Medidas de los nuevos gobiernos progresistas

Spoiler:

El Gobierno sigue comprando coches Diesel pese a sus anuncios de impuestos y prohibiciones
La compra de 249 Seat Diesel para la Guardia Civil no es la única que tiene contemplada el Gobierno, pese a sus anuncios de subida de impuestos y prohibiciones a los vehículos movidos por este combustible. Te damos todos los detalles.

Elevar el IRPF a las rentas más altas
Regular los precios del alquiler
Derogar el grueso de la reforma laboral
Desarrollar un ingreso mínimo vital
Derogar la LOMCE
Eliminar los copagos de 2012
#UnidasPodemos arranca pequeños compromisos que suponen un cambio en la tendencia de los anteriores gobiernos PP-PSOE. No es muy ambicioso pero está bien con 35 diputados.

JLSANCHEZ2 escribió:Estimados camaradas,

Es muy interesante lo que se comenta en este hilo, estoy aprendiendo mucho. Gracias a todos y en especial al camarada SS-18. Es evidente que este foro es la vanguardia del Marxismo, ya lo creo que sí. Un saludo revolucionario

SS-18 escribió:

JLSANCHEZ2 escribió:Estimados camaradas,

Es muy interesante lo que se comenta en este hilo, estoy aprendiendo mucho. Gracias a todos y en especial al camarada SS-18. Es evidente que este foro es la vanguardia del Marxismo, ya lo creo que sí. Un saludo revolucionario

Gracias hombre! Un placer saber que sirven las cosas que hacemos todos los camaradas y que nuestras criticas, aunque sean crudas e intenten ser funcionalmente cientificas, llegan a traspasar el caparazon emocional en el que se construyen ideas las generalidades del movimiento comunista.

Gana el ala dura del Gobierno. Pablo Iglesias se impone a las tesis moderadas de Nadia Calviño y logra entrar de lleno en la vida de las empresas para intentar controlarlas.

En elEconomista se escribió:

Iglesias quiere nacionalizaciones y socializar ahorros como Venezuela

* Los expertos alertan de que generaría inseguridad jurídica grave y contradice los principios de la UE

* El vicepresidente lleva toda la crisis sanitaria batallando por limitar la economía de mercado

Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno.

África Semprún / Isabel Acosta
31/03/2020 - 21:47 Actualizado: 09:45 - 1/04/20

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha llevado al extremo su admiración por un régimen como el venezolano y su gratitud por la financiación chavista - un régimen, el de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que ha llevado a la pobreza a 30 millones de ciudadanos del país caribeño- y que Iglesias quiere implantar, con la excusa de la pandemia de coronavirus, en España, al margen de la Constitución y de la UE, desposeyendo a los empresarios de su medio de vida y a los ciudadanos de sus ahorros, lo que minaría la inversión y el consumo. | Editorial: Giro hacia el comunismo populista que destruye la seguridad jurídica.

Además, supondría una oleada de demandas para nuestro país que sólo le llevarían a convertirse en un Estado fallido como todos los que han aplicado políticas populistas a lo largo de la historia, precipitando a España al empobrecimiento y a un riesgo de corralito si los ciudadanos se aprestan a recoger los ahorros de su vida a una entidad bancaria ante el temor a que sean confiscados por el Estado. Lo ha hecho a través de un tuit en el que invoca el artículo 128 de la Constitución, cuya interpretación extensiva es de dudoso encaje. Ayer mismo invocó ese precepto tras el Consejo de Ministros.

La pretensión de Iglesias de nacionalizar empresas y socializar ahorros con la excusa del coronavirus choca con el marco europeo en el que España está inserta -un entorno, el de la UE, de defensa de la libertad de empresa y la economía de mercado- y, por mucho que Iglesias haga valer un artículo de la Constitución, supone una interpretación extensiva del mismo que contravendría los pilares de la propia Carta Magna, como explican los expertos. Desde que comenzó la crisis sanitaria causada por la epidemia, Iglesias viene librando una batalla por secuestrar la economía de mercado en contra de la seguridad jurídica y con la vista en Estados que, como Venezuela, han demostrado ser fallidos bajo esas políticas.

Iglesias se volvió a escudar ayer en el artículo 128, tras el Consejo de Ministros, para reclamar "la primacía del interés general del país" y "la construcción de un escudo social contra la crisis del coronavirus". Pero, por mucho que la emergencia sanitaria haya sumido a España y a medio mundo en una de las mayores crisis económicas y sociales, el líder de Podemos no lo tiene tan fácil para nacionalizar los ahorros y casas de los ciudadanos, así como las empresas. Las intenciones de Iglesias, que ya trató de incluir la nacionalización de eléctricas y medios de comunicación en el Real Decreto de estado de alarma, choca con la propia Constitución y la interpretación del artículo.

Un artículo de eficacia acotada

"Desde su redacción inicial, en la elaboración del texto se fue modificando para reducir su carga previa, precisamente para evitar interpretaciones excesivas que ahogaran la propiedad privada y la libertad de empresa. Quedó, por tanto, muy limitado, precisamente para evitar que se hiciera una lectura desajustada de las facultades de intervención del poder público sobre la propiedad privada", explica la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra Asunción de la Iglesia.

Posible inconstitucionalidad

A su vez, una interpretación extensiva de este artículo y el simple hecho de plantear hacerse con los ahorros de los ciudadanos para crear una Banca Pública, como ha dejado caer Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía), sería inconstitucional, al atentar directamente contra los artículos 33 y 38 de la Constitución, que protegen el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa. "Las restricciones a los artículos 33 y 38 están reguladas y garantizadas. Tanto la jurisprudencia constitucionalista, como el desarrollo del Estado constitucional en el marco de la UE han forjado un marco jurídico de economía de libre mercado y Estado social, con una intervención pública regulada y controlada jurisdiccionalmente", explica De la Iglesia.

Sometido a control jurisdiccional

Ya en octubre del año pasado, el portavoz de IU Andalucía, Ernesto Alba, y el parlamentario de Podemos, Rafa Mayoral, reclamaron la aplicación de artículo 128 para sectores como el olivar. En ese momento, para que el Gobierno pudiera hacer valer los poderes que le otorga la Carta Magna tenía que asegurar una serie de garantías. Un proceso y decisión que, en todo caso, está sometido a control jurisdiccional (desde el contencioso-administrativo hasta la el tribunal de la UE y Derechos Humanos), explican los expertos.

Con límite temporal

Aunque en el estado de alarma, la intervención del poder político puede activarse de forma extraordinaria, esto no implica que el Ejecutivo pueda privar el ejercicio de derechos, solo restringirlo. Y de una forma proporcionada y temporal. Así, cualquier tipo de medida encaminada a poner al servicio de las Administraciones Públicas "la riqueza del país" tendría que suprimirse una vez pasado el periodo. Y el hecho de estar en un estado de alarma no exime a Gobierno de responder de sus actos ante la justicia, asegura De la Iglesia.

Los sueños de nacionalización de Iglesias chocan de lleno con los principios de la UE . El Tratado Fundacional europeo blinda el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa y, aunque sí abre la puerta a que por causa de utilidad pública se pueda privar a los ciudadanos de su propiedad, "el uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general" y siempre tras pagar una indemnización.

"La legislación española está un peldaño por debajo de la de la UE, ya que hemos cedido competencias y habría que responder ante el TJUE", explica el profesor de Economía Miguel Ángel Bernal, que ve muy peligrosa esta intención y materialmente "imposible" llevarla a cabo en el marco europeo.

Oleada de demandas

Incluso aunque Iglesias consiguiera llevar a cabo su plan, el Gobierno se enfrentaría a una oleada de demandas a escala nacional e internacional, que le costarían mucho dinero en indemnizaciones, y pondría en peligro la economía española, ya que hundiría la inversión internacional y el consumo. Solo las medidas anunciadas en los últimos días para afrontar la crisis ya han asustado a los inversores, que están vendiendo deuda española, aducen los expertos.

Colectivizar conlleva indemnizar

En el caso del alquiler, donde Iglesias anunció ayer un distinto nivel de protección en función del número de viviendas, el profesor Juan Fernando Robles explica que "cargar a los fondos de inversión o a personas con un determinado número de viviendas alquiladas con obligaciones diferentes a las que tienen los pequeños propietarios, que consisten en la obligación de ofrecer una quita o una larga financiación sin intereses, es una expropiación encubierta de las rentas o de sus frutos sin la correspondiente indemnización estatal, lo que además de ser inconstitucional supone una colectivización del capital propio de regímenes bananeros y comunistas".

Quieren distorsionar el mercado

Llama la atención Robles también sobre el efecto distorsionador del mercado. "Obligar al cierre de las empresas en base al interés general, discriminando unas de otras por la actividad que ejercen, sin la indemnización correspondiente al daño causado o sin asumir los costes directos de tales cierres no solo es distorsionar el mercado, sino que constituye una vía de hacer soportar a particulares y empresas los daños que el propio Estado les provoca sin indemnización". De esta forma, razona, "se debilita el tejido productivo quizás con la intención de hacer depender la actividad económica de ayudas del Gobierno que vayan introduciendo el dirigismo y el control político sobre los medios de producción".

Sin las garantías preceptivas

Citan también los expertos el caso de "la incautación sin previo aviso de material sanitario en poder de empresas privadas que ejecutó el Gobierno" para explicar que "no solo introdujo dificultades insalvables en la cadena de suministro de tales productos, paralizando pedidos e importaciones y retrasando el abastecimiento de productos básicos sin ofrecer una alternativa, como se ha visto, sino que no se guardaban las garantías propias de un Estado de Derecho y la seguridad jurídica para las empresas".

Actitudes de Estados fallidos

El profesor Robles explica que esta actitud es propia de estados fallidos, como Venezuela o Cuba, y no se corresponde con las prácticas admitidas en los países democráticos y de economía de mercado, que pueden conseguir fines sociales sin destruir las cadenas de suministro privadas, sino apoyándose en ellas. La medida dio pésimos resultados y bloqueó durante semanas la llegada de material médico a España.

Buscan el control social

La prohibición de realizar despidos, obligando a pagar salarios independientemente de la actividad o a utilizar fórmulas jurídicas inapropiadas para la situación creada, como puede ser el ERTE, no hace sino retrasar los acontecimientos sin solucionar el problema de fondo, conduciendo a las empresas afectadas a situaciones de crisis y dejando a los trabajadores desprotegidos, argumenta Robles, quien cree que, en el fondo, se trata de cargar a empresas y particulares con las obligaciones propias del Estado, dificultando su actividad. Por eso, los postulados de Podemos se interpretan por Robles como "hostilidad hacia las empresas que no puede tener otro fin que destruirlas para empobrecer a la población de modo que cada vez más individuos pasen a depender de posibles ayudas estatales, ya sean estas rentas mínimas o cualesquiera otras, y así propiciar un control social que perpetúe a la izquierda en el poder".

Miguel Sebastián escribió:Ahora por fin podremos tener la discusión sobre los sectores estratégicos. Siempre me criticaron cuando defendía que debía haber sectores estratégicos en la industria, me decían que eso era “dirigismo económico”. Tendremos que tener ese debate. No se trata de que produzcamos todos estos productos sino de que tengamos reservas. Pero muchas veces se asocia el tener reservas con despilfarro. También nos dirán que qué hacemos fabricando aquí mascarillas cuando David Ricardo ya nos dijo que las tendrían que producir países que tengan ventaja comparativa, como China. Seguirá siendo más eficiente que las produzca China, pero ¿tendremos que tener algún tipo de reserva estratégica?

Máquina escribió:VOX, que está en la oposición y promete lo que quiere, propone aumentar la deuda para pagar a autónomos y salarios. Básicamente se marcan un PODEMOS.

Máquina escribió:Podemos ahora discutir cual de esas dos nefastas alternativas es menos mala. Yo apuesto por la deuda.
O también discutir cual preferirán, posiblemente el abaratamiento del despido una vez se libren del lastre de PODEMOS.

Máquina escribió:En cualquier caso ambas alternativas serán dañinas para la población y no serán progresistas en ningún caso.

Claudio Forján escribió: La crisis ha hecho girar el consenso social hacia una política económica más intervencionista. Por eso un partido ultraliberal en lo económico como Vox no tiene más remedio que ceder, si quiere conservar o aumentar popularidad.  

Máquina escribió:Hace años en VOX intentaron hacer alquimia para mantener el gasto y bajar los impuestos, la prensa liberal se les echó encima:

Máquina escribió:Al final hay toda una dimensión de la política que, por ser plebeyos modernos, no conocemos del todo, que es la de los pactos en la trastienda, las quedadas para tomar café y los reservados, incluso las pausas para fumar. Cual Corte del S. XVII se hace más política así que en el Parlamento, donde me imagino que ya llega todo más que firmado y matasellado.

Máquina escribió:Conseguir medios de tirada nacional está complicado, se necesita ante todo dinero, antaño había comunistas con pasta que hacían los desembolsos, ahora ni eso. Hay esperanza con Internet, supongo.

Máquina escribió:Mucho me temo que de aquí no vamos a sacar nada. Mira el PCE, está en IU, IU dentro de Unidas Podemos y de toda esa vanguardia sobresale Garzón, en un Ministerio de mentira que alardea de que las apuestas han bajado porque no hay furbol. Los del PCE son los que mejor lo tenían.

Los empresarios avisan que, ante las medidas que está aprobando el Gobierno, "va a costar sangre" alcanzar un nuevo acuerdo de negociación colectiva.

La propuesta del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de implantar un 'Ingreso Mínimo Vital Puente' para paliar los efectos de la crisis del coronavirus sobre los colectivos más vulnerables mientras el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones termina de diseñar una suerte de 'renta básica' definitiva ha encendido las alarmas en la CEOE. No solo porque la patronal haya sido excluida de la negociación del diseño de esta prestación temporal, sino porque en el fondo, y a pesar de compartir con el Gobierno la necesidad de que ningún ciudadano quede desatendido económicamente durante esta pandemia, los empresarios nunca han estado de acuerdo con esa figura, entre otros motivos, porque consideran que presionaría al alza los salarios y distorsionaría la negociación colectiva.

Miembros del Comité Ejecutivo de la confederación empresarial trasladan a La Información su rechazo al Ingreso Mínimo Vital (el IMV, como lo ha bautizado el ministro José Luis Escrivá) por varios motivos. El primero, porque "tensionará los salarios al alza y dificultará el reclutamiento" y el segundo, porque "va en la línea contraria a la activación de las políticas pasivas de empleo", es decir, de las prestaciones sociales. En este sentido, la prioridad para los empresarios es que se abonen cuanto antes las prestaciones que corresponden a las personas que han perdido su empleo o se han visto afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo, así como a los autónomos que han solicitado el cese de actividad.

La propuesta de Iglesias hizo estallar el pasado jueves a las patronales CEOE y Cepyme, que emitieron un duro comunicado en el que le acusaron de "manipulación interesada" y "deslealtad al diálogo social". Según pudo saber este medio, apenas horas después Antonio Garamendi y el vicepresidente de Unidas Podemos acercaron posturas, pero eso no significa que los empresarios estén a favor de la implantación de la "renta básica". Lo que preocupa en círculos empresariales, según transmiten en privado dirigentes de la patronal, es que esa prestación tensione al alza las nóminas, como sucede cuando se incrementa el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El economista Javier Santacruz analiza esta acción-reacción y su conclusión es que, al contrario, lo que se producirá es "una depresión de los salarios reales". En conversación telefónica desarrolla esta idea: "Hay que distinguir entre la presión que ejercerá sobre los salarios nominales, que es posible que sea alcista por el efecto que tenga sobre el SMI, y sobre los salarios reales, es decir, sobre el poder adquisitivo real de las familias, que a medio plazo pueden sufrir un empobrecimiento masivo". Mientras, Iglesias ha defendido que la medida, aplicada en plena emergencia social, "contribuirá a mantener la capacidad de consumo y la supervivencia de muchas empresas cuando se levanten las restricciones sanitarias".

La Vicepresidencia de Asuntos Sociales se ha propuesto un ingreso puente que garantice que todos los ciudadanos que hasta ahora han quedado excluidos del paquete de medidas contra la crisis cuenten con al menos 500 euros al mes, ampliables en función de las cargas familiares. El planteamiento de Iglesias es que esa prestación funcione hasta que se dé encaje técnico a la propuesta que iba en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. El ministro Escrivá, por su parte, ha dejado claro que su departamento está trabajando en una renta mínima "estructural y permanente", que complementará otro tipo de rentas autonómicas y ayudas y que estará asociada a un itinerario de inclusión.

Pero para los empresarios el IMV plantea un problema importante, más allá de la presión sobre los sueldos, y es que "devalúa el diálogo social". En palabras de un miembro del Comité Ejecutivo de la CEOE, "la renovación de los convenios que venzan va a costar sangre". Coincide con esta valoración Santacruz, quien augura que la renta básica "va a poner patas arriba la negociación colectiva, sobre todo en todos aquellos convenios de empresas que operen en sectores con baja productividad y menores escalas salariales".

Y no solo eso. Fuentes de la patronal recuerdan que este año caduca el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020 y adelantan que la negociación de un nuevo marco con el Gobierno y los sindicatos no va a ser fácil. "Con las medidas que se están tomando, hay que despedirse de un nuevo acuerdo, salvo que éste forme parte de los nuevos pactos de estado", comenta un empresario. Por el momento, todos los esfuerzos del diálogo social están concentrados en la lucha contra la pandemia del Covid-19 y sus efectos sobre el mercado laboral, pero cuando pase esta crisis el Ejecutivo tendrá que sentarse con los agentes sociales para actualizar el AENC y para tratar otras cuestiones como la derogación de la reforma laboral, y ahí la CEOE va a dar la batalla.

El coronavirus echa por tierra la subida salarial
Hay que recordar que el anterior AENC favoreció un importante impulso de los salarios, aupados también por los sucesivos incrementos del SMI que han tenido lugar en los últimos años. En concreto, según los datos analizados por La Información, la subida salarial media pactada en los convenios colectivos registrados hasta diciembre de 2019 alcanzó el 2,33%, dejando la media anual en el 2,28%, en línea con las directrices del AENC, que planteaba aumentos de las nóminas en el entorno del 2% más un punto porcentual ligado a la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral.

Ahora el coronavirus amenaza con echar por tierra todos los esfuerzos tanto públicos como privados para mejorar los sueldos de los trabajadores. La oleada de ajustes de plantilla, despidos y no renovaciones de contratos va a tener importantes consecuencias sobre las rentas y de ahí que el Gobierno esté trabajando en el diseño de medidas como el IMV. La patronal comparte que ningún ciudadano quede desamparado en esta crisis económica, pero advierte de lo difícil que va a resultar mantener la actividad para muchas empresas durante los próximos meses y considera que es el momento de priorizar el mantenimiento del empleo y no las subidas salariales.

Claudio Forján escribió:Su reformismo todavía va por delante de la conciencia del trabajador español medio. Aunque veremos qué posición tienen ante los "pactos de la Moncloa" que se avecinan.

camaradaneos escribió:

Claudio Forján escribió:Su reformismo todavía va por delante de la conciencia del trabajador español medio. Aunque veremos qué posición tienen ante los "pactos de la Moncloa" que se avecinan.

Hola
Podrías desarrollar un poco más esto? Me parece interesante

Un saludo