PortalPues una vez leída esa resolución, yo al menos por mi parte no encuentro por ningún lado lo de los grandes propietarios. Claramente se lo han inventado con fines propagandísticos, muy típico en este tipo de prensa. Te ponen la noticia y confían en que la gran mayoría de los lectores no se van a leer la resolución, así que juegan con ello y te la meten doblada. No es de extrañar que haya gente que vive muy alejada de la realidad sintiéndose muy bien informada.
Medidas de los nuevos gobiernos progresistas
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Re: Medidas de los nuevos gobiernos progresistas
por Volk_kult Miér Ene 06, 2021 10:58 pm
Esto último habrá que contárselo a la gente de Frente Obrero y al izquierdismo patrio que dice que mejor que nos gobiernen PP y Vox que ahora al parecer se está sirviendo más a los capitales y menos a la clase obrera que con PP y Vox.
Nuestro problema no es los que leen OK diario si no los propios que van muy leídos de Marx y Lenin pero en el fondo no han leído nada ni entienden nada y son peores que cualquiera que lee el ABC
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Se preguntaba la pagina de Ada Colau Fans porque esto no salia en las noticias de hoy?,digo yo UP dio la batalla para que estuviera en el pacto de coalicion? Porque si siguen el camino que hizo barcelona para crear esta empresa,esta claro que mas temprano que tarde se empezara hablar de renacionalizar Endesa y otras empresas energeticas.
municipalización energética
Barcelona prescinde de Endesa y se conecta a su propia eléctrica pública
La nueva empresa BE abastecerá primero los equipamientos y servicios municipales y a partir de enero a 20.000 familias
El logotipo de la nueva empresa, BE, proyectado sobre la fachada del ayuntamiento, en julio pasado.
El logotipo de la nueva empresa, BE, proyectado sobre la fachada del ayuntamiento, en julio pasado. /
ÁLVARO MONGE
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Carles Cols
Barcelona 30 de junio del 2018. Actualizada 01 de julio del 2018 a las 11:08
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Sábado 30 de junio del 2018, Endesa acaba de perder a uno de sus mayores clientes, el Ayuntamiento de Barcelona, de aquellos que pagan una factura anual de 34 millones de eurosa. A medianoche, los semáforos, las farolas de la vía pública y el alumbrado de las bibliotecas y de cualquier otro tipo de edificio municipal habrán pasado a ser alimentados por una nueva empresa eléctrica pública, Barcelona Energia (BE), propiedad del ayuntamiento, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Ada Colau, tal vez casi el único que se ha ejecutado sin contratiempos, retrasos y polémicas. La meta principal no era solo el ahorro, aunque también lo habrá, unos 710.000 euros al año, sino la consecución de un cambio de modelo, a la vista de que la privatización del sistema eléctrico en España, lejos de fomentar una sana competencia que contribuyera a bajar la factura de la luz, ha permitido obtener unos “beneficios astronómicos” (en palabra de denuncia de la alcaldesa) a la par que nacía un concepto inédito tiempo atrás, la pobreza energética.
Barcelona Energia, cuya marca comercial se ha proyectado simbólicamente sobre la fachada del ayuntamiento, es una compañía distribuidora que se abastece de energía limpia y local, sobre todo la que aportan las placas fotovoltaicas del Fòrum y la planta de tratamiento de residios del Besòs, gestionada por TERSA. El propósito a medio plazo es crecer, incorporar más fuentes de suministro, duplicar la generación municipal de energías renovables, de 1,8 megawatios a 3,5 solo en placas solares. Actualmente hay 12 pérgolas de esta solución energética repartidas por la ciudad y están en fase de construcción cuatro más.
Las familias, a partir de enero
Con este conjunto de medidas se podrá poner en marcha la segunda fase del proyecto de Barcelona Energia. Si ahora Endesa ha perdido un cliente mayúsculo, a partir de enero el objetivo de la compañía municipal es ofrecer suministro eléctrico a los clientes particulares. Hay un techo legal en esa ambición. Como máximo, Barcelona Energia podrá suministrar fluido eléctrico a unas 20.000 familias, que no son pocas. El criterio de selección de esos vecinos será por simple orden de inscripción.
Por su tamaño, Barcelona Energia es desde este mes de julio la mayor compañía eléctrica pública de España. Según Colau, algún día debería dejar de serlo. “Si lo hemos hecho nosotros, por qué no lo hacen administraciones más grandes, como la Generalitat o la central”, se pregunta. El aliciente para adentrarse en esta senda no debe ser económico, según la alcaldesa. “La energía es un derecho básico, tiene que ser un servicio público garantizado”. Actualmente, en su opinión, es todo lo contrario, “un oligopolio”, así que sugiere desandar el camino de las privatizaciones y recuperar la “soberanía energética”.
La alcaldesa ha colgado este domingo en las redes un vídeo en el que celebra el "paso histórico":
Avui Barcelona fa un pas històric. Desconnectem dels oligopolis i ens connectem a les renovables, a l’autoconsum, a la sobirania energètica.
Hola #BarcelonaEnergia! pic.twitter.com/EZJD4wXIzO
— Ada Colau(@AdaColau) 1 de julio de 2018
El empeño de crear Barcelona Energia parecía, a principios del actual mandato municipal, un reto de difícil consecución. A lo mejor han sido al final un aliciente para acelerar el paso las colisiones que el Ayuntamiento de Barcelona ha tenido con las eléctricas privadas por otros motivos, pero choque de intereses, al fin y al cabo.
Colisiones anteriores
El primer enfrentamiento abierto saltó en febrero del 2017. El equipo de gobierno sacó a concurso el contrato de la luz de Barcelona. Incluyó en las cláusulas del concurso medidas concretas contra la pobreza energética. Ni Endesa ni Gas Natural presentaron ofertas, convencidas probablemente de que el concurso se declararía desierto. Sin embargo, perqueñas empresas del sector eléctrico sí que se presentaron. Fue, pese a rodo, una victoria municipal pasajera. Endesa recurrió, porque consideró que las condiciones que reclamaba el municipio la colocaban en una situación de desventaja con respecto a sus competidores, que con tan poco clientes como tienen en la ciudad era muy difícil que tuvieran que encarar situaciones de pobreza energética. El Tribunal Catalán de Contratos le dio la razón.
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Tres meses más tarde se desató una nueva disputa, por razones distintas, pero, como siempre, económicas. Los técnicos municipales detectaron un importante impago de una tasa que deben pagar las empresas suministradoras de energía a los ayuntamientos, equivalente al 1,5% de sus ingresos brutos en cada ciudad. Es una cifra que puede pasar desapercibida, porque es el Ministerio de Industria quien dispone de todas las cifras, pero un rastreo paciente permitió a Barcelona localizar esa vía de agua económica. Endesa, así, aceptó que había un error en las liquidaciones que había satisfecho y abonó un millón de euros adicional correspondiente al periodo 2011-2015.
Aquel último enfrentamiento se resolvió hace ahora exactamente un año. Desde entonces, el calendario para poner en marcha la empresa pública Barcelona Energia se ha cumplido a rajatabla.
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Sábado 30 de junio del 2018, Endesa acaba de perder a uno de sus mayores clientes, el Ayuntamiento de Barcelona, de aquellos que pagan una factura anual de 34 millones de eurosa. A medianoche, los semáforos, las farolas de la vía pública y el alumbrado de las bibliotecas y de cualquier otro tipo de edificio municipal habrán pasado a ser alimentados por una nueva empresa eléctrica pública, Barcelona Energia (BE), propiedad del ayuntamiento, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Ada Colau, tal vez casi el único que se ha ejecutado sin contratiempos, retrasos y polémicas. La meta principal no era solo el ahorro, aunque también lo habrá, unos 710.000 euros al año, sino la consecución de un cambio de modelo, a la vista de que la privatización del sistema eléctrico en España, lejos de fomentar una sana competencia que contribuyera a bajar la factura de la luz, ha permitido obtener unos “beneficios astronómicos” (en palabra de denuncia de la alcaldesa) a la par que nacía un concepto inédito tiempo atrás, la pobreza energética.
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Exigen a Ribera (PSOE) que cumpla con los pactos de Gobierno y actúe ante la subida de la luz
FACUA ha anunciado que el incremento del precio del kWh de electricidad durante los primeros días de enero ha alcanzado un 36%
https://laultimahora.es/autor/alba-gonzalez-perez/
PorAlba González.11 de enero de 2021 17:01
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Teresa Ribera subida luz cumpla acuerdos Gobierno
El precio de la electricidad en el mercado mayorista ha vuelto a dispararse en mitad del temporal. Según la asociación, un 35,8% en los primeros días del año respecto a 2019, el segundo más alto de la historia. Una subida de la luz que ha reabierto el debate sobre el papel del oligopolio eléctrico en España.
Es por ello que apelan a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a que cumpla con los acuerdos alcanzados por las dos formaciones que componen el actual Gobierno, reclamándole “medidas urgentes para frenar la especulación y abaratar el recibo de la luz”.
Fuentes de Unidas Podemos declaran a LUH que “ya desde 2018 llevamos siendo muy insistentes con este tema. Esto ya lo pactamos en el acuerdo de Presupuestos que cerramos a final de 2018 y que vuelve a estar presente en el actual pacto del Gobierno de coalición”.
Dichos conciertos alcanzados por PSOE y Unidas Podemos establecen la necesidad de modificar la factura eléctrica para acabar con la “sobrerretribución” del sector privado energético –conocida como ‘beneficios caídos del cielo’–, abaratando los costes y ajustándolos al precio de los materiales utilizados en su producción.
“Hay un acuerdo de Gobierno para acabar con los ‘beneficios caídos del cielo’ sobre el precio de kWh. Lo que ocurre actualmente es que, para cubrir la demanda, se comienza por la producción eléctrica más barata, como la hidráulica. Si no queda cubierta, entran otros tipos de energía más cara, así hasta que se salda por entero. La estafa del sistema es que a todas las centrales, de la primera a la última, le pagas el precio de la más cara. Típicamente es el gas, lo que provoca que estemos pagando el kWh, que vale muchísimo menos –menos de la mitad que el kWh del precio hidroeléctrico–, a precio del gas, regalando dinero a espuertas a las empresas”.
En el seno de la formación sorprende la pasividad en la toma de medidas. “En el acuerdo que llegamos tanto en 2018 como a finales de 2019 se dice clarísimamente que tenemos que eliminar los ‘beneficios caídos del cielo’ y que el Gobierno se compromete a revisarlos”. “Realmente no sabemos por qué está tardando tanto”, añaden, “intuimos que debe ser por presiones del oligopolio energético ya que existe un acuerdo firmado que, a priori, nunca provocó ningún conflicto. Es cierto que supone un ataque a los intereses económicos del oligopolio, sin embargo, cuando se lo planteamos al PSOE, Teresa Ribera aceptó que figurase su revisión”.
Es por ello que apelan a la Ministra a impulsar un Real Decreto que mitigue las consecuencias del incremento del precio de la luz que afecta a miles de personas, haciendo a familias elegir entre el pago de las facturas o la alimentación de sus hijos, tal como denuncia la APE. “No entendemos qué pasa. En el medio plazo, seguramente tendríamos que hacer una reforma del mercado eléctrico, pero en el corto plazo se podría tomar una medida muy sencilla, como poner un precio máximo al MWh hidroeléctrico y nuclear, sin hacer una reforma de calado. Es un Real Decreto que se tarda en impulsar escasas horas”, aseguran.
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Re: Medidas de los nuevos gobiernos progresistas
por Volk_kult Lun Ene 18, 2021 1:00 pm
Esta claro que no se puede hacer nada porque falta apoyo en la correlacion de fuerza en las posiciones mas cercanas al proletariado
https://fb.watch/35csjOrWmj/
Aqui Iglesias da bastantes bofetones a ciertas criticas
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sorge- Colaborador estrella
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No he conocido relato sobre porque renunciaron a ganar apoyos en las "posiciones cercanas"al proletariado,porque si renuncian a diseñar planes estrategicos me parece a mi que sera mas dificil ir ganando terreno,o acaso
con gestion gubernativa y justificacion publica de las limitaciones via grandes medios de comunicacion es suficiente?
con gestion gubernativa y justificacion publica de las limitaciones via grandes medios de comunicacion es suficiente?
Somos, la marca sindical de Podemos va a por CCOO
https://www.bolsamania.com/noticias_amp/pulsos/somos-la-marca-sindical-de-podemos-va-a-por-ccoo--619075.html
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Minucias, no es poner el Mausoleo de Lenin, pero ¿ es un avance o un retroceso frente a la unica alternativa que hay a esto en España ?
Cerco de Yolanda Díaz a los empresarios: sanciones automáticas a través de un algoritmo
https://www.lapoliticaonline.es/nota/86694-cerco-de-yolanda-diaz-a-los-empresarios-sanciones-automaticas-a-traves-de-un-algoritmo/?fbclid=IwAR1X45hjgjAU3TeKggh8_hNuvyoTyHj0PVez8Z3NzdBbXmBXljIYfvHyA7o
El borrador del decreto prevé endurecer las sanciones en materia laboral y establece que sea un algoritmo matemático el que inicie de oficio las sanciones de fraudes e imponga multas
El Ministerio de Trabajo amplía su cerco para evitar el fraude laboral, y prepara un real decreto para automatizar las sanciones a empresarios y autónomos, que incluirá un aumento de las sanciones hasta ahora aplicadas. El departamento que dirige Yolanda Díaz ha elaborado un texto por el que intensifica la labor de la Inspección de Trabajo prescindiendo de sus funcionarios. Así, planea emplear el Big Data para diseñar un sistema de algoritmos que permita detectar infracciones e imponer las consiguientes multas.
El borrador, al que aún se pueden presentar alegaciones, plantea que el sistema informático pueda sancionar de oficio, "regular un nuevo procedimiento sancionador promovido por actuación administrativa automatizada, sin intervención de funcionario, al menos en el trámite de inicio, con la extensión de acta de infracción, permitiéndose así la constatación y correspondiente reproche jurídico de un elevado volumen de incumplimientos", señala el decreto, ahora en fase de consulta pública, que apunta a esta nueva ley "como un medio de agilizar y simplificar".
[El otro pacto que se le complica a Yolanda Díaz: la regulación de los 'riders']
El ministerio de Yolanda Díaz defiende "la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de actuación de la Administración" para "el análisis masivo de datos", con el objetivo de detectar infracciones que perjudiquen tanto a los trabajadores como a la propia administración de la Seguridad Social. Mediante este procedimiento sancionador, el Gobierno extendería "actas de infracción automatizadas, es decir, sin intervención directa de un funcionario actuante en su emisión, y sin reducción de las garantías jurídicas de los administrados".
Falsos autónomos, retrasos en las altas a la Seguridad Social o cobro indebido de prestaciones serán el objetivo del ministerio
La idea del Ejecutivo es que el propio sistema sea capaz de imponer sanciones después de cruzar diversos datos, con el objetivo de detectar incumplimientos como el cobro indebido de prestaciones o fraude en los ERTEs. Así, el texto detalla que "existen incumplimientos de la legislación social que, por su elevado volumen, no pueden perseguirse de manera individualizada, siendo necesario acudir a técnicas de cruce de datos y de automatización de trámites administrativos para fiscalizar su cumplimiento. Es el caso, por ejemplo, de las altas a la Seguridad Social comunicadas fuera del plazo establecido", señala el Ministerio de Trabajo.
Otra de las patas sería la detección de incumplimiento del registro horario -obligatorio por ley- o la contratación de falsos autónomos; algo que estaría directamente relacionado con el auge de distintas plataformas digitales, nuevas fórmulas laborales que en muchos casos -como es el caso de los riders- han optado por hacer contratos por obra y servicio como autónomo en lugar de dar lugar a un contrato.
Memoria Impacto Normativo by La Politica Online on Scribd
Así lo admitió la propia Yolanda Díaz hace casi un año, en febrero, cuando acudió a la Comisión de Trabajo para adelantar que trabajarían en este sentido. "Pongamos por una vez los algoritmos al servicio de los trabajadores", señaló la ministra. "Debemos impedir que nuevas fórmulas de negocio de la economía de plataformas se conviertan en nuevas formas de explotación, simples pantallas para eludir la relación laboral y el derecho al trabajo".
El segundo objetivo de esta medida es devolver el carácter "disuasorio" de la inspección de trabajo aumentando las cuantías de las sanciones. Así, uno de los propósitos del real decreto es "actualizar las cuantías de las sanciones, garantizando así el carácter disuasorio". Así, apunta a que "la mayoría de las sanciones no han sido revisadas desde 2007, lo que genera una disminución de su capacidad disuasoria" y una caída del nivel recaudatorio de la Administración. Dos factores que Trabajo se plantea recuperar, aumentando hasta el 20% la cantidad de las fracciones.
Así, si hasta ahora el mínimo de las sanciones -en los casos más leves- oscilaba entre 60 y 125 euros, ahora pasarían de 70 a 145 euros. En el caso de las muy graves, la multa máxima era de 100.006 euros a 187. 515 euros, algo que ahora se amplía casi un 20%, pasando a una horquilla de entre 119.906 y 224.830 euros.
Cerco de Yolanda Díaz a los empresarios: sanciones automáticas a través de un algoritmo
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El borrador del decreto prevé endurecer las sanciones en materia laboral y establece que sea un algoritmo matemático el que inicie de oficio las sanciones de fraudes e imponga multas
El Ministerio de Trabajo amplía su cerco para evitar el fraude laboral, y prepara un real decreto para automatizar las sanciones a empresarios y autónomos, que incluirá un aumento de las sanciones hasta ahora aplicadas. El departamento que dirige Yolanda Díaz ha elaborado un texto por el que intensifica la labor de la Inspección de Trabajo prescindiendo de sus funcionarios. Así, planea emplear el Big Data para diseñar un sistema de algoritmos que permita detectar infracciones e imponer las consiguientes multas.
El borrador, al que aún se pueden presentar alegaciones, plantea que el sistema informático pueda sancionar de oficio, "regular un nuevo procedimiento sancionador promovido por actuación administrativa automatizada, sin intervención de funcionario, al menos en el trámite de inicio, con la extensión de acta de infracción, permitiéndose así la constatación y correspondiente reproche jurídico de un elevado volumen de incumplimientos", señala el decreto, ahora en fase de consulta pública, que apunta a esta nueva ley "como un medio de agilizar y simplificar".
[El otro pacto que se le complica a Yolanda Díaz: la regulación de los 'riders']
El ministerio de Yolanda Díaz defiende "la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de actuación de la Administración" para "el análisis masivo de datos", con el objetivo de detectar infracciones que perjudiquen tanto a los trabajadores como a la propia administración de la Seguridad Social. Mediante este procedimiento sancionador, el Gobierno extendería "actas de infracción automatizadas, es decir, sin intervención directa de un funcionario actuante en su emisión, y sin reducción de las garantías jurídicas de los administrados".
Falsos autónomos, retrasos en las altas a la Seguridad Social o cobro indebido de prestaciones serán el objetivo del ministerio
La idea del Ejecutivo es que el propio sistema sea capaz de imponer sanciones después de cruzar diversos datos, con el objetivo de detectar incumplimientos como el cobro indebido de prestaciones o fraude en los ERTEs. Así, el texto detalla que "existen incumplimientos de la legislación social que, por su elevado volumen, no pueden perseguirse de manera individualizada, siendo necesario acudir a técnicas de cruce de datos y de automatización de trámites administrativos para fiscalizar su cumplimiento. Es el caso, por ejemplo, de las altas a la Seguridad Social comunicadas fuera del plazo establecido", señala el Ministerio de Trabajo.
Otra de las patas sería la detección de incumplimiento del registro horario -obligatorio por ley- o la contratación de falsos autónomos; algo que estaría directamente relacionado con el auge de distintas plataformas digitales, nuevas fórmulas laborales que en muchos casos -como es el caso de los riders- han optado por hacer contratos por obra y servicio como autónomo en lugar de dar lugar a un contrato.
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Así lo admitió la propia Yolanda Díaz hace casi un año, en febrero, cuando acudió a la Comisión de Trabajo para adelantar que trabajarían en este sentido. "Pongamos por una vez los algoritmos al servicio de los trabajadores", señaló la ministra. "Debemos impedir que nuevas fórmulas de negocio de la economía de plataformas se conviertan en nuevas formas de explotación, simples pantallas para eludir la relación laboral y el derecho al trabajo".
El segundo objetivo de esta medida es devolver el carácter "disuasorio" de la inspección de trabajo aumentando las cuantías de las sanciones. Así, uno de los propósitos del real decreto es "actualizar las cuantías de las sanciones, garantizando así el carácter disuasorio". Así, apunta a que "la mayoría de las sanciones no han sido revisadas desde 2007, lo que genera una disminución de su capacidad disuasoria" y una caída del nivel recaudatorio de la Administración. Dos factores que Trabajo se plantea recuperar, aumentando hasta el 20% la cantidad de las fracciones.
Así, si hasta ahora el mínimo de las sanciones -en los casos más leves- oscilaba entre 60 y 125 euros, ahora pasarían de 70 a 145 euros. En el caso de las muy graves, la multa máxima era de 100.006 euros a 187. 515 euros, algo que ahora se amplía casi un 20%, pasando a una horquilla de entre 119.906 y 224.830 euros.
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sorge escribió:Se preguntaba la pagina de Ada Colau Fans porque esto no salia en las noticias de hoy?,digo yo UP dio la batalla para que estuviera en el pacto de coalicion? Porque si siguen el camino que hizo barcelona para crear esta empresa,esta claro que mas temprano que tarde se empezara hablar de renacionalizar Endesa y otras empresas energeticas.
municipalización energética
Barcelona prescinde de Endesa y se conecta a su propia eléctrica pública
La nueva empresa BE abastecerá primero los equipamientos y servicios municipales y a partir de enero a 20.000 familias
El logotipo de la nueva empresa, BE, proyectado sobre la fachada del ayuntamiento, en julio pasado.
El logotipo de la nueva empresa, BE, proyectado sobre la fachada del ayuntamiento, en julio pasado. /
ÁLVARO MONGE
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Carles Cols
Barcelona 30 de junio del 2018. Actualizada 01 de julio del 2018 a las 11:08
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Sábado 30 de junio del 2018, Endesa acaba de perder a uno de sus mayores clientes, el Ayuntamiento de Barcelona, de aquellos que pagan una factura anual de 34 millones de eurosa. A medianoche, los semáforos, las farolas de la vía pública y el alumbrado de las bibliotecas y de cualquier otro tipo de edificio municipal habrán pasado a ser alimentados por una nueva empresa eléctrica pública, Barcelona Energia (BE), propiedad del ayuntamiento, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Ada Colau, tal vez casi el único que se ha ejecutado sin contratiempos, retrasos y polémicas. La meta principal no era solo el ahorro, aunque también lo habrá, unos 710.000 euros al año, sino la consecución de un cambio de modelo, a la vista de que la privatización del sistema eléctrico en España, lejos de fomentar una sana competencia que contribuyera a bajar la factura de la luz, ha permitido obtener unos “beneficios astronómicos” (en palabra de denuncia de la alcaldesa) a la par que nacía un concepto inédito tiempo atrás, la pobreza energética.
Barcelona Energia, cuya marca comercial se ha proyectado simbólicamente sobre la fachada del ayuntamiento, es una compañía distribuidora que se abastece de energía limpia y local, sobre todo la que aportan las placas fotovoltaicas del Fòrum y la planta de tratamiento de residios del Besòs, gestionada por TERSA. El propósito a medio plazo es crecer, incorporar más fuentes de suministro, duplicar la generación municipal de energías renovables, de 1,8 megawatios a 3,5 solo en placas solares. Actualmente hay 12 pérgolas de esta solución energética repartidas por la ciudad y están en fase de construcción cuatro más.
Las familias, a partir de enero
Con este conjunto de medidas se podrá poner en marcha la segunda fase del proyecto de Barcelona Energia. Si ahora Endesa ha perdido un cliente mayúsculo, a partir de enero el objetivo de la compañía municipal es ofrecer suministro eléctrico a los clientes particulares. Hay un techo legal en esa ambición. Como máximo, Barcelona Energia podrá suministrar fluido eléctrico a unas 20.000 familias, que no son pocas. El criterio de selección de esos vecinos será por simple orden de inscripción.
Por su tamaño, Barcelona Energia es desde este mes de julio la mayor compañía eléctrica pública de España. Según Colau, algún día debería dejar de serlo. “Si lo hemos hecho nosotros, por qué no lo hacen administraciones más grandes, como la Generalitat o la central”, se pregunta. El aliciente para adentrarse en esta senda no debe ser económico, según la alcaldesa. “La energía es un derecho básico, tiene que ser un servicio público garantizado”. Actualmente, en su opinión, es todo lo contrario, “un oligopolio”, así que sugiere desandar el camino de las privatizaciones y recuperar la “soberanía energética”.
La alcaldesa ha colgado este domingo en las redes un vídeo en el que celebra el "paso histórico":
Avui Barcelona fa un pas històric. Desconnectem dels oligopolis i ens connectem a les renovables, a l’autoconsum, a la sobirania energètica.
Hola #BarcelonaEnergia! pic.twitter.com/EZJD4wXIzO
— Ada Colau
El empeño de crear Barcelona Energia parecía, a principios del actual mandato municipal, un reto de difícil consecución. A lo mejor han sido al final un aliciente para acelerar el paso las colisiones que el Ayuntamiento de Barcelona ha tenido con las eléctricas privadas por otros motivos, pero choque de intereses, al fin y al cabo.
Colisiones anteriores
El primer enfrentamiento abierto saltó en febrero del 2017. El equipo de gobierno sacó a concurso el contrato de la luz de Barcelona. Incluyó en las cláusulas del concurso medidas concretas contra la pobreza energética. Ni Endesa ni Gas Natural presentaron ofertas, convencidas probablemente de que el concurso se declararía desierto. Sin embargo, perqueñas empresas del sector eléctrico sí que se presentaron. Fue, pese a rodo, una victoria municipal pasajera. Endesa recurrió, porque consideró que las condiciones que reclamaba el municipio la colocaban en una situación de desventaja con respecto a sus competidores, que con tan poco clientes como tienen en la ciudad era muy difícil que tuvieran que encarar situaciones de pobreza energética. El Tribunal Catalán de Contratos le dio la razón.
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Tres meses más tarde se desató una nueva disputa, por razones distintas, pero, como siempre, económicas. Los técnicos municipales detectaron un importante impago de una tasa que deben pagar las empresas suministradoras de energía a los ayuntamientos, equivalente al 1,5% de sus ingresos brutos en cada ciudad. Es una cifra que puede pasar desapercibida, porque es el Ministerio de Industria quien dispone de todas las cifras, pero un rastreo paciente permitió a Barcelona localizar esa vía de agua económica. Endesa, así, aceptó que había un error en las liquidaciones que había satisfecho y abonó un millón de euros adicional correspondiente al periodo 2011-2015.
Aquel último enfrentamiento se resolvió hace ahora exactamente un año. Desde entonces, el calendario para poner en marcha la empresa pública Barcelona Energia se ha cumplido a rajatabla.
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Dependera todo de lo de siempre, correlacion de fuerza. Avances contra los intereses del Gran Capital mas salvaje esta claro que se pueden realizar y esto es uno de los varios ejemplos que hay. La alternativa que tenemos es dar fuerza a esas posiciones que al menos dan una direccion hacia ese proposito.
En Madrid hemos tenido muertos de frio entre la clase obrera, en Barcelona no le falto la calefaccion a nadie. Pero la vida y miseria de unos pocos obreros, no es motivo para preocuparse para multiples organizaciones pseudocomunistas que lo llaman "migajas". Supongo que sera esa empatia que da esa supuesta consciencia de clase a ciertos marxistas que prefieren fantasear con mitologias revolucionarias a asegurar el suministro de electricidad a las familias. Esta claro que le debe de concienciar mas a un obrero dejar que su hija muera de frio o su madre por Sanidad pirvatizada para convencerle de que sacrifique su vida por Armesilla o Vaquero, que luchar para mejorar su vida y asegurar el bienestar de su familia.
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¿Serivran este tipo de noticias para agitar un poquito esa consciencia de clase de nuestros compas Marxistas Leninistas para que empiecen a valorar la politica desde lo que son avances y retrocesos para conquistas sociales y obreras ?
https://www.elespanol.com/invertia/economia/empleo/20210202/gobierno-declara-guerra-subcontratacion-limitara-externalizaciones-empresas/555695966_0.html?fbclid=IwAR2ReEGRr045-PHNoK3gRa1s4vY5pYbD2vhBqJeG6CvsJB7xHn9O8rcZhBA
¿Esto es un avance, deja igual o es un retroceso para las posiciones de clase de los trabajadores ? SI no tuviesemos estas politicas y esta direccion politica en la gestion economica y legislacion productiva ¿ cual seria la otra alternativa que estaria creando leyes y en que direccion lo estaria haciendo ?
¿ Un Marxista puede valorar en otros terminos la realidad politica contextual que no sea en base a estos parametros de posiciones y valoraciones de clase ?
https://www.elespanol.com/invertia/economia/empleo/20210202/gobierno-declara-guerra-subcontratacion-limitara-externalizaciones-empresas/555695966_0.html?fbclid=IwAR2ReEGRr045-PHNoK3gRa1s4vY5pYbD2vhBqJeG6CvsJB7xHn9O8rcZhBA
El Gobierno declara la guerra a la subcontratación y limitará las externalizaciones de las empresas
Cuando Yolanda Díaz dio sus primeros pasos como ministra de Trabajo ya avisó por entonces que le declararía la guerra a la subcontratación, para la que planteaba importantes cambios. Un plan que no se modifica. De hecho, el Gobierno ya ha comunicado a la Comisión Europea su intención de poner coto a las externalizaciones de servicios de las empresas cuando sean un “mero instrumento” para bajar los costes laborales.
Así se indica en el documento enviado a Bruselas por Moncloa con las reformas adheridas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al que ha tenido acceso este periódico en exclusiva. Se trata, concretamente, de las "fichas" referidas a las reformas del mercado laboral que el Ejecutivo ha prometido ejecutar.
La referida a reforma en pensiones y en el ámbito laboral es la que hace el número 30 y última. A causa de las graves desavenencias internas en el Gobierno se retrasó más de un mes respecto a las 29 anteriores. Bruselas exige a cada Estado miembro esta información como paso previo para optar al fondo Next Generation EU, negociado en el histórico Consejo Europeo del pasado mes de julio.
El documento, fechado el 18 de enero, -"fue enviado en la tarde noche del lunes", explicaban a este diario fuentes de Presidencia-, se titula Plan de recuperación, transformación y resiliencia: reformas en el ámbito laboral y de pensiones. Y la parte del mercado de trabajo, explica en seis folios las 17 reformas que pretende abordar el Ejecutivo en los próximos seis años, el plazo de entrega de los 140.000 millones de euros a los que aspira España.
En el texto, la Reforma 8. Modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales se aborda la limitación a la externalización. Y el documento recoge que el objetivo del Gobierno de “evitar que se utilice la externalización de servicios a través de la subcontratación para reducir los estándares laborales de los trabajadores de las empresas subcontratadas".
Sentencias
Las medidas que se plantearan irán en la línea de “las sentencias recientes del Tribunal Supremo”. De esta manera, se pretende logra un “uso adecuado de la subcontratación desincentivando los supuestos en los que es un mero instrumento de reducción de costes”.
Así, el Ministerio de Trabajo buscará “avanzar hacia la equiparación de condiciones entre trabajadores subcontratados y reforzar la responsabilidad de las empresas contratistas o subcontratistas”.
La limitación de la subcontratación es uno de los principales objetivos que tiene Díaz desde que llegó al Ministerio de Trabajo. De hecho, junto a la recuperación de la negociación colectiva (que también se plantea en la propuesta de reformas que se ha mandado a Bruselas), se encontraba entre los primeros cambios que quería hacer.
Pero la reforma laboral sigue siendo una china en el zapato de Pedro Sánchez. El presidente ha decidido congelarla porque ésta era una de las razones que le llevó a confesar que no dormiría por las noches con Pablo Iglesias de vicepresidente. O hace caso a su vicepresidente social o hace caso a su vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que viene de Bruselas.
Moncloa necesitaba enviar el informe con premura, pero el desacuerdo con el ala morada del Gobierno seguía siendo imposible de soslayar. Así, Presidencia optó por una redacción ambigua en determinados aspectos para que la pelea entre socialistas y morados no llegara a Europa. En concreto, el texto sólo sobrevuela ideas generales en lo tocante a la negociación colectiva y a los cursos de formación.
Diálogo social
Y todo apunta que el punto de la subcontratación será otro de los grandes desencuentros en el Diálogo Social. Según indican fuentes de la negociación, se asume que el acuerdo es prácticamente imposible con la CEOE.
En el Ministerio de Trabajo son conscientes de esta situación, y asumen que se pueden ver obligados a legislar sin acuerdo con todos los agentes sociales. Otra cosa es que otros ministerios o Presidencia respalden esta postura.
Cabe recordar que la intención del departamento de Díaz era aprobar incluso sin pacto una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Pero, finalmente, se ha frenado de manera indefinida.
Cambios en contratación
Como ha venido contando este medio en exclusiva, el Gobierno ha enviado a Bruselas un total de 17 reformas para el mercado laboral. Algunas de ellas, indica el texto, ya implementadas como la regulación del trabajo a distancia o las medidas para eliminar la brecha de género.
Con las reformas se pretenden resolver algunos de los problemas endémicos del mercado laboral español, como “reducir el exceso de temporalidad y la dualidad laboral que limitan el aumento de productividad y el crecimiento potencial y dan lugar a la precariedad laboral”.
Para ello, además, se simplificarán y se reordenarán “las modalidades de contratación laboral” y se generalizará la contratación indefinida, “devolviendo la causalidad al contrato temporal”.
En este contexto, también se apuesta por revisar la “aplicación del contrato fijo-discontinuo e introduciendo mecanismos de flexibilidad para las empresas alternativos a la excesiva temporalidad”.
ERTE
Para ello, Trabajo penalizará “el uso excesivo de contratos de muy poca duración” y atajará “el fraude laboral”. Cabe recordar, además, que se plantearán fórmulas para que el uso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) sea más habitual y sirva para limitar los despidos.
Además, se abordan cuestiones como la creación de la ‘Ley Rider’, que todavía se sigue negociando en el Diálogo Social, y medidas para abordar el paro juvenil, como la revisión del contrato en prácticas y para la formación.
¿Esto es un avance, deja igual o es un retroceso para las posiciones de clase de los trabajadores ? SI no tuviesemos estas politicas y esta direccion politica en la gestion economica y legislacion productiva ¿ cual seria la otra alternativa que estaria creando leyes y en que direccion lo estaria haciendo ?
¿ Un Marxista puede valorar en otros terminos la realidad politica contextual que no sea en base a estos parametros de posiciones y valoraciones de clase ?
Volk_kult- Camarada
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- Mensaje n°486
Re: Medidas de los nuevos gobiernos progresistas
por Volk_kult Mar Feb 09, 2021 4:41 pm
Unidas Podemos registra este martes su ley de libertad de expresión, que incluye suprimir el delito de injurias a la Corona
Esto supongo que se entiende como un avance en libertades y bastante incuestionable como no se sea un sectareo dogmatico miope .
Igual Hasel deberia de contener mas su boca y empezar a entender la politica mas alla de lo necesario para exaltar a niñatos en sus conciertos.
Saludos
El grupo confederal registrará su proposición de ley de protección de la libertad de expresión que deroga los artículos del Código Penal de delitos de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos, de injurias a las instituciones del Estado y de enaltecimiento al terrorismo. Este lunes el Ministerio de Justicia ha avanzado que revisará los delitos sobre libertad de expresión y eliminará las penas de prisión.
https://www.publico.es/politica/libertad-expresion-unidas-registra-martes-ley-libertad-expresion-incluye-suprimir-delito-injurias-corona.html?fbclid=IwAR0ea5rKaBI-gClRFJXauDSQdiTkLrmPCN4qcT9Rhb3T7OMXy9v_Bntd0mM
Esto supongo que se entiende como un avance en libertades y bastante incuestionable como no se sea un sectareo dogmatico miope .
Igual Hasel deberia de contener mas su boca y empezar a entender la politica mas alla de lo necesario para exaltar a niñatos en sus conciertos.
Saludos
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Retroceso , ? avance ? o lo mismo que con el PP ?
Importante -> Los riders serán empleados: ya hay acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos.
https://www.eldiario.es/economia/gobierno-sindicatos-patronal-acuerdan-laboralizar-riders_1_7208610.html?fbclid=IwAR2snvJozId9qo-bwYFGpCFgqMkryJJUhx8sozEphpubh01NzmMmBzZvGBk
Gobierno, sindicatos y patronal acuerdan convertir en personal laboral a los 'riders'
El Gobierno y los agentes sociales, sindicatos y patronal, han finalizado la última reunión de trabajo de la Ley de plataformas digitales, conocida como 'Ley de riders', con el acuerdo de todas las partes de que hay que laboralizar a los 'riders', según han señalado fuentes del diálogo social a Europa Press.
Esta ha sido la última reunión de la mesa, después de que el Ejecutivo pidiera a finales de enero a los interlocutores sociales sus últimas propuestas para cerrar el texto de la ley, aunque, no obstante, durante los próximos días continuarán los contactos técnicos.
El Gobierno se ha comprometido a remitir a los agentes sociales un documento de síntesis que integre las propuestas que han puesto encima de la mesa tanto unos como otros. Es probable que esta norma vaya para su aprobación al Consejo de Ministros próximamente, aunque no hay un plazo fijado.
El pasado mes de septiembre el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declaró que la relación existente entre un repartidor ('rider') y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral, por lo que rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En concreto, el alto tribunal estimó el primer motivo del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el demandante, argumentando que concurren las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad. Así, el Tribunal Supremo sostuvo que Glovo no es una "mera intermediaria" en la contratación de servicios entre comercios y repartidores.
El Tribunal Supremo se pronunció de esta forma después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) determinara el pasado mes de febrero en una sentencia que la empresa Glovo es una plataforma de reparto y no de comercio, por lo que "el sistema de prestación del servicio no se acomoda al ámbito funcional del convenio colectivo que la empresa demandada pretende aplicar".
Los sindicatos UGT y CCOO confían en que el documento reconozca la condición de empresarios y trabajadores por cuenta ajena, trasladando a la normativa lo establecido por la sentencia del Tribunal Supremo, pero lamentan la intención expresada por el Gobierno de que este reconocimiento de la relación laboral se limite a los repartidores y no abarque a quienes, en las mismas condiciones descritas por la sentencia, realizan su trabajo para otras plataformas digitales que están utilizando de forma fraudulenta el trabajo autónomo.
La representación de los empresarios han presentado por su parte una propuesta sobre cómo laboralizar a los trabajadores de las plataformas digitales.
Importante -> Los riders serán empleados: ya hay acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos.
https://www.eldiario.es/economia/gobierno-sindicatos-patronal-acuerdan-laboralizar-riders_1_7208610.html?fbclid=IwAR2snvJozId9qo-bwYFGpCFgqMkryJJUhx8sozEphpubh01NzmMmBzZvGBk
Gobierno, sindicatos y patronal acuerdan convertir en personal laboral a los 'riders'
El Gobierno y los agentes sociales, sindicatos y patronal, han finalizado la última reunión de trabajo de la Ley de plataformas digitales, conocida como 'Ley de riders', con el acuerdo de todas las partes de que hay que laboralizar a los 'riders', según han señalado fuentes del diálogo social a Europa Press.
Esta ha sido la última reunión de la mesa, después de que el Ejecutivo pidiera a finales de enero a los interlocutores sociales sus últimas propuestas para cerrar el texto de la ley, aunque, no obstante, durante los próximos días continuarán los contactos técnicos.
El Gobierno se ha comprometido a remitir a los agentes sociales un documento de síntesis que integre las propuestas que han puesto encima de la mesa tanto unos como otros. Es probable que esta norma vaya para su aprobación al Consejo de Ministros próximamente, aunque no hay un plazo fijado.
El pasado mes de septiembre el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declaró que la relación existente entre un repartidor ('rider') y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral, por lo que rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En concreto, el alto tribunal estimó el primer motivo del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el demandante, argumentando que concurren las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad. Así, el Tribunal Supremo sostuvo que Glovo no es una "mera intermediaria" en la contratación de servicios entre comercios y repartidores.
El Tribunal Supremo se pronunció de esta forma después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) determinara el pasado mes de febrero en una sentencia que la empresa Glovo es una plataforma de reparto y no de comercio, por lo que "el sistema de prestación del servicio no se acomoda al ámbito funcional del convenio colectivo que la empresa demandada pretende aplicar".
Los sindicatos UGT y CCOO confían en que el documento reconozca la condición de empresarios y trabajadores por cuenta ajena, trasladando a la normativa lo establecido por la sentencia del Tribunal Supremo, pero lamentan la intención expresada por el Gobierno de que este reconocimiento de la relación laboral se limite a los repartidores y no abarque a quienes, en las mismas condiciones descritas por la sentencia, realizan su trabajo para otras plataformas digitales que están utilizando de forma fraudulenta el trabajo autónomo.
La representación de los empresarios han presentado por su parte una propuesta sobre cómo laboralizar a los trabajadores de las plataformas digitales.
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Fecha de inscripción : 15/12/2009
Esto seria mas bien duda sobre si se cumplira una medida estrella del acuerdo de coalicion,O alguien asegura que modernizar va unido a derogar reforma laboral o esto suena a rebajas.
[quote]Uno de los principales problemas de nuestro país es la precariedad que afecta principalmente a las mujeres y personas más jóvenes. Queremos corregir esta situación a través de una modernización profunda del mercado laboral »https://mobile.twitter.com/empleogob/status/1366884558755487744
[quote]
[quote]Uno de los principales problemas de nuestro país es la precariedad que afecta principalmente a las mujeres y personas más jóvenes. Queremos corregir esta situación a través de una modernización profunda del mercado laboral »https://mobile.twitter.com/empleogob/status/1366884558755487744
[quote]
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