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El Partido único es el obstáculo principal
Samuel Farber
Havana Times
Aunque el monopolio de poder del Partido Comunista de Cuba (PCC) puede ser compatible con un cierto grado de liberalización, o sea, una relajación del control que el Estado tiene sobre ciertos aspectos de la vida económica y social - ese monopolio político constituye el obstáculo principal para la democratización genuina de la sociedad cubana. Es por eso que es indispensable oponerse a ese unipartidismo e impedir que esa oposición quede en manos de la derecha plattista y pro-capitalista.
El poder del Partido único es obvio a pesar de las ofuscaciones del llamado Poder Popular, especialmente a nivel local. Junto con las Fuerzas Armadas, especialmente su agencia de negocios GAESA, liderada por Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, un yerno de Raúl Castro, el poder económico del Partido es contundente. El control y censura de los medios masivos de comunicación a través de la prensa oficial y de la radio y televisión controlada por el ICRT (Instituto Cubano de Radio y Televisión) es menos visible, pero aún así está íntima e ineludiblemente ligada al poder monopolista del PCC.
No es por gusto que las "orientaciones" sobre qué y cómo los medios masivos de comunicación deben reportar provienen del Departamento Ideológico del Comité Central del PCC dirigido por Rolando Alfonso Borges. Desde un punto de vista histórico, podemos ver que la eliminación de los órganos masivos de comunicación oposicionistas o independientes, desde la extrema derecha reaccionaria del Diario de la Marina, hasta la izquierda independiente de Lunes de Revolución, se llevó a cabo en el 1960 y 1961 como parte de las medidas que hicieron posible la creación del Partido y pensamiento único, que inicialmente se plasmó en las ORI, más tarde convertidas en el Partido Unido de la Revolución Socialista (PURS) y, finalmente, en el PCC.
La prensa oficial no tiene escrúpulo alguno en ocultar lo que al gobierno no le conviene que la gente sepa. Ha ocultado recientemente, por ejemplo, buena parte de los escándalos que han ocurrido en las altas esferas del gobierno, como el caso de Cubana de Aviación.
Ha mantenido un silencio absoluto sobre cuestiones de interés nacional como lo que sucedió con el otrora celebrado cable de fibra óptica de Venezuela a Cuba, con el que el gobierno había prometido aumentar considerablemente la conectividad de un sistema muy deficiente.
Con respecto a la política extranjera, la cobertura de la prensa oficial es igualmente escandalosa. Tanto el Granma como Juventud Rebelde hacen todo lo posible por ocultar noticias negativas sobre líderes de países extranjeros que mantienen relaciones amistosas con el gobierno cubano, como los de Rusia y China, y aún más en el caso de aliados cercanos como el Presidente Hugo Chávez de Venezuela.
La cobertura de la "primavera árabe" ha sido bochornosa. Como el egipcio Mubarak era aliado cercano de EEUU, la prensa cubana favoreció al movimiento oposicionista. Pero como el régimen asesino de los Assad en Siria ha sido un aliado histórico del gobierno cubano, así como de la URSS y del actual gobierno ruso, la prensa oficial ha mezclado la verdad con las mentiras más descaradas para proveer una cobertura mediática muy favorable al gobierno sirio. Los medios oficiales también controlan la crítica, como lo reflejan las cartas de lectores que el Granma publica semanalmente. Esta sección está dedicada a promover ciertos cambios en la economía y publica muchas quejas sobre el mal funcionamiento de burócratas de bajo y medio nivel, pero jamás publica crítica alguna sobre las políticas de los líderes de alto nivel, o del PCC como tal.
Un editorial reciente en la revista católica Espacio Laical propuso que cuando expiren, en el 2018, los dos períodos consecutivos de 5 años que Raúl Castro va a estar en el poder, el gobierno establezca la elección directa para presidente entre candidatos con diferentes puntos de vista políticos e ideológicos y que no sean necesariamente miembros del PCC.[1]
Anteriormente, el intelectual católico Lenier González Mederos había propuesto "el rediseño radical de las instituciones estatales y de la arquitectura del actual Partido Comunista de Cuba para que pueda acoger en su seno a toda la diversidad nacional," [2] o sea, que este deje de ser comunista y que se convierta en lo que proclama ser ahora pero no lo es: el Partido de la Nación Cubana.
Ambas propuestas son más limitadas y ciertamente mucho más diplomáticas que las que aquí se presenta. Sin embargo, dichas propuestas no son ni más ni menos realizables que la de abolir el unipartidismo.
Los líderes del PCC no son tontos y saben muy bien que estas propuestas amenazarían su poder y harían añicos la concepción estalinista que ellos tienen del socialismo y del mal llamado "centralismo democrático," entre otras características fundamentales del PCC.
Aún en el caso muy remoto de que alguna de esas dos propuestas se realizara, lo más probable es que las Fuerzas Armadas acaben tomando el poder y desplacen por completo a un PCC convertido al pluralismo. De hecho, este desplazamiento puede ocurrir por otros motivos una vez que hayan fallecido Fidel y Raúl Castro.
No es sorprendente que la propuesta de González Mederos en particular está ligada a una visión de la sociedad cubana - la llamada Casa Cuba [3] - que ignora las profundas diferencias del poder político, de clase y de raza entre otras dimensiones conflictivas de la "realmente existente" sociedad cubana.
Y es precisamente por motivo de esos conflictos que la libertad para organizar asociaciones y partidos políticos es necesaria para que la gente - obreros, campesinos, negros, mujeres y gays, entre otros - puedan organizarse políticamente cuando así lo consideren necesario.
Para que los movimientos sociales independientes que surjan en la Isla se puedan organizar como partidos para luchar al nivel político nacional por metas que son muy difíciles de lograr al nivel local o social, es necesario abolir el monopolio político del PCC consagrado en la constitución vigente.
Como sabemos, el monopolio constitucional del PCC se extiende al de las organizaciones oficiales de masas como la Confederación de Trabajadores Cubanos (CTC) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), lo que constituye un gran obstáculo a cualquier intento de defensa independiente de trabajadores, mujeres y otros grupos. La experiencia de la organización independiente de mujeres Magín, disuelta a mediados de la década de los noventas, es un ejemplo pertinente, especialmente porque este grupo no era ni disidente ni oposicionista, aunque sí tuvo diferencias con la FMC con respecto a cuestiones controvertidas como el "jineterismo".
Una vez desprovisto de su monopolio constitucional y, por ende, de todos los privilegios de los que se apropió durante su largo control de la vida pública, el PCC podría convertirse en una organización verdaderamente voluntaria materialmente sostenida con las cuotas y donaciones de sus miembros y simpatizantes.
El número de partidos y organizaciones políticas en la Isla dependería en última instancia de los conflictos y divergencias en la "realmente existente" sociedad cubana. Pero lo más importante sería establecer el principio de que la creación de nuevas organizaciones políticas y partidistas no puede obstaculizarse basado en métodos legales, administrativos o policiales. [4]
Vale la pena añadir que a pesar del falso paralelo que los voceros del régimen trazan entre el PCC y el Partido Revolucionario Cubano (PRC) liderado por José Martí, este último no era un partido en el mismo sentido que aquí se discute: una organización que formula propuestas sistemáticas para el gobierno y administración de un estado constituido.
El PRC de Martí estaba organizado con un solo propósito: llevar a cabo la guerra necesaria para lograr la independencia del país bajo control civil, y nunca pretendió representar un pensamiento único con respecto a todo tipo de cuestiones sociales y económicas.
Una república socialista democrática basada en el control obrero, campesino y popular es incompatible con el monopolio político por parte de cualquier organización. La experiencia yugoslava demostró que una auténtica auto-gestión a nivel local solo puede funcionar cabalmente si hay planeamiento democrático, y no dictado por un partido único y el mercado, de la economía y nación como un todo.
Después de todo, las decisiones con respecto a cuestiones vitales como la tasa de acumulación y consumo, política de salario, impuestos y prestaciones sociales afectan a toda la sociedad y economía y por lo tanto circunscriben y limitan las decisiones al nivel local de cada centro de trabajo.
Para los que estamos por el establecimiento de un socialismo auto-gestionario, es necesario tener claro que el monopolio político del PCC no va a abolirse automáticamente, y que es solo un movimiento democrático desde abajo puede lograr esa meta.
La autogestión obrera requiere una motivación e involucramiento por parte de los trabajadores urbanos y rurales que no existe en una sociedad donde la grave situación económica ha realzado el espíritu de "resolver" -incluyendo la aspiración de emigrar - creando poderosos incentivos para el esfuerzo del individuo y su familia, pero no para el de la colectividad como tal.
Pero es precisamente un movimiento democrático, desde abajo, lo que puede motivar a la gente a interesarse y luchar por democratizar tanto sus centros de trabajo como todo el país.
* Samuel Farber nació y se crió en Cuba, publicado muchos artículos y libros sobre este país. Escribe para diversos sitios de la izquierda anticapitalista. Su ultimo libro es Cuba Since the Revolution of 1959. A Critical Assesment fue publicado por Haymarket Books en el 2011.
Notas [1] "Cuba: la elección presidencial y el destino de la nación". Espacio Laical, Suplemento Digital No. 211/octubre 2012. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] [2] Lenier González Mederos, "Iglesia Católica y nacionalismo: los retos tras la visita del papa Benedicto XVI" Espacio Laical. Suplemento Digital No.177/Mayo 2012, 4. [3] Ibid., 4. [4] Con respecto a la intromisión extranjera y específicamente la de los Estados Unidos en este proceso, sería perfectamente legítimo y democrático prohibirla legalmente una vez que los recursos de comunicación y educación políticas disponibles en la Isla fueran equitativamente distribuidos entre los varios partidos y organizaciones políticas que se hayan comprometido a métodos pacíficos para resolver conflictos.
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