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Que se pudra. Mando mis abrazos también a Echegaray, Chmaruk y al PCCE que seguro están de luto por las noticias.
Un hijo de puta menos, Videla ha muerto
LiberArce92- Revolucionario/a
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surfas- Colaborador estrella
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CamiloTorres- Comunista
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un homenaje al hijo de puta de videla
Razion- Moderador/a
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Interesante lavada de manos de más de uno.
Me jode de verdad que sean tan hipócritas muchos de los que defendieron abiertamente a la junta militar (léase tipos como Grondona). ¿El Tata Yofre se guardó al silencio, al igual que muchos de sus amigos del círculo militar?
Muchos de estos saludaron a Martínez de Hoz, pero se hacen bien los sotas con Videla. Como si fueran parte de gobiernos o lineas de pensamiento distintas.
Me jode de verdad que sean tan hipócritas muchos de los que defendieron abiertamente a la junta militar (léase tipos como Grondona). ¿El Tata Yofre se guardó al silencio, al igual que muchos de sus amigos del círculo militar?
Muchos de estos saludaron a Martínez de Hoz, pero se hacen bien los sotas con Videla. Como si fueran parte de gobiernos o lineas de pensamiento distintas.
Domingo, 19 de mayo de 2013
POCOS FUNEBRES EN LA NACION PARA DESPEDIR A JORGE RAFAEL VIDELA
El pésame de sólo dieciocho avisos
Se publicaron pocos avisos en el diario de los Mitre relacionados con la muerte del dictador. No incluyeron la firma de personajes públicos. Pocos reivindicaron la “lucha contra el terrorismo subversivo”, es decir, el terrorismo de Estado.
Por Diego Martínez
Los avisos para Videla fueron muchos menos que los que acompañaron a Martínez de Hoz hace dos meses.
En mayo de 1987, cuando el Congreso se aprestaba a tratar la obediencia debida, 5400 personas dieron el visto bueno para respaldar con su firma una solicitada de “reconocimiento y solidaridad” con Jorge Rafael Videla por defender “a la Nación de la agresión subversiva”. Hace dos meses la alta sociedad despidió a José Alfredo Martínez de Hoz con 91 avisos fúnebres en el diario La Nación. Ayer, tras la muerte de Videla, condenado y preso en cárcel común, apenas 18 avisos en el diario de los Mitre reflejaron el triste y solitario final de quien fuera considerado durante no menos de veinte años ejemplo de militar y hasta estadista.
La mayor parte de los avisos los firman allegados a la familia. Sólo dos admiradores se pronuncian sobre la “injusticia” de las condenas que alcanzó a escuchar. Delia Goti de Azumendi apuntó que el dictador estaba “injustamente privado de su libertad”. Vecina de Recoleta, la señora tiene especial consideración con responsables políticos de masacres. En 2007, siempre en La Nación, expresó su “consternación” por el procesamiento de Fernando de la Rúa por los muertos que dejó al huir de la Casa Rosada.
El segundo aviso reivindica abiertamente a Videla. “Comandó la guerra interna revolucionaria contra el terrorismo subversivo apátrida”, descargó bronca el teniente coronel y abogado Rubén Brandariz. “Murió en injusto cautiverio”, lamentó, y pidió “que su muerte sirva a la verdad, la justicia y la paz entre argentinos”. El cordobés Brandariz pasó a retiro en mayo de 1976 con 51 años y, salvo que haya sido recontratado como personal de Inteligencia, no participó de la “guerra” de su ídolo. Más discreto fue el aviso de Tito Román. “Gracias, mi Tte. Gral.”, invocó el grado que Videla había perdido después de su primera condena en 1985. “Desde Córdoba despido a quien asumió con coraje grandes responsabilidades y sirvió al país con graves riesgos”, lo elogió Enrique Finocchietti. Así se llama el presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba y se llamaba el secretario de Obras Públicas de Martínez de Hoz.
La única promoción del Colegio Militar que despidió a Videla fue la 81ª. La mayor parte de sus miembros nacieron en 1930, alcanzaron su máxima jerarquía durante la dictadura y pasaron a retiro tras el retorno de la democracia. Héctor Ríos Ereñú y José Caridi fueron jefes del Ejército durante la presidencia de Alfonsín. Varios rinden cuentas por su rol en el terrorismo de Estado. Víctor Pino, juzgado en Córdoba junto a Videla, fue condenado a doce años de prisión. Pino fue jefe de un regimiento del que dependían las brigadas que participaron de traslados de presos políticos y fue condenado por tres homicidios. Federico Antonio Minicucci fue jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada del que dependía el centro clandestino Pozo de Banfield y afronta su primer juicio por delitos de lesa humanidad en la causa Plan Cóndor. Manuel Fernando Saint Amant fue condenado en diciembre a prisión perpetua como jefe del área militar 132 por la masacre de calle Juan B. Justo y la desaparición de seis militantes en San Nicolás. “La Promoción 81 del Colegio Militar despide a su querido oficial instructor, 1948-1951, con cariño y respeto”, volvieron a unirse ayer.
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cpablo- Colaborador estrella
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Ahora va a iniciar una relacion homosexual en el infierno con satanas
surfas- Colaborador estrella
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Una suerte los parientes, ahi tienen el cuerpo.
RyR-CEICS- Camarada
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Los intereses sociales que pusieron al General Videla en el poder siguen en pie
Dr. Gonzalo Sanz Cerbino[1]
La muerte del militar argentino Jorge Rafael Videla, que encabezó una de las más sangrientas de las dictaduras que asolaron Latinoamérica en los ’70, no debe hacernos perder de vista que los intereses sociales que lo llevaron al poder hoy siguen intactos. La clase dominante argentina ubicó a Videla, en 1976, a la cabeza del Estado para cumplir una tarea. La dictadura que comandó debía eliminar los obstáculos políticos que trababan, desde mediados de los ’50, la acumulación de capital en la Argentina. Recomponer la rentabilidad empresaria demandaba, entre otras cosas, avanzar fuertemente sobre las condiciones de vida y los salarios obreros. Tarea que fue ensayada, sin éxito, por todos los gobiernos entre 1953 y 1976. El último intento, a mediados de 1975, pasó a la historia como el “Rodrigazo”, un gigantesco plan de ajuste que buscó, mediante un shock inflacionario, bajar el piso salarial. El plan debió ser abortado por la resistencia de la clase obrera comandada por activistas sindicales y dirigentes políticos de izquierda, que forzaron a la cúpula sindical peronista a movilizarse contra el ajuste. El fracaso de la ofensiva comandada por el Ministro de Economía de Isabel Perón, Celestino Rodrigo, encendió el alerta en los núcleos empresarios, que comprendieron que no se había cerrado el proceso revolucionario abierto en 1969 y que el ajuste no podría realizarse dentro de los marcos democráticos. Era necesario barrer con lo que dieron en llamar la “guerrilla fabril”, para de esa manera disciplinar al conjunto de los trabajadores, recomponiendo la hegemonía y la acumulación de capital.
Se puso entonces en marcha la ofensiva golpista. Los paros agrarios, que venían desarrollándose desde los primeros meses de 1975, se intensificaron en la segunda mitad del año. Las corporaciones empresarias se nuclearon en torno a la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), que comandó la ofensiva y delineó el programa golpista. El programa delineado por APEGE, dirección moral y núcleo del partido del orden, tenía cuatro ejes claros. En primer lugar, restablecer el orden, eliminando a la subversión. En segundo lugar, eliminar aquellos elementos que en las fábricas dificultaban el desarrollo del proceso productivo e impedían el aumento de la productividad. Se referían a los instrumentos legales y organizativos de los que se valía la clase obrera para impedir el aumento de la explotación, y en particular, a las comisiones de delegados sindicales a nivel de empresa, dominadas por la izquierda revolucionaria. La “guerrilla fabril”. En tercer lugar, buscaban un recorte de los gastos estatales y eliminar cargas impositivas que servían para financiar el déficit fiscal. Es decir, se oponían a destinar parte de la plusvalía a sostener empresas ineficientes y trasferencias hacia la clase obrera. Por último, con un objetivo similar al del punto anterior, se abogó por la liberación de los precios y del comercio exterior. Los mecanismos con los cuales el Estado se apropiaba de la renta agraria, subvencionaba el consumo y protegía a una industria incapaz de competir a nivel internacional. Un ajuste para adecuar el capitalismo argentino a los límites que imponía la crisis económica mundial, cuyos costos recaían centralmente sobre las espaldas de los trabajadores.
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Dr. Gonzalo Sanz Cerbino[1]
La muerte del militar argentino Jorge Rafael Videla, que encabezó una de las más sangrientas de las dictaduras que asolaron Latinoamérica en los ’70, no debe hacernos perder de vista que los intereses sociales que lo llevaron al poder hoy siguen intactos. La clase dominante argentina ubicó a Videla, en 1976, a la cabeza del Estado para cumplir una tarea. La dictadura que comandó debía eliminar los obstáculos políticos que trababan, desde mediados de los ’50, la acumulación de capital en la Argentina. Recomponer la rentabilidad empresaria demandaba, entre otras cosas, avanzar fuertemente sobre las condiciones de vida y los salarios obreros. Tarea que fue ensayada, sin éxito, por todos los gobiernos entre 1953 y 1976. El último intento, a mediados de 1975, pasó a la historia como el “Rodrigazo”, un gigantesco plan de ajuste que buscó, mediante un shock inflacionario, bajar el piso salarial. El plan debió ser abortado por la resistencia de la clase obrera comandada por activistas sindicales y dirigentes políticos de izquierda, que forzaron a la cúpula sindical peronista a movilizarse contra el ajuste. El fracaso de la ofensiva comandada por el Ministro de Economía de Isabel Perón, Celestino Rodrigo, encendió el alerta en los núcleos empresarios, que comprendieron que no se había cerrado el proceso revolucionario abierto en 1969 y que el ajuste no podría realizarse dentro de los marcos democráticos. Era necesario barrer con lo que dieron en llamar la “guerrilla fabril”, para de esa manera disciplinar al conjunto de los trabajadores, recomponiendo la hegemonía y la acumulación de capital.
Se puso entonces en marcha la ofensiva golpista. Los paros agrarios, que venían desarrollándose desde los primeros meses de 1975, se intensificaron en la segunda mitad del año. Las corporaciones empresarias se nuclearon en torno a la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), que comandó la ofensiva y delineó el programa golpista. El programa delineado por APEGE, dirección moral y núcleo del partido del orden, tenía cuatro ejes claros. En primer lugar, restablecer el orden, eliminando a la subversión. En segundo lugar, eliminar aquellos elementos que en las fábricas dificultaban el desarrollo del proceso productivo e impedían el aumento de la productividad. Se referían a los instrumentos legales y organizativos de los que se valía la clase obrera para impedir el aumento de la explotación, y en particular, a las comisiones de delegados sindicales a nivel de empresa, dominadas por la izquierda revolucionaria. La “guerrilla fabril”. En tercer lugar, buscaban un recorte de los gastos estatales y eliminar cargas impositivas que servían para financiar el déficit fiscal. Es decir, se oponían a destinar parte de la plusvalía a sostener empresas ineficientes y trasferencias hacia la clase obrera. Por último, con un objetivo similar al del punto anterior, se abogó por la liberación de los precios y del comercio exterior. Los mecanismos con los cuales el Estado se apropiaba de la renta agraria, subvencionaba el consumo y protegía a una industria incapaz de competir a nivel internacional. Un ajuste para adecuar el capitalismo argentino a los límites que imponía la crisis económica mundial, cuyos costos recaían centralmente sobre las espaldas de los trabajadores.
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