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Cortesia: La Jornada
Es el número más alto (de víctimas) en los últimos años, alertó el ombudsman Raúl Plascencia.
México, DF. Ante el pleno de la Comisión Permanente, el ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva destacó que el enfrentamiento entre las autoridades encargadas de la seguridad pública y la delincuencia organizada dejó como resultado un incremento considerable de muertes violentas, “el número más alto de los últimos años”.
Esta situación provocó una injusta afectación a los derechos y libertades de las personas ajenas a la delincuencia.
El año pasado murieron 111 inocentes en los operativos de seguridad, y su mayoría “aún aguarda justicia”.
El tuitular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostuvo que las estrategias de seguridad requieren de una constante evaluación para determinar su funcionalidad y conveniencia. “El recuento de los logros y desatinos permitiá rescatar lo positivo y enmendar las fallas, un aspecto necesario en la evaluación debe ser el respeto a los Derechos Humanos”.
Ante diputados y senadores Plascencia Villanueva dijo que “la inseguridad no es excusa válida para pretender justificar la vulneración de los derechos humanos”.
Denunció además la resistencia de servidores públicos para reconocer las responsabilidades que se le atribuyen en hechos concretos y verificables.
Dijo que es lamentable el discurso de funcionarios que condenan la causa de los derechos humanos “como si el quebrantamiento del Estado de Derecho garantizara un mejor futuro para el país”.
Expuso que varias autoridades “aún encuentran dificultades para aceptar de inmediato las recomendaciones, pues están acostumbradas a recibir sólo reconocimientos y no aceptan observaciones y se muestran indignadas al reconocer fallas, excesos o abusos”.
Es el número más alto (de víctimas) en los últimos años, alertó el ombudsman Raúl Plascencia.
México, DF. Ante el pleno de la Comisión Permanente, el ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva destacó que el enfrentamiento entre las autoridades encargadas de la seguridad pública y la delincuencia organizada dejó como resultado un incremento considerable de muertes violentas, “el número más alto de los últimos años”.
Esta situación provocó una injusta afectación a los derechos y libertades de las personas ajenas a la delincuencia.
El año pasado murieron 111 inocentes en los operativos de seguridad, y su mayoría “aún aguarda justicia”.
El tuitular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostuvo que las estrategias de seguridad requieren de una constante evaluación para determinar su funcionalidad y conveniencia. “El recuento de los logros y desatinos permitiá rescatar lo positivo y enmendar las fallas, un aspecto necesario en la evaluación debe ser el respeto a los Derechos Humanos”.
Ante diputados y senadores Plascencia Villanueva dijo que “la inseguridad no es excusa válida para pretender justificar la vulneración de los derechos humanos”.
Denunció además la resistencia de servidores públicos para reconocer las responsabilidades que se le atribuyen en hechos concretos y verificables.
Dijo que es lamentable el discurso de funcionarios que condenan la causa de los derechos humanos “como si el quebrantamiento del Estado de Derecho garantizara un mejor futuro para el país”.
Expuso que varias autoridades “aún encuentran dificultades para aceptar de inmediato las recomendaciones, pues están acostumbradas a recibir sólo reconocimientos y no aceptan observaciones y se muestran indignadas al reconocer fallas, excesos o abusos”.
