Medidas (económicas, políticas, etc) del gobierno macrista ¿continuación lógica del kirchnerismo?

Ayer se conoció que a través de una resolución de la Secretaría de Seguridad Social, el Gobierno modificó la fórmula de cálculo de los incrementos a jubilados y pensionados que establece la Ley de Movilidad Previsional.

Con los cambios la suba, que corresponde a marzo para jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, ex combatientes de Malvinas, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares de los trabajadores formales, será del 12,65 %. Así la jubilación mínima pasará de $ 5.661 a $ 6.377.

Según cálculos de especialistas, en caso de no modificarse la fórmula, la suba hubiese sido de 12,96 %. De esta manera, la jubilación mínima hubiese sido de $6.394. La Anses no informó de cuánto hubiese sido el incremento con la fórmula anterior.

El titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, declaró que hasta ahora había una “pequeña sobreestimación” en los aumentos que dispone aquella norma.

Al conocerse la noticia, los gritos y las abstenciones inundaron la cámara baja donde se debatía la reforma a la ley de ART y terminó con el Frente Renovador y el Bloque Justicialista absteniéndose.

Repercusiones por la medida

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, afirmó hoy que el Gobierno "ignora" a los jubilados y calificó de "temerario" el anuncio y agregó que "ignora al sector, lo que se anuncian son medidas que pueden ser efectistas políticamente, o que pueden resolver la situación de algún segmento, como la Reparación Histórica, pero tenemos 4 millones de jubilados que cobran la mínima que están por debajo de la línea de superficie, no pueden subsistir".

Semino denunció que “se están discutiendo entre $ 60 y $ 70 en un haber de hambre, sin la modificación o con la modificación. La discusión de fondo que no se da en el sistema político es saber si una persona con $ 6.377, que es lo que va a cobrar a partir de marzo, puede subsistir en la Argentina. Yo creo que no".

Tras el rechazo de todos los sectores políticos, incluyendo parte de la alianza de gobierno Cambiemos, hoy el jefe de Gabinete, Marcos Peña informó que "el Presidente se ha comprometido a revisar el tema con los miembros del Parlamento".

El Gobierno sigue recortando las jubilaciones cuando son alrededor de tres millones y medio de jubilados y pensionados que percibe el haber mínimo, que no cubre ni la mitad de la canasta básica de adultos mayores estimada $ 14.062, según los cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires al 1 de diciembre.

Pero esto no es sólo de este año, es una "pesada herencia" para los que trabajaron toda su vida y una vez jubilados, siguen percibiendo salarios miserables.

Si bien en 2009 se sancionó la Ley de Movilidad Provisional, ésta nunca llegó a cubrir ni si quiera la canasta básica para todos los jubilados. Alrededor del 70% perciben el haber mínimo; en 2015 la canasta básica de los jubilados estaba estipulada en $ 7.608,45, el haber jubilatorio mínimo era de $4.300.

Anuncio flaco: La jubilación mínima alcanzará casi los $4.300

Mientras tanto, Macri condona la deuda por $ 70.000 millones a su padre por el caso del Correo Argentino y se sigue sometiendo a los jubilados a seguir ajustando sus cinturones para llegar a fin de mes. Un nuevo ataque a los sectores más humildes.

La revista En estos días cubrió la cena de gala del presidente Mauricio Macri, que acompañado por el Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, lograron un lugar destacado en la cena de honor ofrecida a la comitiva argentina por la monarquía española: sentados junto al Presidente, Mariano Rajoy, y frente al Rey Felipe VI. El Gobierno de la alianza Cambiemos no llevó gobernadores propios y, en cambio, otorgó un lugar de privilegio al rionegrino.

Es que la Provincia se convirtió en la punta de lanza del proyecto institucional -y político- del macrismo para la Patagonia. Tanto el reciente viaje del Presidente a Viedma para acordar el salvataje económico y el ajuste fiscal provincial, como la recepción y las declaraciones edulcoradas que le ofreció Weretilneck, anteriormente dirigente del Frente para la Victoria, fueron las primeras muestras de la consolidación de esa relación política.

El viaje a España sirve para profundizar una relación política, iniciada a principios del año 2016 en una reunión en “El Vedado” Lago Escondido, del magnate inglés Joe Lewis, que incluyó también al intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano.

“Hay 300 empresas españolas en Argentina. Hay mucho interés en la pesca, turismo y energía eólica, tres ejes en los que las empresas españolas podrían invertir en Río Negro”, señaló el Gobernador Weretilneck el viernes 24 de febrero por la mañana en diálogo con FM VyP de Viedma.

En tal sentido, el mandatario sostuvo que “lo que más hay que resaltar es la mirada y la visión positiva que tienen tanto el Rey Felipe VI, el Gobierno y los empresarios españoles de lo que es Argentina”. “Ven una Argentina creíble, previsible y con pautas claras de cara al mundo. Esto es lo que hemos observado y receptado durante estos días. Se sigue muy de cerca las políticas macroeconómicas que está llevando adelante el Gobierno”, resaltó, al tiempo que valoró la oportunidad de “poder ver in situ esta situación”.

Lo que dejó en claro Macri, durante un encuentro con empresarios, es el objetivo real del, hasta ahora vacío de contenido, Plan Patagonia. Dijo que “Argentina tiene desarrollada la minería un 5 % con relación a Chile, a pesar de que compartimos las mismas riquezas a través de las mismas montañas”.

Además de ofrecer la cordillera patagónica para el desarrollo de actividades mineras, el Presidente blanqueó que “hemos puesto el foco en aprovechar la riqueza acuífera argentina, que está subexplotada”, que sería un insumo clave para la megaminería contaminante.

Sobre esos temas, y “con ese objetivo, estuvimos hablando con los gobernadores en el marco del Plan Estratégico para la Patagonia”, planteó Macri a los empresarios.
Los dichos del Presidente fueron también comunicados por el Gobierno rionegrino, a través de una gacetilla de prensa oficial.

El mandatario rionegrino integró además la comitiva argentina que se reunió con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, con el objetivo de “impulsar las relaciones bilaterales y cimentar la nueva etapa de la relación estratégica entre ambos países, unidos por una sólida base de intereses comunes”, según la información del Gobierno.

La actividad concretada en El palacio real El Pardo, de Madrid, contó con una comitiva empresarial fuertemente imperialista, integrada por los directivos de grandes firmas españolas que tienen presencia en la Argentina y que forman parte del índice financiero-especulativo IBEX 35, que agrupa a las principales compañías que cotizan en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.

Evidentemente, tanto el presidente Macri, como el gobernador Weretilnek y los gobernadores peronistas que son declaradamente lobbystas de la megaminería como Mario Das Neves de Chubut somos todos y Alicia Kirchner del FPV, se aprestan a asociarse ninguneando el estatus ambiental y cultural de la Patagonia.

Nuevamente los gobiernos entregan nuestros bienes comunes al gran capital, ignorando la histórica y fuerte decisión de la población patagónica de vivir en armonía con la naturaleza. La presentación de este plan antipopular, contaminante y que busca lucrar con las fuentes de agua, es una clara decisión política de condenar a la pobreza, marginalidad, contaminación y exclusión a miles de pobladores rurales y urbanos. Probablemente, como lo han demostrado las poblaciones de Esquel, El Bolsón y Bariloche, se entablará una lucha sin cuartel contra este “Plan Patagónico Contaminante”.

Prensa Obrera escribió:

La liquidación de la paritaria nacional docente

En medio del conflicto docente más extendido de los últimos años, 18 provincias aún en conflicto y sin cerrar acuerdos salariales, el gobierno nacional ratificó en la última reunión del Consejo Federal de Educación liquidar lo último que quedaba de “responsabilidad” económica del gobierno nacional en el sostenimiento de la educación pública.

El gobierno decidió no convocar a reunión paritaria nacional a principios de año, valiéndose de la negociación que mantuvo con los cinco sindicatos con representación nacional en 2016, en la que se firmó una actualización del salario mínimo del 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil. Con la aplicación de esa cláusula, el mínimo nacional docente quedó en $9.672 -casi $4.000 por debajo del índice de pobreza del país.

Actualmente, el Ministerio de Educación Nacional destina $1.743 millones a un Fondo Compensador para que seis provincias puedan cubrir ese mínimo salarial docente. Este año, el macrismo recortó el presupuesto de dicho fondo en un 25% y anunció que lo reducirá anualmente en ese porcentaje para eliminar ese financiamiento de forma definitiva en 2020. Los gobiernos de San Juan, Misiones, La Rioja, Jujuy, Formosa y Corrientes han salido a plantear que necesitan que se sostenga el envío de esos fondos porque sino no podrán asumir la actualización del 20%, de por sí insuficiente.

En esta orientación de recorte presupuestario no queda en claro qué pasará con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) con el cual se financia la suma fija de $1.200 que perciben todos los docentes del país. El Gobierno dice que lo definirá tras la suba del salario mínimo, vital y móvil que se suele negociar a mitad de año (LPO, 22/3).


La paritaria nacional en el centro del ajuste

Desde el decreto de Néstor Kirchner en 2007 el espacio de la paritaria fijó su alcance: retribución mínima de los trabajadores, materias de índole económica, laboral, asistencial, previsional, y, en general, las que afecten las condiciones de trabajo.

La mesa paritaria nacional no fijó sin embargo un salario básico nacional único, sino un piso de referencia, que derivó en una enorme dispersión salarial, que se manifestó a lo largo de los años del gobierno kirchnerista en numerosas luchas docentes en diferentes provincias. Políticamente, esta instancia catapultó a la Ctera en calidad de sindicato oficialista y la colocó como colaboradora de los gobiernos en la aplicación de un cuadro salarial a la baja.

En los años 2012 y 2013 el gobierno nacional cerró las paritarias por decreto, al igual que Scioli en la Provincia de Buenos Aires en 2013, dando cuenta de los límites de este mecanismo también desde el punto de vista de la real incidencia de los trabajadores de la educación en la mesa paritaria.

El gobierno de Macri y Bullrich avanza en esta línea unilateral y se propone directamente eliminar la paritaria no convocando a las partes. La eliminación del Fondo Compensador viene a consumar también un largo proceso de provincialización-municipalización del sistema educativo argentino iniciado a fines de la década del ´50.


Reapertura de la paritaria y salario equivalente a la canasta familiar

La paritaria debería ser una instancia de organización de toda la lucha docente nacional, en la que se ponga de manifiesto todos los problemas de la educación y de la comunidad educativa, algo que Ctera evitó desenvolver por todos los caminos.

Por eso, la docencia combativa reclama su convocatoria con otro alcance: salario básico único nacional de $15.000, reconocimiento de las bonificaciones por región y antigüedad, elección de paritarios en asamblea con mandato.

De fondo, está planteada la pelea por la renacionalización del sistema educativo en responsabilidades, estructura, presupuesto, unificación de contenidos, derechos laborales y salario básico, entre otras cuestiones. Para ello es necesario superar las raíces capitalistas de la degradación educativa: la mercantilización, el vaciamiento del financiamiento de la educación pública y el interés capitalista en degradar la fuerza de trabajo.

En definitiva, la salida pasa por una reorganización integral del sistema educativo, junto a la reorganización de la economía sobre nuevas bases sociales, que solo pueden llevar adelante los trabajadores.

Macri y Stanley ajustan a los discapacitados

Para dar de baja unas 70 mil pensiones por discapacidad –un acto de criminalidad manifiesta− el gobierno no necesitó crear una figura legal nueva: sólo debió echar mano a un decreto peronista, el 432 firmado en 1997 por el presidente Carlos Menem y que no fue derogado en estos veinte años. Según informa Clarín (12/6) sólo en los primeros días de junio se dieron de baja los míseros 4.776 pesos de pensión a 16.457 discapacitados. Además, hay a la espera 180 mil personas con discapacidades, en algunos casos desde hace más de un año, para que se les dé el certificado de su condición de salud para recibir su pensión. La medida fue tomada por el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley, y por el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino.

Los términos de la resolución son mussolinianos. Por ejemplo, no podrá acceder a una pensión “aquel discapacitado cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, es decir de 19.200 pesos por mes” (ídem). Esto se hace cuando la canasta familiar roza ya los 27 mil pesos mensuales, monto que obviamente se eleva cuando se deben atender problemas de salud. Tampoco tendrán pensión quienes tengan algún bien a su nombre, un auto por ejemplo, aunque el vehículo se utilice para movilizar a la persona discapacitada. Tampoco podrán cobrar los afectados por el síndrome de Down, porque según el ministerio “pueden trabajar”.

La canallada supera cualquier extremo cuando se ordena quitarle la pensión a una persona cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, así sea la mínima de 6.377 pesos, de modo que una situación de indigencia se volverá ahora mucho peor.

Badino arguye que “el gobierno anterior multiplicó por diez el padrón de discapacitados y madres de siete hijos. El manejo clientelar que hicieron de estas pensiones llevó a que haya poblaciones con más del 100 por ciento de discapacitados, intendencias del interior”. Su falacia se derrumba por sí misma porque las bajas se hicieron sin siquiera dar aviso a los perjudicados (se enteraron cuando fueron a cobrar y encontraron que esos miserables 4.776 pesos no les habían sido depositados). Nadie llamó ni buscó a esas personas ni se hizo con ellas estudio socio-ambiental alguno para ver en qué condiciones viven. “No tenemos el teléfono de todos y no es efectiva la comunicación por carta”, explicó Badino en una confesión sorprendente de su propia estupidez e ineficacia.

La explicación es simple: se trata de ahorrar unos 350 millones de pesos (con las pensiones dadas de baja hasta ahora, pero se proponen que haya muchas más) para que los trabajadores y los sectores más pobres de la población –discapacitados incluidos− paguen el ajuste que el gobierno necesita para llegar a su meta de bajar el déficit fiscal al 4,2 por ciento del PBI. Es la condición que le han puesto los centros de poder del capital financiero internacional para habilitarle el proceso de endeudamiento, que el macrismo desenvuelve con el respaldo de toda la oposición patronal (el “compromiso republicano”, como lo llamó Cristina Kirchner al confesar por televisión su complicidad con el oficialismo).

En definitiva, nos gobierna una burguesía parasitaria y brutal.

Argentina en contrarrevolución (accidentada). La tentativa de construcción de una dictadura mafiosa.
Por Jorge Beinstein
Publicado 22.Abr.17

La hipótesis de que Argentina se encuentra actualmente sumergida en un proceso de tipo contrarrevolucionario puede parecer exagerada, no tendría sentido hablar de contrarrevolución cuando no había en 2015 ninguna amenaza revolucionaria sino una experiencia que desde el punto de vista económico podría ser caracterizada como keynesianismo light extremadamente sensible a las presiones del establishment y asociada a un paquete político-cultural igualmente moderado que aunque entre otros temas reivindicaba a la militancia revolucionaria de los años 1960 y 1970 lo hacía borrando su programa y sus formas de lucha, reduciéndola a la imagen herbívora de una generación “idealista” que “quería cambiar el mundo”. Eso y un poco más (sobre todo una gradual transferencia de ingresos hacia las clases bajas) bastaron a las élites dominantes para alzar la bandera del combate contra el “populismo” y arrastrar a grandes sectores de la capas medias.

No todas la contrarrevoluciones han sido generadas por situaciones o peligros revolucionarios, en ciertos casos se trataba de procesos que buscaban liquidar reformas o bloqueos que impedían la ofensiva elitista. Si nos atenemos a la experiencia histórica esa moderación del adversario constituye una condición importante para la irrupción de avalanchas reaccionarias, Ignazio Silone se refirió al ascenso del fascismo italiano como “la victoria de una contrarrevolución enfrentada a una revolución inexistente”[1], ausencia que incentivó la agresividad fascista segura de su impunidad.


De 1955 a 1976


Podríamos ubicar en 1955 a la primera tentativa contrarrevolucionaria[2], el objetivo de sus protagonistas locales era el retorno a la vieja sociedad oligárquica de comienzos del siglo XX, el intento fracasó pese a las represiones y proscripciones desbordado por el nuevo país con sus sindicatos obreros , sus industrias y sus nuevas clases medias. Aunque no fracasó del todo ya que inició un complejo proceso de sometimiento a los Estados Unidos, de extranjerización  industrial y financiera, de concentración de ingresos, de reconversión policial de las Fuerzas Armadas. El mismo despertó resistencias populares que se fueron extendiendo y radicalizando hasta llegar a disputar el poder hacia comienzos de los años 1970, su cuerpo político era el peronismo que como lo señalara Cooke se había convertido en “el hecho maldito del país burgués” bloqueando su estabilización. Los círculos dirigentes no podían consolidar su predominio mientras que las fuerzas populares no conseguían derrocarlos, es lo que Portantiero definió como empate hegemónico. No se trató de un tira y afloje con resultado cero, ese pantano cubierto por una densa capa de podredumbre política engendró germenes, primeros desarrollos y articulaciones de un abanico social parasitario que se fue adueñando de los circuitos económicos e institucionales del país interrelacionado con la expansión imperial de los Estados Unidos.


La dictadura instalada en 1976 marcó el salto cualitativo del proceso degenerativo del sistema, la acumulación de cambios perversos se convirtió en victoria del capitalismo gangsteril donde convergían viejos oligarcas reconvertidos y burgueses advenedizos, militares, propietarios rurales y de grandes medios de comunicación, contratistas del estado, industriales, banqueros y comerciantes, masa difusa atravesada por la integración de la cultura de la especulación financiera y de los negocios rápidos en general con prácticas criminales a gran escala.

Mas allá de su final político grotesco la contrarrevolución de 1976 implantó cambios duraderos ya que  a partir de ella la clase dominante transformada en lumpenburguesía dejó definitivamente atrás sus componentes industrialistas-nacionales (poco serias) u oligárquicas-aristocráticas (con turbios pasados no muy lejanos). También obtuvo otros éxitos no menos significativos como la consolidación en los espacios políticos, judiciales, sindicales y comunicacionales de redes mafiosas que pasaron a ser el elenco central del sistema y sobre todo al hundir en el pasado a los desafíos revolucionarios de los años 1960-1970.

De todos modos no consolidó estructuras estables de dominación, la dinámica cortoplacista y transnacionalizada fue llevando al sistema hacia el desastre de 2001 que aparentó sellar su agotamiento histórico aunque en realidad solo se trató del repliegue táctico de élites aturdidas y algo asustadas por el derrumbe a la espera de tiempos mejores.

La era Menem, había marcado en los años 1990 el auge ideológico de ese ciclo, coincidió con  los fenómenos globales de financierización y unipolaridad estadounidense y dejó entre sus varias herencias a una derecha peronista política y sindical que venía de antes pero que pasó a formar parte del instrumental operativo normal de los círculos dominantes.


De 2001 a 2015


La degradación de los años 2000 y 2001 no derivó en una nueva contrarrevolución, las clases dirigentes deterioradas fueron incapaces de superar por derecha su propia crisis, no pudieron aglutinar a sus núcleos centrales imponiendo un régimen durable de penuria generalizada para las clases bajas y la posibilidad de agrupar a las capas medias como furgón de cola fue quebrada por el desenlace económico catastrófico de fines de 2001. Entonces se produjo una situación que al parecer reproducía la de los años del “empate hegemónico” aunque en realidad se trataba de otra cosa: un pantano sin alternativas, sin banderas a la vista, donde la clase dominante no podía mostrar las suyas y las clases populares carecían de ellas.

El resultado fue la irrupción en 2003 de un híbrido progresista que fue avanzando en el espacio de “lo posible”, la mejoras de los precios internacionales de las materias primas, la expansión del mercado de Brasil y otros beneficios externos fueron combinados con estrategias de ampliación prudente del mercado interno. Aumentaron los salarios reales recuperando los niveles de mediados de los años 1990 pero por debajo de los de mediados de los 1980 inferiores a su vez de los de mediados de los 1970. Se redujo la desocupación, se duplicó el número de jubilados (y se renacionalizó el sistema jubilatorio) pero quedaron intactos los intereses de los grupos parasitarios dominantes.

La experiencia alcanzó su techo cuando comenzó el desinfle de los precios internacionales de las materias primas mientras la expansión indolora del mercado interno tocaba los límites del sistema. Se agotó la ampliación de ese mercado apelando al achicamiento del desempleo con salarios reales en alza moderada, el paso siguiente necesario habría sido distribuir ingresos hacia las clases bajas a gran escala acelerando las subas salariales, lo que requería establecer un fuerte control público del comercio interior (bloqueando las corridas inflacionarias), del comercio exterior y del mercado de divisas (para liberar a la economía del chantage de los exportadores concentrados)  y del sistema bancario (para reducir costos financieros). Pero eso no se podía hacer sin el quiebre del poder de bloqueo de las mafias cuyos instrumentos mediáticos y judiciales cumplen un rol decisivo. Dicho de otra manera para que la economía siguiera creciendo era necesario ir más allá de los límites concretos del país burgués-mafioso desplegando una revolución popular democratizadora del conjunto de las relaciones sociales, objetivo inexistente en el imaginario de aquel gobierno. Los argumentos básicos del kirchnerismo eran que esa ofensiva no solo no era necesaria sino que además resultaba suicida dado el enorme poder de la derecha o bien  que no existía el respaldo popular necesario para dicha aventura. Claro, el respaldo no aparecía porque no era incentivado mediante grandes medidas sociales (salariales, crediticias, etc.). Así fue como la dinámica astuta de “lo-posible” se convirtió en el camino hacia la derrota, el híbrido pudo reinar durante doce años gracias al repliegue inicial de las élites dirigentes, pero su reinado posibilitó la recomposición de esas élites, su redespliegue económico, mediático, político, judicial, orquestando un enorme tsunami reaccionario.


La contrarrevolución


Con la llegada de Macri a la presidencia se desencadenó un fenómeno que combina aspectos propios de una restauración conservadora y sus brotes neofascistas con otros que expresan una desaforada fuga saqueadora hacia adelante. Nostalgias de los tiempos de la dictadura militar y del menemismo más algunas pequeñas dosis desteñidas de viejo aristocratismo oligárquico unidas al ímpetu del saqueador completamente desinteresado de esas u otras nostalgias a lo que se agrega el desprecio hacia los pobres, todo ello  atravesado por componentes de barbarie altamente destructivas.

Observemos en primer lugar el comportamiento del sujeto del desastre, reiteración ampliada y radicalizada del espectro lumpenburgués de los años 1990 donde se presentan personajes de configuración variable inmersos en complejas tramas de operaciones que van desde actividades industriales mezcladas con embrollados negocios de exportación e importación hasta turbios contratos de obras públicas, ganando mucho dinero con la compra-venta de jugadores de fútbol vinculada el blanqueo global de fondos provenientes del narcotráfico, concretando emprendimientos agrícolas, subas desaforadas de precios, contrabandos, manipulaciones financieras, estafas al Estado y manejos de multimedios. Mundo tenebroso protegido por redes madiáticas y judiciales, reducida lumpenburguesía transnacionalizada, rodeada por un círculo más extendido de aspirantes a la cumbre donde se revuelcan jueces, políticos, burócratas sindicales, periodistas y comerciantes audaces, ejerciendo su influencia sobre grandes masas fluctuantes de clase media.

Es posible visualizar a la cima de la clase dominante argentina como a una suerte de articulación mafiosa inestable que puede en ciertas coyunturas unir fuerzas en torno de una ofensiva saqueadora pero que más adelante aparece sumergida en interminables disputas internas acosada por las consecuencias sociales y económicas de sus saqueos y por un contexto global de crisis.

Dos personajes sintetizan el recorrido histórico de esa clase desde sus lejanos orígenes en la colonia hasta hoy: José Alfredo Martines de Hoz y Maurizio Macrì.

La familia Martinez de Hoz se instaló en Buenos Aires hacia fines del siglo XVIII y amasó una primera fortuna con el contrabando y el tráfico de esclavos, convertida luego en gran propietaria terrateniente (exterminio de pueblos originarios mediante) en 1866 el descendiente José Toribio Martinez de Hoz fundó en su casa la Sociedad Rural Argentina, bastión de la oligarquía, mucho tiempo después José Alfredo Martinez de Hoz encabezando negocios legales e ilegales muy diversificados fue en 1976 el cerebro civil de la dictadura militar dándole cobertura institucional a los negocios parasitarios dominantes como el dictado de la Ley de entidades financieras vigente hasta la actualidad. Los Martinez de Hoz representan el ciclo completo que va desde los orígenes coloniales pasando por la consolidación aristocrática-terrateniente hasta llegar a su  transformación lumpenburguesa.

Por su parte Maurizio Macrì es el primogénito de un clan mafioso originario de Calabria, su abuelo Giorgio acumuló una importante fortuna en la Italia mussoliniana como contratista del estado en obras públicas (principalmente en la Abisinia ocupada por el ejercito italiano), terminada la guerra fundó una fuerza política neofascista, pero acosado por los nuevos tiempos democráticos emigró a la Argentina seguido luego por sus hijos en 1949. Su primogénito Franco continuando la especialidad de su padre se convirtió al poco tiempo en empresario del sector de la construcción haciendo grandes negocios como contratista del estado y contrajo matrimonio en los años 1950 con Alicia Blanco Villegas perteneciente a una tradicional familia de terratenientes de la Provincia de Buenos Aires. El gran salto se produjo durante la última dictadura militar en estrecha relación con varios de sus jefes, fue el caso del Almirante Massera con quien compartió la pertenencia a la célebre logia mafiosa italiana P2. Siguiendo la línea sucesoria clásica, su primogénito Maurizio aparece, según lo explican diversos autores, como el heredero y jefe natural del clan familiar, el capobastone de la ’ndrina (si empleamos la terminología de la mafia calabresa: la ‘ndrangheta)[3]. Es un caso sin precedentes en la historia argentina y muy raro a nivel global el que un personaje de este tipo ocupe la presidencia de un país aunque esa aberración puede ser comprendida a partir de la degradación profunda de la burguesía argentina.  Ya no se trata de políticos o militares vendidos a las mafias ni de oligarcas devenidos mafiosos sino de un mafioso convertido en Presidente.

Todo esto nos sirve para entender mejor la contrarrevolución en curso. Desde diciembre de 2015 se sucedieron vertiginosamente medidas como la hiperdevaluación del peso, la reduccción o anulación de impuestos a la exportación, la suba de tasas de interés y de tarífas de electricidad  o la apertura importadora y la liberalización del mercado cambiario que aumentaron el ritmo inflacionario, contrajeron los salarios reales, achicaron el mercado interno, incrementaron el déficit fiscal, la desocupación y la fuga de capitales. Como es lógico las inversiones extranjeras anunciadas nunca llegaron mientras aumenta sin cesar la deuda pública externa. Todo lo anterior puede ser sintetizado como un gran saqueo concentrador de ingresos que van siendo sistemáticamente enviados al exterior, pillaje desenfrenado sostenido con deudas que en principio debería derivar tarde o temprano en una mega crisis al estilo de lo ocurrido en 2001.

El fenómeno no se reduce al plano económico extiende sus garras hacia el conjunto de la vida social, desde la destrucción sistemática de la educación pública, hasta la sinuosa reinstalación de la teoría de los dos demonios alivianando la carga del genocidio de la última dictadura (que según el gobierno macrista no sería tan grande) y el intento de ir reduciendo los derechos sindicales y de protesta, pasando por el gradual despliegue represivo y el bombardeo mediático convencional y a través de las redes sociales inflando formas subculturales fascistas. Visualizando su dinámica general y más allá de los discursos oficiales, el gobierno macrista apunta desde su instalación hacia la consolidación de una dictadura mafiosa, sistema autoritario de gobierno con rostro civil y apariencia constitucional, que viene avanzando en medio de desprolijidades y tanteos. La lógica del proceso es simple: el achicamiento del mercado local combinado con un mercado internacional enfriado que no permite auges exportadores empuja a las élites dominantes a acentuar la rapiña interna lo que plantea crecientes problemas de control del descontento popular. La intoxicación mediática resulta insuficiente, la base social del gobierno se va restringiendo, entonces el recurso a la represión directa con más o menos coberturas “legales” se va convirtiendo en un instrumento cada vez más importante.


El pantano y el laberinto


Dos imágenes, la del pantano y la del laberinto, facilitan la comprensión de la tragedia argentina.

Los primeros meses de 2017 marcan el empantanamiento del proceso, la impopularidad del gobierno asciende rápidamente, algunos círculos opositores señalan fracasos macristas como resultado de la torpeza del presidente, de su falta de inteligencia, sería más acertado verlos como las consecuencias del choque entre una mentalidad mafiosa simplificadora y audaz, muy eficaz en el mundo de los negocios turbios pero crecientemente ineficaz ante el despliegue de una sociedad compleja. Un amplio abanico de complicidades parlamentarias y sindicales, de no-oficialismos complacientes, posibilitó el  avance arrollador de los primeros meses, pero la persistencia de la recesión y la multiplicación de perversidades gubernamentales fueron generando una oposición popular creciente. La realidad se presenta como un pantano que traba, dificulta la marcha de los depredadores cuyos delirios se hunden en el barro viscoso del territorio conquistado. La lógica del poder hace que las tentativas por salir de esa situación tienden a agravarla, la intoxicación mediática va perdiendo eficacia, las arbitrariedades judiciales y las represiones engendran su contrario: repudio popular. El gobierno va cambiando de aspecto, la memoria latente mafiosa-fascista de la ‘ndrina original, del mussoliniano abuelo Giorgio, convergiendo con los recuerdos de los magníficos negocios realizados en los tiempos de Massera y Videla, asoma desde el rostro crispado de Maurizio desplazando a la cara amable fabricada por los asesores de imagen. El sello autoritario convocante de minorías feroces aparece como la bandera de la contrarrevolución acosada.

De todos modos el actual sistema de poder no se apoya solo en sus propias fuerzas, cuenta con un aliado decisivo: la debilidad estratégica de sus víctimas enredadas en un laberinto que les ha impedido hasta ahora pasar a la ofensiva. Laberinto simbólico, psicológico, pero también construido con aparatos sindicales y represivos, instituciones degradadas, dinámicas económicas depresivas.

Como no recordar a los dirigentes opositores y a otros no tanto repitiendo desde los primeros días del proceso su deseo de que “al gobierno le vaya bien porque de ese modo al país también le irá bien” mientras el gobierno devaluaba, eliminaba retenciones a la exportación, subía las tasas de interés, liberaba importaciones, daba las primeras señales represivas. Como no tener presentes a esos mismos personajes insistiendo en que el de Macri es un gobierno legítimo, avalado por su origen electoral democrático y que por consiguiente debería disfrutar de gobernabilidad hasta el final legal de su mandato (fines de 2019) ignorando su llegada al poder a través una sucesión de manipulaciones mediáticas y judiciales que bien podría ser caracterizada como golpe blando y su desarrollo posterior como construcción zigzageante pero sistemática de un sistema dictatorial.

Nos encontramos ante el bloqueo ideológico de políticos que predican el sometimiento a “las instituciones” (mafiosas) y de jefes sindicales dedicados a enfriar las protestas sociales, empezando por la cúpula de la CGT, condenando a las bases populares a recorrer un embrollado laberinto regiminoso sin salida real. Tratan de convencernos de que ese laberinto tiene  una puerta de salida y que un conjunto de sabios dirigentes ha podido localizar el hilo de Ariadna que permitirá superar la encerrona. Recomiendan aferrarse al mismo y recorrer mansamente pasadizos que atraviesan plazos electorales (y sus correspondientes intrigas politiqueras), decisiones arbitrarias de camarillas judiciales, avalanchas mediáticas y posibles diálogos con un poder autoritario. En realidad el laberinto no tiene salida, la única posibilidad emancipadora es destruirlo en los cerebros de las víctimas, en las calles, desplegando una amplia ofensiva popular, aplastando las fortalezas elitistas (mediáticas, judiciales, empresarias, políticas).

Lo que aparece con el fracaso económico de Macri: una recesión que puede derivar en la normalización de una “economía de baja intensidad”, de estancamiento tendencial prolongado (más allá de algunas expansiones anémicas), puede llegar a convertirse en la consolidación de una sociedad desintegrada, caótica, albergando vastas áreas sumergidas en la pobreza y la indigencia, gobernada por una cúpula mafiosa (con o sin el capobastone calabrés).

Si observamos el largo plazo constataremos que desde la formación de la Argentina moderna, hacia fines del siglo XIX, se ha perpetuado la reproducción, como componente imprescindible del subdesarrollo, de una clase dominante oligárquica que llega ahora finalmente a su nivel de degeneración extrema de articulación mafiosa navegando en los circuitos globales de negocios parasitarios. Ese recorrido histórico fue de tanto en tanto atravesado por tentativas democratizadoras que buscaban principalmente integrar al sistema a capas sociales excluidas. Pero una y otra vez el sistema las desbarató imponiendo su dinámica excluyente, lo han podido hacer porque esas oleadas populares nunca eliminaron los pilares esenciales de su dominación, apaciguadas, desviadas, engañadas por los mitos cambiantes del país burgués, sus pasadizos institucionales, seudopatrióticos o globalistas, dialoguistas o restauradores del orden.

En última instancia se trata del combate entre la creatividad del pueblo, reproducción ofensiva de identidad, desarrollo de luchas, enfrentada hoy a fuerzas tanáticas desatadas por una élite cuyo único horizonte es el saqueo.

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[1]    Ignazio Silone, “L’école des dictateurs”, Gallimard, Paris, 1981.

[2]    Queda abierta la reflexión acerca del significado del golpe de estado de 1930.

[3]    Recomiendo la lectura de:

– Rocco Carbone, “Andragathos”, Página 12, 24 de febrero de 2017, https://www.pagina12.com.ar/22055-andragathos

– “Antonio Macri, italian leader of the ‘Ndrangheta…”,  https://www.revolvy.com/topic/Antonio Macrì&uid=157

– Horacio Verbitsky, “De Calabria al Plata. El presidente Maurizio Macrì y las mafias”, Página 12, 9 de abril de 2017, https://www.pagina12.com.ar/30709-de-calabria-al-plata

Link del articulo: http://beinstein.lahaine.org/?p=540

La ola de despidos en el sector industrial ha sumado episodios significativos en los últimos días: el cierre de la planta de Pepsico en Florida, que representa 600 cesantías; un nuevo tendal en Puma, con la expulsión de 180 trabajadores en localidades del interior riojano; 70 empleados licenciados por el cierre de los talleres ferroviarios Rioro (cerca de Rosario) y el anuncio de 170 despidos para fin de año en la empresa de productos químicos Lanxess.

Estos nuevos ataques contra los trabajadores se suman a los centenares de despidos en los últimos meses en numerosas fábricas alimenticias (Helados Vito, Bertone, Cresta Roja, Bimbo, Canale) y en Alpargatas, BGH, Banghó, Ingredion, Quilmes, entre otros; y a los que están en carpeta en Atucha (con la no renovación de 140 contratos), Coca-Cola (que planea un recorte del 15% del personal) y Sancor, que viene de aprobar un plan de reestructuración que apunta contra centenas de puestos de trabajo.

El caso de Pepsico es ilustrativo en más de un sentido.

Como han denunciado sus trabajadores, se trata de un cierre y relocalización (a Mar del Plata) fraudulento, en la medida en que la “crisis” en que se ampara la patronal es en verdad una excusa para reemplazar a los operarios en actividad por otros con menores salarios y más flexibilizados. La maniobra de Pepsico cuenta con la venia del Ministerio de Trabajo –que aprobó en forma exprés, violando los plazos legales, un procedimiento preventivo de crisis que allana los despidos.

La conducción del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) ha dejado pasar los despidos en el sector, y viene de cerrar una paritaria miserable, por debajo de la inflación –un botón de muestra de la burocracia que rige los principales sindicatos del país, protagonista invaluable del ajuste, que a la tregua eterna con el gobierno y los acuerdos a la baja suma la firma de convenios flexibilizadores (Petroleros, Lácteos, Estatales).

En otro de los episodios más resonantes, el de Puma –donde ya se habían producido 100 despidos en marzo– el gobierno provincial repite la tesitura de la patronal: “lamentablemente esto se debe a la apertura de las importaciones que se hizo desde Nación”, sostuvo el ministro de Planeamiento e Industria riojano, Rubén Galleguillo (El Cronista, 22/6).

Este argumento se ha vuelto un canto de cisne de todo un sector de la burguesía nacional, que esgrime la amenaza importadora con el doble objetivo de obtener subsidios y, ante todo, extorsionar a los trabajadores para que renuncien a sus conquistas si no quieren ser víctimas de despidos –una extorsión a la que se ha plegado la burocracia sindical, y por demás mentirosa, como muestra el plan de cesantías en Sancor luego de la liquidación del convenio lechero.

Los despidos forman parte de una tentativa de reorganización social por parte de las patronales y el gobierno, que presionan por una descarga más a fondo de la crisis sobre la espalda de los trabajadores, con la activa colaboración de la burocracia sindical. En este cuadro, la lucha por la defensa de los puestos de trabajo se inscribe en la necesidad de una respuesta independiente de la clase obrera.

La noticia se conoció esta mañana. Son 600 los despidos confirmados y se estima que pueden llegar a 1.000 los trabajadores que quedarían sin su fuente laboral desde el 1° de julio.

El viernes a la mañana, 600 trabajadores fueron notificados de la cancelación de su contrato y su despido inminente. "En este momento estoy anunciando a los compañeros el despido de más de 600 trabajadores a partir de fin de mes. Son trabajadores de la construcción y también de mantenimiento", explicó Julio González, secretario General de la Uocra Zárate.

A los despidos de la Uocra se suman otros 137 de Uecara (Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina), estos fueron confirmados por Facundo Ocampo, representante legal de la Unión. Quien afirmó que: “El brutal recorte presupuestario y la falta de decisión del gobierno nacional en avanzar con el plan energético argentino que derivó en la rescisión de contratos afecta directamente al personal de Atucha y el proyecto Carem 25” y agregó que seguramente a los despidos de los trabajadores de la Uocra y Uecara “le seguirán gastronómicos, maestranza y seguridad privada”.

En dialogo con Víctor Hugo Morales, el secretario de la Uocra informó que esta mañana realizaron una asamblea en la que cual se informaron los despidos y se debatieron los pasos a seguir ante esta situación. Ante la consulta de Morales sobre si han definido un plan de lucha, Gónzalez descartó por el momento acciones directas y llamó a que se difunda la situación que están atravesando los trabajadores. También informó que los telegramas de despido recién comienzan a llegar a los domicilios de los trabajadores, pero que la situación ya es un hecho dado que si se informó la finalización de los contratos a partir del 1° de julio.

González responsabilizó al Gobierno por los despidos debido a que frenó las obras que estaban previstas en Atucha. "Queremos una respuesta inmediata a la crisis que atraviesa el sector", afirmó.

FUERZAS POLICIALES ARGENTINAS ASESINARON A 110 PERSONAS EN 2016

El uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad y policías en la provincia de Buenos Aires terminó con la vida de 110 personas durante 2016, denunció el miércoles en un informe la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) publica Telesur.

“El año pasado se registraron 110 muertes”, indicó en su estudio este organismo público de derechos humanos que funciona de manera independiente del Gobierno de la provincia.

De acuerdo a la investigación en el 64 por ciento de los casos intervino la Policía Bonaerense, mientras que la Policía Federal fue responsable de otro 15 por ciento de las muertes, la Policía local del 11 por ciento y la Metropolitana del 3 por ciento restante.

La CPM indicó que en el 61 por ciento de los casos, los agentes implicados no estaban de servicio cuando se produjeron las muertes, aunque sí portaban su arma reglamentaria. “Principalmente se trató de situaciones en las que supuestamente estaban en riesgo pertenencias individuales de los mismos agentes”, explicó la Comisión.

Otro de los datos de interés aportados por el organismo fue que en 70 por ciento de las víctimas tenía menos de 30 años, como fue el caso de un adolescente de 14 años que fue asesinado el pasado domingo en el municipio de San Martín tras recibir 14 disparos.

“De los 53 casos en los que se pudo precisar la edad de los asesinados, el 8 por ciento tenía menos de 16 años y el 11 por ciento tenía entre 16 y 17 años” resaltó el informe.

La CPM determinó que la cifra de muertes por la acción policial responde “a una política criminal basada en el control y la saturación territorial que asume a la violencia estatal como respuesta natural de la problemática del delito”.

La Comisión aconsejó al Estado la incorporación de fiscalías especializadas que investiguen los de casos de violencia institucional, y que cree la policía judicial y autonomía de la defensa.

La CPM, fue constituida a partir de una resolución de la Cámara de Diputados provincial, también espera que se la reconozca como mecanismo de control y monitoreo de la tortura en la provincia de Buenos Aires.

13 de octubre de 2017 · Actualizado hace 6 hs
Techint reclama echar trabajadores a bajo costo
Un apoyo de peso a la flexibilización laboral
Paolo Rocca, el empresario más rico del país, cuya fortuna, según Forbes, es de 4400 millones de dólares, pidió al Gobierno que les permita a las empresas “reducirse cuando sea necesario”. También advirtió que "hay que ocuparse del conurbano bonaerense".

Durante la última jornada del 53º Coloquio de IDEA, el presidente del Grupo Techint sostuvo que "hay que darle a las empresas la posibilidad de crecer, pero también de reducirse cuando es necesario porque si no estamos con una rigidez que perjudica".

El empresario se sumó de esta manera a los pedidos de avanzar en una reforma laboral que modifique las relaciones entre trabajadores y empresarios al actual esquema de producción mundial, y advirtió que debe acompañarse con una adecuación del sistema educativo.

El presidente de Techint afirmó también que "los tres temas prioritarios de la Argentina son la (prometida) reforma laboral, la reforma educativa, y a ocuparse del conurbano bonaerense". Rocca, además, que para que la Argentina "pueda tener gobernabilidad" hay que resolver la situación de la provincia de Buenos Aires.

El empresario subrayó que, según su mirada, es trascendente avanzar en la capacitación escolar, sobre todo para ahorrarle trabajo a su empresa. Rocca contó que necesitó de 3000 entrevistas para ocupar 500 puestos de trabajo en Techint.

También hubo elogios para la alianza gobernante. El empresario aclaró que aceptó participar del encuentro de Mar del Plata, luego de muchos años de ausencia, porque "se percibe un clima de transformación y hoy la Argentina ofrece la posibilidad de discutir a largo plazo".

Página12 escribió:El empresario subrayó que, según su mirada, es trascendente avanzar en la capacitación escolar, sobre todo para ahorrarle trabajo a su empresa. Rocca contó que necesitó de 3000 entrevistas para ocupar 500 puestos de trabajo en Techint.

Gaijin escribió:

Página12 escribió:El empresario subrayó que, según su mirada, es trascendente avanzar en la capacitación escolar, sobre todo para ahorrarle trabajo a su empresa. Rocca contó que necesitó de 3000 entrevistas para ocupar 500 puestos de trabajo en Techint.

Esto es muy importante. Es una prueba más de como, especialmente en Argentina, es el Estado el primero que tiene que salir a dar una mano al capital que se comienza a ver en problemas, inclusive cuando ya de por sí hay una situación de ajuste y precariedad inmensos. Así, no sólo se crean las condiciones para generar ganancias, sino que se trasladan costos y tiempo a otros sistemas en una acción totalmente trasparente para recuperar la tasa de beneficio.

FMI analizará el rescate a Argentina el próximo viernes

El Gobierno argentino no ha anunciado el monto de dólares solicitados al Fondo Monetario Internacional para hacer frente a la crisis cambiaria.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que el "préstamo solicitado" por el gobierno de Mauricio Macri será analizado el próximo viernes en la sede del organismo financiero.

El anuncio fue dado a conocer por el vocero del FMI, Gerry Rice quien señaló que el "rescate" será discutido en la reunión informal del Directorio Ejecutivo prevista para este 18 de mayo.

"El personal del FMI continúa el diálogo con las autoridades argentinas con el fin de lograr un programa respaldado por el Fondo. Nuestro objetivo común es llegar a un rápido acuerdo en estas negociaciones" explicó el vocero del organismo.

Fuentes del Gobierno destacaron el apoyo del Fondo a la política cambiaria argentina de tipo de cambio flotante, cuyo nivel es determinado por el mercado “como un punto clave del marco de metas de inflación”.

A la fecha aún se desconoce la cantidad de dinero solicitado por Argentina al FMI, aunque el mercado financiero argentino estima que sería de por lo menos unos 30 mil millones de dólares.

De acuerdo a fuentes económicas argentinas el crédito sería en la modalidad "stand by"; por la cual el organismo  va liberando fondos en la medida en que sean cumplidas metas económicas y reformas pactadas entre la entidad y el país.

La semana pasada, el presidente Mauricio Macri anunció que inició contactos con el FMI en Washington para obtener un crédito que le permita solventar la crisis financiera que se agravó durante fines de abril y comienzos de mayo.

Tras el anuncio del presidente el ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne viajó a Washington para reunirse con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, quien expresó su "firme respaldo" a las reformas económicas en Argentina.

¿Qué consecuencias traería para Argentina un pacto con el FMI?

De acuerdo a los economistas Andrés Asiain y Hernán Letcher, el futuro acuerdo con el FMI profundizaría las políticas neoliberales en Argentina.

El pasado martes el presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció la intención de su Gobierno de solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo el argumento de "estabilizar" la situación financiera de su país.


Tras el anuncio, el ministro de Economía de Argentina, Enrique Dujovne, viajó a la sede del FMI en Washington con el fin de concretar una reunión con la directora del organismo financiero y analizar el posible acuerdo.

En opinión de los economistas Andrés Asiain y Hernán Letcher, el posible acuerdo con el FMI podría profundizar la agenda de recortes sociales que ya ha venido aplicando el Gobierno de Mauricio Macri.

¿Por qué Argentina recurrió al FMI?

En entrevista para teleSUR, Asiain y Letcher explicaron las razones que llevaron a que el Gobierno de Mauricio Macri pensara en solicitar la ayuda financiera del FMI.

Andrés Asiain indicó que Macri basó su plan económico en el endeudamiento externo y la atracción de capitales extranjeros especulativos como medio para acceder a dólares.

Hernán Letcher señaló que la subida de las tasas de interés en marzo por la Reserva Federal de Estados Unidos llevó a que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunciara el alza de tasa de referencia de 27,25 por ciento  a 30,25 por ciento como medida para evitar la retirada de fondos por parte de inversionistas extranjeros.

Letcher detalló que los problemas estructurales provenientes de la política de la eliminación del control de capitales, de las retenciones a la soja, así como la apertura a la importación cuando no había condiciones globales para esta política y el financiamiento a partir de la deuda externa llevaron a la caída del peso frente al dólar.

El 3 de mayo pasado la moneda estadounidense cerró a 23 pesos argentinos.Con el objetivo de frenar esta depreciación del peso argentino, el BCRA elevó los tipos de interés hasta en tres ocasiones en la misma semana para frenar la huida de los inversores.

En una semana la tasa pasó de 27,25 al 40 por ciento. Esta inestabilidad llevó a una corrida bancaria y fuga de capitales.

En este sentido Asiain detalló que la corrida del dólar puso en evidencia que las medidas del principal banco argentino para evitar el alza y fuga de capitales no dieron resultado.

Ante el fracaso del BCRA el Gobierno se vio en la necesidad de recurrir al Fondo Monetario Internacional.

Costo del acuerdo para los argentinos

Durante la entrevista, Andrés Asiain comentó que de concretarse el acuerdo con el ente financiero, este podría ser un salvavidas de plomo que llevaría a terminar de hundir la economía y el sistema financiero argentino.

Asiain aseguró que de darse el pacto solo va a dejar una enorme deuda que terminarán pagando por años los ciudadanos argentinos.

De acuerdo a palabras de Asiain un acuerdo con el ente no llevará a la calma de los capitales e inversores extranjeros, al contrario “va a generar más incertidumbre”.

Por su parte, Hernán Letcher señaló que un compromiso con el FMI significaría un costo político y económico para el Gobierno.

Letcher indicó que desde enero hasta principios de mayo Argentina perdió alrededor de 7.800 millones de dólares, una devaluación que oscila entre el 12 y 15 por ciento y una inflación que podría llegar al 25 por ciento.

El acuerdo con el FMI

Según Asiain, Argentina no presenta actualmente las condiciones necesarias para acceder a un crédito flexible del FMI, por lo que un acuerdo con el organismo económico estaría condicionado a las imposiciones del ente financiero.

Para el economista Andrés Asiain, el pacto con el FMI supondría un beneficio para los capitales extranjeros que en opinión del analista seguirían sacando los dólares de Argentina.

En la conversación telefónica, Hernán Letcher comentó que entre los requisitos del FMI podría estar una revisión más profunda a la reforma laboral, modificaciones a la ley previsional o jubilatoria, un ajuste fiscal y recortes en áreas sociales; situaciones que ya han venido ocurriendo en la nación suramericana.

La historia del FMI en Argentina

Al preguntarle a Letcher sobre la relación histórica entre el FMI y Argentina, el economista la calificó de nefasta y afirmó que el ente financiero ha estado involucrado en la mayoría de las crisis financieras en la nación suramericana.

En 1991 el organismo financiero aprobó la convertibilidad, el plan económico diseñado por el Gobierno del presidente Carlos Saúl Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, para terminar con la hiperinflación.

El peso se ancló al dólar, lo cual se acompañó de un agresivo plan de privatizaciones y achicamiento del Estado.

La derrota electoral de octubre de 2001 debilitó al Gobierno del presidente Fernando de la Rúa. El FMI cortó la asistencia al país.

La crisis de 2001 llevó al recordado corralito financiero que impedía a los argentinos disponer a discreción de sus ahorros en las entidades financieras. El presidente renunció en medio de enormes manifestaciones, huelgas y saqueos. Argentina decretó el default de su deuda externa.

Una década después el Gobierno de Mauricio Macri aceptó retornar a las revisiones anuales del FMI, suspendidas desde 2006.