Lo dispuso esta tarde la Cámara de Casación.
La Cámara Federal de Casación Penal finalmente ordenó esta tarde investigar la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizara cuatro días antes de aparecer muerto, dos años atrás, contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de los autores del atentado contra la AMIA.
Análisis
Cerca de conocer las razones secretas por las que Cristina Kirchner firmó el pacto con Irán
Por Daniel Santoro
En un fallo conformado básicamente por los votos de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y disidencias parciales de la jueza Ana María Figueroa, la sala I del tribunal aceptó como querellante a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y dispuso apartar del caso del juez Daniel Rafecas y a los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, quienes se habían negado en dos oportunidades a investigar la denuncia.
Mañana el sorteo de rigor determinará a qué colega de la primera instancia le toca intervenir en el asunto. Fuentes judiciales dijeron que aún así permanecerá como fiscal de la causa Gerardo Pollicita, quien había pedido medio centenar de medidas de prueba que Rafecas descartó al disponer la desestimación de la denuncia y el archivo de la causa que jamás había nacido.
Nisman había denunciado que el Memorándum de Entendimiento firmado por el gobierno kirchnerista con la República Islámica de Irán en torno a los ciudadanos de ese país acusados de haber planeado el atentado de 1994 constituyó un encubrimiento ya que los sustraía de las reglas de la Justicia argentina. Por ello acusó a la entonces Presidenta de la Nación y otros funcionarios y allegados al kirchnerismo.
Ordenaron investigar la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner
El fiscal Nisman apareció sin vida cuatro días después de su denuncia a Cristina Kirchner.
La resolución de la sala I de la Casación llegó tras largas especulaciones sobre quiénes y cuándo lo firmarían. Finalmente la sentencia se rubricó esta tarde, pasadas las 15, con la firma de los tres miembros actuales de la sala I. Borinsky y Hornos, jueces de la sala IV, dejarán de subrogar el año que viene en la sala I, donde Figueroa es la única magistrada titular.
Al mediodía una filtración a la prensa sobre la definición que se tomaría hoy y el sentido de los votos de los tres magistrados llevó a algunos medios a informar que el caso ya se había resuelto pero los magistrados aún no habían firmado la sentencia. La situación obligó a difundir un comunicado a través del Centro de Información Judicial (CIJ) para aclarar que el asunto aún no estaba resuelto y que los jueces se encontraban trabajando en ello.
La DAIA logró la apertura de la investigación al presentar este año nuevas pruebas, que básicamente refieren a un diálogo telefónico entre el entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, y el entonces canciller Héctor Timerman, donde este prácticamente admite que los autores del atentado son iraníes. Esto es investigado también en otra causa a cargo del juez Claudio Bonadio con acusaciones sobre Fernández de Kirchner y Timerman de "traición a la patria".
Antes de decidir abrir la denuncia a investigación, el tribunal también rechazó un planteo del abogado defensor de Timerman, Alejandro Rúa, quien sostenía que el caso debía ser resuelto por la sala II de la Casación. La defensa de Timerman se había quejado también por la existencia de dos causas que investigan lo mismo.
Si bien ahora todo indica que la denuncia de Nisman será finalmente investigada, técnicamente las defensas de los denunciados que presentaron abogado en el caso -Timerman y el diputado Andrés "Cuervo" Larroque- y hasta el fiscal Javier De Luca tienen chance de apelar a la Corte Suprema para intentar revertir lo hoy resuelto.
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La presentación realizada por el fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner, cuatro días antes de que apareciera muerto en su departamento, denunciaba ante la Justicia a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman por encubrir a los iraníes acusados de haber sido los autores ideológicos del atentado contra la sede de la AMIA en julio de 1994.
Esa medida -sin precedentes y producto directo del memorándum de entendimiento firmado por Cristina con Irán- fue una dura denuncia de casi 300 páginas donde Nisman acusó y pidió la declaración indagatoria y un embargo preventivo de bienes por la suma de doscientos millones de pesos a la Presidente de la Nación, Cristina Kirchner, a su canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque, a personal de la Secretaría de Inteligencia de la Nación, a los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche, al ex fiscal federal y ex juez de instrucción Héctor Yrimia, y al referente comunitario iraní, Jorge “Yussuf” Khalil, por ser autores y cómplices del encubrimiento agravado de los acusados iraníes por el atentado terrorista contra la AMIA, hecho ocurrido el 18 de julio de 1994 y calificado judicialmente como crimen de lesa humanidad y genocidio.
La acusación abarca otros delitos conexos, como estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Nisman sostuvo que el plan dirigido a borrar a Irán del caso AMIA, desincriminando a los ex funcionarios iraníes acusados, tuvo su origen en la previa decisión de la Presidenta de "acercarse geopolíticamente a la República Islámica de Irán y restablecer relaciones comerciales plenas de estado a estado para aliviar la severa crisis energética argentina, mediante un intercambio de “petróleo por granos”".
"Este acercamiento, que en sí mismo nada tiene de ilegal y está fuera de cuestionamiento, fue considerado inviable mientras subsistiera la acusación efectuada por la justicia argentina en la causa AMIA contra los ex jerarcas del régimen iraní. Entonces, para despejar el obstáculo, y he aquí lo delictivo, la Sra. Presidente ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los imputados iraníes, contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar “la inocencia de Irán”", agregó Nisman.
Las pruebas colectadas permitieron afirmar que "el gobierno puso en marcha un canal de comunicación paralelo entre Argentina e Irán a fin de transmitir e instrumentar las ordenes emitidas por la Presidente y, de ese modo, alcanzar los objetivos ilícitos. Este canal clandestino, que operó como una diplomacia paralela, estuvo integrado por funcionarios, ex funcionarios y otros sujetos, que ninguna vinculación guardaban con la función diplomática, pero que estaban estrechamente ligados al centro del poder de donde emanan las decisiones más trascendentales de la política argentina".
"La calidad delictiva del encubrimiento necesitó contar con estos canales paralelos, no oficiales, como vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con la impunidad de los acusados iraníes. La actividad de estos canales configuró, sin más, una diplomacia paralela de facto, que desde las sombras permitió llevar adelante el plan criminal, por expresas directivas y órdenes de la Sra. Presidente", señala el fiscal.
En definitiva, "el gobierno instaló y se valió de una diplomacia para-estatal, integrada –cuanto menos- por personal de la Secretaría de Inteligencia, por el Diputado Nacional Andrés Larroque, por los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche y por el referente comunitario y nexo local del régimen iraní, Jorge “Yussuf” Khalil.
Estos canales para-estatales transmitieron continuamente mensajes que partían de Cristina Fernández, pasaban por Andrés Larroque y/o por personal de la Secretaría de Inteligencia, luego por Luis D´Elía, para llegar inmediatamente a Jorge “Yussuf” Khalil, y de allí eran enviados a las autoridades persas, tanto al Encargado de Negocios en Buenos Aires como a altos funcionarios de Teherán. Y cada paso del plan, cada mensaje presidencial y cada avance, fue consultado y comunicado detallada y minuciosamente al prófugo Mohsen Rabbani, ex Agregado Cultural de la Embajada de Irán en Argentina para la época del atentado y cuyo poder decisorio, tanto en la comunidad iraní local como dentro del régimen, se ha mantenido incólumne hasta la fecha. Es decir, más allá de los intermediarios puestos por ambos estados, los encargados que idearon y llevaron adelante este plan criminal, terminaron acordando sus ilícitos objetivos no solo con el estado que protege al terrorismo sino con el principal acusado terrorista, Moshen Rabbani".
Por pedido del juez Ariel Lijo, la Corte Suprema difundió luego, la denuncia completa que presentó el 14 de enero el fallecido fiscal Alberto Nisman y en la que acusó por encubrimiento del atentado a la AMIA a la presidenta Cristina Kirchner y a su canciller Héctor Timerman, entre otros. Allí, hay diálogos completos de las escuchas telefónicas que el fiscal pensaba leer en sesión secreta en el Congreso el lunes siguiente. Pero en la noche del domingo, su cuerpo sin vida fue encontrado en el departamento en que vivía en Puerto Madero, con un balazo en la sien.
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