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Por: Adrián Fernández
Fecha de publicación: 01/11/12
Intereses: mineros dependientes del Estado y cooperativistas se enfrentaron durante tres meses por la explotación de un yacimiento renacionalizado por el Gobierno. La violenta disputa, que provocó un muerto, se allanó con un Decreto Supremo que dividió la veta más codiciada para que sea explotada por ambos sectores. El presidente Morales le recordó a los obreros que “la mina de Colquiri está en manos de los bolivianos” y cuestionó a ambos sectores de tener “ambición, sectarismo y egoísmo” propio “de quienes piensan solamente en ellos y no en la patria”.
El gobierno de Bolivia resolvió trabajosamente un conflicto entre dos sectores mineros que se diputaban el control de un emprendimiento nacionalizado tres meses antes por el presidente Evo Morales. La crisis por la llamada veta Rosario, la más rica de la mina andina Colquiri, se zanjó con la división del yacimiento y el compromiso de ambos sectores de explotar juntos la extracción de zinc, estaño y plata. La mina fue valuada en 5 mil millones de dólares por técnicos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Los obreros que dependen del Estado boliviano (asalariados), enrolados en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), reclamaron durante varias semanas que la mina renacionalizada fuera controlada íntegramente por el Gobierno, aunque finalmente aceptaron que una parte de la veta más productiva sea explotada por los trabajadores de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin, conocidos como los cooperativistas). Las cooperativas funcionan como pequeñas empresas dedicadas a la explotación minera, que ven en los trabajadores una competencia para sus ganancias.
El acuerdo estableció el compromiso mutuo de recuperar “la convivencia en paz y armonía de toda la población”, ubicada a 250 kilómetros de La Paz. Este conflicto amenazó con extenderse, luego de que la Central Obrera Boliviana (COB) cumpliera una huelga parcial de 72 horas en apoyo a los asalariados y advirtiera sobre la realización de un paro por tiempo indeterminado.
Minas y Estado
A fines de mayo, un millar de afiliados a la Cooperativa 26 de Febrero tomaron el yacimiento para reclamar nuevas áreas de trabajo. Pero la disputa se profundizó en junio, cuando el presidente Evo Morales revirtió mediante Decreto Supremo la concesión de la Empresa Minera Colquiri (EMC), filial de la empresa suiza Glencore. Ambos sectores (asalariados y cooperativistas) contrapusieron sus reclamos, que se intensificaron en septiembre y dejaron un saldo de un minero muerto (Héctor Choque) y varios heridos durante enfrentamientos con cartuchos de dinamita entre ambos sectores en La Paz. En los momentos más intensos de la protesta, tanto cooperativistas como asalariados realizaron cortes de carreteras en diferentes puntos, bloquearon el acceso a las principales ciudades, incluida La Paz, e interrumpieron el tránsito también en rutas que conectan a Bolivia con Chile, Perú, Argentina y Brasil.
Para la firma de este acuerdo, alcanzado el 30 de septiembre, ambas partes y los delegados del gobierno debieron retomar un documento firmado el 19 de junio, cuando el Estado renacionalizó la mina y dispuso la operación por parte de los asalariados y los cooperativistas. Así, los trabajadores de la Empresa Minera de Colquiri reconocen el trabajo del sistema cooperativista en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y las normas legales en plena vigencia.
El acuerdo, sellado mediante un Decreto Supremo el 3 de octubre, delimita el área de explotación de la veta Rosario, al establecer una “línea de referencia en todos los niveles de la mina. Hacia el sur es para la Comibol y, hacia el Norte de la línea de referencia, para la cooperativa minera”. Entre otras cosas, reparte el transformador eléctrico de la mina para la Comibol y una rampa de ingreso queda en poder de la Cooperativa minera 26 de Febrero.
Si bien el documento fue firmado por las partes en conflicto, ambos sectores mineros mostraron algunas dudas sobre su real cumplimiento. El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, Albino García, pidió a la Comibol delimitar sus áreas de trabajo a fin de evitar “inconvenientes” con los mineros asalariados. Y el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la EMC, Severino Estallani, expresó sus dudas de que el decreto pueda solucionar el conflicto en Colquiri y responsabilizó al Gobierno de lo que pueda ocurrir a futuro.
La rivalidad se profundizó tras la muerte del minero Choque. Los asalariados piden que se castigue a los cooperativistas responsables del asesinato. “Los dirigentes de la cooperativa que han organizado el ataque no van a ingresar a Colquiri”, afirmó Estallani.
Como parte del intento del Poder Ejecutivo por reordenar la explotación de ésta y otras minas, el gabinete de ministros también aprobó la llamada Ley de Adecuación de Derechos Mineros a la Constitución Política del Estado y Reversión por Inexistencia de Actividades, que determina, entre otras cosas, que las áreas mineras que no tengan ninguna actividad operativa serán revertidas al Estado, así como las que no hayan sido registradas en el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas. El gobierno señala que el espíritu de esta norma es aplicar en el sector minero la denominada “Función Económica Social”, tal como lo dispone la Constitución boliviana.
Patria y plata
En medio de las complejas negociaciones, el presidente Morales pidió a ambos sectores comprender el verdadero sentido de la revolución que él encarna: “la mina de Colquiri está en manos de los bolivianos, los cooperativistas son bolivianos, los asalariados también son bolivianos”, dijo. En ese sentido, cuestionó la “ambición de ambos sectores de mineros” y denunció: “Acabamos de descubrir dirigentes que tienen entre 25 y 30 familiares en los sindicatos; eso es nepotismo y no es ético aunque sea legal”.
Durante una entrevista concedida a Telesur antes de que se firmara el acuerdo por Colquiri, Morales recordó: “yo conocí el guardatojo minero (casco protector) y gran defensor de la patria, ahora el guardatojo minero de ambos sectores es solamente por la plata y no por la patria. Cuando era adolescente escuchaba las demandas ampliadas de los mineros de Bolivia, todo por la patria. (Hoy), lamentablemente hay cierto sectarismo, egoísmo; muchos piensan solamente en ellos y no en la patria, esa es la diferencia que tengo con los hermanos mineros”.
Las disputas internas entre mineros –al igual que sucede con otros sectores como indígenas y campesinos– conforman lo que para el vicepresidente Álvaro García Linera son las “transformaciones en la apropiación del poder del Estado y las propias formas de una toma de decisiones que caracterizan los profundos cambios políticos y culturales vividos por Bolivia”. Para él, se trata de “transformaciones en la propiedad de los principales medios de producción –en el campo, en los sectores energéticos y también en sectores industriales, que marcan la revolución en el plano económico”.
Adrián Fernández
Fecha de publicación: 01/11/12
Intereses: mineros dependientes del Estado y cooperativistas se enfrentaron durante tres meses por la explotación de un yacimiento renacionalizado por el Gobierno. La violenta disputa, que provocó un muerto, se allanó con un Decreto Supremo que dividió la veta más codiciada para que sea explotada por ambos sectores. El presidente Morales le recordó a los obreros que “la mina de Colquiri está en manos de los bolivianos” y cuestionó a ambos sectores de tener “ambición, sectarismo y egoísmo” propio “de quienes piensan solamente en ellos y no en la patria”.
El gobierno de Bolivia resolvió trabajosamente un conflicto entre dos sectores mineros que se diputaban el control de un emprendimiento nacionalizado tres meses antes por el presidente Evo Morales. La crisis por la llamada veta Rosario, la más rica de la mina andina Colquiri, se zanjó con la división del yacimiento y el compromiso de ambos sectores de explotar juntos la extracción de zinc, estaño y plata. La mina fue valuada en 5 mil millones de dólares por técnicos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Los obreros que dependen del Estado boliviano (asalariados), enrolados en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), reclamaron durante varias semanas que la mina renacionalizada fuera controlada íntegramente por el Gobierno, aunque finalmente aceptaron que una parte de la veta más productiva sea explotada por los trabajadores de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin, conocidos como los cooperativistas). Las cooperativas funcionan como pequeñas empresas dedicadas a la explotación minera, que ven en los trabajadores una competencia para sus ganancias.
El acuerdo estableció el compromiso mutuo de recuperar “la convivencia en paz y armonía de toda la población”, ubicada a 250 kilómetros de La Paz. Este conflicto amenazó con extenderse, luego de que la Central Obrera Boliviana (COB) cumpliera una huelga parcial de 72 horas en apoyo a los asalariados y advirtiera sobre la realización de un paro por tiempo indeterminado.
Minas y Estado
A fines de mayo, un millar de afiliados a la Cooperativa 26 de Febrero tomaron el yacimiento para reclamar nuevas áreas de trabajo. Pero la disputa se profundizó en junio, cuando el presidente Evo Morales revirtió mediante Decreto Supremo la concesión de la Empresa Minera Colquiri (EMC), filial de la empresa suiza Glencore. Ambos sectores (asalariados y cooperativistas) contrapusieron sus reclamos, que se intensificaron en septiembre y dejaron un saldo de un minero muerto (Héctor Choque) y varios heridos durante enfrentamientos con cartuchos de dinamita entre ambos sectores en La Paz. En los momentos más intensos de la protesta, tanto cooperativistas como asalariados realizaron cortes de carreteras en diferentes puntos, bloquearon el acceso a las principales ciudades, incluida La Paz, e interrumpieron el tránsito también en rutas que conectan a Bolivia con Chile, Perú, Argentina y Brasil.
Para la firma de este acuerdo, alcanzado el 30 de septiembre, ambas partes y los delegados del gobierno debieron retomar un documento firmado el 19 de junio, cuando el Estado renacionalizó la mina y dispuso la operación por parte de los asalariados y los cooperativistas. Así, los trabajadores de la Empresa Minera de Colquiri reconocen el trabajo del sistema cooperativista en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y las normas legales en plena vigencia.
El acuerdo, sellado mediante un Decreto Supremo el 3 de octubre, delimita el área de explotación de la veta Rosario, al establecer una “línea de referencia en todos los niveles de la mina. Hacia el sur es para la Comibol y, hacia el Norte de la línea de referencia, para la cooperativa minera”. Entre otras cosas, reparte el transformador eléctrico de la mina para la Comibol y una rampa de ingreso queda en poder de la Cooperativa minera 26 de Febrero.
Si bien el documento fue firmado por las partes en conflicto, ambos sectores mineros mostraron algunas dudas sobre su real cumplimiento. El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, Albino García, pidió a la Comibol delimitar sus áreas de trabajo a fin de evitar “inconvenientes” con los mineros asalariados. Y el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la EMC, Severino Estallani, expresó sus dudas de que el decreto pueda solucionar el conflicto en Colquiri y responsabilizó al Gobierno de lo que pueda ocurrir a futuro.
La rivalidad se profundizó tras la muerte del minero Choque. Los asalariados piden que se castigue a los cooperativistas responsables del asesinato. “Los dirigentes de la cooperativa que han organizado el ataque no van a ingresar a Colquiri”, afirmó Estallani.
Como parte del intento del Poder Ejecutivo por reordenar la explotación de ésta y otras minas, el gabinete de ministros también aprobó la llamada Ley de Adecuación de Derechos Mineros a la Constitución Política del Estado y Reversión por Inexistencia de Actividades, que determina, entre otras cosas, que las áreas mineras que no tengan ninguna actividad operativa serán revertidas al Estado, así como las que no hayan sido registradas en el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas. El gobierno señala que el espíritu de esta norma es aplicar en el sector minero la denominada “Función Económica Social”, tal como lo dispone la Constitución boliviana.
Patria y plata
En medio de las complejas negociaciones, el presidente Morales pidió a ambos sectores comprender el verdadero sentido de la revolución que él encarna: “la mina de Colquiri está en manos de los bolivianos, los cooperativistas son bolivianos, los asalariados también son bolivianos”, dijo. En ese sentido, cuestionó la “ambición de ambos sectores de mineros” y denunció: “Acabamos de descubrir dirigentes que tienen entre 25 y 30 familiares en los sindicatos; eso es nepotismo y no es ético aunque sea legal”.
Durante una entrevista concedida a Telesur antes de que se firmara el acuerdo por Colquiri, Morales recordó: “yo conocí el guardatojo minero (casco protector) y gran defensor de la patria, ahora el guardatojo minero de ambos sectores es solamente por la plata y no por la patria. Cuando era adolescente escuchaba las demandas ampliadas de los mineros de Bolivia, todo por la patria. (Hoy), lamentablemente hay cierto sectarismo, egoísmo; muchos piensan solamente en ellos y no en la patria, esa es la diferencia que tengo con los hermanos mineros”.
Las disputas internas entre mineros –al igual que sucede con otros sectores como indígenas y campesinos– conforman lo que para el vicepresidente Álvaro García Linera son las “transformaciones en la apropiación del poder del Estado y las propias formas de una toma de decisiones que caracterizan los profundos cambios políticos y culturales vividos por Bolivia”. Para él, se trata de “transformaciones en la propiedad de los principales medios de producción –en el campo, en los sectores energéticos y también en sectores industriales, que marcan la revolución en el plano económico”.
Adrián Fernández
