empresas privadas.
Carrero Blanco recibía el 75% del salario de los "esclavos". El profesor Francisco Moreno Gómez ha cifrado el jornal medio de un preso político esclavizado por el franquismo en 4,75 pesetas, en el caso de ser un hombre con esposa y un hijo a su cargo y que estuviese al servicio de algún organismo público del Estado, y de 14 pesetas si trabajaba al servicio de una empresa privada, de las que sólo 50 céntimos iban a parar al propio preso, 3 pesetas eran destinadas a su familia, 1,40 eran retenidas en teoría para su alimentación y las 9,10 pesetas restantes iban a parar a Hacienda, aunque se ignora bajo qué concepto se les sometía oficialmente a tan cuantiosa exacción fiscal.
Este dinero era periódicamente ingresado por el Patronato para la Redención de Penas en una cuenta cifrada del Banco de España, a nombre del entonces subsecretario de Presidencia del Gobierno, Luis Carrero Blanco, conforme ha podido documentar y probar recientemente el ya citado profesor Antonio Miguel Bernal.
Catedrático de Historia del Pensamiento de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Antonio Miguel Bernal ha coordinado recientemente el interesante ciclo de conferencias que se ha celebrado en dicho centro universitario bajo el título "Los presos del Canal. 1940-1962". Estas jornadas han sido organizadas por la universidad hispalense en colaboración con la fundación El Monte y el sindicato CGT, y se han dedicado al estudio de la utilización sistemática de prisioneros políticos andaluces como trabajadores forzados en las obras de construcción del canal Bajo del Guadalquivir, entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, de 150 kilómetros de longitud, 90 de los cuales fueron íntegramente realizados por unos 10.000 prisioneros políticos del franquismo, desde muy poco después del final de la guerra civil, y hasta más de dos décadas después, hasta el año 1962.
Tras el fuerte impacto causado por la reciente publicación del libro de Isaías Lafuente, estas jornadas sevillanas han contribuido a dar a conocer muchos otros aspectos sobre la feroz e implacable represión que el franquismo ejerció contra sus opositores, especialmente en la más inmediata posguerra, pero en realidad hasta más allá incluso de la muerte del propio dictador.
Los campos de exterminio
Aunque se tenían algunas referencias merced a la publicación de las memorias de algunos antiguos presos políticos del franquismo, ha sido ahora cuando se ha documentado ya con rigor histórico la existencia en la España de la guerra y la posguerra civil de auténticos campos de exterminio. A diferencia de los campos de concentración, en los que los prisioneros políticos eran utilizados sistemáticamente como "esclavos" y donde en no pocos casos los internados fallecían también a causa de las pésimas condiciones de vida y trabajo a las que se encontraban sometidos, los campos de exterminio franquistas eran, al igual que sus homólogos nazis de tan triste recuerdo, centros destinados fundamental y casi exclusivamente a la pura y simple ejecución de sus internados.
El ya citado Antonio Miguel Bernal señalaba en las mentadas jornadas sevillanas que está perfectamente documentada la existencia en la población extremeña de Castuera de un campo de exterminio creado a principios de la guerra civil, inmediatamente después de la toma de Badajoz por las tropas franquistas, a mediados de agosto de 1936, en el que a diario se produjeron fusilamientos y donde existe un gran número de fosas llenas de cadáveres de presos políticos republicanos que allí fueron exterminados.
El propio profesor Bernal coordina un grupo de trabajo que estudia el papel desarrollado por determinados oficiales y médicos alemanes en algunos campos de concentración de la España franquista, durante la guerra civil y de forma muy en especial entre los años 1937 y 1938, ya que existen evidencias claras de que realizaron experimentos y prácticas de exterminio similares a las que poco después fueron llevadas a cabo de modo sistemático y masivo en los campos de exterminio nazis.
Otro de los historiadores asistentes a las mencionadas jornadas celebradas en Sevilla, el catalán Borja de Riquer, señalaba que en la España franquista se superaron los 140.000 fusilamientos, casi triplicando los 50.000 que se produjeron en las zonas de España controladas por la República. Más aún, el mismo historiador hacía notar que en el caso concreto de Andalucía esta relación se más que cuadruplicó, con 40.000 fusilamientos franquistas por 9.000 a cargo de los republicanos. De Riquer hizo notar que una vez terminada ya la guerra civil, entre 1939 y 1947, el franquismo ejecutó diariamente a una media de diez personas, con diez fusilamientos diarios, lo que representa cerca de 30.000 fusilamientos durante los ocho años después del fin de la guerra civil, a los que habría que añadir todavía los que se produjeron con posterioridad y hasta el mismo final de la dictadura.
Borja de Riquer destacó asimismo que la juventud republicana fue la principal víctima de la criminal represión franquista desatada al término de la guerra civil. En base a un estudio realizado sobre las quintas de la barcelonesa ciudad de Badalona entre los años 1936 y 1940, De Riquer subrayó que de los 2.256 jóvenes de entre 19 y 25 años de edad existentes en el censo de dicha ciudad en 1936, en 1940, 295 habían muerto, 234 habían sido considerados prófugos y 204 estaban encarcelados, con lo que un tercio de los jóvenes badaloneses, al finalizar la guerra civil, habían fallecido, estaban exiliados o habían sido encarcelados.
Los esclavos españoles de Hitler
Éste es el título del último libro del historiador José Luis Rodríguez Jiménez, en el que se detalla otro oscuro y hasta ahora muy poco conocido aspecto de la represión franquista: el de la utilización de miles de ciudadanos españoles que Franco convirtió en víctimas propiciatorias del nazismo, después de haberles enviado para Alemania a trabajar en minas y fábricas, fundamentalmente con el objetivo de saldar la importante deuda económica contraída por el propio Franco con Hitler por su decidida ayuda militar y financiera al bando rebelde durante la guerra civil española, estimada en unos 400 millones de marcos, unos 1.200 millones de pesetas oro.
Según el profesor José Luis Rodríguez Jiménez, el contenido del convenio firmado el 21 de agosto de 1941 entre los gobiernos de España y Alemania, por el que al cabo de muy poco tiempo como mínimo 10.500 trabajadores españoles fueron enviados a la Alemania nazi, demuestra claramente que la voluntariedad de los allí enviados no es más que una burda patraña de la propaganda franquista.
Además de aquellos 10.500 obreros salidos desde España, el régimen nazi hizo que otros 40.000 ciudadanos españoles, todos ellos republicanos exiliados desde el final de la guerra civil en Francia, una vez este país fue ocupado por Alemania, se incorporasen voluntaria o forzosamente, a sus batallones de trabajo, mientras otros 12.000 republicanos españoles fueron a parar asimismo a diversos campos de concentración o de exterminio, evidentemente todos ellos de forma obligada.
La reciente reedición del documentado y voluminoso trabajo que escribiera la ya fallecida escritora barcelonesa Montserrat Roig bajo el título "Els catalans als camps nazis" (Edicions 62) es un testimonio desgarrador sobre las penalidades sufridas por gran número de republicanos españoles de ambos sexos en los campos de concentración o de exterminio creados por el nazismo.
Aunque se ciñe en exclusiva a los deportados de origen catalán o con residencia en Cataluña, el riguroso libro de Montserrat Roig, así como la excelente novela del escritor catalán Joaquim Amat-Piniella "K.L.Reich" (Edicions 62), en la que rememora sus propias vivencias personales como deportado en el tristemente célebre campo nazi de exterminio de Mathausen, constituyen dos grandes testimonios de otra de las infamias perpetradas por el franquismo con sus opositores, ya que fue el cuñado de Franco y por aquel entonces ministro de Asuntos Exteriores de España, Ramón Serrano Suñer, quien se negó a reconocer la nacionalidad española a los exiliados republicanos que fueron exterminados en gran número en los campos nazis, padeciendo el total de ellos todo tipo de torturas, malos tratos y vejaciones mientras duró su cautiverio, en el que destacaron muchos de ellos como esforzados y heroicos resistentes. En "Los esclavos españoles de Hitler" el profesor José Luis Rodríguez Jiménez constata el engaño al que el franquismo sometió a los 10.500 "productores españoles" enviados a Alemania, en teoría de forma "voluntaria", al igual que muchos de los españoles integrados en la célebre División Azul que combatió junto a las tropas nazis a las órdenes del general Muñoz Grandes. El propio régimen franquista, en sus estimaciones iniciales, calculó en aproximadamente 100.000 los "productores españoles" que debería enviar a trabajar a Alemania para cumplir completamente el acuerdo suscrito con las autoridades nazis para saldar definitivamente su deuda económica.
No obstante, tanto por el elevado coste económico que para el franquismo representaba aquella operación en gastos de organización, ropa, calzado y traslado, como porque ya a partir de 1942 comenzó a ser evidente incluso para los sectores falangistas más abiertamente partidarios del régimen hitleriano que la Alemania nazi sería derrotada por los aliados y el franquismo optó por empezar a alejarse de ella, lo cierto es que finalmente parece que fueron sólo 10.500 los trabajadores españoles que Franco convirtió realmente en "esclavos de Hitler".
Con pésimas condiciones tanto de vida como de trabajo, aparentemente desconocedores tanto de su teórico y muy a menudo incumplido derecho a 20 días de vacaciones anuales como de que una importante parte de sus salarios quedaba retenida en los bancos alemanes como abono a cuenta de la deuda que la España de Franco tenía pendiente todavía con la Alemania nazi, los 10.500 "esclavos españoles de Hitler" padecieron también todo tipo de malos tratos y vejaciones, soportando penalidades sin cuento y sin que en ningún caso dispusieran del apoyo de las autoridades franquistas en defensa de sus legítimos derechos laborales.
Luis Rodríguez Jiménez ha documentado que al menos 25 de aquellos "productores españoles" fueron fusilados por los nazis para castigar sus protestas o rebeldías, así como que a pesar de que el grueso de ellos fueron repatriados a España ya a partir de 1943, cuando parecía definitivamente clara la derrota del nazismo, algunos de ellos optaron por quedarse en Alemania, donde al parecer algunos de ellos siguen viviendo. Muy pocos de aquellos miles de "productores españoles" convertidos por Franco en "esclavos de Hitler" parecen dispuestos ahora a recordar aquella tan lamentable experiencia y sólo uno de ellos ha facilitado todo tipo de datos e informaciones a José Luis Rodríguez Jiménez.
