Portal
La ley y el orden en Odessa
El 11 de julio, desde Alchevsk, donde colabora ahora con la tarea social de la brigada Prizrak, Alexey Albu, diputado regional de Odessa y superviviente de la masacre de la Casa de los Sindicatos, compartía en su perfil de Facebook el siguiente mensaje recibido en esos días de otro superviviente del 2 de mayo:
“Buenas tardes, Alexey. He tenido que eliminarte de mi lista de contactos. Porque vivo esperando una visita de los agentes del servicio secreto. Pero quiero comunicar algo importante: miembros del Praviy Sektor organizan trampas contra los testigos de la masacre de Odessa. El martes pasado, el 30 de junio, una chica con un gato (soy voluntario en un refugio de animales abandonados) hizo de cebo para llevarme a un lugar en el que me rodearon y me atacaron, me llevé seis puñaladas.
Si tienes relación con alguien que participó en los hechos del 2 de mayo, avísales. Grupos de radicales preparan este tipo de trampas. Además, el sábado pasado, se llevaron a un amigo al SBU y no he vuelto a saber de él. Me di cuenta de que me tenía que marchar, así que estoy en casa de mis padres, donde puedo quedarme unos días”.
Un año después de la masacre, las autoridades ucranianas han hecho todo lo que estaba a su alcance para torpedear la investigación de lo ocurrido el 2 de mayo, los enfrentamientos en la ciudad a lo largo del día y el posterior ataque al campo de Kulikovo. Siguiendo la narrativa ucraniana, la prensa occidental ha conseguido dar la imagen de choques entre pro-ucranianos y pro-rusos, simplificando al máximo lo sucedido. En realidad, pese a la variedad que existía entre los activistas del campo de Kulikovo, la actividad principal era recoger firmas para exigir un referéndum en defensa de un modelo federal para el país y autonomía para la región.
Como otros miembros de Borotba, Alexey Albu se vio obligado a abandonar la ciudad para evitar una detención inminente la noche del 8 al 9 de mayo de 2014. Entre ellos estaba también Vlad Wojciechowsky, detenido en septiembre poco tiempo después de haber regresado a la ciudad. Como él mismo ha relatado en varias entrevistas, Wojciechowsky fue entregado a la RPD como prisionero de guerra la noche del 26 de diciembre de 2014 tras más de tres meses encarcelado. Su ejemplo refleja perfectamente el curso que el caso ha seguido en la justicia. Detenidos los supervivientes y libres los agresores, la esperanza de que se haga justicia a las víctimas es escasa.
Este completo desinterés por las víctimas del 2 de mayo ha venido acompañado de la persecución de los supervivientes y de cualquier disidencia. Tal y como reflejaba el periodista Eric Draitser en un artículo para Counterpunch, (traducción publicada también en Slavyangrad), la represión del movimiento antifascista y anti-nacionalista en Odessa ha sido común a las fuerzas de la ley y a las milicias paramilitares que se han creado en este tiempo.
Las actuaciones de radicales para ajusticiar, a su manera, a personas o asociaciones contrarias a su ideología no es exclusivo de Odessa. Las sedes del Partido Comunista han sido uno de los objetivos de los radicales, que no han dudado en agredir a trabajadores o utilizar cocteles Molotov para destruir las instalaciones. En Odessa, la misión de observación de la OSCE confirmaba a mediados de junio que radicales del Praviy Sector habían ocupado la sede local del KPU. Y en su informe del 9 de julio, afirmaba:
“La Misión Especial de Observación observó la reunión semanal del Consejo de Coordinación de Maidan en Odessa, donde los representantes del Praviy Sektor anunciaron que la 12ª Reserva del batallón voluntario del Praviy Sektor necesitaba un lugar donde vivir para 15 o 20 nuevos miembros y que se iban a utilizar las instalaciones de las oficinas del antiguo partido comunista, que ocupan desde el 12 de junio”. Con total normalidad y sin aparente oposición de las autoridades, los radicales pueden permitirse ocupar las instalaciones del Partido Comunista, ilegalizado de facto por las leyes anticomunistas aprobadas en abril.
Pero las actuaciones de nacionalistas radicales sustituyendo a la justicia no se limitan a las represalias contra comunistas, sus sedes o los símbolos asociados a la Unión Soviética. Las acusaciones de corrupción de la policía, la utilización de cualquier disidencia como prueba de separatismo y la incapacidad o falta de voluntad del Estado de controlar a las milicias nacionalistas han creado todas las condiciones para que esas milicias actúen con impunidad, formando una justicia paralela.
Durante más de un año, toda información referida al poder del que disponen los militantes de extrema derecha ha sido considerada propaganda rusa, parte de una guerra informativa que complementaba la supuesta agresión rusa en Donbass. Los sucesos de Mukachevo, donde la participación de militantes del Praviy Sektor en una trama evidentemente relacionada con el contrabando, han dejado clara la naturaleza de estos grupos armados.
El 13 de julio, varios medios publicaban un reportaje de la agencia Associated Press en la que se narran las acciones de una unidad de nacionalistas ucranianos organizada como unidad de autodefensa o, en realidad, una unidad de vigilantes que opera al margen de la ley y con total impunidad. Todor Panevsky es el comandante de una de esas “vanguardias patrióticas armadas contra el sentimiento secesionista en Odessa”.
Incluso con una definición amplia de separatismo, las autoridades y las organizaciones nacionalistas de Odessa han exagerado sistemáticamente los sentimientos separatistas de los residentes en la ciudad, empezando por la constante manipulación de lo que fuera el campo de Kulikovo.
“Odessa se encuentra a más de 500km al oeste de la línea del frente del este de Ucrania, donde las tropas del gobierno sigue enredadas en una guerra de desgaste contra los separatistas apoyados por Rusia. Aun así, la ansiedad sobre la posibilidad de que emerja un nuevo frente se agudiza aquí por las habituales noticias sobre arrestos de sospechosos de planear actividades militantes antigubernamentales”, justifica AP. Exagerado el peligro del separatismo, la prensa es capaz de aceptar la presencia de bandas armadas que se toman la justicia por su mano.
Aunque los constantes arrestos de activistas, periodistas o de cualquier sospechoso de separatismo le desmienten, el argumento de Panevsky es que las unidades nacionalistas armadas han de cubrir el trabajo que las autoridades no realizan. “La lucha contra el separatismo debe ser cuestión de las fuerzas de seguridad, que están completamente corruptas”, afirma.
Formado, según recoge AP, por 300 voluntarios activos y con una reserva de varios cientos de personas a las que recurrir en caso de disturbios, esta banda armada entrena a sus miembros en las afueras de Odessa, donde en un sótano que utiliza a modo de celda, interroga a los sospechosos de separatismo antes de entregarlos a las autoridades o dejarlos en libertad.
Los métodos utilizados por esta fuerza parapolicial son similares a los mencionados por ese superviviente de la masacre de Odessa a Alexey Albu. El grupo planea, según ellos mismos admiten a AP, una trampa, que pretenden acabe con la detención del sospechoso, un método que podría llegar a ser considerado normal en caso de que fuera ejecutado por una fuerza policial legal y que responda a una serie de protocolos.
La facilidad con la que la prensa acepta la presencia de justicieros que actúan al margen de la ley y con total impunidad refleja su incapacidad para observar de una forma mínimamente crítica los actos del Gobierno ucraniano. Un gobierno, que más de un año después de llegar al poder, aún no ha logrado, por incapacidad o por desinterés, controlar las bandas armadas que, por su cuenta, buscan acabar con una agresión rusa que aparece cada vez que algo va mal en el país.
En realidad, es comprensible que estas prácticas parapoliciales, o paramilitares, puedan llegar a parecer legítimas en una ciudad que ha conseguido que parezca normal criminalizar a los supervivientes de la masacre del 2 de mayo de 2014. Para ello ha sido indispensable explotar la amenaza rusa, falsa a todos los niveles, y también el sentimiento pro-ruso de los activistas de la ciudad.
En su definición de los hechos que llevaron a la masacre de Odessa, el reportaje de AP habla de “choques entre activistas pro-unidad y pro-rusos”, un ejemplo más de una visión de los hechos que prefiere ignorar los matices y calificar de pro-rusos a los manifestantes en lugar de admitir que existe una parte de la población ucraniana que, sin ser separatista, espera poder mantener su cultura.
“Cuando alguien dice que soy pro-ruso y ellos son pro-ucranianos, parece como si quisieran quitarme la ciudadanía ucraniana”, cita AP a Ibrahim, uno de los activistas del campo de Kulikovo. “Para Ibrahim, la atracción hacia el lado pro-ruso proviene de sus ideas políticas de izquierda radical. Otros en el movimiento se aferran a temas más emotivos como lazos étnicos con Rusia, derechos lingüísticos y la percepción –repetida enérgicamente por la prensa del Kremlin– de que el Gobierno ucraniano tiene una agenda de extrema derecha”.
Pese a calificar el asunto del idioma como algo emotivo, el reportaje de AP admite que “los ciudadanos de Odessa hablan principalmente en ruso, lengua franca que une a una ciudad conocida por su larga y rica historia de diversidad étnica. La promoción de un mensaje altamente nacionalista ucraniano choca con aquellos ciudadanos de Odessa que se enorgullecen de su identidad distintiva”. No se trata de algo emotivo o anecdótico, sino de la defensa de los derechos lingüísticos y culturales de una parte de la población.
Y en cuanto a la agenda de extrema derecha del Gobierno ucraniano, más allá de la imposición su ideología nacionalista, la presencia en las calles de milicias de extrema derecha capaces de imponer la justicia al margen de las estructuras oficiales del Estado parece suficiente para causar preocupación, especialmente cuando el propio reportaje admite la naturaleza de estos grupos.
“Cuando no patrullan las calles o tratan de detener a criminales de poca monta, los grupos patrióticos ucranianos se permiten intimidar a grupos antigubernamentales, pro-rusos”, afirma cayendo otra vez en la idea de que no es posible una oposición al Gobierno ucraniano que no sea pro-rusa. Las ruedas de prensa de los abogados de los activistas de Kulikovo encarcelados o las sesiones del juicio son algunos de los eventos que los grupos nacionalistas acostumbran a interrumpir. “No están aquí para agredir a nadie, pero la aparición de hombres jóvenes y fuertes tiene cierto efecto intimidatorio”, afirma Nadezhda Melnichenko, reportera del diario local Timer, quitando importancia a la presencia de los radicales, que en ocasiones sí han llegado a agredir y amenazar a familiares de los activistas de Kulikovo.
Timer ha sido uno de los medios que también ha sufrido represalias por sus críticas al Gobierno. En mayo, varios de sus periodistas y editores eran detenidos para ser puestos en libertad horas después. En esas horas, el servicio de seguridad ucraniano se hacía con el control de los perfiles de redes sociales de Timer, desde los que durante semanas publicaban sin cesar historias sobre las atrocidades de los terroristas (término que Timer jamás utiliza) en Donbass o testimonios de primera mano de cómo las milicias bombardean sus propias ciudades.
Real o no, la amenaza rusa lo justifica casi todo. “Es muy importante cuidar cada pequeña parte de la tierra, cada milímetro de Ucrania”, dice Panevsky. “No podemos permitir a nadie que denigre o destruya nuestros valores nacionales”.
Y lo que no se justifica como defensa de la patria ante el agresor extranjero puede justificarse como lucha contra la corrupción. En ello está el nuevo gobernador Mikhail Saakashvili, buscado por la justicia de su país, que persigue ahora los negocios sucios de Ihor Kolomoisky. También lucha contra la corrupción, a su manera y al margen de la ley, el Praviy Sektor, que tras la debacle de Mukachevo y tras haber abandonado Donbass anunciaba ayer que ha establecido puestos de control para acabar con el contrabando en la frontera con Transnistria.
La explicación parece haber sido suficiente para la última incorporación al equipo de Saakashvili, la rusa Maria Gaidar, hija de Yegor Gaidar, uno de los ideólogos de la terapia de choque que tanto daño hizo en los años 90 en el espacio postsoviético. “Estoy en contra del gansterismo, pero el Praviy Sektor es parte de la política ucraniana”, ha afirmado Gaidar, que ha insistido en que “tienen derechos a tener su punto de vista y tienen derecho a expresarlos. No veo ningún problema siempre que sea de forma democrática”.
Democráticos o no sus métodos, los grupos paramilitares continúan actuando al margen de la ley y con total impunidad en grandes ciudades como Odessa, donde amenazan ahora a los supervivientes de la masacre del 2 de mayo.
http://slavyangrad.es/2015/07/21/la-ley-y-el-orden-en-odessa/
El 11 de julio, desde Alchevsk, donde colabora ahora con la tarea social de la brigada Prizrak, Alexey Albu, diputado regional de Odessa y superviviente de la masacre de la Casa de los Sindicatos, compartía en su perfil de Facebook el siguiente mensaje recibido en esos días de otro superviviente del 2 de mayo:
“Buenas tardes, Alexey. He tenido que eliminarte de mi lista de contactos. Porque vivo esperando una visita de los agentes del servicio secreto. Pero quiero comunicar algo importante: miembros del Praviy Sektor organizan trampas contra los testigos de la masacre de Odessa. El martes pasado, el 30 de junio, una chica con un gato (soy voluntario en un refugio de animales abandonados) hizo de cebo para llevarme a un lugar en el que me rodearon y me atacaron, me llevé seis puñaladas.
Si tienes relación con alguien que participó en los hechos del 2 de mayo, avísales. Grupos de radicales preparan este tipo de trampas. Además, el sábado pasado, se llevaron a un amigo al SBU y no he vuelto a saber de él. Me di cuenta de que me tenía que marchar, así que estoy en casa de mis padres, donde puedo quedarme unos días”.
Un año después de la masacre, las autoridades ucranianas han hecho todo lo que estaba a su alcance para torpedear la investigación de lo ocurrido el 2 de mayo, los enfrentamientos en la ciudad a lo largo del día y el posterior ataque al campo de Kulikovo. Siguiendo la narrativa ucraniana, la prensa occidental ha conseguido dar la imagen de choques entre pro-ucranianos y pro-rusos, simplificando al máximo lo sucedido. En realidad, pese a la variedad que existía entre los activistas del campo de Kulikovo, la actividad principal era recoger firmas para exigir un referéndum en defensa de un modelo federal para el país y autonomía para la región.
Como otros miembros de Borotba, Alexey Albu se vio obligado a abandonar la ciudad para evitar una detención inminente la noche del 8 al 9 de mayo de 2014. Entre ellos estaba también Vlad Wojciechowsky, detenido en septiembre poco tiempo después de haber regresado a la ciudad. Como él mismo ha relatado en varias entrevistas, Wojciechowsky fue entregado a la RPD como prisionero de guerra la noche del 26 de diciembre de 2014 tras más de tres meses encarcelado. Su ejemplo refleja perfectamente el curso que el caso ha seguido en la justicia. Detenidos los supervivientes y libres los agresores, la esperanza de que se haga justicia a las víctimas es escasa.
Este completo desinterés por las víctimas del 2 de mayo ha venido acompañado de la persecución de los supervivientes y de cualquier disidencia. Tal y como reflejaba el periodista Eric Draitser en un artículo para Counterpunch, (traducción publicada también en Slavyangrad), la represión del movimiento antifascista y anti-nacionalista en Odessa ha sido común a las fuerzas de la ley y a las milicias paramilitares que se han creado en este tiempo.
Las actuaciones de radicales para ajusticiar, a su manera, a personas o asociaciones contrarias a su ideología no es exclusivo de Odessa. Las sedes del Partido Comunista han sido uno de los objetivos de los radicales, que no han dudado en agredir a trabajadores o utilizar cocteles Molotov para destruir las instalaciones. En Odessa, la misión de observación de la OSCE confirmaba a mediados de junio que radicales del Praviy Sector habían ocupado la sede local del KPU. Y en su informe del 9 de julio, afirmaba:
“La Misión Especial de Observación observó la reunión semanal del Consejo de Coordinación de Maidan en Odessa, donde los representantes del Praviy Sektor anunciaron que la 12ª Reserva del batallón voluntario del Praviy Sektor necesitaba un lugar donde vivir para 15 o 20 nuevos miembros y que se iban a utilizar las instalaciones de las oficinas del antiguo partido comunista, que ocupan desde el 12 de junio”. Con total normalidad y sin aparente oposición de las autoridades, los radicales pueden permitirse ocupar las instalaciones del Partido Comunista, ilegalizado de facto por las leyes anticomunistas aprobadas en abril.
Pero las actuaciones de nacionalistas radicales sustituyendo a la justicia no se limitan a las represalias contra comunistas, sus sedes o los símbolos asociados a la Unión Soviética. Las acusaciones de corrupción de la policía, la utilización de cualquier disidencia como prueba de separatismo y la incapacidad o falta de voluntad del Estado de controlar a las milicias nacionalistas han creado todas las condiciones para que esas milicias actúen con impunidad, formando una justicia paralela.
Durante más de un año, toda información referida al poder del que disponen los militantes de extrema derecha ha sido considerada propaganda rusa, parte de una guerra informativa que complementaba la supuesta agresión rusa en Donbass. Los sucesos de Mukachevo, donde la participación de militantes del Praviy Sektor en una trama evidentemente relacionada con el contrabando, han dejado clara la naturaleza de estos grupos armados.
El 13 de julio, varios medios publicaban un reportaje de la agencia Associated Press en la que se narran las acciones de una unidad de nacionalistas ucranianos organizada como unidad de autodefensa o, en realidad, una unidad de vigilantes que opera al margen de la ley y con total impunidad. Todor Panevsky es el comandante de una de esas “vanguardias patrióticas armadas contra el sentimiento secesionista en Odessa”.
Incluso con una definición amplia de separatismo, las autoridades y las organizaciones nacionalistas de Odessa han exagerado sistemáticamente los sentimientos separatistas de los residentes en la ciudad, empezando por la constante manipulación de lo que fuera el campo de Kulikovo.
“Odessa se encuentra a más de 500km al oeste de la línea del frente del este de Ucrania, donde las tropas del gobierno sigue enredadas en una guerra de desgaste contra los separatistas apoyados por Rusia. Aun así, la ansiedad sobre la posibilidad de que emerja un nuevo frente se agudiza aquí por las habituales noticias sobre arrestos de sospechosos de planear actividades militantes antigubernamentales”, justifica AP. Exagerado el peligro del separatismo, la prensa es capaz de aceptar la presencia de bandas armadas que se toman la justicia por su mano.
Aunque los constantes arrestos de activistas, periodistas o de cualquier sospechoso de separatismo le desmienten, el argumento de Panevsky es que las unidades nacionalistas armadas han de cubrir el trabajo que las autoridades no realizan. “La lucha contra el separatismo debe ser cuestión de las fuerzas de seguridad, que están completamente corruptas”, afirma.
Formado, según recoge AP, por 300 voluntarios activos y con una reserva de varios cientos de personas a las que recurrir en caso de disturbios, esta banda armada entrena a sus miembros en las afueras de Odessa, donde en un sótano que utiliza a modo de celda, interroga a los sospechosos de separatismo antes de entregarlos a las autoridades o dejarlos en libertad.
Los métodos utilizados por esta fuerza parapolicial son similares a los mencionados por ese superviviente de la masacre de Odessa a Alexey Albu. El grupo planea, según ellos mismos admiten a AP, una trampa, que pretenden acabe con la detención del sospechoso, un método que podría llegar a ser considerado normal en caso de que fuera ejecutado por una fuerza policial legal y que responda a una serie de protocolos.
La facilidad con la que la prensa acepta la presencia de justicieros que actúan al margen de la ley y con total impunidad refleja su incapacidad para observar de una forma mínimamente crítica los actos del Gobierno ucraniano. Un gobierno, que más de un año después de llegar al poder, aún no ha logrado, por incapacidad o por desinterés, controlar las bandas armadas que, por su cuenta, buscan acabar con una agresión rusa que aparece cada vez que algo va mal en el país.
En realidad, es comprensible que estas prácticas parapoliciales, o paramilitares, puedan llegar a parecer legítimas en una ciudad que ha conseguido que parezca normal criminalizar a los supervivientes de la masacre del 2 de mayo de 2014. Para ello ha sido indispensable explotar la amenaza rusa, falsa a todos los niveles, y también el sentimiento pro-ruso de los activistas de la ciudad.
En su definición de los hechos que llevaron a la masacre de Odessa, el reportaje de AP habla de “choques entre activistas pro-unidad y pro-rusos”, un ejemplo más de una visión de los hechos que prefiere ignorar los matices y calificar de pro-rusos a los manifestantes en lugar de admitir que existe una parte de la población ucraniana que, sin ser separatista, espera poder mantener su cultura.
“Cuando alguien dice que soy pro-ruso y ellos son pro-ucranianos, parece como si quisieran quitarme la ciudadanía ucraniana”, cita AP a Ibrahim, uno de los activistas del campo de Kulikovo. “Para Ibrahim, la atracción hacia el lado pro-ruso proviene de sus ideas políticas de izquierda radical. Otros en el movimiento se aferran a temas más emotivos como lazos étnicos con Rusia, derechos lingüísticos y la percepción –repetida enérgicamente por la prensa del Kremlin– de que el Gobierno ucraniano tiene una agenda de extrema derecha”.
Pese a calificar el asunto del idioma como algo emotivo, el reportaje de AP admite que “los ciudadanos de Odessa hablan principalmente en ruso, lengua franca que une a una ciudad conocida por su larga y rica historia de diversidad étnica. La promoción de un mensaje altamente nacionalista ucraniano choca con aquellos ciudadanos de Odessa que se enorgullecen de su identidad distintiva”. No se trata de algo emotivo o anecdótico, sino de la defensa de los derechos lingüísticos y culturales de una parte de la población.
Y en cuanto a la agenda de extrema derecha del Gobierno ucraniano, más allá de la imposición su ideología nacionalista, la presencia en las calles de milicias de extrema derecha capaces de imponer la justicia al margen de las estructuras oficiales del Estado parece suficiente para causar preocupación, especialmente cuando el propio reportaje admite la naturaleza de estos grupos.
“Cuando no patrullan las calles o tratan de detener a criminales de poca monta, los grupos patrióticos ucranianos se permiten intimidar a grupos antigubernamentales, pro-rusos”, afirma cayendo otra vez en la idea de que no es posible una oposición al Gobierno ucraniano que no sea pro-rusa. Las ruedas de prensa de los abogados de los activistas de Kulikovo encarcelados o las sesiones del juicio son algunos de los eventos que los grupos nacionalistas acostumbran a interrumpir. “No están aquí para agredir a nadie, pero la aparición de hombres jóvenes y fuertes tiene cierto efecto intimidatorio”, afirma Nadezhda Melnichenko, reportera del diario local Timer, quitando importancia a la presencia de los radicales, que en ocasiones sí han llegado a agredir y amenazar a familiares de los activistas de Kulikovo.
Timer ha sido uno de los medios que también ha sufrido represalias por sus críticas al Gobierno. En mayo, varios de sus periodistas y editores eran detenidos para ser puestos en libertad horas después. En esas horas, el servicio de seguridad ucraniano se hacía con el control de los perfiles de redes sociales de Timer, desde los que durante semanas publicaban sin cesar historias sobre las atrocidades de los terroristas (término que Timer jamás utiliza) en Donbass o testimonios de primera mano de cómo las milicias bombardean sus propias ciudades.
Real o no, la amenaza rusa lo justifica casi todo. “Es muy importante cuidar cada pequeña parte de la tierra, cada milímetro de Ucrania”, dice Panevsky. “No podemos permitir a nadie que denigre o destruya nuestros valores nacionales”.
Y lo que no se justifica como defensa de la patria ante el agresor extranjero puede justificarse como lucha contra la corrupción. En ello está el nuevo gobernador Mikhail Saakashvili, buscado por la justicia de su país, que persigue ahora los negocios sucios de Ihor Kolomoisky. También lucha contra la corrupción, a su manera y al margen de la ley, el Praviy Sektor, que tras la debacle de Mukachevo y tras haber abandonado Donbass anunciaba ayer que ha establecido puestos de control para acabar con el contrabando en la frontera con Transnistria.
La explicación parece haber sido suficiente para la última incorporación al equipo de Saakashvili, la rusa Maria Gaidar, hija de Yegor Gaidar, uno de los ideólogos de la terapia de choque que tanto daño hizo en los años 90 en el espacio postsoviético. “Estoy en contra del gansterismo, pero el Praviy Sektor es parte de la política ucraniana”, ha afirmado Gaidar, que ha insistido en que “tienen derechos a tener su punto de vista y tienen derecho a expresarlos. No veo ningún problema siempre que sea de forma democrática”.
Democráticos o no sus métodos, los grupos paramilitares continúan actuando al margen de la ley y con total impunidad en grandes ciudades como Odessa, donde amenazan ahora a los supervivientes de la masacre del 2 de mayo.
http://slavyangrad.es/2015/07/21/la-ley-y-el-orden-en-odessa/
