La mayoría sindical vasca exige legalizar ya a Sortu
ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE e Hiru recalcan conjuntamente que «no pueden hablarse de un país normalizado mientras una sola de sus sensibilidades políticas no tenga garantizada la opción de concurrir electoralmente en condiciones de igualdad y participar en las instituciones»
Representantes de ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE e Hiru comparecieron ayer en rueda de prensa en la capital vizcaina para exigir al Estado español que proceda, «sin más dilación», a la legalización de Sortu. «No puede hablarse de un país normalizado mientras una sola de sus sensibilidades políticas no tenga garantizada la posibilidad de concurrir electoralmente en condiciones de igualdad, así como de participar en las instituciones», subrayó Belén Arrondo, de STEE-EILAS, que se encargó de dar lectura al manifiesto en castellano, mientras Eneritz Otamendi, de EHNE, lo hacía en euskara.
La mayoría sindical vasca, al igual que lo viene haciendo desde diciembre de 2001 -cuando se activó la Ley de Partidos y el Pacto Antiterrorista-, reiteró ayer su exigencia de que la izquierda abertzale ilegalizada se reincorpore, «sin más dilación, a la vida política e institucional». Más tarde, el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, aclaró que su petición no supone la defensa de una «posición partidaria», sino dar amparo a «derechos civiles y políticos» para avanzar hacia la normalización política de Euskal Herria.
«Sortu debe ser legalizada para que en las instituciones (ayuntamientos, diputaciones, parlamentos,...) pueda corregirse la situación antidemocrática que se ha generado por aplicación de una ley y jurisprudencia injusta», manifestaron. Además, recordaron que la exclusión de la izquierda abertzale ha distorsionado la representación institucional en el país. «Debe ponerse así fin -precisaron- a la sobrerrepresentación de la que gozan el resto de fuerzas, lo cual desfigura la voluntad manifestada por el pueblo».
En la reflexión dada a conocer ayer, las centrales recordaron que la Ley de Partidos «fue creada ex profeso para criminalizar colectivamente a quienes profesan determinadas ideas y anular la expresión política de una parte de la sociedad vasca. Es una ley propia de un estado de excepción -resaltaron-, incompatible con un Estado democrático de Derecho».
Incidieron en que el debate generado en el Estado español tras la creación y posterior solicitud de registro de Sortu en el Ministerio de Interior ha dejado más clara todavía la «excepcionalidad» de esta norma.
La mayoría sindical vasca desaprueba los discursos y las maniobras políticas que se están sucediendo desde que se diera a conocer el nuevo proyecto político y organizativo de la izquierda abertzale. «Las condiciones que el propio Estado establecía como necesarias y suficientes para legalizar una sigla ahora se han convertido en algo anecdótico», denunciaron antes de apostillar que «eso significa que, en realidad, para ellos carece de importancia si Sortu cumple la ley o no».
«El falso debate de la suficiencia pretende ocultar los espurios intereses políticos y electorales del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular -añadieron- . Esto deja en evidencia nuevamente la escasa catadura democrática de los partidos hegemónicos del Estado, que pretenden poner al Poder Judicial a su servicio».
Tras la lectura del documento, la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, insistió en la legalización inmediata de Sortu, ya que es un partido que «cumple la ley» y se ha comprometido a regirse por la Ley de Partidos. No se olvidó de criticar que una mayoría de agentes vascos e internacionales se vean en la obligación de reivindicar la legalización de ese proyecto, «porque evidencia que queda camino por hacer para conseguir la normalización».
Etxaide señaló que es «mentira» que la Ley de Partidos surgiera para que todas las formaciones «cumplan la ley», sino que se puso en marcha «como castigo político a un sector para quitarles sus derechos».
Etxaide recordó que el único debate que debiera estar encima de la mesa es si Sortu cumple la ley, censurando que, en realidad, PSOE y PP han llevado la discusión sobre «si se levanta el castigo político» y una «situación antidemocrática», anteponiendo así «intereses políticos a un derecho básico».
Derecho y deber democráticoAntes, los representantes de ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE e Hiru habían insistido en su reflexión pública en que «la legalización de Sortu es una exigencia de la mayoría política, sin- dical y social de este país. Pero antes de eso es, simplemente, un derecho y un deber democrático para con la parte de la sociedad vasca privada de expresión política».
La dirigente de LAB exigió luego que se haga un «ejercicio democrático» para que todas las sensibilidades políticas puede concurrir a los comicios de mayo y tengan representación en las instituciones. Por ello, calificó de «grave» que sea el Estado español el que «obstaculice» la legalización de Sortu.
Tambien tomó la palabra el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, quien subrayó que la nueva iniciativa de la mayoría sindical vasca en favor de los derechos civiles y políticos es de «justicia» y lo harían con cualquiera al que se le «hurten» esos derechos básicos.
En un tono pedagógico, Txiki Muñoz explicó que existen dos vías en este asunto de la legalización del nuevo proyecto político y organizativo de la izquierda abertzale: una, que funcione el Estado de Derecho y el principio de legalidad, y otra, que se opte por actuar como «en una república bananera». El secretario general de ELA señaló que en las «repúblicas bananeras funciona la discrecionalidad y la unilateralidad del gobernante».
En este sentido, Muñoz puso el ejemplo de las declaraciones de varios ministros del Ejecutivo español, especialmente las del titular de Justicia, en las que se ha hablado de «fabricar pruebas» para impedir que cualquier expresión de la izquierda abertzale pueda concurrir a las elecciones. También citó y censuró las del propio presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que dijo que «mientras exista ETA, Sortu lo tendrá difícil».
Al igual que Etxaide, el líder de ELA reclamó que no primen los «intereses partidarios y políticos» que han venido moviendo al Gobierno español. Solicitó a éste que «no ponga obstáculos» y haga cumplir la ley, aplicando el «sentido común», en vez de atender a la brutal campaña mediática desatada por «la víscera de la derechona española que está sedienta de sangre».
«Inteligencia política»Frente a la tendencia habitual de Rodríguez Zapatero y su gobierno de atender a las peticiones de los sectores más reaccionarios en estas cuestiones, Txiki Muñoz abogó porque actuén «con inteligencia política» para alcanzar un escenario de normalización en Euskal Herria.
El secretario general de ELA no ocultó su preocupación por «la cuota partidaria que refleja el bipartidismo español en todas las estructuras de poder, también en el judicial», que se traslada luego a las decisiones que adoptan los tribunales en uno u otro momento político, dependiendo de la composición de los órganos judiciales. A este respecto, insistió en que las futuras sentencias -en referencia a que que emitirá el Tribunal Supremo y, previsiblemente, el Constitucional- no se orienten por esos intereses partidarios.
Muñoz finalizó su intervención afirmando que la legalización de Sortu se presenta como un elemento «clave» en la normalización política del país.
Juristas americanos hablan en la ONU sobre el nuevo escenario en el paísLa presidenta de la Asociación Americana de Juristas, Vanessa Ramos, intervinó el viernes en el 16º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, para presentar la resolución "Ante el nuevo escenario en el País Vasco", de la que ya dio cuenta GARA.
La intervención fue apoyada por otras dos ONG con estatus consultivo en Naciones Unidas. Desde Behatokia destacaron que es un hecho de gran importancia, «ya que no es habitual que varias organizaciones con estatus consultivo se reúnan ante una misma intervención, y además sobre Euskal Herria y en este contexto político concreto».
En su alocución, Ramos remarcó que la asociación internacional considera que «se deben emprender acciones que ayuden a una terminación definitiva del conflicto sobre la base de la firme prevalencia de los derechos humanos para todas las personas». Solicitaron igualmente al Ejecutivo español que siga «criterios de legalidad jurídica en la toma de decisiones relativas a la nueva situación abierta».
GARA
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