La estatización parcial anticipa una nueva frustración
Está fuera de toda duda o discusión que si el gobierno tomó esta medida ahora no es porque “uno hace la historia como y cuando puede”, como dijo Cristina, sino porque es ahora y no antes que la tenaza entre la sequía de dólares y la crisis de desabastecimiento energético se combinan de manera dramática. En 2011 el saldo negativo del comercio de hidrocarburos fue de más de 3.000 millones de dólares. Este año, las importaciones por ese rubro superarán los 12.000-13.000 millones, cuando Guillermo Moreno hace esfuerzos desesperados para mantener a punta de pistola (comprometiendo insumos y actividad de la industria) un superávit global de 10.000 millones. Esos dólares que faltan pueden ejercer una presión terrible sobre el peso, la inflación y la buena salud política de un gobierno que venía recibiendo un cachetazo tras otro en términos de caída de popularidad. La estatización es cualquier cosa menos parte de un plan estratégico delineado en el año que sea: se trata de una medida decidida en el curso de los últimos meses y bajo la presión del incremento de la “factura energética”.
Una vez tomada la medida, no cuesta nada encontrar motivaciones retrospectivas: la “soberanía energética”, la explotación de yacimientos no convencionales y otras. Pero cuando se trata de encontrar las urgencias de la gestión kirchnerista, hay que buscar siempre en el mismo lado: el chanchito que financia la acción política y económica del gobierno.
Las cifras de un vaciamiento nada clandestino
El gobierno español muestra el mismo celo para atacar a la población que para defender a las empresas, incluso si no son, como Repsol, del estado español. La mayor parte de su paquete accionario corresponde a inversores extranjeros y hasta otras petroleras estatales como Pemex (México). De paso, evade impuestos mejor que las empresas argentinas aprovechando su radicación en paraísos fiscales. A decir verdad, por su manejo capitalista, los dueños de Repsol casi parecen patrones argentinos. Veamos algunas cifras de una operatoria que es un modelo de vaciamiento.
Desde la privatización, YPF-Repsol ganó 16.600 millones de dólares y repartió dividendos por 13.200 millones. Es la única petrolera en el mundo con esa relación. Por cierto, como no quedaba mucho para invertir, la deuda de la compañía creció a 8.000 millones de dólares, cuando en 2004 apenas superaba los 3.000 millones.
Repsol pagó por YPF 13.200 millones de dólares… que no tenía. Parte de la política salvaje de distribución de dividendos se relacionaba, justamente, con generar caja para pagar. Exactamente el mismo modus operandi del Grupo Petersen (familia Eskenazi), que compró el 15% de YPF en 2007 (y otro 10% en 2011) sin poner un peso. Pagaba con las ganancias de la empresa comprada (el tipo de compra apalancada en la que el Grupo Excel, otro desaparecido adalid de la “burguesía nacional”, hizo escuela en los 90).
El resultado de esto fue una caída vertical de la producción, especialmente en el período 2004-2011, tanto en petróleo (-35%) como en gas (-38%). Lo mismo sucedió con las reservas de gas (-56% desde 1999; el grueso, 49%, desde 2004) y de petróleo (-50% desde 2001) (A. Oña, Clarín, 19-4). Los pozos perforados por año pasaron de 110 en la YPF estatal a sólo 30 el año pasado. Las reservas de petróleo, que eran de 1.205 millones de barriles, bajaron a 666 millones en 2011 (-45%). Y las importaciones de petróleo subieron de 853 millones de dólares en 1998 a 9.397 millones en 2011: ¡11 veces más!
Todo este despojo no sólo era conocido por el kircherismo (aunque ahora se hagan los asombrados), no sólo fue aceptado, sino que tuvo el apoyo entusiasta y hasta la inspiración del kirchnerismo (la “argentinización” con los burgueses lúmpenes Eskenazi fue una criatura de Néstor Kirchner). No hubo el menor cuestionamiento ni del reparto de ganancias, ni de la desinversión, ni de la caída en la producción, ni de la liquidación de reservas, hasta hace menos de cinco meses.
¿Por qué? Pues porque entraban dólares de las ¡exportaciones! de petróleo y crecían los ingresos vía retenciones y hasta simple impuesto a las ganancias. El saldo de caja le daba fuerte superávit al Estado, y mientras eso fue así, todo eran elogios cruzados de Cristina a Brufau y de Brufau a Cristina. Cuando el saldo se dio vuelta, el kirchnerismo se acordó de la “visión estratégica” y la “decisión soberana”.
La intervención de YPF quedó a cargo de quien es el interlocutor privilegiado del gobierno con Repsol desde 2003: Julio De Vido. Todas las críticas que lanzaron Cristina en los actos y Axel Kicillof en el Congreso se aplican con toda justicia al ministro de Planificación, que sabía mejor que nadie en la Argentina cómo funcionaba Repsol-YPF. Pero, por supuesto, De Vido no hacía más que implementar la política de los Kirchner, de modo que ahora está a cargo de arreglar los mismos desastres que antes avalaba y hasta aplaudía.
Las razones de YPF S.A. (y no YPF estatal)
“El modelo que hemos elegido no es de estatización, que quede claro (…) seguimos conservando la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada” (Cristina Fernández al anunciar la expropiación de YPF).
Cristina dice la verdad, por varias razones. Una: el proyecto de ley declara de interés público el autoabastecimiento, no las reservas de hidrocarburos como patrimonio nacional ni el conjunto de la operatoria. Dos: el Estado manejará el 51% de una sociedad anónima mixta, que se regirá por el marco legal de la actividad privada y se declara compatible con los objetivos de rentabilidad propios del sector privado. De ninguna manera la nueva YPF constituirá una sociedad del estado ni una empresa estatal, como sí lo eran la vieja YPF y otras tradicionales empresas públicas luego privatizadas. Tres: el grueso de la actividad hidrocarburífera seguirá siendo privada: Repsol-YPF representaba el 40% de la producción de petróleo, el 54% de la refinación y el 30% de la producción de gas. Contra lo que se suele creer, YPF no tenía ni tiene una posición monopólica. Cuatro: como veremos enseguida, para que este esquema de la “nueva YPF” tenga alguna posibilidad de cerrar, es inevitable la asociación con capitales privados, especialmente extranjeros, sea como socios de YPF o como accionistas privados.
Como dicen desde una tribuna oficialista: “La honesta sentencia presidencial es el alma no sólo del proyecto para la parcial nacionalización de YPF sino de todas las reestatizaciones encaradas por los gobiernos de Kirchner, que en ningún caso pueden interpretarse como un embate contra el capital privado. Los rescates de Correo, Aguas o Aerolíneas fueron recursos de última instancia para garantizar prestaciones o la supervivencia de empresas a veces hasta técnicamente quebradas (…) La determinación oficial nunca estuvo animada por ningún espíritu estatista, mal que les pese a quienes pretenden agredir al gobierno emparentándolo con Hugo Chávez o Evo Morales” (Cledis Candelaresi, BAE, 17-4).
En efecto, es un error suponer un credo estatista en lo económico en los Kirchner. O privatista. En realidad, contra las idealizaciones que hacen las corrientes kirchneristas, la única convicción fuerte de los Kirchner fue siempre más política que económica. Para ellos, la política tiene primacía sobre la economía, que es vista como un medio donde no hay por qué atarse a dogmas.
La conocida y muchas veces reiterada profesión de fe capitalista de los Kirchner no es lo que más recuerdan las agrupaciones K. Éstas prefieren contrastar el “modelo nacional y popular” con el neoliberalismo, pero el pensamiento kirchnerista se ve mejor expresado por el gerente general del Banco Central, Matías Kulfas: “No se trata de contraponer el modelo estatista de la etapa de industrialización sustitutiva de importaciones con la anemia neoliberal de los 90, sino de encontrar un sendero moderno, con un estado activo y la cooperación con el capital privado (…) El anuncio presidencial no planteó una nacionalización a secas” (BAE, 17-4).
Hay tan poca voluntad de “contraponer con los 90” que la decisión de mantener YPF como sociedad anónima muestra continuidad no con Mosconi o con Perón, sino con el menemismo, que anuló el carácter estatal de YPF y la convirtió en S.A. ya en 1990.
Por esa razón no hay ninguna presión contra otras empresas españolas y de otro origen (también argentinas, como los ferrocarriles), que también vacían y no invierten en otros servicios públicos. Para no hablar de las mineras o los monopolios sojeros. Claro, como en esos casos la plata sigue entrando y el deterioro todavía no es catastrófico, la vocación “estatista” del kirchnerismo sigue dormida.
Por lo tanto, no puede hablarse de que ésta sea una “decisión errónea”, como definió el economista marxista Claudio Katz a esta estatización parcial. Por el contrario, es coherente con una trayectoria política e ideológica que propone una forma de gestión particular del capitalismo argentino. No es, como creen algunos incautos, un “primer paso” en dirección anticapitalista, sino una medida completamente burguesa, aunque lógicamente molesta a algunos capitalistas… a la vez que les abre la puerta a otros.
Temas pendientes: indemnización, la parte de los Eskenazi, precios al público, gerenciamiento
La indemnización es una negociación que seguirá en curso probablemente por un buen tiempo. Los términos son muy sencillos: Repsol quiere llevarse lo más que pueda y el gobierno pagar lo mínimo posible. Desde ya, Repsol ya se llevó más del total de lo invertido: YPF debe ser la única petrolera importante del mundo cuya compra se haya amortizado en una década.
Las fintas son parte de la negociación: España amenaza con sanciones (?) y el gobierno argentino le retruca con el daño ambiental y otros rubros. Todo terminará, probablemente, en los tribunales del CIADI, ya que aunque los españoles enseguida bajaron los decibeles cuando comprobaron “la indiferencia del mundo”, como dice el tango, el gobierno está decidido a pagar mucho menos de lo que Repsol podría ver razonable.
Por supuesto, lo que correspondería es no pagar un centavo de nada y que los españoles se den por bien indemnizados con todo lo que vaciaron. Todo lo que pague el gobierno será de más. Y atención, que la ley de expropiación vigente es la de 1977, que autoriza al expropiado a reclamar “daños colaterales”.
Parte de este problema es qué pasará con el 25% del Grupo Petersen (los Eskenazi), que no tienen ni la cuota de 400 millones de dólares que vence el 12 de mayo. Ese 25%, por ahora, irá a parar a los bancos que fueron garantes de los Eskenazi cuando compraron primero el 15% y luego el 10% a Repsol.
Es de imaginar lo nerviosos que estarán esos bancos; para algunos de ellos la exposición a la deuda de Eskenazi es altísima. El que se encargó de calmarlos fue Axel Kicillof, viceministro de Economía y flamante interventor de YPF, a quien los gorilas delirantes de La Nación insisten en presentar como “marxista”. Según el asombrado relato que hace ese mismo diario del encuentro, “hasta los banqueros se sorprendieron al encontrarlo con un discurso pro mercado (…) Otra fuente señala que ‘el discurso (de Kicillof) fue absolutamente pro mercado. Todos quedaron muy bien sorprendidos’” (F. Donovan, 21-4).
No hace falta aclarar que ese 25% “fantasma” es muy codiciado por los eventuales socios privados de YPF. Y el gobierno está muy ansioso por ver a quién se lo adjudica. Porque con el esquema kirchnerista, si algo va a necesitar YPF son socios privados y de billetera gorda.
De esto dependerá, por ejemplo, el precio de la nafta y del gas. En los últimos años se fue recomponiendo lo que reciben las empresas (con aumentos chicos pero permanentes al público). Sin embargo, nivelar un poco más con el precio internacional (hoy se pagan retenciones por encima de 42 dólares) implica menos ingresos fiscales. Encima, ya se decidió que para Aerolíneas habrá nafta a precio subsidiado (habrá que ver si a los futuros socios les gusta la idea). Y en el caso del gas, hacer la explotación más atractiva para el capital privado equivale a eliminar subsidios. La manta corta: si se tapan las inversiones queda desnudo el consumo y viceversa.
Por lo tanto, hay peligro de un tarifazo menos gradual en los combustibles, como adelantó Cristina: “Mejor que haya nafta cara a que no haya”. Tal vez se resuelva al estilo K, con precios segmentados. Pero eso requiere de una verdadera “sintonía fina” de gestión.
Al respecto, según Candelaresi, la promoción de un “management nacional” para YPF es “una de las apuestas más fuertes” de toda la movida (BAE, 17-4). Más apropiado sería hablar de salto al vacío: si hemos de juzgar por los primeros hombres del Estado designados en YPF, se dividen entre: a) funcionarios del área que no hicieron nada ni mostraron la menor iniciativa respecto de los desastres de Repsol, b) dirigentes de La Cámpora sin el menor conocimiento del tema, y c) ex promotores o partícipes directos del desguace de YPF estatal. Todos soldados políticos de Cristina, y nadie que se parezca mínimamente a un cuadro técnico.
Los candidatos que se barajan no son mucho mejores; en todo caso, se agregan empresarios amigos, es decir, permeables a las necesidades políticas del kirchnerismo. A la vista del patético final de los Eskenazi, estamos lejos del “profesionalismo” prometido.
Un futuro incierto
La mayor incógnita es, de todos modos, quién va a invertir el capital que hace falta para que YPF revierta la caída de producción y reservas. Repsol se había comprometido, tardíamente, a poner 2.000 millones de dólares; los Eskenazi, desde ya, no podían aportar nada. Si para el kirchnerismo ese compromiso era insuficiente y tardío, ¿pondrá el Estado todo lo que falta?
Por ahora, ni soñarlo: a todo ritmo empezaron las rondas de negociaciones con petroleras como la francesa Total, Petrobras, Chevron, Conoco Phillips y las petroleras chinas socias de Bulgheroni. Una cosa es clara: sólo con aportes del Estado nacional va a ser imposible siquiera acercarse en el corto plazo al autoabastecimiento.
Es temprano para especular qué sociedades se concretarán, pero los candidatos que se barajan en el empresariado local (que no sobran) son connotadas figuras del capitalismo prebendario y amigo del poder como el mismo Bulgheroni, Cristóbal López, Lázaro Báez o Eduardo Eurnekian.
Hablar del aporte provincial es risible: están para llevar, no para traer. Jorge Sapag, gobernador de Neuquén, se sinceró: “Mi provincia no tiene un peso” (La Nación, 23-4). Debe ser por eso que luego celebró que las provincias serán “socias sin esfuerzo financiero” en la explotación de YPF, es decir, sin poner un centavo.
Si algo es seguro es que la “recuperación de soberanía” terminará en la asociación con capitales privados, dentro y fuera de YPF. Así, la superación de los problemas estructurales de la estructura energética argentina quedará en manos no precisamente soberanas, ya que el Estado estará urgido por necesidades mucho más inmediatas.
El monto de las inversiones que se baraja hasta hoy es insuficiente incluso para sostener la declinante producción actual. Estudios recientes muestran que llegar al autoabastecimiento y proponerse seriamente explotar el yacimiento no convencional (shale) de Vaca Muerta implicaría una inversión anual de entre 5.000 y 8.000 millones de dólares (Néstor Scibona, La Nación, 23-4).
Potencialmente, los yacimientos no convencionales de hidrocarburos en Neuquén tienen importantísimas reservas estratégicas, pero requieren de dos cosas que al gobierno le faltan: inversiones mucho mayores que en la explotación convencional y tiempo para que la actividad sea rentable. Además, el impacto ecológico de ese tipo de explotación es cualitativamente más grande y requiere estudios muy serios, que si aparecen interesados de verdad no se harán. El gobierno, mientras le entren recursos, hará la vista gorda en el tema tal como lo hace con la minería y la soja.
En suma: el gobierno tiene la pretensión de transformar YPF en una herramienta económica para el “desarrollo nacional” sin cumplir con los requisitos básicos que eso implicaría: propiedad estatal plena y decisión inversora a largo plazo. Tales requisitos nunca han existido ni existirán mientras YPF sea instrumento de la burguesía argentina. Ya hemos visto que su horizonte termina en la asociación con el gran capital extranjero para explotar los recursos nacionales, no en combatirlo para poner esos recursos al servicio del conjunto del país.
Ya en 1932 el dirigente del PS Antonio Di Tomaso señalaba que YPF se consolidó “insensiblemente, sin obedecer a ninguna doctrina, como una creación casi espontánea y fatal de los hechos” (citado por N. Gadano en Le Monde diplomatique, abril 2012). Ésa es la marca de lo que han hecho todos los gobiernos burgueses argentinos con YPF.
Sólo con la afectación de los intereses capitalistas, la expropiación total sin indemnización y el control obrero real puede una estatización total de YPF ir en un sentido efectivamente progresivo. Incluso en lo inmediato: sin control obrero es una quimera pensar en liquidar el actual y siniestro sistema de contratadas y subsidiarias fantasma, para pagar salarios más bajos e imponer peores condiciones de trabajo, con la complicidad de la burocracia sindical. La actual “estatización”, con seguridad, no tocará nada de todo eso.
De esta manera, el “camino intermedio” que pretende tomar el kirchnerismo entre la insostenible continuidad del statu quo neoliberal y una verdadera estatización/expropiación revelará sus límites más pronto que tarde. Y son esas mismas limitaciones las que preparan el camino hacia una futura frustración.
http://www.mas.org.ar/periodicos_2012/per_221_al_225/Sob-223/1204276_sobper_not6.html